Saru Saud, de 7 años, bebe agua en la comunidad en la empobrecida aldea de Biraltoli, en el distrito de Achham, en la región de Far-Western, en Nepal
Foto: UNICEF/NYHQ2012-2002/SHEHZAD NOORANI
La humanidad necesita agua
Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca.
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.
En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de casa, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.
«¿Por qué desperdiciar agua?»
Este año, nos concentramos en el desperdicio del agua y en cómo reducir y reutilizar hasta un 80% del agua que malgastamos en nuestras casas, ciudades, industrias y agricultura y que fluye de vuelta a la naturaleza, contaminando el medio ambiente y perdiendo nutrientes valiosos.
Necesitamos aumentar la recolección y tratamiento de las aguas residuales y reciclarlas de una forma segura. Al mismo tiempo, necesitamos reducir la cantidad de agua que contaminamos y malgastamos para ayudar a proteger el medio ambiente y los recursos hídricos.
El Objetivo de Desarrollo número 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, incluye una meta de reducir a la mitad la proporción de agua dilapidada y aumentar su reciclaje.
Datos destacados
Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.
1800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio. El agua no potable, y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842 000 muertes al año.
Las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son enormes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables.
El Día Mundial del Agua está coordinado por UN-Water, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades.
La votación fue de 76 a favor y cero en contra. Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, convocará a ambas cámaras el próximo miércoles para elegir al nuevo vicepresidente.
Luego de que se leyeran los resultados de la votación, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, señaló que a las 10 de la mañana del próximo miércoles convocará al Congreso en pleno para elegir al nuevo vicepresidente, dignidad para la que está postulado el exdirector de la Policía General, Óscar Naranjo. (Lea también: Óscar Naranjo será el vicepresidente ante renuncia de Vargas Lleras)
“Ya sabemos que hay una postulación (…) Le voy a pedir a la Comisión de Acreditación del Congreso para que examine la hoja de vida del general Naranjo dentro de los requisitos que la ley pide”, señaló.
Durante la presentación de su renuncia, Vargas Lleras señaló como uno de los motivos el acto legislativo 01 del 01 de julio de 2015, que señala que el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente, no podrá ser elegido presidente de la República.
Aunque también agregó que no tenía definida su aspiración a la Presidencia, se da por hecho que así será e incluso ya han empezado los primeros movimientos para preparar al partido Cambio Radical para la precandidatura de Vargas Lleras, como la reciente renuncia de Jorge Enrique Vélez a la Superintendencia de Notariado y Registro para asumir las riendas de la colectividad.
Contralor General Edgardo Maya Villazón / Foto: cmi.com
En el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, el contralor general Edgardo Maya Villazón, presentó los resultados de la evaluación que hizo la Contraloría al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la que se detectaron varios factores de riesgo e irregularidades.
El contralor señaló que: «Los proyectos de carácter regional brillan por su ausencia», y reveló además que de 277 proyectos entre 2012 y 2015, que costaban $2.2 billones, 2.1 fueron ejecutados por las gobernaciones. El resto lo ejecutaron universidades o Colciencias.
Es decir, los recursos no se han invertido como debe ser. En Vichada, la Gobernación invirtió $32.000 millones en un proyecto de energía renovable, y para eso contrató un consorcio de dos empresas de construcción. Al final, (según la Contraloría), no se realizó un centro de investigación, sino una simple construcción.
“Una buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a necesidades puntuales de las regiones“, señala el informe.
En otro caso, la CGR encontró recursos que debían ir a empresas de emprendimiento, con componentes de innovación y tecnología, y se destinaron a un asadero de pollos y un spa.
El Contralor lamentó la lentitud con la que avanza la propuesta del Gobierno de trasladar los saldos disponibles del Fondo de Ciencia y Tecnología, por valor de $1,5 billones, a la financiación de vías terciarias para la implementación del Acuerdo de Paz.
El contralor finalizó diciendo que: “ en el marco de los problemas no sólo de eficiencia, sino de diseño institucional ,que están poniendo en riesgo la calidad del gasto del Fondo de Ciencia y Tecnología, cabe hacerse la pregunta de si por una única vez esos saldos disponibles tendrán un mejor uso, con prioridad en la construcción de la paz, sin que estén a disposición de actores o de intereses que afectan las arcas del Tesoro, ”.
Frente a las dicientes conclusiones y resultados del balance expuesto por la CGR sobre el manejo de regalías para la inversión en ciencia y tecnología e innovación, el Contralor Edgardo Maya Villazón consideró de carácter urgente imponer medidas correctivas o un nuevo arreglo constitucional sobre el funcionamiento y destinación de los recursos.
Germán Vargas Lleras se separa de su cargo con el fin de no inhabilitarse para la contienda presidencial del 2018.
Foto:Leonardo Muñoz / EFE
El Senado comenzará estudio de la dimisión del Vicepresidente.
La plenaria del Senado tiene previsto tramitar este martes la renuncia que presentó el vicepresidente Germán Vargas Lleras la semana pasada.
El funcionario ha dicho que se separa de su cargo con el fin de no inhabilitarse para la contienda presidencial del 2018. Su propósito es aspirar al primer cargo del Estado el próximo año.
Recibida la renuncia por el Senado, el pleno de esa corporación debe tramitarla y aprobarla para que esta quede en firme, algo que está previsto que ocurra este mismo martes.
Algunos senadores, sin embargo, han dejado entrever que la aceptación de la renuncia del ‘Vice’ no sería un trámite tan expedito como algunos creen.
No obstante, varias interpretaciones jurídicas que se han ventilado en el Capitolio indicarían que si dentro de 30 días el Senado no se pronuncia sobre el tema, se entenderá aceptada la dimisión.
El Vicepresidente presentó su renuncia a partir del 21 de marzo y la inhabilidad sería a partir del 27 de mayo, un año antes de las elecciones presidenciales.
Según las normas, una vez el Senado acepte la renuncia del Vicepresidente, se debe citar al Congreso en pleno para que elija su reemplazo hasta la terminación del periodo.
Desde hace varios meses, el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado su deseo de que su vicepresidente hasta el 7 de agosto del 2018, cuando concluye su periodo, sea el general en retiro Óscar Naranjo.
Para que Naranjo sea el sucesor de Germán Vargas Lleras basta con que algún congresista postule su nombre en la sesión del Congreso en pleno, en la que debe ser elegido, y se proceda a la votación.
En caso de que el Senado acepte la renuncia del Vicepresidente, este mismo martes el Congreso en pleno podría ser citado para los próximos días o para la próxima semana.
En un fallo de tutela, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una paciente de escasos recursos económicos que hace 27 años se moviliza en silla de ruedas, debido a la paraplejia que padece.
Este es el caso de Rosa*, una mujer de 44 años de edad residente en Medellín, quien desde hace 27 años se moviliza en silla de ruedas, debido a la paraplejia que la aqueja y que exige un tratamiento con asistencia a 15 sesiones de terapia física y el mismo número de sesiones de hidroterapia. El traslado a las mencionadas citas médicas se han traducido en gastos de transporte que ascienden a $30.000 por terapia. Con su salario de $832.000, con el cual debe sostener a su madre de 70 años, le es imposible asumir dichos gastos que la EPS Coomeva, donde está inscrita, se negó a cubrir argumentando que la enfermedad Rosa no está eximida de pago para su tratamiento médico.
Por eso ella interpuso una tutela contra la EPS. Le pidió a la justicia amparar sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, que se ordenara a Coomeva autorizar el servicio de transporte para asistir a las citas médicas y sesiones de terapia. De igual manera, que se brinde el tratamiento integral para tratar su enfermedad, eximiéndola del pago de copagos o cuotas moderadoras.
Su batalla jurídica parecía perdida, pues en las dos primeras instancias los jueces fallaron -en abril y mayo de 2016- en su contra porque la demandante percibe un ingreso superior al salario mínimo, razón por la cual se desvirtúa la carencia de recursos económicos. Además, porque no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
El caso fue revisado por la Corte Constitucional que, en el fallo T-062 de 2017, advirtió que, en principio, cuando el servicio que se requiere esté excluido del Plan Obligatorio de Salud (POS), no se puede exigir que la EPS lo cubra y, por lo tanto, debe ser asumido por el paciente. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional, si bien, ha aceptado las mencionadas exclusiones, también ha sido enfática en señalar que existen determinados casos, como el de Rosa, en los que la no prestación de un tratamiento, procedimiento o medicamento, bajo el argumento de encontrarse por fuera de lo señalado en el citado plan, puede afectar gravemente el derecho fundamental a la salud de una persona, dado que existe la posibilidad de que no cuente con los recursos necesarios para asumirlo por cuenta propia y no se prevea una alternativa que permita conjurar la afectación que padece. Por lo tanto, la regla que se plantea no es absoluta.
Desde esa perspectiva, estableció que para que proceda la autorización y realización de un servicio a cargo de la EPS, aunque se encuentre excluido del POS, se debe acreditar que la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere y que el interesado no pueda directamente costearlo (ver infografía), requisito que también aplica para el suministro gratuito de transporte para el paciente y los pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles, ya que su exigencia –en casos como el de Rosa– limita su acceso a los servicios de salud, y cuando éstos se requieran con urgencia se pueden ver afectados algunos derechos fundamentales, los cuales deben ser protegidos teniendo en cuenta su primacía frente a cualquier otro tipo de derecho.
Cuándo eximir de pagos y copagos
Para la Corte Constitucional, no solo deben ser protegidos los usuarios del servicio que no cuenten con dinero para pagar dichas cuotas, sino también aquellos que requieran un servicio médico y teniendo la capacidad económica para asumirlo, afrontan problemas para hacer la erogación correspondiente antes de que este sea suministrado. En este caso deberán brindarse oportunidades y formas de pago que el afectado debe respaldar con las garantías adecuadas para ello, sin que la falta de pago pueda convertirse en un obstáculo.
En todos los casos, el juez constitucional verificará si el pago de las cuotas de recuperación exigidas por la ley obstaculiza el acceso al servicio de salud y si, como consecuencia de ello, se genera una vulneración de los derechos fundamentales.
* Nombre modificado para proteger el derecho a la intimidad de la afectada.
Nació El Espectador en circunstancias muy difíciles, hace mañana 130 años. Hombre muy importante Rafael Núñez en el siglo XIX, sin embargo no era amigo de la libertad de prensa. La fórmula de “prensa libre pero responsable”, que se adoptó en la Constitución de 1886, no le gustaba. “La responsabilidad es y será una palabra hueca y sin sentido práctico”, le declaró a su confidente Máximo Nieto. Y eso lo dijo a pesar de que ese mismo Estatuto, en sus disposiciones transitorias (artículo K), señalaba: “Mientras no se expida la ley de imprenta, el gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”. Y como la tal ley solo se expidió en 1898 (Ley 51), la libertad de prensa no existió en Colombia sino a partir de ese año.
Como si lo anterior fuera poco, el Consejo Nacional Legislativo aprobó la Ley 61 de 1888, que don Fidel Cano, fundador de El Espectador, llamó la Ley de los Caballos, la cual, de una sola plumada, borró todo el título III de la Constitución sobre derechos civiles y garantías sociales. Daba ella facultades al presidente de la República para prevenir y reprimir administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afectaren el orden público.
En esas circunstancias tan difíciles nació El Espectador en una destartalada, oscura y húmeda casucha de la calle de El Codo de Medellín. Según cuenta don Gabriel Cano, hijo de don Fidel, en la Autobiografía de un periódico, ese primer número era una pequeña publicación de cuatro páginas, cada una de ellas del tamaño de un cuarto de pliego. Con muchas dificultades y con cierres decretados por el gobierno, el periódico logró sobrevivir y con el impulso de los hijos del fundador (Luis y Gabriel) El Espectador comenzó a circular en Bogotá, en donde también fue víctima de la dictadura, de las presiones económicas y del narcotráfico, que asesinó a uno de sus directores, Guillermo Cano.
A pesar de todo ha sido espectador y protagonista y es el de…Cano de la prensa nacional.
El reporte, que se trata de un mapa a escala regional publicado este martes, alertó que el Valle, Atlántico, Cundinamarca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Cesar, Cauca y Meta, que comprenden 79 municipios, son los departamentos que presentan mayor riesgo.
Según el Ideam, las ciudades que tienen más población en zonas que podrían desbordarse son Bogotá, Cali, Barranquilla, así como Apartadó (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Jamundí (Valle del Cauca), en donde las autoridades solicitan planes de prevención y de ordenamiento con el fin de evitar emergencias.
El mapa del Instituto se dio a conocer luego de que planes de contingencia para la primera temporada de lluvias del año fueran activados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
EL NUEVO SIGLO: ¿Uno de los proyectos que tendrá prioridad en la Comisión es lo que tiene que ver con el asbesto?
EDISON DELGADO: Ese proyecto continúa. Uno de los colegas de la Comisión presentó una iniciativa en la cual se planteaba tajantemente, que en Colombia no se siguiera produciendo asbesto por ninguna parte, que se cerrara todo tipo de producción y a raíz de eso en un debate se planteó que se hiciera una ley que protegiera a la Salud Pública. Evidentemente ya el proyecto lo que quiere es que se plantee con toda claridad que el Gobierno nacional por medio del Ministerio, debiera entregarle al Congreso una información clara de todos los productos que generan un problema a la salud pública. Este proyecto ya está para discusión, independiente de otros productos en la misma línea que hay en la Cámara de Representantes.
ENS: ¿Ya cuenta con el aval de varios senadores?
ED: Sí, tal como está planteado, con toda claridad lo que se plasma allí es que el Ministerio de Salud como entidad rectora se obliga con el Congreso a presentarle un informe de todos los proyectos que se comercializan en Colombia. Por lo tanto recomendaciones para tomar decisiones en cuanto a la producción, distribución y consumo de todos los productos susceptibles a la salud pública, es más amplio, incluye el asbesto y otra serie de productos que llenan esa condición.
ENS: ¿Ya se había presentado un proyecto de esta naturaleza?
ED: Lo que pasó es que cuando se estaba discutiendo se planteó y una de las recomendaciones era ampliarlo, no solamente que quedara con el tema de asbesto, sino de otra serie de productos y darle esa competencia al Ministerio de Salud. Lo que insistimos es en que se extienda a todos los productos que sean susceptibles de generar problemas en la salud pública de los colombianos, y el Ministerio es la entidad rectora de hacer los estudios con profundidad y presentarlos ante el Congreso.
ENS: ¿Qué ha dicho el Ministerio?
ED: Sobre este proyecto no se ha manifestado. Lógicamente en la discusión se tendrá la participación del Ministerio, y de alguna manera creemos que se le dan las competencias.
ENS: ¿Y cuál será la prioridad de la Comisión Séptima?
ED: Se va trabajar en dos líneas, una que tiene que ver con la salud, va haber mucha discusión. Además está la propuesta de liquidar las EPS, va haber una discusión en lo que tiene que ver con los debates de control político a varios hospitales del país, como el hospital Universitario del Valle, el hospital Universitario de Cartagena y otra serie de entidades. Va haber también una discusión fuerte en lo que tiene que ver con el tema de Cafesalud, y se va avanzar en proyectos como el de las horas extras o lo que tiene que ver con el recargo nocturno.
Dos vertientes religiosas se disputan el protagonismo en las derechas de Colombia. Y se disponen a marchar guiadas por la divisa Dios-Patria-Familia, símbolo tantas veces convertido por el frenesí del poder en guerra santa. En primer lugar, un nutrido enjambre de pastores evangélicos parece respirar el aire de la dictadura de Calvino en Ginebra, fundador de la corriente protestante que castigó en la hoguera la libertad de conciencia, impuso por el terror una teocracia monocrática y catapultó el enriquecimiento de los elegidos de Dios. Como se enriquece hoy con diezmos de pobres nuestro pastor Arrázola y amenaza de muerte al periodista que libremente cuestiona su iglesia. De otro lado, una derivación ultramontana del catolicismo invoca la Inquisición y el fascismo español de Primo de Rivera, cuyo brazo derecho fue la Iglesia. Y su discípula criolla, la dirigencia conservadora-clerical que se dio aquí a la Violencia, en la mira la patria de Cristo-rey elevada a poder del Estado. Fanatismo reavivado por la secta lefebvrista de Alejandro Ordóñez y ensayado en el uribato del padre Marianito.
La democracia liberal triunfó del absolutismo hace siglos para asegurar pluralidad de ideas y derechos civiles para todos. Pero los estragos causados por la economía liberal librada a la gula de los más ricos; y el desprecio de un laicismo dogmático por sentimientos religiosos que habitan en multitudes, provocaron la sorpresiva involución: vuelven las derechas a armarse con el atávico expediente de la fuerza y la arbitrariedad como palancas de un gobierno de Dios y para Dios. Calibrado el 2 de octubre su potencial de manipulación contra la paz, contra la libertad sexual y la educación laica, planean reagruparse sin ocultar ahora su más retardataria inspiración.
Fraseología, imágenes y propuestas suyas parecen entresacadas, a la letra, del jefe de la Falange española. Primo de Rivera marcó su fascismo con la impronta católica. Exaltó la violencia y la acción directa, la misma que Laureano llamaría acción intrépida; y enarboló banderas de Dios, patria, familia, propiedad y orden. Todo bajo la égida de un integrismo católico llamado a proteger la tradición contra la modernidad, la democracia y las libertades ciudadanas. Propugnaba en su lugar el regreso al absolutismo y a la Inquisición. Fue su divisa instaurar una república católica y autoritaria.
Lo fue también de Los Leopardos, cepa ideológica de la extrema conservadora que antepuso a las reformas liberales de los años 30 la Violencia. Y las ahogó en sangre. Mientras el episcopado invita a desacatar la Carta del 36 porque “contraría la ley de Dios y la verdad religiosa”, Augusto Ramírez Moreno exclama: “Yo quiero una patria justa, grande y moral donde la familia sea respetada (…) el concepto de la propiedad intocado (y) la educación inspirada en los principios eternos de Dios”. Y remata: “juramos por la Trinidad inmóvil que dominaremos el temor abyecto de morir en defensa de Dios”. Así honra el llamado de fray Mora Díaz a responder con guerra santa a una Carta que “ataca los derechos espirituales”.
Ya se recordaba aquí que el partido Voto Católico, dilecto seguidor de Ordóñez, difunde consejas contra la “bestia liberal”. Invita, por boca del padre Iraburu, a librar resistencia armada contra los gobiernos que prescinden de Dios. Denosta de la modernidad y de la superstición diabólica de la democracia liberal. Y añora las cruzadas y las órdenes militares. En su tesis de grado como abogado exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español”. Se comprenderá por qué estos amantes de la guerra quieran tumbar el acuerdo de paz que clausuró una conflagración de medio siglo en Colombia.
Ivanka, que como «primera hija» ha tenido un rol frecuente y atípico en la Casa Blanca, aumentará de este modo su influencia en el círculo presidencial.
Trump, la hija mayor —y predilecta— del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una oficina propia en el Ala Oeste de la Casa Blanca, según ha informado este martes su abogado. A sus 35 años, Ivanka, que como «primera hija» ha tenido un rol frecuente y atípico en la Casa Blanca desde que su padre tomó posesión del cargo, aumentará de este modo su influencia en el círculo presidencial.
En Washington ya es habitual ver a la hija del presidente acompañando a su padre en actos oficiales y también en reuniones con mandatarios internacionales. Desde el entorno del presidente la idea que se transmite es la de que la confianza del presidente en su hija como asesora es absoluta, de ahí que sea ella la que tenga más protagonismo en la campaña electoral y la etapa posterior que su madrastra, Melania Trump.
En diciembre pasado, la primera reunión que tuvo su padre como presidente electo con un líder extranjero, con el japonés Shinzo Abe en su residencia de Nueva York, ella estaba en la habitación. El pasado viernes se sentó al lado de la canciller alemana, Angela Merkel, durante su reunión en la Casa Blanca, posición que también ocupó en febrero en la visita del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
SIN CARGO NI SALARIO
De acuerdo con su abogado, Jamie Gorelick, al que citan medios locales, Ivanka Trump no tendrá un cargo oficial en la Casa Blanca y no recibirá salario alguno por su nuevo trabajo. Por otro lado, también ha confirmado a varios medios en Washington que a Ivanka se le aplicarán las mismas reglas éticas que a los empleados de la Administración. Tendrá acceso a información clasificada y un teléfono oficial. Según ha dicho el abogado a Politico, el papel de Trump será servir como «los ojos y los oídos» del presidente.
La hija de Trump se unirá así en el Ala Oeste de la Casa Blanca a su marido, Jared Kushner, que trabaja como asesor del presidente y ya es un habitual en el Despacho Oval. Ni él ni su esposa tienen experiencia en cargos públicos. Ivanka dirige una línea de modas con su nombre.
Ivanka es la única de los hijos de Trump que se mudó de Nueva York a Washington con su padre aunque entonces negó cualquier interés en trabajar en la Casa Blanca.
La fuerte influencia de la joven pareja sobre Trump ha levantado incertidumbre sobre un posible conflicto de intereses y alimentando un debate sobre la ausencia de límites definidos entre los negocios de la familia y las actividades políticas de varios de sus miembros.
Pese a las sospechas, el presidente insiste en que ha dejado todos sus negocios en manos de sus hijos y no tiene ninguna comunicación respecto de las decisiones que toman. En un tuit, atacó a los almacenes Nordstrom por dejar de vender la marca de ropa y complementos de Ivanka Trump.
Nordstrom terminó el acuerdo porque la marca no cumplía las expectativas comerciales. La consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway salió después en televisión pidiendo públicamente que los espectadores compraran productos de Ivanka Trump. Ese tipo de promoción está expresamente prohibida por ley.
Una mujer es asistida mientras intenta atravesar una calle inundada por el desborde del río Huaycoloro sobre el distrito de Huachipa, en las afueras de Lima, el 17 de marzoCreditGuadalupe Pardo/ReutersPor ERNESTO RÁEZ LUNA
LIMA — Desde diciembre pasado, Perú enfrenta un episodio de lluvias intensas a lo largo de los Andes y en la costa norte que han dado lugar a una tragedia conocida en el país, pero por primera vez transmitida a través de las redes sociales: quebradas inactivas durante medio siglo han reanudado sus flujos y avalanchas de lodo, denominadas localmente “huaycos”, descienden imparables de las montañas, arrasando campos de cultivo, criaderos de animales y viviendas, bloqueando carreteras y el tránsito de personas y mercancías.
Según las cifras oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, hasta el sábado 18 de marzo había casi 100 mil damnificados directos, más de 600 mil personas y 134.000 viviendas afectadas, 75 muertos y 20 desaparecidos. Las principales concentraciones humanas del país, ciudades costeras establecidas en valles desérticos como la capital, Lima (en el centro); Piura, Trujillo y Chiclayo (en el norte) y Huarmey, al norte de Lima, han sido duramente golpeadas.
La costa es la región más moderna y densamente poblada de Perú. Uno de cada tres peruanos vive en Lima, una ciudad con alrededor de 10 millones de personas. Muchas de ellas habitan zonas de alto riesgo, asentamientos establecidos mediante sucesivas invasiones y maniobras de tráfico de tierras. A mediados de la semana pasada, el río Rímac, que atraviesa Lima, y un afluente, el Huaycoloro, se desbordaron.
Simultáneamente, una serie de tormentas se abatieron sobre las ciudades de la costa norte. Las redes sociales y los noticieros difundieron escenas de puentes destruidos, gente varada en la orilla equivocada, vecindarios sumidos en el lodo y heroicos esfuerzos de rescate.
Habitantes de Chiclayo, a más de 700 kilómetros al norte de Lima, usan tractores para cruzar las aguas tumultuosas del río Zana el 19 de marzo de 2017. Credit Julio Reano/Agence France-Presse — Getty Images
Desde la mañana del miércoles 15 hasta el lunes 20 de marzo, el suministro normal de agua potable fue suspendido en casi toda la capital, porque la turbidez del río y el exceso de desperdicios, animales muertos y escombros que arrastraba el Rímac no permitía captar aguas y tratarlas. En la tarde del sábado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) reanudó fugazmente el servicio y los limeños pudieron juntar algunos baldes de agua de emergencia.
Ya en febrero el gobierno había declarado cuatro regiones en emergencia. Aunque suena a medida extraordinaria, el estado de emergencia, en una u otra parte del país, es casi cotidiano en el Perú.
A fines de 2016, a tres meses de iniciar su gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski debió enfrentar una sequía prolongada en la costa norte, que impedía iniciar la campaña de cultivo de arroz, el principal alimento energético de los peruanos. La sequía propició también una docena de incendios forestales en el norte, que afectaron cinco áreas naturales protegidas. El país ya venía de experimentar incendios generalizados en la Amazonía entre junio y septiembre. Estos fueron precedidos por varios meses de alerta climática durante el verano 2015-2016, cuando la sospecha de un Niño en ciernes llevó al Presidente anterior, Ollanta Humala, a destinar tres mil millones de soles (casi mil millones de dólares) para labores preventivas.
El Niño es un fenómeno cíclico intrínseco a la dinámica climática del planeta. Se desarrolla en el Pacífico ecuatorial y afecta a la costa peruana, pero sus repercusiones pueden ser globales. Este fenómeno está asociado al ciclo anual de los vientos que soplan a lo largo de la costa de Perú y Chile, de sur a norte; y mantienen la superficie del mar fría. Cada verano, esos vientos se debilitan, permitiendo que el mar frente al Perú se caliente y que ingresen aguas cálidas desde el Ecuador e incluso desde Indonesia. La mayor evaporación sobre el mar y la calma se combinan para producir un poco de lluvia en el desierto.
Cada tres a ocho años, con recurrencia previsible pero impredecible, el ciclo se intensifica, y entonces se da un Niño con grandes lluvias que a veces se convierten en diluvios. En la historia reciente, hemos tenido eventos extremos, o Meganiños, en 1877, 1891, 1925, 1983 y 1998. El fenómeno no está conectado de ninguna manera evidente con el cambio climático, pero probablemente seguirá ocurriendo junto con el calentamiento global, que haría más intensos y frecuentes los eventos climáticos extremos.
El Niño de este verano todavía está muy lejos de provocar los perjuicios de un Meganiño. El último, en 1998, produjo más de 372 mil damnificados en la costa y la selva del país. Sin embargo, este Niño y las lluvias estacionales en los Andes ya pusieron al borde del colapso a las principales ciudades peruanas.
Pese a experimentar más de una década de crecimiento económico sostenido, Perú no ha logrado operar la alquimia social de pasar de la cantidad a la calidad, y sigue sin estar preparado para capear su propia variabilidad climática. Hoy se encuentra más vulnerable y bajo mayor riesgo climático que en el pasado.
Uno de los puentes que colapsaron con las intensas lluvias y el desborde de los ríos en Perú, el Viru, que une el norte del país con Lima a través de la carretera Panamericana. Credit Celso Roldan/Agence France-Presse — Getty Images
Chamorro, según su esposo, estaba “en el centro del corral (de animales) y por ambos lados se venía el río”. La familia, se deduce, había decidido establecerse en el previsible camino del aluvión.
El alcalde, por su lado, ante la vergüenza del puente desplomado, explicó que “la ingeniería tiene un límite que siempre es superado por la naturaleza”.
Excusas parecidas han sido ensayadas por las autoridades en todas las regiones afectadas. El propio Kuczynski adjudicó la emergencia al “calentamiento global”, que tiene poco o nada que ver con la natural recurrencia del Niño, ni con las lluvias que arrecian en los Andes todos los veranos.
El que ha cambiado es el paisaje humano. Los campos cultivados han sido recubiertos de cemento. Allí donde la población era dispersa, hoy se agolpan millones de personas. Los techos, en las ciudades de la costa, son planos y permeables; pero las vías públicas son impermeables y sin drenajes, propensas a empozamientos.
La crisis, que ha tocado tan de cerca a la capital del país, podría catalizar voluntades amodorradas durante mucho tiempo. Un incierto espíritu de solidaridad surgió en los últimos días. El presidente y sus ministros repartieron su presencia en distintos puntos de atención crítica, ofreciendo una coherente sensación de serenidad ejecutiva. La información ofrecida a la población ha sido notablemente sensata y oportuna. La oposición suspendió el fuego cruzado que mantenía con el gobierno. Miles de ciudadanos enlodados, con sus bienes perdidos, sin agua potable y expuestos al sol inclemente, mantienen una estoica disciplina, salvo una que otra explosión verbal de angustia o impaciencia.
Habitantes de Trujillo, en el norte peruano, intentan atravesar las calles inundadas con lodo y escombros el 18 de marzo. Credit Celso Roldan/Agence France-Presse — Getty Images
Más allá de las quejas previsibles contra las autoridades corruptas o ineptas, y contra la inoperancia del Estado, en las discusiones públicas y privadas abiertamente se reconoce la necesidad de incorporar elementos de ordenamiento territorial y urbano en la reconstrucción que seguirá a la atención de la emergencia, incluyendo la reubicación de cientos de miles de personas que han invadido y urbanizado orillas inundables, caminos de avalancha y quebradas secas, o que han interrumpido los cauces con desperdicios durante décadas. Muchas obras de infraestructura vial requieren ser reforzadas o construidas de nuevo para soportar eventos extremos.
Curiosamente, Kuczynski, un tecnócrata septuagenario y un político heterodoxo que sin ningún empacho se retrata como “un presidente sin esperanzas de grandeza”, podría, por la misma parsimonia y frialdad analítica que le ha valido ir descendiendo en popularidad, catalizar —ante la crisis— las voluntades coherentes y de largo aliento que será necesario movilizar para una reconstrucción fundamental, que no consista, otra vez, en salir del paso.
El presidente ya anunció un fondo de reconstrucción de 2500 millones de soles, que, sin embargo, solo debería ser el comienzo de una tarea enorme y sostenida.
, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades.
