¿La inteligencia emocional debe aplicarse en el periodismo?, Óscar Herrero hablará de ello en este seminario web:
El periodista español Óscar Herrero conducirá el seminario web ‘Inteligencia emocional aplicada al periodismo: un camino hacia la excelencia’ que se realiza el martes 13 de diciembre a la 1:00 p.m. (hora de Colombia) Consulta tu horario local.
Herrero acaba de publicar el libro La ventana interior. Inteligencia emocional aplicada al periodismo (Editorial Fragua, 2016), la primera obra que aborda la aplicación de la inteligencia emocional a la práctica profesional del periodismo desde una perspectiva global.
La excelencia profesional requiere hoy, más que nunca, actitud y aptitud. La aptitud se adquiere a través de la formación técnica y teórica, mientras que la actitud está íntimamente ligada a las competencias emocionales que un individuo es capaz de desarrollar. Esas habilidades se proyectan sobre aspectos personales, sociales, corporativos y públicos que condicionan, cada día, el trabajo informativo. La inteligencia emocional se convierte así en un complemento de los conocimientos puramente teóricos, que aporta valor añadido y enriquece las cualidades personales y profesionales de los periodistas.
Javier Darío Restrepo
Esta actividad se realiza en el marco del Programa de Ética Periodística y Sostenibilidad de los Medios, de la FNPI y los grupos Sura y Bancolombia. Como parte de este proyecto también funcionan la Red Ética Segura, una web dedicada al cubrimiento de temas relacionados con la ética periodística, y el Consultorio Ético, un servicio a través del cual el maestro Javier Darío Restrepo ha respondido por 15 años a más de 1.500 preguntas formuladas por periodistas de Iberoamérica sobre toda clase de dilemas éticos.
(Inscripciones en FNPI)
Tomado de :Fundación Para el Nuevo Periodismo Iberoamericano,FLIP
En la imagen, el alcalde Peñalosa exhibe su mano derecha, en la que a uno de sus dedos le falta una falange.
A través de una aplicación móvil o desde un computador podrá alertar a las autoridades.
El Distrito lanzó una campaña en la que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, da su testimonio sobre cómo a los 11 años perdió una parte del dedo índice de su mano derecha, por utilizar pólvora.
Con este video, que la entidad está promocionando a través de redes sociales, las autoridades buscan incentivar la denuncia sobre los lugares en donde se vende pólvora en la ciudad, y están invitando a no usar fuegos artificiales, para evitar quemaduras. (Lea también: Bogotá se alista para evitar emergencias en esta Navidad)
Según indicó la Alcaldía de Bogotá, fue el mismo mandatario quien sugirió la idea de grabar el video, al ser él una víctima directa de la manipulación de la pólvora durante su niñez:
“Este dedito fue a la tienda, este compró la pólvora, este la encendió y esto fue lo que pasó”, son algunas de las palabras del mandatario en la pieza comunicativa.
En redes sociales se apoya la iniciativa del no uso de estos elementos, con el numeral #NavidadSinPólvora. El video contaba hasta el cierre de esta edición con más de 69.600 visualizaciones en Youtube, en donde se encuentra colgado.
Desde la aplicación
Para fortalecer los canales de denuncia de su venta, las autoridades no solo dispusieron de la Línea 123, sino que incluyeron este delito en la aplicación web que lanzó este año el Distrito: Seguridad en Línea.
Ya sea que ingresen a través de dispositivos móviles o desde un computador (seguridadenlinea.com), los ciudadanos encontrarán la opción ‘Reporte de pólvora’.
Allí podrán alertar a las autoridades, de manera anónima, sobre laboratorios de producción de fuegos artificiales o lugares de almacenamiento y distribución. (Además: Prohíben uso o distribución de pólvora en Soacha)
También pueden adjuntar fotos de las actividades ilegales relacionadas con el uso de pólvora, que servirán a las autoridades para realizar sellamientos o decomisos.
La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los padres de familia para que no manipulen pólvora ni permitan que sus hijos lo hagan. A la vez, invitó a los ciudadanos a asistir a los espectáculos de luces programados en los diferentes parques de Bogotá. Recordó que la manipulación de estos elementos solo debe realizarse por gente experta en el área.
Controles
La Secretaría de Salud señaló que realizará durante todo el mes y hasta el próximo 10 de enero controles permanentes a la venta de comida y bebidas, para evitar que los bogotanos ingieran productos de mala calidad.
Esto irá acompañado de la alerta verde en la que permanecerán todos los hospitales de la red pública, con el fin de atender cualquier emergencia que se pueda presentar en la temporada navideña. (También: Buscan ‘quemar’ uso de pólvora con multas y pago por denuncias)
Alumbrado público
Finalmente, mañana, a las 4 de la tarde, se realizará el encendido de la iluminación decembrina en los diferentes parques de la ciudad. A estos eventos podrán asistir los bogotanos de manera gratuita.
Son cinco aeronaves similares a las que utiliza la Policía en New York y los Ángeles.
El propio general Jorge Hernando Nieto, director Nacional de la Policía, presentará esta tarde la flotilla de cinco helicópteros Bell 407 cuya misión será reforzar principalmente la seguridad en Bogotá y Medellín.
Estas aeronaves son las mismas que utiliza la Policía de New York y Los Ángeles para perseguir a los delincuentes desde las alturas.
Cada helicóptero tiene la cartografía completa de estas de Medellín y Bogotá y tendrán línea directa con los policías en tierra.
Sus visores son de última tecnología y le permitirá a la tripulación desde el aire divisar claramente y perseguir el delito.
Incluso, tienen perifoneo desde donde los uniformados de la Policíapodrán hablarles a los delincuentes.
Los detalles de estas aeronaves, entre otras medidas de seguridad que se implementarán en Bogotá durante Navidad serán reveladas este viernes por el director nacional de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.
La FLIP rechaza el robo del vehículo que transportaba los ejemplares de la edición impresa de Boyacá 7 días y de El Tiempo que sería distribuido en los municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso y las provincias aledañas. La Fundación, además, lamenta las agresiones de las que fue víctima el conductor.
Cerca de la una de la mañana de este jueves primero de diciembre el camión que transportaba la edición impresa de Boyacá 7 días y de El Tiempo fue interceptado por un retén falso en la vía Bogotá – Tunja a la altura del municipio de Sopó. El conductor del vehículo fue amordazado y golpeado en repetidas ocasiones hasta quedar inconsciente. Aproximadamente a las cuatro de la mañana el hombre se despertó en Cajicá y no sabía del paradero del material que transportaba.
En horas de la tarde, la Policía encontró el vehículo abandonado en un parqueadero en Soacha sin los ejemplares de los periódicos. Según Emilia Sandoval, gerente de Boyacá 7 Días, no hay sospecha de que el hurto tenga relación con alguna denuncia o un contenido de alto impacto que quisiera censurarse. Sin embargo, la FLIP considera inconveniente que en los municipios afectados no fue posible conocer el contenido informativo.
Frente a este tipo de casos es importante recordar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dijo en su informe ´Violencia contra Periodistas y Trabajadores de Medios’ que los actos de violencia contra la prensa «tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.
La FLIP expresa su preocupación por los hechos ocurridos y le solicita a la Fiscalía y demás autoridades nacionales que investiguen lo sucedido para sancionar a los responsables. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que inicie la ruta de evaluación de riesgo con el fin de proteger a las personas afectadas.
Tomado de:La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.
La Asociación de linotipistas celebró, el domingo 4 de diciembre, sus 93 años de fundación, de luchas sindicales con la razón y búsqueda de la paz con la palabra escrita. Estrenamos ascensor, no para ir al cielo, no, sino para llegar al segundo piso sin el dolor de rodillas que ya nos aquejaba y nos impedía completar el quórum de este sindicato que es el más antiguo de Colombia…Nosotros transformábamos las ideas en plomo que no quitaba vidas sino que enseñaba…Después de visitar el mausoleo donde reposan quienes se fueron a hacerle galeras a los maestros, los vivos nos deleitamos con un suculento banquete , con toda la FE de que nada nos hace daño…
Óscar Domínguez
Oscar Dominguez, el maestro periodista ,no nos acompañó porque lo dejó el vuelo.Lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. A ustedes también.
La carta fue publicada en su perfil de Facebook. Los dueños anunciaron que colaboran activamente para saber qué ocurrió
Seis días después de que un avión de la compañía LAMIA se precipitara por falta de combustible en el cerro Gordo de Medellín, Colombia, la empresa aérea emitió un comunicado lamentándose por el trágico suceso en el que perdieron la vida 71 personas.
Fechado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la carta publicada en el perfil de Facebook de la corporación indica que LAMIA está a disposición de las autoridades, lamenta lo ocurrido y que busca el «bienestar de todos y cada uno de los afectados«.
«LAMIA Corporation SRL expresa su profundo sentimiento de dolor por la pérdida de los pasajeros y colegas del vuelo LM2933 del 28 de noviembre de 2016, accidente en las inmediaciones de Medellín, Colombia«, comienza la epístola dada a conocer en las últimas horas del domingo.
Foto: Infobae
El comunicado continúa: «Acompañamos en su dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta tragedia así como a aquellos que han sobrevivido, por quienes oramos para su pronta recuperación. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para buscar el bienestar de todos y cada uno de los afectados«.
«LAMIA colabora activamente con la investigación del accidente en Colombia y con las autoridades competentes en Bolivia y en otros países para comprender adecuadamente la causa de esta tragedia. Mantendremos al tanto a la opinión pública a medida que vaya surgiendo nueva información«, concluyó la carta que no lleva firma.
El vuelo de LAMIA se estrelló el pasado lunes por la noche mientras esperaba su turno para aterrizar en el aeropuerto de Rionegro en Medellín.En apariencia, el avión se quedó sin combustible y no emitió la emergencia que hubiera podido evitar la tragedia. Como consecuencia del accidente, 71 personas -entre los que se encontraba el plantel del equipo brasileño Chapecoense– murieron y seis se salvaron.
Se conformó un ente tripartito de fiscales de Bolivia, Colombia y Brasil que investigarán qué fue lo que ocurrió a partir de los planes de vuelo, las conversaciones entre la tripulación y las torres de control y la información que suministrarán las cajas negras recuperadas en el cerro Gordo, en La Unión.
Los temas gruesos fueron los más transformados. El IVA subirá máximo al 19 por ciento. Pese a que el cambio introducido en el impuesto de renta a personas naturales reduce la expectativa de recaudo en 1,6 billones de pesos, no se arriesgaron a subir el IVA a 20 por ciento, como indicaban algunos analistas
Es más, el incremento que se haga será espinoso de por sí en los debates que vienen, al igual que lo fue en las reuniones donde se acordó la ponencia, cuyo texto quedó listo el viernes, a las 9:30 de la noche.
Para la senadora Olga Lucía Velásquez, coordinadora ponente del proyecto, el tema más difícil fue el del impuesto de renta a personas naturales asalariadas. “Desde un comienzo, varios congresistas nos mostramos en desacuerdo, pues afectaba a los asalariados con ingresos de 4 millones de pesos que deben pagar colegios, predial –que es como un arriendo–, impuesto a vehículos y cuota de la casa”.
Por esta razón, la ponencia no incluirá un cambio en la tabla que asigna el impuesto a los asalariados, aspecto que también fue parte de la dura pelea librada por el representante Carlos Chacón, quien dijo que la reforma fue mejorada. Los trabajadores independientes, que tienen una realidad distinta, con ingresos que a veces sobrepasan los 900 millones de pesos al año, aportarán según lo planteó el Gobierno en el proyecto original.
En el impuesto de renta a personas naturales se conservó el principio de simplificación, por lo que se quitaron el Imán y el Imás como métodos para liquidar este tributo.
IVA, capítulo aparte
El IVA, que seguirá siendo el puntero en materia de recaudo, trae una diferencia frente a la propuesta del Gobierno, pues se acogió la idea de los congresistas de establecer un IVA social, con lo cual medio punto será para educación y medio para salud. “Con esto se atienden los dos temas que presentan desfinanciación y son claves para los colombianos”.
De hecho, desde el punto de vista económico, el IVA social compensa la eliminación del artículo que gravaba las bebidas azucaradas, por cuyo tributo se iban a recaudar 700.000 millones de pesos, mientras que por el medio punto asignado a la salud, este sector contará con 1,3 billones. Además, se mantiene el impuesto al cigarrillo pero se aplicará de forma gradual, recaudo que favorecerá las finanzas de la salud.
Frente al impuesto de renta a las empresas, la diferencia es que la reducción gradual del tributo unificado (les quitan el Cree y el impuesto a la riqueza) no llegará, desde 42 a 32 por ciento, sino a 33 por ciento.
Tope en estampillas
Hay aspectos que no han sido tan visibles, pese a su hondo calado. Es el caso de los impuestos territoriales, en el que el equipo que elaboró la ponencia eliminó tres artículos, uno de los cuales es el del tope al cobro de estampillas para obra pública. El debate sobre este tema permitió ver que se requiere una ley ordinaria para reorganizarlas, pues en algunos casos representan el 25 por ciento del costo de una obra. Este, según Olga Lucía Velásquez, es “una de las reflexiones que quedan para el Congreso, al igual que el de la reorientación de los subsidios. De lo contrario, no habrá reforma tributaria que alcance”, dice.
El monotributo, creado para fomentar la formalización de pequeños comerciantes, quedó en la ponencia pero con cambios.
Se trata de una propuesta opcional para cotizar a la pensión y recibir un apoyo estatal a través de los Beps (beneficios económicos periódicos). El cambio sustancial está en que se incrementa el valor de los Beps. También quedó la exención a las iglesias, que serán declarantes mas no contribuyentes, y la eliminación de la gabela que tenían los magistrados, eximidos de pagar el impuesto de renta.
En cuanto a las medidas antievasión, se mantiene la propuesta de cárcel para quienes no paguen.
En principio se establecía que aquel que omita ingresos por encima de los 100 millones de pesos será sancionado con penas de 48 a 108 meses de cárcel (4 y 9 años), mientras que por montos inferiores pagarán multa del 20 por ciento, lo que a algunos congresistas les parece un saludo a la bandera.
En este sentido, hay expectativa por conocer lo que quedó en la ponencia. Así mismo, los trabajadores de la Dian se mantienen en vilo, pues la reorganización de la entidad para el control de la evasión sería una reforma laboral.
En la ponencia también se incluyen los impuestos ambientales, como el cobro por uso de bolsas plásticas, que formó parte de la ponencia alterna del senador Antonio Navarro.
Se conservan, además, los impuestos al carbono, cuyo recaudo irá a un fondo de sostenibilidad ambiental; el de la gasolina, así como el no cobro del IVA al internet fijo de los estratos 1, 2 y 3.
Y de la plata, ¿qué?
En cuanto a los recursos que se obtendrán con la ponencia que se radicará este lunes, entre desmontes de aspectos que sumaban para la obtención de 0,8 puntos del producto interno bruto en el 2017 hasta 2,7 puntos del PIB en el 2022, la expectativa es contar con otros ingresos alternos. Uno de estos, según Olga Lucía Velásquez, son los cerca de 5 billones de pesos que están en procesos judiciales.
Para recuperarlos, se introdujo un punto relacionado con la posibilidad de hacer conciliaciones, para agilizar este proceso.
Se incluye un parágrafo en el que se miden con la misma regla las transacciones individuales, que para efectos de su reconocimiento fiscal deberán realizarse a través del sistema financiero, siempre y cuando superen los dos millones de pesos.
Hay poco tiempo y grandes obstáculos
Aunque algunos analistas creen que la reforma en curso no es una propuesta estructural, sí creen que es un documento complejo con mucha tela por cortar. En ese aspecto hubo críticas al Gobierno por la demora en la tramitación de la iniciativa, que ahora tiene un tiempo breve para su estudio en comisiones y plenarias. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo que solo en plenarias requieren no menos de 10 días.
Esto, sin contar con los tropiezos, pues el Centro Democrático, como uno de los partidos de oposición al Gobierno, anunció que presentará una alternativa para “bajar impuestos, mejorar el recaudo y combatir la evasión”. En consecuencia, no apoyarán la ponencia elaborada hasta ahora, por considerarla inconveniente en un país que no crecerá más allá del 2 por ciento. La batalla apenas empieza.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
Esta semana, entre lunes y martes, será presentada la ponencia que será discutida en el Congreso de la República.
Tras varias semanas de intensas reuniones entre el Gobierno y los ponentes de la reforma tributaria, se lograron llegar a algunos convenios para presentar finalmente entre lunes y martes la ponencia que será discutida en el Congreso de la República.
Hasta el momento se conocieron algunos detalles, entre los que se contempló, por ejemplo, incrementar en 3 puntos el Impuesto al Valor Agregado o IVA, es decir que pase del 16 al 19% como lo propuso la Reforma e incluso la comisión de expertos.
Como lo había anticipado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se dispondrá de un punto del incremento de este impuesto para apoyar sectores de la salud y la educación, lo que se presentó como el IVA social.
De otro lado, la base gravable para las personas naturales que pagan impuesto sobre renta no se modificará como lo presentó el texto que radicó el Gobierno un inicio.
Es decir que las personas con ingresos superiores a $2.700.000 ya no tendrán que declarar como lo proponía el proyecto, sino que se realizará cómo estaba estipulado en el actual estatuto tributario, que aplica solo para aquellas personas con ingresos superiores a $3.200.000.
Además, se descartó el impuesto a las bebidas azucaradas tras un fuerte debate que se dio en medios de comunicación por el lobby que tuvo por parte congresistas y las empresas que podrían ver afectadas con el gravamen.
Finalmente se conoció que el cronograma esperado para la presentación de la reforma tributaria tendría que iniciar el próximo martes 6 de diciembre con el primer debate en comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
Luego, el texto pasaría al debate y votación en las plenarias entre los días 15 y 16 de diciembre para que finalmente sea aprobada el próximo 20 de diciembre.
Una resolución del ente de control sostiene que la disminución efectuada en 2012 causó detrimento al Distrito. El exmandatario tendrá que pagar $217 mil millones y sus cuentas fueron nuevamente embargadas.
La Contraloría de Bogotá emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro, a quien halló responsable de haberle causado un detrimento patrimonial a la ciudad por la reducción de las tarifas de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
La resolución, que establece una sanción contra Petro por $217 mil millones sumado al embargo de sus cuentas, tiene que ver con la medida adoptada por la Administración en agosto de 2012, cuando el exmandatario redujo la tarifa y estableció un esquema de franjas horarias, según horas valle y pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle).
A pesar de que algunos usuarios celebraron la medida, la Contraloría Distrital desde ese momento puso la lupa en la decisión, al considerar que esto se configuraba en un subsidio que era ilegal y que el exalcalde no contaba con un respaldo fiscal que blindara la medida para evitar un detrimento.
Además de Petro, la decisión afecta a su exsecretario de Hacienda, Ricardo Bonilla y a la exsecretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas,considerados los principales responsables de las posibles pérdidas que sufrió la capital. Al ser hallados responsables fiscalmente por el detrimento según la Contraloría (que investiga y juzga) los procesados tendrán que reponer el dinero que supuestamente perdió la capital.
La sanción inhabilita también al exalcalde para ejercer cargos públicoshasta tanto se reponga el dinero. Así, Petro –quien suena como uno de los presidenciables por parte de la izquierda– quedaría al margen de las elecciones de 2018.
Conocido el fallo, que firma el actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, el exmandatario se pronunció a través de su cuenta en Twitter, donde responsabilizó al vicepresidente Germán Vargas Lleras de motivar la sanción.
“Contralor distrital vuelve a embargar mi cuenta bancaria que está ya dos veces embargada. Esta es la policía política de Vargas Lleras (…) Tendré que pagar $200.000 millones porque para el contralor de Vergas Lleras, los usuarios del bus deben pagar hasta el último peso de su costo (…) La línea de Ordóñez se extiende a Vargas Lleras. Me criminalizan por expedir políticas públicas en las que ellos no están de acuerdo”, reclamó Petro.
El caso se desprende del seguimiento que hizo a finales de 2012 el Grupo Especial de Apoyo y Fiscalización de la Contraloría Distrital a la rebaja de las tarifas de Transmilenio y el SITP. El organismo hizo una indagación preliminar a las secretarías de Hacienda, Planeación y Movilidad, a la Alcaldía Mayor y a Transmilenio por las presuntas irregularidades en el proceso del cambio de tarifa. La conclusión fue que, por la medida, entre agosto y noviembre de 2012 el Distrito dejó de recibir $64 mil millones.
Luego, en mayo de 2013, la Dirección de Movilidad de la Contraloría advirtió que al monto que se estableció inicialmente se debían sumar$46.743 millones, recursos que el Distrito había dejado de recibir entre el 1° de diciembre de 2012 y el 20 de marzo de 2013. A pesar de que estos recursos se los ahorraron los ciudadanos, para el ente de control esto sería un detrimento que podría representar un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema de transporte. Ante este proceso, Transmilenio se ha defendido diciendo que “la rebaja de la tarifa no obedece al otorgamiento de subsidios a los usuarios del sistema, sino a un nuevo esquema tarifario establecido por la administración de la ciudad”.
Gobierno y Congreso contaban con que la Corte aprobara el ‘fast track’ para iniciar trámite.
En momentos en que más de 5.000 guerrilleros de las Farc alistan sus armas y morrales para la marcha final hacia los lugares de concentración donde pondrán fin a la guerra de décadas, la amnistía que los ponga a salvo de cualquier problema judicial se convierte en un asunto más crucial para el proceso de paz.
El Gobierno y el Congreso estaban a la espera de que la Corte Constitucional diera luz verde al trámite abreviado de leyes y reformas constitucionales, para comenzar con la amnistía, pero eso no ocurrió.
Le tomará una semana más a la Corte Constitucional volver sobre el examen de la sentencia que podría abrir este espacio para hacer más rápido el trámite de las normas que le darán base jurídica al acuerdo de La Habana.
El pasado viernes, la Corte Constitucional deliberó todo el día de manera extraordinaria sobre el ‘fast track’ o trámite abreviado de las norma en el Congreso, pero no lo logró.
La sala plena de la Corte Constitucional, según conoció EL TIEMPO, está dividida sobre esa discusión y de hecho no pudo tomar una decisión.
Ante este hecho, el presidente Juan Manuel Santos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se reunirán esta mañana en la Casa de Nariño para determinar el camino a seguir.
EL TIEMPO pudo establecer que hasta esta mañana el Gobierno no tenía claro cuándo presentaría el proyecto de perdón judicial para los combatientes en camino a la paz.
En fuentes del Congreso hay partidarios de que la iniciativa se presente ahora mismo con mensaje de urgencia y se pueda aprobar, por la vía ordinaria, dentro de las próximas dos o tres semanas.
Pero el Gobierno también tiene la preocupación de tramitar la reforma tributaria y eso suma tensiones.
Con toda seguridad, el Congreso tendrá que ir a sesiones extraordinarias a partir del próximo 16 de diciembre para tramitar esta y otras normas de urgencia que le darán soporte jurídico al proceso de paz con las Farc.
El salario mínimo vigente que ganan más de un millón de trabajadores en Colombia, está en $689.454. / Bloomberg
Tan solo se han logrado cinco acuerdos en veinte años
Empiezan las discusiones entre sindicatos y los gremios para definir este ingreso. Centrales obreras piden incrementos de hasta 14 %.
Por: Camilo Vega Barbosa
En Twitter: @camilovega0092
Comienza una vez más el dramático ritual anual que esta vez definirá el salario mínimo para 2017. Una serie de reuniones entre gremios empresariales y sindicatos que tan solo ha llevado a cinco acuerdos desde 1996. El resto de las veces, el Gobierno ha tenido que definir el incremento del sueldo básico por medio de un decreto. Y hay pocas esperanzas de que este año se logre un consenso entre las partes, pues factores como la reforma tributaria, el bajo crecimiento económico y una inflación en descenso pero todavía alta, sirven para que cada sector puje a su favor.
La reunión que se realizará este lunes será tan solo un calentamiento para los verdaderos debates, pues no todos han revelado sus cartas. Hay dos variables que faltan por conocerse y que son fundamentales para que tanto los gremios como los sindicatos puedan concretar su propuesta de incremento del salario: inflación y productividad.
En los últimos dos reportes la inflación ha sido negativa, por lo que el país tiene la esperanza de que terminen los episodios de fuertes encarecimientos de la canasta básica que tanto se vivieron a mediados de este año. Las proyecciones del Banco de la República indican que el Índice de Precios al Consumidor terminará el 2016 con un incremento de 6,1 %. Lo cual si bien no es el 8 % del que se hablaba hace unos meses, sigue siendo alto.
Por otro lado, está la productividad. Hace un año, este fue uno de los principales argumentos de los gremios para pedir un incremento moderado del salario mínimo, pues según el Departamento Nacional de Planeación, este indicador fue negativo, resultado de la desaceleración económica. Y dado que en 2016 también se rebajaron las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB), para algunos expertos el indicador también saldrá negativo este año.
Con esta escasa información se efectuará la primera reunión de salario mínimo para 2017. Sin embargo, ya hay quienes se han aventurado a pedir una cifra de incremento. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, explicó que “este año pediremos un alza del 14 %. Con esta propuesta, se pretende que el pago mínimo quede en $785.977 (un reajuste de $96.523). Es lo menos que podemos pedir después de ver como el año pasado perjudicaron a los trabajadores al fijar un incremento por debajo de la inflación. Fue una situación que demandamos ante el Consejo de Estado, pero como siempre, la justicia no dio resultado. Y como si no fuera suficiente, los trabajadores colombianos deberán ver sus ingresos reducidos aún más por la reforma tributaria, que quiere subir el IVA y gravar las gaseosas”.
Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), indicó que “vamos a esperar a ver cómo sale el reporte de inflación del mes de noviembre, que publicará este lunes por la noche el DANE, para fijar una cifra. Sin embargo, sabemos que exigiremos un alza por encima del encarecimiento de la canasta básica en 2016, y que a su vez sirva para que los trabajadores puedan recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron este año. Además, debe haber espacio para que puedan soportar el choque que se viene por la reforma tributaria”.
Asimismo, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció hace unas semanas que pedirán un alza del sueldo básico de 5 puntos porcentuales por encima de la inflación causada de 2016. Es decir, si la inflación termina el 2016 en 6,1 %, como indica el Banco de la República, la propuesta de incremento del salario mínimo de este sindicato será de 11,1 %.
Por su parte, los gremios empresariales son más reservados sobre la cifra de incremento que defenderán en la mesa de concertación. Por lo general este sector se coordina entre sí para definir una propuesta única. Pero al igual que los sindicatos están preocupados por los efectos de la reforma tributaria: “Habían prometido que era una reforma estructural. Los impuestos para las empresas grandes alcanzan el 70 % de sus utilidades. No es tan interesante hacer negocios en Colombia con este nivel de impuestos”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi, hace unas semanas en el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Bajo este escenario, los industriales evitarían un alza exagerada en el salario mínimo para cuidar sus finanzas.
Asimismo, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero, comentó que “por más que se busque mejorar el ambiente de negociación, nos estamos enfrentando a un problema estructural: la reforma tributaria y el bajo crecimiento económico. Por esto no nos atrevemos a revelar una cifra de incremento de salario mínimo sin conocer antes los datos de productividad”.
A pesar de los problemas de parte y parte, ya comenzaron las negociaciones del salario mínimo que hoy está en $689.454. Un sueldo del que dependen más de un millón de colombianos.
Simpatizantes del acuerdo de paz en la Plaza de Bolívar de Bogóta, ColombiaCredit: Ivan Valencia/Associated Press
Entre las docenas de personas que hablaron ante el congreso esta semana en Colombia, en las plenarias para refrendar el acuerdo de paz modificado entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país, Richard Moreno sobresalió. No es usual que hombres como él tengan la oportunidad de confrontar a la élite política del país. Entonces, cuando se paró frente a ellos en el senado, Moreno, un activista del Chocó, uno de los departamentos más pobres y azotados por la violencia, no habló. Vociferó.
“La historia les cobra que quisieron dejarnos 52 años más dándonos plomo entre colombianos”, expresó Moreno a los críticos del acuerdo. “Porque muchos de esos que quieren que el conflicto siga, sus hijos no van al ejército, sus hijos no los recluta la guerrilla, sus hijos, cuando esto se aprieta se van para el exterior”.
Al final, el acuerdo fue ratificado en el senado y la cámara de representantes. Sin embargo, este logro que abre el camino para el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sido recibido con más dudas que alegría.
La última etapa de las negociaciones de paz, que comenzaron en 2012, polarizaron profundamente al país. En octubre, los colombianos rechazaron la versión anterior del acuerdo en un plebiscito por una pequeña minoría (54.000 votos). Esto obligó al presidente Juan Manuel Santos a volver a la mesa de negociación para buscar más concesiones de las Farc. El equipo negociador del gobierno logró un nuevo acuerdo en el que las Farc se comprometieron, entre otras medidas, a entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas. Sin embargo, los legisladores críticos al acuerdo todavía consideran que dichas concesiones no son suficientes, por lo cual se salieron del recinto a la hora de la votación.
Ahora que el acuerdo ha sido refrendado, el congreso debe actuar rápidamente para aprobar una serie de leyes y reformas que darán vida jurídica al proceso de paz. Estas incluyen una ley de amnistía para los guerrilleros rasos, un marco jurídico para el sistema de justicia transicional y un camino para que las Farc establezcan un partido político. Santos busca pasar estas iniciativas por un camino más expedito que el que exige normalmente la ley colombiana y el país está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si el llamado fast-track se puede utilizar en estas circunstancias, lo cual podría suceder la próxima semana.
La Corte Constitucional debería permitir el fast-track. Si no lo hace, Colombia se enfrascaría en meses de debates extendidos mientras los combatientes de las Farc viven en un limbo en las selvas del país, lo que haría aún más frágil el cese bilateral de hostilidades con el gobierno. Si las iniciativas se aprueban en breve, el desarme de la guerrilla podría comenzar antes de fin de año bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
Cuando Moreno habló ante el congreso, no se concentró en los desacuerdos legales o de procedimiento que convirtieron el debate sobre la paz en una conversación tóxica. Para él, y para muchos otros, el país enfrenta una decisión mucho más urgente: darle una oportunidad a la paz tras cinco décadas de conflicto y violencia. Los jueces y legisladores de Colombia ahora tienen la obligación de convertir esa promesa en realidad lo antes posible.
