El planeta se calienta, pero el cuerpo humano se enfría. Al menos eso afirma un nuevo estudio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Los autores de la investigación afirman que durante los últimos 200 años la temperatura del cuerpo humano ha venido disminuyendo de manera «sustancial y continua».
«Nuestra temperatura no es la que la gente cree«, dijo en un comunicadoJulie Parsonnet, profesora de medicina en la universidad con sede en California y coautora de la investigación.
«Lo que todo el mundo cree, que nuestra temperatura normal es 37 ºC, es incorrecto».
Esta nueva investigación afirma que desde 1800 la temperatura corporal ha ido disminuyendo de manera sostenida cada década.
Así, los investigadores hallaron que lo hombres nacido en los 2000 tienen una temperatura 0,59 ºC menor que aquellos nacidos en el siglo XIX.
En cuanto a las mujeres, el estudio halló que las nacidas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, tienen una temperatura 0,32 ºC menor que las que nacieron en los 1800.
Foto: Getty – Los investigadores analizaron la temperatura corporal de personas nacidas desde 1800.
Menos caliente
La idea de que la temperatura estándar del cuerpo humano es de 37 ºC fue establecida por el médico alemán Carl Reinhold August Wunderlich en 1851.
Estudios más recientes, sin embargo, ya habían cuestionado esa idea.
Uno de ellos, por ejemplo, analizó la temperatura corporal de 25.000 británicos, y halló que el promedio es de 36,6 ºC.
En la nueva investigación, Parsonnet y su equipo observaron los registros de temperatura de más de 677.000 personas nacidas entre 1800 y finales de los 90 del siglo XX en Estados Unidos.
El análisis arrojó que de década a década en ese periodo, la temperatura temporal bajó 0,03 °C.
Eso significa que, en promedio, la temperatura corporal de hoy es 1,6% menor que la de la era preindustrial.
Foto: GETTY- El cuerpo humano produce calor en sus actividades diarias.
¿A qué se debe?
Los investigadores afirman que la causa de esta disminución de la temperatura está relacionada con la reducción lo que ellos llaman «tasa metabólica»; es decir, la cantidad del energía que utiliza el cuerpo humano para funcionar.
¿Y a qué se debe esta reducción?
Los autores creen que se debe a la disminución general de las inflamaciones en las personas.
«Una inflamación produce todo tipo de proteínas que aceleran el metabolismo y aumentan la temperatura», dice Parsonnet.
Los autores sostienen que la menor presencia de las inflamaciones podría estar relacionada con que durante los últimos 200 años los tratamientos médicos y los hábitos de higiene han mejorado significativamente.
También apuntan a que vivir en ambientes menos variables puede haber disminuido la tasa metabólica.
En el siglo XIX, por ejemplo, no había buenos sistemas de calefacción o aire acondicionado. Hoy, gracias a que vivimos en ambientes más estables, el cuerpo necesita gastar menos energía para mantener su temperatura constante.
«Simplemente somos diferentes a como éramos en el pasado» dice Parsonnet.
El estudio tiene la limitación de que solo tuvo en cuenta a personas de un país desarrollado como Estados Unidos.
Los autores, sin embargo, sostienen que el hallazgo permite entender mejor los cambios en la salud humana y la longevidad durante los últimos 200 años.
Con preocupación y como un ataque contra la libertad de prensa y de expresión se mostró el Círculo de Periodista de Bogotá (CPB) ante las nuevas denuncias hechas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales con equipos sofisticados para espiar a políticos, magistrados, generales y sobre todo periodistas.
En un el informe titulado “Chuzadas sin cuartel” en la revista Semana, publicado este sábado 11 de enero, miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal “sofisticados equipos” donados por organismos de inteligencia de EE.UU. para “fines ilegales”.
Según la información periodística se revelan también las verdaderas razones que llevaron al gobierno nacional para solicitarle el retiro al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, el 27 de diciembre de 2019 y se deduce que su salida se precipitó por el uso ilegal de esos aparatos para espiar a políticos, magistrados, periodistas e incluso a generales.
Luego de que se conociera la noticia, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el hecho y dijo que les hizo precisiones “muy claras” al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Comandante del Ejército, para que las investigaciones por conductas reprochables vayan “hasta el fondo”.
Esta situación delicada y otras que atentan contra el libre ejercicio del periodismo en Colombia preocupan al Círculo de Periodistas de Bogotá, que ve con inquietud cómo con estas actuaciones se pone en riesgo la seguridad de los periodistas investigativos en el país. Solicita al gobierno nacional un pronunciamiento claro sobre estos hechos, mayor protección a los periodistas y garantizar la plena libertad para informar y ser informado.
CÓMO SE REALIZAN LAS INTERCEPTACIONES
“Amparados bajo las misiones legales y autorizadas se realizaban lo que acá se conocía con el nombre de ‘trabajos especiales’. Los blancos se dividían dentro de las diferentes compañías, la A, B, C y D. Al comienzo nunca sabíamos los nombres, los jefes nos daban los datos como teléfonos, correos, etc y ahí empezábamos a buscar la información. Conforme conseguíamos los datos nos dábamos cuenta del blanco. Los nuestros resultaron magistrados de la corte. A mi compañero de la compañía B le tocaron los periodistas, ahí estaba los mismos de siempre, según me dijo, pero no recuerdo los nombres”, contó a SEMANA uno de estos uniformados. “En todo esto no solo estuvimos del Bacim –batallón de ciberinteligencia-, también participó gente de las Baime 1 y 4 (batallón de inteligencia militar)”, dijo a Semana un segundo militar involucrado en los hechos.
Hace un poco más de una década magistrados, políticos y decenas de periodistas fueron espiados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se empleó el término de “chuzadas” para calificar estas actividades.
Después de las denuncias realizadas por los implicados, el gobierno nacional determinó acabar con el organismo de seguridad y la justicia llevó a los estrados y fueron condenados entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.
El CPB también solicita la actuación e investigación eficaz y urgente por parte de los órganos de control de las denuncias expuestas por la Revista Semana y, en particular, los casos que atentan contra el periodismo nacional y tomar medidas que garanticen las libertades plenas, propias de países democráticos.
SEMANA revela las verdaderas razones que llevaron al Gobierno a retirar al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez. Habría precipitado su salida el uso ilegal de sofisticados equipos para espiar a políticos, magistrados, generales y periodistas.
El viernes 27 de diciembre, cuando la mayoría de los colombianos disfrutaban de las vacaciones de fin de año, el presidente Iván Duque hizo un sorpresivo anuncio: el retiro del comandante del Ejército Nicacio Martínez.
En una rueda de prensa acompañado por la cúpula militar, dijo que el general Martínez dejaba el cargo por razones personales. Sin entrar en detalles, agradeció sus 38 años de servicio y anunció como nuevo comandante del Ejército a Eduardo Zapateiro, uno de los oficiales más respetados de la institución.
El 27 de diciembre el presidente Iván Duque, junto al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la cúpula militar, anunció el retiro del general Martínez y presentó al general Eduardo Zapateiro como el nuevo comandante del Ejército (segundo de derecha a izquierda).
Aunque la noticia no tuvo mucho vuelo por las festividades navideñas, muchos colombianos no le dieron crédito a las razones de su salida debido a que Martínez estuvo en el ojo del huracán todo el año. Pero el país no sabía que detrás de la decisión estaba uno de los escándalos más sensibles que podía afectar al Ejército y salpicar de paso al Gobierno Nacional.
Consciente de esta situación, el recién posesionado ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, encendió las alarmas y ordenó una investigación interna pocos días antes de Navidad. ¿Cuál era el tema que tenía tan preocupados al ministro, las Fuerzas Militares y a algunas agencias de inteligencia? ¿Cuál fue la verdadera razón de la salida del general Nicacio Martínez? SEMANA revela la historia.
Te oigo desde la guarnición
En estos momentos el país necesita más que nunca los organismos de inteligencia para combatir las disidencias de las Farc, las bandas criminales y las amenazas extranjeras. Sin embargo, algunas unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas.
Después del escándalo de las chuzadas del DAS hace casi un década, y la aprobación de la Ley de inteligencia, cualquiera pensaría que esas prácticas habían quedado desterradas o al menos reducidas a su mínima expresión. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas que demuestran que las chuzadas ilegales siguieron –al menos el año pasado- más vivas que nunca.
El primer indicio de que algo andaba mal llegó a oídos de los organismos de inteligencia estadounidenses. Estos habían donado un par de sofisticados equipos técnicos, pero empezaron a recibir información según la cual algunos militares los estaban usando para fines ilegales. Y que algunos apoyos económicos para pagar fuentes que pudieran entregar valiosa información terminaban en los bolsillos de algunos oficiales. “Empezamos a notar que nos estaban pidiendo más dinero del habitual con el pretexto de conseguir fuentes de mucho interés. Sin embargo, nos dimos cuenta que estaban bajando la información de internet”, le dijo a SEMANA un integrante de inteligencia extranjera que lleva más de dos años en Colombia.
Organismos de inteligencia estadounidenses, recibieron información de que los equipos técnicos de interceptación que habían donado estaban siendo mal utilizados.
Uno de los militares que trabaja en un batallón de ciberinteligencia lo confirmó: “Acá se empezó a hacer lo que se hacía en otras unidades de inteligencia como la Rimec. Se creaban informes falsos, basados en fuentes que no existían para conseguir unos recursos que se repartían entre los mandos”. Según este oficial, estas malas prácticas siguen debido a que, a pesar de las denuncias, la justicia y los entes de control nunca han actuado.
Por ejemplo, quedó en la impunidad el episodio de la Operación Andrómeda denunciada por SEMANA hace cinco años, cuando un grupo de inteligencia del Ejército utilizó una fachada en el segundo piso de un restaurante en el barrio Galerías para interceptar a los negociadores de paz. A pesar de que en esa ocasión la Fiscalía allanó el lugar e incautó los equipos, sus investigaciones no prosperaron.
A diferencia de entonces, las chuzadas ilegales del último año han tenido lugar desde las propias instalaciones de dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación. “Lo que aprendimos de la Operación Andrómeda nos enseñó a no dar papaya. Somos mucho más cuidadosos con los lugares, las personas que trabajamos en esto y los equipos que estamos utilizando. Aunque todo está por fuera del radar, nada de esto se puede hacer sin el conocimiento de los mandos”, explicó a SEMANA uno de los militares que trabaja en los batallones de ciberdefensa, que decidió declarar porque no está de acuerdo con lo que llaman “trabajos especiales”.
Esas actividades comprometen a batallones de ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim). Una de estas brigadas de inteligencia operaba en el corazón de Catam y la otra funciona en el cantón de comunicaciones del Ejército, localizado en Facatativá. “En el caso nuestro, recibíamos órdenes que venían directamente desde el comando sin ningún tipo de requerimiento o documentos. Por la misión y los blancos estos estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos”, contó uno de los suboficiales de esa unidad que realizó estas actividades ilegales durante todo el año pasado.
No se refiere a un asunto menor. Este uniformado puede tener la respuesta ante las denuncias de varios magistrados que han dicho públicamente que creen estar chuzados y han pedido investigaciones a las autoridades, como lo expresó recientemente la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz. En su momento, algunos habían señalado a la Fiscalía General como sospechosa por la posible mala utilización de su plataforma de interceptaciones conocida como el Sistema Esperanza.
Ese suboficial del Ejército le dijo a SEMANA que en un caso a él le asignaron un número celular y le entregaron datos como el correo electrónico supuestamente de una oficial que estaba afectando los intereses del Ejército. Pero resultó que el verdadero blanco era una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
«Recibimos la orden de entregar parte de la información recolectada a un político del Centro Democrático».
“Cuando se comenzó a desarrollar el trabajo, nos dimos cuenta de que las comunicaciones eran de Cristina Lombana, quien había sido oficial del Ejército, pero quien es actualmente magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Le preguntamos a los mandos si había un error porque se trataba justamente de una magistrada, lo cual claramente no podemos perseguir. Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, dijo a SEMANA uno de los militares. Para probarlo mostró correos y apartes de comunicaciones personales de WhatsApp de la magistrada.
Confirman esta versión documentos secretos de inteligencia en poder de SEMANA, en donde la propia contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares.
La magistrada Lombana tuvo hasta mayo de 2019 el caso de manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe y lleva un proceso de corrupción que involucra varios políticos que habrían repartido supuestas prebendas en Fonade, Fomag y otras entidades del Estado.
Este uniformado, que trabaja en una de estas compañías de ciberdefensa del Ejército, afirma que Lombana no fue la única magistrada objeto de interceptaciones y seguimientos.
Otro militar activo de la misma compañía le dijo a esta revista que, en su caso, le habían asignado como blancos políticos de todas las tendencias, en particular tres gobernadores, tres senadores y dos representantes. Para sustentar su denuncia mostró a SEMANA documentos, cuadros de contactos, extractos de comunicaciones y conversaciones de WhatsApp de algunas de las víctimas. Esta revista se abstiene de publicar otros nombres para no poner en riesgo la identificación de las fuentes y las investigaciones.
Algunas de las víctimas de las actividades ilegales de varios militares fueron el senador Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.
“Amparados bajo las misiones legales y autorizadas se realizaban lo que acá se conocía con el nombre de ‘trabajos especiales’. Los blancos se dividían dentro de las diferentes compañías, la A, B, C y D. Al comienzo nunca sabíamos los nombres, los jefes nos daban los datos como teléfonos, correos, etc y ahí empezábamos a buscar la información. Conforme conseguíamos los datos nos dábamos cuenta del blanco. Los nuestros resultaron magistrados de la corte. A mi compañero de la compañía B le tocaron los periodistas, ahí estaba los mismos de siempre, según me dijo, pero no recuerdo los nombres”, contó a SEMANA uno de estos uniformados. “En todo esto no solo estuvimos del Bacim –batallón de ciberinteligencia-, también participó gente de las Baime 1 y 4 (batallón de inteligencia militar)”, dijo a esta revista un segundo militar involucrado en los hechos.
Estas últimas brigadas de inteligencia se encargaban de realizar los seguimientos a diferentes personajes, como el senador Roy Barreras. El militar encargado de esto último le dijo a SEMANA que cuando Barreras denunció públicamente que lo estaban siguiendo e interceptando, se activó una operación de contrainteligencia para cubrir su rastro y desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia. “Los mandos decidieron que el sospechoso obvio estaría en otras agencias nacionales que cuentan con capacidades similares o en la misma cúpula de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia)”, dijo el suboficial.
SEMANA conoció, por otro lado, carpetas presentes en los discos duros y en las memorias USB que contienen presentaciones de informes, extractos de conversaciones y audios de entidades públicas, ONG y medios de comunicación. Incluso, hay soportes en videos y fotografías de seguimientos a periodistas de este medio de comunicación que adelantaban la investigación. Hay carpetas que almacenaban información sobre funcionarios de la Dian, colectivos de abogados, defensores de derechos humanos, entre otros.
¿Cómo chuzaban?
Parte de estas actividades ilegales se desarrollaron en el batallón de ciberinteligencia en Facatativá. Lo que ningún colombiano sabe es que el 18 de diciembre a las 8:45 de la mañana, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y medio centenar de policías judiciales adscritos a la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, allanaron las instalaciones de esa unidad militar en busca de evidencia sobre las chuzadas. En ese operativo cinematográfico, que duró casi 16 horas, hubo de todo: funcionarios judiciales que buscaban computadores, oficiales del Ejército que trataban nerviosamente de esconder información, tinterillos que buscaban obstaculizar el operativo, suboficiales que escondían equipos, computadores desvalijados a última hora, uniformados que trataban de sacar información subrepticiamente por la ventana, etcétera (Ver siguiente artículo).
Irónicamente, encabezaba el operativo la magistrada Cristina Lombana, quien desconocía que ella misma estaba entre las víctimas de las chuzadas. Los oficiales negaron realizar actividades ilegales e incluso aseguraron que no tenían software o herramientas informáticas para acceder a llamadas, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp. Sin embargo, SEMANA tiene en su poder el contrato del año pasado por el cual el Comando de Apoyo de inteligencia militar (Caimi) le compró una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada Nacional. “Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta nos permite hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”, contó uno de los uniformados que maneja este sistema.
El documento describe que dicha plataforma permite sacar información de computadores sin ser detectada. “La infraestructura debe estar diseñada para operar con un número infinito de agentes activos”, dicen las características técnicas de la plataforma. Significa que permite acceder de manera masiva, dirigida y perfilada a computadores con sistemas operativos Windows y MAC. Esta poderosa herramienta tecnológica costó 2.999 millones de pesos, como consta en el contrato, y entró a operar en el segundo semestre de 2019.
Además del Hombre Invisible que según las especificaciones no deja rastro, los uniformados que se dedicaron a este tipo de actividades ilegales también acudieron a lo que se conoce en el mundo de la inteligencia como equipos tácticos móviles, conocidos como StingRay. Se trata de un dispositivo que se puede esconder en la bodega de un carro o un maletín y puede interceptar llamadas de celular al simular ser una antena telefónica. De esta forma, los teléfonos móviles se conectan al equipo y la información sale antes de ir a la antena del operador.
Durante varios meses el entonces comandante del Ejército ordenó entregar dos de estos equipos a dos coroneles, uno activo y otro retirado. “No fueron destinados a misiones y operaciones oficiales, el solo hecho de que un retirado maneje uno de estos equipos ya es irregular. Sabemos que fueron utilizados para actividades políticas. Después de tres meses los devolvieron (finales del año pasado) sin ningún registro de lo que hicieron. Todo lo borraron”, dijo un alto oficial de Inteligencia militar.
Todas estas herramientas de última generación para interceptar y acceder a información confidencial resultan esenciales en la lucha contra el crimen organizado. Hoy en día, la buena inteligencia (humana y tecnológica) es quizá la punta de lanza más efectiva para ubicar y judicializar a las personas y grupos al margen de la ley, y también para proteger la seguridad nacional.
Por esta razón, y por la importancia que tienen, los encargados de la operaciones de inteligencia deben respetar los protocolos, ajustarse a la ley y cobijarse en la Constitución. Por eso resulta inaceptable que algunas manzanas podridas hayan desviado su función, no para combatir el crimen en momentos en que el país más lo necesita, sino para cometerlo. Lo cual, de paso, afecta la imagen de una institución tan importante para la democracia y tan valorada por los colombianos como el Ejército Nacional.
El Hombre Invisible: Desde el año pasado el Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) compró por 3.000 millones de pesos una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible. Estos documentos describen algunas de sus características secretas. “Podemos meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”, contó uno de los uniformados que maneja este sistema.
La persecución a SEMANA
Así fue el año de espionaje y amenazas contra periodistas esta revista. Envíos de sufragios y lápidas, seguimientos al director y a periodistas, y equipos tácticos de interceptación al pie de las instalaciones hicieron parte del operativo de inteligencia ilegal.
Lápidas y sufragios: en el carro de uno de los periodistas de semana apareció esta lápida. durante varios meses los reporteros recibieron más de una docena de sufragios con amenazas a ellos y sus familias.
Durante 2019 algunos periodistas de SEMANA y hasta las instalaciones físicas fueron objeto de constante vigilancia y seguimiento de integrantes de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército. Durante el primer semestre de ese año hubo sufragios, amenazas directas, entre otras intimidaciones, como respuesta a las denuncias que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario, y encarcelamiento de varios altos oficiales, entre ellos generales.
SEMANA se había abstenido de revelar públicamente este episodio para proteger las fuentes, la propia investigación y los elementos de juicio y pruebas suficientes para hacer la denuncia.
Como consecuencia de una nueva etapa del proceso –esta vez sobre interceptaciones ilegales publicada en esta edición– durante el último trimestre del año las amenazas aumentaron con envío de lápidas funerarias, entre otras formas de presión e intimidación. A esto se sumó una campaña de espionaje y seguimientos. “Un coronel de ciberinteligencia me ofreció 50 millones de pesos para introducir un malware (virus) en los computadores de periodistas de Semana y así poder acceder a la información”, confirmó a esta revista una fuente.
Esta revista tuvo acceso a algunas fotografías y videos que demuestran esas actividades ilegales. Y con varias fuentes directas del propio Ejército corroboró que efectivamente algunos de sus integrantes desplegaron una operación no solo para intimidar y tratar de impedir que las investigaciones salieran a la luz. También para tratar de dar con las fuentes que valientemente decidieron denunciar graves irregularidades que van desde casos de corrupción hasta espionaje político.
Durante varios meses –y de manera intermitente– estuvo estacionada una camioneta Toyota de color negro frente a las instalaciones de SEMANA. En su interior estaba lo que se conoce como un equipo táctico –que si está en el rango adecuado, como en este caso,– intercepta la señal de los celulares (ver recuadro). La verificación de las placas permitió establecer que se trata de un vehículo asignado a los militares.
Las labores de reportería de los periodistas estuvieron bajo vigilancia. En repetidas oportunidades una joven mujer apareció en diferentes lugares, como cafeterías, restaurantes y centros comerciales, pendiente de las reuniones con las fuentes. SEMANA logró establecer con el comando de personal que se trata de una subteniente de inteligencia, orgánica de un batallón de comunicaciones, cuyo nombre esta revista se abstiene de revelar por ahora.
Esta mujer no estaba sola. En otras ocasiones iba acompañada de otro agente. Este también con frecuencias merodeaba y permanecía largas horas frente a la entrada peatonal y al parqueadero de SEMANA.
También tuvo vigilancia permanente un café cerca de las instalaciones de esta revista en donde con relativa frecuencia el director, Alejandro Santos, se reúne con algunas fuentes. Como si lo anterior fuera poco, SEMANA logró establecer que no solo militares activos participaron de esas acciones. Un coronel retirado por vínculos con narcos y paras decidió ayudar a la cúpula militar anterior, de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito quienes se alternaban con los militares activos las labores de seguimientos y vigilancias contra los periodistas de SEMANA.
Esta operación ilegal de inteligencia se extendió al propio Ejército. Allí los involucrados desataron una persecución implacable contra los militares que no se prestaron para estas y otras actividades ilegales, y por el contrario denunciaron a los corruptos ante la propia institución y entidades de control. Ellos, oficiales honestos, condecorados y con las mejores calificaciones, terminaron fuera del Ejército. Oficiales con procesos penales y disciplinarios de todo tipo, y vínculos non sanctos, ocuparon sus lugares. En este contexto, el nuevo ministro de Defensa y el recien posesionado comandante del Ejército tienen la delicada misión de hacer una cirugía profunda a una institución que requiere a los más honestos y más capaces para enfrentar los flagelos de seguridad que azotan al país.
Director vigilado: Varios agentes de inteligencia vigilaban un café utilizado por el director general de SEMANA para reuniones con fuentes, como constata la foto con un agente de inteligencia encubierto a la salida del lugar.coronel retirado por vínculos con narcos y paras decidió ayudar a la cúpula militar anterior, de la cual era muy cercano. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito quienes se alternaban con los militares activos en las labores de seguimientos y vigilancias contra los periodistas de SEMANA. En la foto uno de ellos.
El aparato clave
Este es un equipo táctico móvil conocido como StingRay. Se trata de un dispositivo que se puede esconder en la bodega de un carro o un maletín y es capaz de interceptar llamadas de celular al simular una antena telefónica. De esta forma, los teléfonos móviles se conectan al equipo y la información pasa por allí primero antes de ir a la antena del operador. Durante varios meses dos de estos equipos fueron entregados a dos coroneles, uno activo y otro retirado. “No fueron destinados a misiones y operaciones oficiales, el solo hecho de que un retirado maneje uno de estos equipos ya es irregular. Sabemos que fueron utilizados para actividades ilegales. Después de tres meses los devolvieron (finales del año pasado) sin ningún registro de lo que hicieron. Todo lo borraron”, contó a SEMANA un militar.
En la sede del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) mañana martes, 14 de enero, tendrá lugar el encuentro del jurado y prejurado del Premio CPB 2020, reunión que contará con la presencia de la junta directiva del gremio y su presidenta Gloria Vallejo.
El objetivo es hacer la entrega de los mejores trabajos al jurado, luego de un pormenorizado y exigente análisis de los mismos por parte del prejurado.
Las categorías que participan son once: prensa, radio, televisión, medios virtuales, tesis de pre grado, opinión, caricatura, fotografía, mejor trabajo de corresponsal, mejor trabajo de cámara y mejor libro escrito por un periodista.
El jurado está integrado por reconocidos periodistas del país: Juan Gossaín, Juan Esteban Constaín, Fernando Ramos, Sandra Borda, Marisol Cano, María Lucía Fernández, Fernando Quijano y Germán Rey.
El prejurado lo constituyen destacados periodistas socios del CPB: Gustavo Castro Caycedo, Arturo Guerrero, Athala Morris, Elker Buitrago, Yeiver Rivera, Alfonso Morillo, Jorge Sánchez Vargas, Camilo Tovar, Javier Baena, Norberto Patarroyo, Luis Jaime Acosta, Tulio Pizarro, David Cañón, Francisco Javier Diaz, Guillermo Camacho, Vespasiano Jaramillo, Germán Mejía Pinto, Héctor Téllez, Luis Alexander Castro, Jesús Valencia, Teodoro Gómez y Claudio Ochoa. También colaboran en este proceso del Premio CPB 202O el escritor y periodista Carlos Gustavo Alvarez y el periodista, analista y columnista Germán Manga, amigos del CPB.
El paso siguiente es el estudio y definición de los tres finalistas y el ganador por parte del jurado.
El total de trabajos postulados fueron 502 , presentados por 1055 periodistas.
Los ganadores se conocerán la Noche de los Mejores, en ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Cafam (Floresta), el viernes 7 de febrero. Será transmitida en vivo por televisión y contará con la producción del Canal Caracol.
El comienzo de la década ha sido de fuerza que explota. En el Medio Oriente los drones de Trump centellean y vuelven pedazos a los adustos jefes militares iraníes. El orbe suspira en vilo. En Colombia siguen desmelenadas las motos y las motosierras, la vieja manía de matar se incrementa y la gente siente que los tres años de paz con la guerrilla fueron una película de Hollywood.
Urbi et orbi, aquí y en todo el mundo el fuego siega vidas, y la sangre se impone como argumento para conseguir cualquier meta. El progreso se agacha de miedo ante la racha de muertes distribuidas en todas las latitudes y practicadas con frío por las causas más contradictorias.
Se mata por dios y por el diablo, por la libertad y el racismo, por la avaricia y la miseria. Las hemorragias de la historia universal de la infamia no enseñan nada. Perforar cabezas, reventar vísceras, hacer pedazos lo que era un ser con amores y utopías, son actos escrupulosamente planeados y cumplidos. Los fuertes son reyes del mundo.
Hay un proverbio chino desperdiciado: “fuerte no es aquel que ejercita su fuerza, fuerte es quien la controla”. Es una derivación de la filosofía oriental y un lema de las artes marciales. Le quita el aura heroica al comportamiento de los hombres de fusiles, drones fogosos, altos cilindrajes tronantes.
Todo deportista en alta forma experimenta la potencia de su fuerza contenida. Le basta su respiración diafragmática para comprender que sus músculos y huesos tienen la capacidad de ser formidables. Ha pasado cada día de su vida llenando de energía estas tremendas armas que ante todo sirven para el abrazo.
Las preserva, las reserva. Es rey del mundo porque alía sus fuerzas personales con el fluido magnético de la tierra, el viento, las aguas en movimiento. En vista de que conoce la ira y la ambición, se mantiene alerta para ejercer soberanía sobre estos impulsos salidos de madre.
Por eso los samuráis, los yoguis, los yudocas, son tempestades reguladas. Su dinamita se concentra en un punto al que raramente impactan. Obedecen a la construcción de su poderío, más que a su propagación insensata. Su orgullo es ante todo interno. Repliegan sobre su centro íntimo la conciencia de reyes del mundo.
La segunda década del XXI aguarda la proliferación de estos diamantes.
El CPB manifiesta su solidaridad y apoyo al periodista e investigador Pirry y le desea pronta recuperación. Lo impulsa a continuar firme con sus programas por la defensa de la biodiversidad y la protección de las especies.
Luego de ser internado tres días en el Hospital San Rafael de Tunja por un cuadro presentado por ansiedad y depresión, Guillermo Arturo Prieto La Rotta, conocido como “Pirry”, agradeció el apoyo recibido con mensajes de miles de colombianos.
Pirry, zootecnista de profesión, con más de 20 años en el ejercicio del periodismo es recordado por sus informes investigativos y de periodísticos de aventura, viajando alrededor del mundo, descubriendo lugares poco conocidos por los colombianos, en el espacio “El mundo según Pirry” de RCN Televisión.
En un mensaje por Instagram, titulado como “Gracias Totales”, el comunicador agradece el apoyo y cariño de quienes le enviaron sus mensajes.
“Durante estos últimos tres días he recibido gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño a propósito de mi estado de salud (y eso que no lo había hecho público).
Muchos de ustedes no lo saben, pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes. Esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro “Pirry y el volcán”. El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria.
En estos tiempos mi situación es mucho mejor que en el 2014 por ejemplo, pero cada tanto regresa de pronto como un ataque de ansiedad o una crisis nerviosa. Un cuadro de depresión me ha traído al hospital nuevamente, pero con la compañía de mi familia el apoyo médico y obvio todos sus mensajes, ya estoy mucho mejor y ojalá entre mañana y pasado mañana estaré en mi casa.
De verdad agradecido por todo su apoyo y cariño les mando un gran abrazo a todos y mi solidaridad a todos los que pasan por esta enfermedad”.
El periodista Héctor Mario Rodríguez, director del portal Primera Página le solicitó en diciembre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) protección de su vida luego de sus denuncias presentadas sobre la persecución y amenazas a que ha sido sometido luego de su trabajo investigativo sobre la firma Tecnoglass.
Según Héctor Mario, los acosos y anomalías comenzaron desde cuando reveló en 2017 que la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) hizo inspección en Tecnoglass, de los hermanos Christian y José Manuel Daes, de Barranquilla, mientras se indagaba la reventa de boletas de la selección Colombia.
Posteriormente la SIC admitió que no tiene pruebas en contra de ellos y los Daes denunciaron al periodista por injuria y pánico económico.
LOS HECHOS
La siguiente es la denuncia presentada por Héctor Mario Rodríguez y publicada en su portal “Primera página”:
El libre ejercicio del periodismo económico está seriamente amenazado si la actuación de un fiscal termina concluyendo que una información periodística causó pánico económico, así ésta haya sido producida con base en hechos y situaciones reales: Lo peor es que este mismo fiscal pretende hacer caso omiso de dos fallos de tutela en los que se resalta el manejo equilibrado que el periodista hizo al tener siempre presente la postura de los implicados.
Así las cosas, si llega a hacer carrera la actuación del fiscal, el medio de prensa que genere una información sobre hechos o actuaciones empresariales, y que, de seguro, traen de por sí una implicación económica en el mercado, corre el riesgo de ser postrado judicialmente por el delito de pánico económico.
Es una nueva modalidad de matoneo judicial que nace desde las mismas autoridades. Algo nunca visto en Colombia. Los primeros pasos los está dando el fiscal 75 de Patrimonio Económico, quien desarchivó un proceso penal por pánico económico que instauraron los dueños de la empresa Tecnoglass contra el Editor General de Primera Página, Héctor Mario Rodríguez, y en las simples citaciones para arraigo y, luego, para interrogatorio, viene anunciándole al periodista que le imputará cargos sin haberlo escuchado y pese a que sobre su actuación periodística hubo dos fallos a su favor de jueces constitucionales, como ya se dijo.
No se sabe si el actual fiscal general de la Nación tiene algún conocimiento de lo que desde hace varios meses viene cocinando el fiscal 75 contra el editor de Primera Página, un medio independiente y con enorme reconocimiento en el mercado financiero y dentro de las grandes empresas del país, con siete premios de periodismo a cuestas, que lleva 19 años continuos informando sobre lo bueno, lo malo y lo feo de los mercados financiero y bursátil colombianos y de los negocios relevantes para el país.
La persecución que ha sufrido Primera Página desde 2009, cuando empezó a reportar hechos económicos de las empresas de Pacific Rubiales no ha cesado. Sus abogados, que son los mismos ahora de Tecnoglass, iniciaron un incesante matoneo judicial que acaba de desembocar en estas citaciones del Fiscal 75 que desnudan de entrada su animus acusatorio:
“Me permito informarle que esta agencia fiscal, por denuncia formulada por los señores José Manuel y Christian Daes Abuchaibe, CEO y COO y accionistas de la compañía Tecnoglass S.A. adelanta investigación en su contra por el presunto delito de Pánico Económico y Calumnia Agravada, por tanto, de las innumerables órdenes a Policía Judicial que ha impartido esta fiscalía, la última hace referencia a establecer el arraigo social, familiar y comercial como también su plena identidad PARA UNA POSIBLE IMPUTACIÓN DE CARGOS (las mayúsculas son de PP)”.
Lo único cierto es que, como lo ha dicho la Corte Constitucional en más de una decena de sentencias, Primera Página actuó equilibrada y transparentemente, como lo corroboraron dos jueces constitucionales, en primera instancia, el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, Rafael Enrique López Géliz, y, en segunda instancia, la Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Jaime Humberto Araque y Carlos Alejo Barrera.
“Hay abundante material probatorio que demuestra que los portales accionados (Primera Página y Ojo Privado) han aclarado y actualizado la información inicialmente publicada con el mismo despliegue e importancia comunicativa que la inicial”, dicen los jueces constitucionales, pese a que ellos señalaron en su providencia que “los mismos hermanos Daes y el representante legal de Tecnoglass fueron los que dieron a conocer al público en general que habían recibido la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo confirmó el funcionario en cabeza de esa entidad en la entrevista que fue transcrita a través de una nota en los portales accionados tendientes al esclarecimiento de los hechos, sino también con lo manifestado por la jefe de la Oficina Jurídica de la mencionada Superintendencia y que tienen que ver con la indagación preliminar que se adelanta a la aludida sociedad”.
Además de la serie de demandas de tutela y ante la Fiscalía General de la Nación durante los últimos tres años, se ha acudido a exigir que el rompa el sagrado derecho a la reserva de las fuentes.
Curiosa insistencia en que el periodista levante la confidencialidad e identidad de sus fuentes humanas y viole su sagrado secreto profesional. Como ha advertido insistentemente la Corte Constitucional se trata de un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin la cual, el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar (artículo 20 de la Constitución Política), se tornarían nugatorios.
Un documento académico del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) reconoció que “la prensa financiera especializada (como la que ejerce Primera Página) puede ser una fuente importante de reportes sobre las fallas en la revelación de información, aun cuando las normas existentes sobre difamación puedan presentarse como una amenaza, toda vez que permiten a los administradores demandar a quienes los critican (usando los fondos de la empresa), con el fin de detener o apaciguar la presentación de sus informes”.
Y por eso el documento del AMV advierte que “en un país sin tribunales ni fiscales honestos los periodistas son más vulnerables ante este tipo de amenazas”. Hasta hoy la justicia colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría han comprendido el papel relevante que ocupan los periodistas en la sociedad y no le han dado juego a acciones como las que hoy están pretendiendo impulsar los empresarios de Tecnoglass.
Héctor Mario Rodríguez y Primera Página siempre han estado comprometidos, no obstante, el matoneo judicial, con “un periodismo financiero activo…, que pueda (…) descubrir y denunciar la declaración de información engañosa o falsa, y criticar, cuando sea necesario, a los administradores o controlantes de las compañías, así como a los banqueros de inversión y a los abogados del sector bursátil”, reza en otro aparte del documento del AMV.
Con lo que está pretendiendo hacer el Fiscal 75 y lo que vienen impulsando los Daes y sus abogados es activar no una batalla sino una de las más grandes guerras contra el libre ejercicio del periodismo económico. Se quiere poner en jaque un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución, como es la libertad de prensa.
Esta amenaza ya está trascendiendo las fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento del asunto, ante solicitud que ya hizo Primera Página.
Periodistas y medios de comunicación del Valle del Cauca lamentaron el fallecimiento del periodista Humberto Pupiales, el pasado 5 enero en un accidente automovilístico cerca de Río de Janeiro (Brasil), donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones.
Humberto Pupiales era natural de El Tambo, Nariño, Comunicador social – Periodista de la Universidad de La Sabana y tenía una maestría en Periodismo, cursada en Buenos Aires, Argentina.
Además, estaba especializado en el periodismo científico y en las comunicaciones del área de la salud. Trabajó en distintos medios escritos y de televisión del occidente colombiano. Fue también jefe de prensa del Hospital Universitario del Valle durante varios años y por casi dos décadas del Centro Médico Imbanaco en Santiago de Cali.
“Mi tío planeó sus vacaciones para pasar con nosotros navidad y fin de año. Llegó con su familia aquí el 23 de diciembre y estábamos felices en familia, mi tío es lo único que me quedaba de mi familia”, dijo en un desgarrador mensaje Nina Pupiales, sobrina del periodista.
Según su sobrina, el pasado 5 de enero, ellos salieron hacia Río de Janeiro, pero en una avenida se les atravesó un camión, el quel le arrebató la vida al reconocido periodista.
“Salimos temprano por carretera; yo iba con mi esposo y mis hijos en un carro. Él iba en otro carro con su familia, a dos horas de viaje al pasar una avenida se atravesó un camión y los chocó, mi tío quedó atrapado en el carro”, explicó Nina Pupiales al diario El País.
Humberto, quien se movilizaba con su esposa, sus dos hijos de 7 y 11 años de edad y una prima, fue trasladado hasta una clínica de ese país, donde falleció tras un paro respiratorio.
“Los socorristas alcanzaron a sacarlo y llevarlo al centro de salud donde le diagnosticaron una fractura de pelvis, otra de húmero y un trauma en tórax severo. Tuvo un paro respiratorio, se reanimó y no pudo salir”, informó Nina.
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) expresa sus sentimientos de solidaridad al periodismo del Valle del Cauca y acompaña en estos momentos de tristeza y dolor a su familia, amigos y allegados. Q.E.P.D.
El periodista Edinson Arango, director de Enfoque Pijao y del programa “El Tolima y sus protagonistas” murió el domingo 5 de enero tras ser atacado por un enjambre de abejas cuando realizaba una caminata por el cerro La Picota en zona rural del municipio de Alvarado.
Arango, junto a otras personas, caminaba por esta zona el sábado 4 de enero, cuando de repente fueron atacados por los insectos. La peor parte la llevó el comunicador quien sufrió letales picaduras en órganos vitales siendo trasladado a la Clínica Nuestra de Ibagué, donde certificaron su deceso, al día siguiente.
En los últimos años, Edinson Arango se desempeñaba como director del medio escrito Enfoque Pijao y del espacio de televisión El Tolima y sus Protagonistas de Ángeles TV. Años atrás realizó programas en la desaparecida cadena radial Súper.
Arango era oriundo de esa población localizada a unos 20 kilómetros al del norte de Ibagué, en el Tolima, la cual visitaba con frecuencia.
El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) lamenta la pérdida del colega Edison Arango y envía una voz de Aliento y condolencia a su familia y allegados. Q.E.P.D.
