Crculo de Periodistas de Bogot
Las otras Yulianas
Foto: Mauricio Dueñas / EFE
Columna de Jineth Bedoya sobre otros casos de violencia sexual que han pasado desapercibidos.
Foto: Mauricio Dueñas / EFE
Todos los casos merecen atención urgente, como la que ha recibido el atroz crimen de Yuliana.

Impotencia. Apatía. Impunidad. Tres palabras que describen la crisis humanitaria que afronta el país en el tema de violencia de género, especialmente contra menores de edad. Así lo han denunciado este año organizaciones de mujeres e instituciones que trabajan por los derechos de la infancia y la adolescencia, pero pocos estamentos han dado respuesta efectiva.

En el primer trimestre, Medicina Legal presentó un informe que señalaba la vulnerabilidad de las niñas frente a la violencia sexual. Fueron contados los medios que lo registraron y la indignación brilló por su ausencia. En junio, la Policía de Antioquia denunció la violación que sufrió por semanas, por parte de su padrastro, una niña de tres años. La información duró segundos en las parrillas de televisión y no se registró en muchos medios.

(También: El pacto de silencio en torno a la oscura vida de Rafael Uribe)

Luego, la intervención del ‘Bronx’ dejó al descubierto la explotación sexual de niñas, pero para el país fue más importante la novela detrás del expendio de droga más grande de Bogotá. En julio, organizaciones hicieron llamados para que se atendiera la trata de niñas en las principales ciudades; en agosto, el ICBF alertó sobre los embarazos en niñas de entre 9 y 12 años. Y hace pocos días, la barbárica violación, tortura y empalamiento que le provocaron la muerte a Dora Lilia Gálvez, en Buga, Valle, conmocionó a un sector de la opinión.

Atención para todos

Todos los casos merecen atención urgente, como la que ha recibido el atroz crimen de Yuliana. Pero el común denominador, además del dolor, es la impunidad, motor que impulsa la violencia contra mujeres. Jueces que les devuelven la custodia a padres abusadores; violadores que reciben casa por cárcel; testimonios de pequeños que son invalidados porque “fantasean mucho”; pruebas rechazadas con la frase “la mujer se lo busca”.

Según Lucero Ramírez, abogada que atiende casos de violencia de género, de cada cinco casos de menores abusados, uno llega a una condena. Y ni qué decir de los casos de violencia sexual en mujeres: impunidad del 98 por ciento tanto en el marco del conflicto armado como en el espacio ordinario.

El martes, la campaña No Es Hora De Callar, apoyada por EL TIEMPO, hizo en el puerto de Buenaventura el segundo retorno simbólico del año con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Se logró una hermosa jornada de memoria, dignificación y de ratificación de que allí hay decenas de Yulianas: algunas ya no están, otras siguen a la sombra de sus victimarios. Es hora de levantar más fuerte la voz. Por todas.

JINETH BEDOYA
Subeditora de EL TIEMPO

Tomado de:El Tiempo.com

 

¿Cadena perpetua?

El atroz asesinato de la niña indígena Yuliana Samboní, probablemente cometido por Rafael Uribe, un miembro de la élite bogotana, provoca dolor, indignación y rabia. Es entonces saludable que haya habido una reacción espontánea de la ciudadanía para exigir castigo. Y es comprensible que algunos pidan penas extremas, como la cadena perpetua, para esas atrocidades.

Por: Rodrigo Uprimny

Comparto la exigencia de que haya justicia en este caso, como debe haberla en los numerosos otros casos de violencia contra mujeres y niños que ocurren a diario en Colombia. Pero discrepo de la idea de la cadena perpetua, por las mismas razones por las que en 2011 la Comisión Asesora de Política Criminal, de la cual hice parte, se opuso a una propuesta semejante de la senadora Gilma Jiménez.

En Colombia, las penas frente a estos crímenes son hoy muy altas (pueden llegar a 60 años), pero la impunidad es igualmente altísima. Y muchas investigaciones, como lo muestra el metaestudio de Durlauf y Nagin en 2011, han concluido que para reducir la criminalidad es preferible esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación criminal, en vez de subir las penas. Esto confirma empíricamente la intuición que formuló en el Siglo XVIII el padre del derecho penal moderno, Cesare Beccaria, cuando escribió que lo que frena el delito no es la “crueldad de las penas”, sino su “infalibilidad”, pues “la certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad”.

Si el problema en Colombia es más de impunidad que de magnitud de las penas, y el efecto disuasivo de la pena depende sobre todo de la certeza de la sanción, la discusión debería orientarse no a aumentar penas, sino a mejorar la investigación de esos crímenes. Y tampoco puede justificarse la cadena perpetua con la tesis de que los abusadores de niños son criminales irrecuperables, pues los estudios, como los del sicólogo canadiense Hansen, concluyen que la tasa de reincidencia es del 17 % y baja a 10 % si la persona recibe tratamiento mientras cumple la pena.

Pero además debemos reconocer los límites del derecho penal y pensar en políticas más integrales, que incluyan otras medidas de prevención para evitar estos crímenes. Y en ese aspecto, es fundamental diseñar políticas para eliminar la discriminación contra las mujeres y una cultura machista y patriarcal que tolera e incluso legitima los acosos, los maltratos y las humillaciones cotidianas contra las mujeres y los menores, que son la antesala de violencias más extremas.

La propuesta de cadena perpetua es popular, pero no incrementa la protección real de las mujeres y los niños y niñas contra la violencia. Es más, su aprobación daría una ilusión de protección, mientras los asesinos y violadores siguen sueltos, por falta de eficacia del sistema penal y de medidas preventivas más globales.

Adenda: En mi blog en La Silla Vacía trato con algún detalle si la refrendación congresional del nuevo Acuerdo de Paz puede o no activar el llamado “fast track”.

*Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional. @RodrigoUprimny

Tomado de:El Espectador.com

 

Uribe Noguera, el Club El Nogal y la sociopatía institucional
Rafael Uribe Noguera, sociopata? Foto colombia.com

Por Daniel Emilio Mendoza, publicado en DELATOR

No hay nada que defender. La niña murió debido a dos tipos de asfixia, mecánica y por sofocación. Es decir, además de quererla matar, se esforzó en hacerlo. Las cámaras que son hoy en día ese Dios que todo lo ve, apuntan desde el cielo con el dedo: allí estuvo Rafael, en la misma Toyota propiedad de su hermano Francisco en la que encontraron el zapato de la menor. En su apartamento un caldo hirviendo con el ADN del agresor, pelos, babas, una botella de güaro, cigarrillos chupados, además ropa de la víctima en la lavadora. Del cotejo de fluidos, especialmente aquellos hallados en el cuerpo de la menor, provendrá aquella prueba irrefutable de responsabilidad. Habrá de concluirse después de un juicio que no va durar mucho, lo que todos sabemos: este muchachito fresa de la alta sociedad la secuestró, la torturó, la asfixió y después la mató. La niña tenía siete años y él 38.

La única motivación que tendría el homicida para confesar, sería ahorrarle el pantallazo al apellido pomposo con el que se presentaba cuando iba a los cocteles de exalumnos del Moderno.

Hasta aquí la conclusión del penalista.

Rafael Uribe Noguera, su pequeña víctima y su edificio. Fotocomposición confidencialcolombia.com

Rafael Uribe Noguera, su pequeña víctima y su edificio.
Fotocomposición confidencialcolombia.com

Ahora escuchemos al criminólogo. Hablemos de los porqués.

¿Qué llevó a Uribe Noguera a cometer semejante crimen?

Los Uribe y los Noguera dormirían tranquilos si se pudiera probar que fue el perico el que lo enloqueció.

Lo que pasa es que no se había metido ni un pase al momento de cometer el crimen. Las primeras líneas se las metió por lo menos una hora después de la muerte de la menor. Después de que su hermano, abogado, miembro de la firma más prestigiosa del país, hubiera mandado a la policía para otro lado cuando llegó a preguntarle por la camioneta que le sonrió a las cámaras en el video, para así ganar el tiempo suficiente que permitiría que él y su hermana Catalina, permanecieran junto a Rafael durante más de tres horas en el apartamento que constituyó la escena del crimen, en la que apareció el cuerpo de la menor lavado y juagado en aceite.

A Uribe Noguera alguien le tuvo que haber ayudado. Con la cantidad de coca y güaro que lo pusieron a meter para solventar la locura transitoria que lo iba a exonerar, no pudo haber arreglado él solo de esa forma, ni el cadáver ni el lugar. Además nadie se enrumba con una niña muerta al lado después de que le informan que lo está buscando la policía. ¿Y es que a cualquier mortal se le ocurre ir a comprar tres bolsas de cocaína, para alegar una inimputabilidad transitoria? ¿No habrá que haber sido abogado y haber cogido un código penal algún día, cómo para darle a alguien el consejito?

La camioneta de Uribe Noguera, captada por las cámaras en el barrio Bosque Calderón. Foto confidencialcolombia.com

La camioneta de Uribe Noguera, captada por las cámaras en el barrio Bosque Calderón.
Foto confidencialcolombia.com

Rafael Uribe es un sociópata. Es decir es alguien que nunca tuvo linderos éticos, ni culturales, ni morales ni de ningún tipo, que regularan su actuar frente a la sociedad. Él mató a la niña estando plenamente consciente de la maldad que conllevaba su actuar. Disfrutando al doblegar el lindero legal que le impone la sociedad. No creo que Rafael Uribe hubiera matado antes a otra niña, este muy probablemente fue el pináculo de su carrera en la perversidad, pero si analizamos su comportamiento y la estructura de su patología, sí podemos suponer a partir de esas visitas frecuentes a zonas de tolerancia expuestas a la prostitución infantil, que no era la primera menor a la que violaba. Su actuar nos dice que pagó antes por sexo con menores.

Ahora, ya en el terreno de la hipótesis, nadie puede saber si los hermanos del homicida hubieran terminado involucrados si la policía no los ubica.

De lo que sí no hay duda, es que si en ese barrio no hubieran existido las cámaras, que si los policías no le hubieran caído a Francisco, su hermano el abogado, entre los dos hubieran logrado meter el cuerpo de la menor en el baúl del carro y lo habrían enterrado en cualquier potrero; quedando la pequeña reducida a un número más en esas estadísticas tan jartas de leer en los periódicos, Rafael Uribe Noguera habría dejado de comprar menores para violarlas… y las habría empezado a matar. Ese gusto no lo hubiera perdido jamás. Cruzado ese lindero, jamás se hubiera devuelto.

La sociopatía es la maldad de las élites. Por lo general de allí provienen estos individuos. Si observamos su personalidad no nos es difícil extraer el resultado de la ecuación. Los sociópatas son egocéntricos, prepotentes, megalómanos, faltos de responsabilidad, extrovertidos, hedonistas, impulsivos, adictos al control y al poder. Es decir, cualquier mención a un hijo de papi es mera coincidencia.

A diferencia del esquizofrénico, no hay ningún factor genético que lo predisponga. Por eso es que de ellos no se puede decir que estén locos, ni mucho menos que estén enfermos. Todo lo contrario, hay que ser muy lúcido para ser sociópata. El sociópata no nace, él siempre se hace. O mejor dicho, lo hacen. Lo fabrica su entorno, la familia, especialmente sus padres, las instituciones como el colegio, la universidad y los amigos.

Al monstruo se le ven las patas. Mucho billete, mucho poder, una familia y una serie de instituciones que lo malcriaron al punto que lo convirtieron en lo que llegó a hacer, convirtiéndolo en su propio crimen, caracterizándolo como un desteñido guasón, en el rufián metido en la pantalla, en ese ser que bajaban custodiado de la tanqueta en medio de aquella turba que lo quería linchar.

Su padre fue decano en la Universidad Javeriana de la carrera que él estudió: Arquitectura. ¿Se imaginan las licencias que se pueden llegar a permitir al hijo del decano? Después, vienen y lo sientan a presidir la empresa de construcción familiar. Empresa que le construye un edificio en el que tiene su penthouse y en el que por ser el dueño del inmueble, los vecinos nada podían decir cuando hacía sus bacanales. No es chisme la querella que le pusieron cuando un viejito le golpeó la puerta a la madrugada y casi lo levanta a golpes. Es decir, para Uribe Noguera, todo fue al gratín, sin ningún esfuerzo. Le enseñaron que él todo se lo merecía. Que estaba por encima de los derechos de los demás. De forma muy clara, a través de símbolos recurrentes le dijeron que la ley a él no le aplicaba. Entonces ¿podían llegar a significar algo, la ética, la bondad, la generosidad y el amor?

Un sociópata no siente más allá de su propia satisfacción.

Ahora, como la idea es poner el dedo en la llaga, abramos un poco más el perímetro y preguntémonos, ¿de dónde nacen esas familias que deforman? ¿No existirá una conducta generalizada por parte de la élite colombiana, que la convierte en paridora de perversos sociópatas?

Son los simbolismos sociológicos los que generan la transmutación de valores en el individuo. Me explico. En el caso de Rafael Uribe, por ejemplo, cuando hizo fraude en la universidad con la tesis y lo amparó su padre de la echada, ese acto simbólico seguro que le movió aquel lindero existente entre el bien y el mal, se le fue corriendo el muro de contención en su inconsciente. Cuando lo cogen robando en un club social y también le palanquean la impunidad, se lo siguen moviendo.

Eso, sólo si contamos con lo que rumorean las redes, pero estoy seguro que los padres de Rafael, si viajan en el tiempo, podrán contar con los dedos de las manos las veces que a su hijo le dijeron no. Fue así, desde pequeño, en cada uno de los universos que lo rodeaban, que se formó la personalidad de Uribe Noguera como el ser despiadado e inhumano que hoy en día, sentado en esa celda, debe estar pensando que es una injusticia lo que le está pasando, que la sociedad entera se está portando mal con él. Él no está arrepentido, ténganlo por seguro, el sociópata jamás se arrepiente. Él ahora está pensando que tenía todo el derecho de violar y asesinar a esa pequeña niña caucana. Y querrá escapar. Y como no puede hacerlo, desde aquí lo advierto: hay que estar encima de él señores del INPEC, porque se les suicida, el preferirá matarse que asumir las consecuencias de sus actos.

Les va doler, pero es que mis letras no son pomada, ustedes, padres de Rafael, son en gran parte responsables de lo sucedido. A un sociópata no se le corre la teja, son los linderos de la ética y la legalidad los que se corren en él, y ustedes ayudaron durante su vida entera a desplazarlos.

Los simbolismos son también institucionales. Estos vienen siendo los más importantes, pues son aquellos los que gestan las bases para que sea la sociedad misma la que fecunde y procree este tipo de personalidades. Una sociedad desigual es la madre de la sociopatía social. La desigualdad genera injusticia y es precisamente esa injusticia de la que surgen los símbolos que a patadas mueven los límites. Para Uribe Noguera quienes no pertenecieran a su círculo social, eran seres despreciables, unos “guisos”, él estaba por encima de ellos, ellos eran objetos que estaban diseñados para servirle o para satisfacer sus más elementales deseos, lo que se le pasara por la mente.

Así fue como Uribe Noguera vio a Yuliana, como un objeto más, en ese momento, en su mente, la niña no representaba lo que para cualquiera debe representar un ser humano. La deshumanizó y para lograr verla como una cosa o un animal, al punto de llegar a violarla y matarla, el agresor tiene que haber estado expuesto durante toda su vida a simbolismos sociales y culturales que moldeen esa personalidad oscura.

El zapato de la menor hallado en el interior de la camioneta. Foto confidencialcolombia.com

El zapato de la menor hallado en el interior de la camioneta.
Foto confidencialcolombia.com

Uribe Noguera tuvo que haber vivido de pequeño situaciones en que se le permitió abusar sin consecuencias de gente de escasos recursos. Me lo puedo imaginar entre berrinches pegándole al hijo del cuidandero de la finca, insultando a la empleada de servicio, maltratando al conductor, mientras su papá le dice “Rafita, príncipe bello… eso no se hace”

La clase alta colombiana es responsable de la transmisión de simbolismos culturales, que desfiguran la escala de valores de los jóvenes que la componen. La sociópatas no solo son los que cometen crímenes sexuales y homicidios. Cualquier persona que delinca sin sentir sentimientos de culpa, gozando de sus actos, considerando su actuar ilícito como un derecho adquirido, es un sociópata.

He conocido varios políticos y empresarios, que han solventado su carrera a punta de estafas, fraudes, peculados, cohechos y falsedades, y no es que no sepan que están delinquiendo, es que se sienten con derecho de hacerlo. El límite lo tienen corrido. Los símbolos han operado en ellos hasta convertirlos en sociópatas, que puede que no violen ni maten, pero el daño que hacen es devastador.

Cuando la justicia, los organismos del estado y en general la estructura social está diseñada para amparar y solventar los intereses de la élite, se desfigura la escala de valores, los símbolos permean el inconsciente colectivo del que tanto habla Carl Jung, ese psiquiatra sollado que tanto le peleó a Freud, y entonces es como si los papás de Uribe Noguera nos estuvieran malcriando a todos.

Cada vez que los políticos roban y defraudan y nada les pasa, cada norma tributaria que agrede de forma regresiva a los más pobres, cuando los niños aguantan hambre y tienen que subir lomas para ir al colegio, es como si el papá Estado estuviera haciéndose el pendejo como el papá de Rafael y estuviera diciéndole a los millonarios: “príncipes bellos, eso no se hace”.

El Estado se convierte entonces en un factor institucional que hace de los ricos, deidades convencidas de que a ellas no se les aplican ni la constitución ni la ley, monarcas sudacas del siglo 21, gamonales que ven el país como su feudo y a los pobres como sus siervos, desprovistos de cualquier tipo de derecho. Colombia lleva toda su existencia viviéndolo: la institucionalidad estatal al servicio de la promoción sociopática.

Y no sólo es el Estado. Las instituciones privadas, las empresas… los clubes sociales, todos pueden obrar como transmisores de esta patología social que vive el país desde que llegaron los españoles a abusar de nuestros pueblos.

Los ejemplos son muchos, pero hay uno tan a la mano que no puedo dejarlo en el tintero, por lo claro, lo actual y lo veraz. El Club el Nogal del que cual soy socio, por donde transitan los empresarios más ricos del país, los magistrados y políticos más reconocidos, optó por suspender mi derecho de entrada durante 5 años y acaba de iniciar otro proceso disciplinario en mi contra, por el hecho de haber denunciado en mis artículos, actos de corrupción por parte de algunos miembros de la Junta Directiva del Club y sus negocios con paramilitares neonazis genocidas.

¿Qué le está diciendo Luis Fernando López Roca, el presidente del Club el Nogal, quién va para Corte Constitucional a la sociedad con este acto manifiestamente inconstitucional?

Rafael Uribe y Felipe Noguera.¿En familia? Foto eltiempo.digital

Rafael Uribe y Felipe Noguera.¿En familia?
Foto eltiempo.digital

Si lo vemos desde un punto de vista sociológico, siendo el Club el Nogal el lugar en el que confluyen los diversos universos que componen la clase alta colombiana, estamos frente a una reacción simbólica que traduce esa tergiversación de los valores, generadora de las conductas sociópatas tan propias de algunos integrantes de la alta sociedad.

Para el Presidente del Club, en la casa de la elite política y empresarial no entra la ley, allí no aplica la constitución, ni la libertad de expresión, ni los derechos fundamentales, ni el código penal. Los miembros de la Junta Directiva son paridos por los Dioses, intocables, al Club los linderos no se le imponen. Eso por un lado, pero es que además a los poderosos no se les puede denunciar, ni se les puede mencionar en escritos públicos, ni en artículos, ni en declaraciones, y podrán haber cometido mil barbaridades, pero aun así a quién se atreve a denunciarlos es a quien habrá de castigársele.

Los socios del Club no son todos unos sociópatas, de ninguna forma, la mayoría tienen límites éticos y legales bien definidos. Lo que estoy diciendo es que institucionalmente, sus directivas repiten los simbolismos estructurales que deforman las finalidades de una sociedad que pretende ser día a día más humana y menos voraz.

La democracia fue inventada para eso: para estructurar estos linderos. Para quitarle al monarca su corona y su feudo. La democracia si de verdad existe, tiene el deber de estar en todas partes, ella es la única vacuna, que bien aplicada, con justicia y equidad, puede sanar esa pandemia que ha trastornado antisocialmente nuestra sociedad.

Y ahora espero que empiecen los unos a decir que soy un resentido y que no merezco estar en el Club, y los otros a decir que soy un mamerto comunista, que qué hago en ese Club que tanto me detesta. Y a unos y otros les respondo que estoy luchando, luchando en contra de esos simbolismos con los que quisieron criarme, porque también tuve empleada de servicio, conductor y finca con cuidandero, y por eso sé de lo que hablo y sé del daño que le haría a esta sociedad si me quedara callado, si no diera la lucha por disciplinar a esa Junta Directiva que inicia en mi contra un proceso disciplinario, solamente para transmitir ese mensaje de impunidad frente a las ilicitudes recurrentes de algunos de sus miembros. Yo no me voy a convertir en el símbolo que les ayuda perpetuar la inexistencia del lindero.

Así me quede grande frentear el poderío económico, jurisdiccional y político del Club, ya es empezar a ganarles un poco el hecho de poder escribir estas líneas, de que esté próximo a salir al mercado “El Club el Nogal amordaza al Escritor”, el libro de Editorial 531 en el que denuncio toda la corruptela que anida y permea esa corporación. Por lo menos es hacer fuerza del otro lado del muro, para que no lo tumben tan rápido.

DANIEL EMILIO MENDOZA LEAL

Tomado de:Revista Corrientes

 

El Nobel y la envidia

La verdad es que no salgo de mi asombro al ver cómo para mucha gente, en Colombia, el premio Nobel de la Paz que este sábado recibe el presidente Santos es algo sin valor o a lo sumo de mediana valía, como si fuera un hecho banal que sucede con frecuencia y ante el cual el mundo permanece indiferente, cuando es justamente lo contrario: una de las pocas cosas que la entera comunidad de naciones reconoce, un valor universal que, además, supone para el país una segunda estrella (después del Nobel de Literatura) en ese palmarés planetario.
Por: Santiago Gamboa

Pero es normal si vemos que detrás de ese intento de desprestigiar al Nobel están los mismos que han estado saboteando cada uno de los peldaños del proceso de paz, y que hoy podemos definir como los del Nunca. Como es su costumbre, hicieron una intensa campaña de desinformación —parecida a la del plebiscito— basada sobre todo en la ignorancia y la falta de cultura y educación, pero esta vez motivada por uno de los sentimientos más perturbadores y negativos que pueden invadir el espíritu humano, el que mayor bilis negra requiere y que, según se dice, en Colombia abunda, que es la envidia. No me consta que aquí se sienta más envidia que en otras partes, pues descreo de esas teorías que intentan establecer “caracteres nacionales” (que somos los más felices o los más astutos o los más tontos), pero no me cabe duda de que en las filas de la oposición de ultraderecha, es decir el Centro Democrático y en concreto el senador Álvaro Uribe, este sábado se tragará mercurio cromo de la envidia, y esto corroerá sus intestinos y les hará sentir un sabor agrio en la boca cuando se abalancen sobre los asados o almuerzos sabatinos o se tomen esos primeros traguitos previos a la celebración de la Novena. Supongo que la mayoría permanecerá por prescripción médica lejos de los televisores, pero tendrán a su gente estudiando cada palabra de lo que se diga y del discurso de Santos para, luego, después de un buen canelazo y cuando hayan terminado de cantar el “Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven”, empezar la cotidiana labor de menoscabar, rebajar, denostar, injuriar y envilecer este premio, que en términos de algunos fue comprado por el comunismo mundial para Santos, demostrando en cada una de sus disparatadas objeciones no sólo su grosería y necedad, sino sobre todo su ignorancia.

Ya he escrito en esta columna que Aristóteles definió la envidia como el “dolor ante el bien ajeno”, y por eso, ante un Nobel que fue conferido al presidente, pero que es un claro reconocimiento a Colombia y a sus víctimas, a su capacidad de reaccionar ante la insensatez, el hecho de que algunos políticos se dejen carcomer por la multiforme envidia y lo rechacen con argumentos necios es, aparte de una actitud infantil, una bofetada al propio país que está siendo reconocido universalmente y al que ellos, por absurdo, anhelan con avidez volver a representar. ¡Cuánto no daría el supuesto Gran Colombiano por estar ahí, de frac, recibiendo la medalla! ¡Con cuánta energía intentaron sabotear, combinando todas las formas de lucha, para que ese premio no recayera en Colombia y no le fuera conferido a Santos! Sólo les deseo que en sus botiquines finqueros haya Mylanta, eficaz contra la acidez de estómago.

Tomado de:El Espectador.com

La inutilidad de la cadena perpetua
Foto: Óscar Pérez/El Espectador

Entendemos y compartimos la necesidad de honrar a Samboní y a tantas otras, pero la mejor manera de hacerlo es dejando de lado las soluciones fáciles que en realidad son cantos de sirena, como la cadena perpetua.La idea de que a mayores penas se producen menos delitos ha sido desvirtuada por la academia y denunciada como “populismo punitivo”.

Por: El Espectador

La violación y asesinato de Yuliana Samboní es una tragedia indescriptible. Colombia, desgraciadamente, parece ser tierra fértil para este tipo de bajezas: cada día 21 niñas entre 10 y 14 años son violadas, según un informe del Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas. Según Plan International, el año pasado 2.011 niñas entre 0 y 4 años fueron abusadas sexualmente en Colombia. La rabia y la indignación que muchos colombianos han expresado en estos días es síntoma del dolor acumulado que genera vivir en un país hostil hasta para los más indefensos. Con todo, eso no es motivo para sucumbir ante los cantos de sirena del populismo punitivo.

Nos referimos a la propuesta de revivir la cadena perpetua como sanción para quienes violen menores de edad. Cristina Plazas, directora del ICBF, fue la primera funcionaria de alto rango que solicitó al Congreso considerar de nuevo esta pena. Pronto, personas de todo el espectro político se unieron al llamado. Ayer supimos que el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, introdujo un proyecto de ley llamado “Ley Yuliana”, para que, en sus palabras, “quienes violen un niño o niña se pudran en la cárcel”. La iniciativa parece contar con un apoyo popular abrumador, como en las épocas en que la senadora Gilma Jiménez construyó su proyecto político alrededor de una propuesta similar.

Es en estos momentos de justa rabia cuando una sociedad tiene que mirarse al espejo y hacerse las preguntas fundamentales: ¿queremos construir nuestro sistema penal, el más invasivo, por definición, de las libertades individuales, sobre una idea de venganza o darle un propósito de rehabilitación? El debate no es nuevo y, por lo mismo, abundan los argumentos que nos llevan a pedir cautela: aunque los propósitos de justicia que envuelven este apoyo a la iniciativa sean loables, la cadena perpetua no va a solucionar nada.

Primero, porque parte de una idea que no está probada científicamente sobre los violadores y es que se trata de enfermos mentales incapaces de rehabilitarse. Es fácil equiparar a quienes cometen estos crímenes a figuras monstruosas, pero no podemos olvidar que ellos también tienen derechos. Más aún porque las tasas de reincidencia en estos crímenes son menores de lo que la opinión pública cree. Un estudio de Human Rights Watch, por ejemplo, concluyó que tres de cada cuatro personas condenadas por crímenes sexuales no reincidieron, y que esa cifra puede disminuir si se invierten en acompañamientos psicológicos eficientes.

Segundo, no hay ninguna prueba de que la cadena perpetua intimide a quienes cometen esos crímenes. La idea de que a mayores penas se producen menos delitos ha sido desvirtuada por la academia y denunciada como “populismo punitivo”.

Tercero, introducir la cadena perpetua implicaría reformar la Constitución y abandonar por completo la política criminal que ve la cárcel como un espacio de resocialización. No somos ingenuos: sabemos que, en gran parte por el hacinamiento y la ausencia de recursos, ese objetivo de rehabilitación está fallando, pero la solución no es rendirnos y ya. Nos da más réditos como sociedad apostarle a un sistema penitenciario mucho más humano, que simplemente esperar que la gente “se pudra” en la cárcel.

Cuarto, y relacionado con la idea de las penas eternas, son los costos. El sistema, de por sí, está colapsado. Alargar la estadía de los presos es seguir alimentando ese “estado de cosas inconstitucional” que hay en las prisiones del país y que la Corte Constitucional ha denunciado en numerosas ocasiones.

Quinto, hay mejores formas de emplear los recursos para garantizar la seguridad de nuestros menores. Primero, reducir la impunidad en estos delitos, que ya de por sí tienen penas considerables. Segundo, afrontar en serio la guerra cultural que ha creado un ambiente complaciente con la violencia sexual, especialmente la que está motivada por el género.

Entendemos y compartimos la necesidad de honrar a Samboní y a tantas otras, pero la mejor manera de hacerlo es dejando de lado las soluciones fáciles que en realidad son cantos de sirena, como la cadena perpetua, y empezar con las reformas estructurales necesarias para combatir la violencia sexual.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]

Tomado de:El Espectador.com

 

Un crimen atroz

La noticia nos llenó de indignación y le dio la vuelta al mundo: un joven de la alta sociedad bogotana violó y asesinó a una niña indígena de siete años.

Por: Hernando Gómez Buendía

La actuación del presunto criminal resulta incomprensible, y las reacciones de la gente y de los dirigentes nos remiten a cuestiones muy profundas acerca de qué es un ser humano… y acerca del país donde vivimos.

El único aspecto comprensible de este suceso atroz fue la indignación que todos sentimos. La violación-asesinato de Yuliana fue una bofetada a casi todos los valores primitivos y esenciales de la especie humana —los tabúes, el sexo, la niñez, el honor, la familia, el poder, la indefensión…—. Este crimen es una afrenta personal a cada uno de nosotros y el sentir rabia es el modo natural, diría que automático, de reafirmarnos como seres humanos.

Pero por eso mismo la indignación es parte del suceso, y como tal no necesariamente ayuda a comprenderlo… ni a remediar el daño. Así es que quedan solo las cuestiones profundas que han debido salir a la luz en este caso:

—La cuestión insoluble de la responsabilidad penal. ¿Será que el criminal actuó de modo deliberado y libre como exige la ley, o será que la misma atrocidad de su conducta indica que en efecto ese acto no fue “libre”? Pues cada vez que se condena —o que se absuelve— a alguien por cualquier delito, el Estado en nombre de nosotros está haciendo un juicio que nadie más que un dios podría formular.

—La cuestión complicada de la prevención. Apellidos distinguidos, educación de elite, inexistencia de antecedentes penales, secuestro a la luz del día, captura-entrega sin mucha planeación…Este crimen no se le puede achacar a la pobreza, ni a la mala educación, ni al descuido de la víctima o de las autoridades. No cabe en los modelos de prevención “social” o “situacional” del delito.

Lo cual remite a una doble y difícil tarea para cualquier sociedad. La de admitir su impotencia: hay crímenes que no se pueden prevenir. Y la de aprender a razonar desde la lógica estadística: las políticas públicas deben basarse en probabilidades, no en hechos particulares, por llamativos o escandalosos que sean.

—La cuestión asociada —y acuciante— de para qué es la política. Como muestra el debate sobre parejas gay, aquí y en todo el mundo la política no se limita a resolver problemas sino a expresar valores o emociones y a reafirmar la superioridad moral de unos sobre otros. Pues este crimen atroz fue un motivo perfecto para ejercer en Colombia esta forma de política simbólica.

—La cuestión indecorosa del político. Discursos del presidente y del alcalde, amenazas del fiscal, llamado a la reforma constitucional, proyectos de ley, pena de muerte, cadena perpetua, castración química… Explosión previsible de la política simbólica, pero también del populismo punitivo que todo lo confunde y no resuelve nada.

—La cuestión lamentable de los periodistas que simplemente actuaron como buitres.

—Y la cuestión moral de un país indignado que reclama el castigo implacable para este crimen repulsivo al mismo tiempo que encubre, o que ignora o que perdona las violaciones y los asesinatos de otras muchas Yulianas en esta noche triste que es la historia de Colombia.

*Director de la revista digital Razón Pública.

Tomado de: El Espectador.com

Voy a violarte, baby

Las circunstancias del asesinato de Yuliana Samboní han estremecido un país en el que no escasea la ignominia. El estrato del asesino, su sadismo y la edad de la víctima le dan al caso un perfil muy atractivo para los medios e inédito para los anales del crimen.

Por: Julio César Londoño

Cuesta creer que un ser humano sea capaz de cometer un hecho tan atroz. Podemos tranquilizar la conciencia social pensando que se trata de un (1) individuo defectuoso, sí, pero ¿cómo explicar que haya recibido la colaboración de muchas personas perfectamente normales?

Por ejemplo la hermana del asesino, que lavó el cuerpo de la niña con agua y luego lo ungió con aceite para camuflar los fluidos del asesino y confundir al legista. Por ejemplo el hermano abogado, que sugirió el uso del aceite y le aconsejó a Rafael que se metiera cuatro pases de cocaína para provocar una taquicardia y ser internado en una clínica.

A propósito, el “atenuante” de que el sujeto estaba drogado es ridículo. En el mundo hay miles de millones de sujetos que usamos estimulantes y no violamos ni asesinamos niñas ni mujeres. El que es caballero sigue siéndolo aunque se tome diez copas. El guache es guache aunque solo tome agüita de valeriana.

Una duda: ¿los Uribe Noguera son una familia o un colectivo que opera en concierto para delinquir? Parecen un equipo perfectamente sincronizado, con roles bien asignados: hay un señor violento que viola, golpea y asfixia; hay una señora fría que manipula la escena del crimen, y un intelectual que los asesora y se encarga de la coartada, los detalles técnicos y las sustancias adecuadas.

Cómo entender que en una clínica, donde la atención es lenta para cualquier paciente que no esté clasificado como triage uno o dos, vuelen a internar al asesino en la UCI y le practiquen un proceso delicado, un cateterismo expres, sin necesitarlo. ¿Cuántos días y trámites debe cumplir un enfermo real para recibir estos cuidados? ¿Cuántos han muerto sin recibirlos porque les faltó un sello o unos pesos? La clínica incurrió en una práctica criminal de complicidad por encubrimiento al proporcionale al asesino excusas conducentes a impedir su captura y coartadas para atenuar su responsabilidad.

Cómo entender que algunos medios hayan tratado de ocultar la noticia y que luego insistan en que el asesino es un “prestante arquitecto” y la víctima una “indígena desplazada”.

Todavía falta la cereza del pastel: la colaboración de la sociedad, la aprobación popular de canciones que cosifican la mujer como objeto puramente sexual, en el mejor de los casos, o como saco de boxeo, en el peor, o ambas cosas, el combo completo: “A ella le gusta que le den duro y se la coman” (Jiggy Drama).

“Si sigues con esa actitud voy a violarte, así que no te pongas alzadita” (Jiggy Drama).

“Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, cuando la cojo por el pelo, la pego a la pared y le digo que la voya a mandar pa’ intensivos”. (Alex y Fido).

Este tipo de joyas líricas pululan en el reguetón. Las niñas se las saben de memoria y las cantan como loritas. Sus padres les pagan la boleta para los conciertos de Maluma, el ídolo reguetonero, y los más ricos lo contratan para celebrar los 15 de la niña.

En nuestras narices, estos ídolos “sado” están avalando socialmente el maltrato a la mujer. Ellos venden mierda explosiva y nosotros la compramos sin chistar.

Si estas son las partituras de la educación sentimental de los niños, y la sociedad quiere madurarlos biches con reinados infantiles y moda precoz, y los adultos son una suerte de coreografía zombie que ni oye, ni ve, ni entiende, lo raro es que no haya millares de Yulianas en los cementerios. O quizá las hay y nadie, ni los atareados medios, ni sus zombies padres, se han enterado.

Tomado de:El Espectador.com

“En Colombia hay gran desprecio por las mujeres y los niños”

Isabel Jaramillo, directora del doctorado de la Universidad de los Andes. Foto: Carlos Julio Martínez / Archivo particular.

Isabel Jaramillo, directora del doctorado de la Universidad de los Andes, asegura que el caso de Rafael Uribe Noguera es excepcional en medio de miles de registros en donde el agresor es de la familia. Asegura que la violencia sexual en el país es alarmante.

Cada detalle que se revela del crimen de Yuliana Samboní estremece al país. Expertos aseguran que este hecho debe trascender para examinar una sociedad en la que la tercera causa para que una persona vaya a la cárcel es el abuso contra menores de 14 años.

Isabel Cristina Jaramillo Sierra, doctora de Harvard en historia del derecho de familia, y experta en derecho y género de la Universidad de Los Andes, asegura que es un error pensar que el derecho penal puede resolverlo todo. Cuestiona ideas cristianas que creen que hay que salvaguardar la familia por encima del bienestar de las mujeres.

Semana.com: ¿Cómo entender lo que pasa en Colombia con casos tan aberrantes como este?

Isabel Jaramillo: El desprecio hacia las mujeres y contra los niños es muy alto y eso hace que sean víctimas de muchas agresiones. Con lo que sabemos podemos decir que es excepcional que un extraño le cause daño tan severo a un niño. Habitualmente ocurre que son sus propios padres los que los matan y los abusan sexualmente. ¿Por qué pasa esto en sociedades contemporáneas? Algunos estudios revelan que tiene que ver con que no se aprecia suficientemente el valor de vida de los niños y niñas. Ideas antiguas soportan esa idea: durante mucho la iglesia católica consideró que las personas solo eran personas hasta 15 o 20 días después de nacer, que el alma llegaba después de eso. Hay otras culturas en que se cree que los niños solo merecen una verdadera atención hasta los 12 o 14 años. Entonces todo ese lastre histórico de desprecio, hace que la violencia se normalice y no se haga lo suficiente para cambiar.

Semana.com: ¿Es suficiente con aplicar la sanciones penales que hoy existen para castigar casos como este?

I.J.: Es un error pensar que el sistema penal puede resolver este problema. En Colombia más o menos el 15 por ciento de las mujeres son abusadas sexualmente, y esto es solamente lo que llega al sistema. Entonces imagínese el 15 por ciento de los hombres en la cárcel por este delito. Y eso sin contar que ese número podría llegar al 30 y al 40 % fácilmente si se denunciara más. Entonces, pensar que la manera que lo vamos a resolver es diciendo que nos vamos todos a la cárcel es un error. En este momento, el tercer delito por el que más personas van a prisión es el abuso sexual en menor de 14 años. Y eso no está realmente resolviendo mucho el asunto de fondo. El Sistema Penal tiene una serie de sanciones, y la Fiscalía está muy juiciosa en entrenar y capacitar a los funcionarios en la forma en que se recaudan las pruebas. Las organizaciones de mujeres han estado muy juiciosas en desarrollar toda la dogmática penal para que haya más efectividad en la sanción de este crimen. El problema es que el derecho penal no puede ser ni la única ni la más importante sanción.

Semana.com: ¿Cómo abordar entonces la problemática?

I.J.: En ese punto tengo una gran divergencia con lo que hacen los movimientos de mujeres y feministas, yo sí creo que la alternativa penal es un error. Esas medidas que se están adoptando no tienen la potencialidad de reducir el fenómeno. Pueden tener importancia pero no el impacto que se esperaría en el mundo. Lo que está probado que bajan los índices son dos cosas: mayor equidad para las mujeres, es decir, igual salario, oportunidades de empleo, no acoso sexual y educación sexual desde edades tempranas y para toda la vida. Estos son los proyectos más importantes y los que han estado más desatendidos. Entre otras cosas, de toda esta movilización cristiana conservadora en Colombia los resultados se traducen en más violencia contra la mujer. Es un mundo donde los cristianos creen que hay que salvaguardar la familia por encima del bienestar de las mujeres. Soy muy pesimista porque las acciones que deberíamos estar emprendiendo son acciones que se están viendo obstaculizadas y la gente cree que se pueden negociar, el problema es que no se resuelve con sanciones penales altas en donde a todos los hombres los metan a la cárcel.

Le recomendamos: «En Colombia hay 480.000 pedofilos»: Siquiatra

Semana.com: Mucho se cuestiona el papel de la familia en el caso de Uribe, ¿cómo analiza usted este aspecto?

I.J.: Que uno proteja a la familia es una reacción tan normal que por esto mismo el derecho penal excluye y uno no está obligado a declarar contra uno o contra la propia familia. Y no se puede hablar de encubrimiento si un familiar se abstiene de declarar cuando ha conocido los hechos. Ahora, cosa distinta es que haya encubrimiento activo, como una alteración de la escena del crimen para intentar obstruir la acción penal. Ahí sí digamos que hay sanciones porque sobrepasa la protección que se les da a los miembros de la familia. Ese tipo de actuaciones ya las habíamos visto en el caso de Colmenares, y es una idea como que las personas pueden estar por encima de la ley. Personas que pertenecen a una élite social, económica, piensan que la acción de la ley es para otros, que no es para ellos, ese es un rasgo cultural que ha sido estudiado pero toca estudiarlo más porque es un problema para la base de la sociedad.

Está bien que la familia sea importante pero no que la familia esté por encima de la legalidad.

Semana.com: Por qué logran ser llevados a un hospital en vez de una cárcel ¿no debe esto cuestionar nuestro sistema penitenciario?

I.J.: Lo que parece que quieren alegar en este caso es una demencia transitoria y eso se hace como una estrategia de las élites, eso no se usa en los más pobres, en este país los pobres no se pueden enloquecer. Se utiliza para librar esta sanción, pero la dogmática penal está concebida de tal manera que esa excusa puede llevar a una exoneración completa del castigo. Sin embargo, en este caso muchas personas han dado información suficiente en otra dirección. Lo otro que ocurre es que alegan un trastorno inducido, una crisis por el uso de drogas, una sobredosis, sea verdad o mentira, pero esto no exonera porque es una situación inducida mental por el mismo sujeto.

Semana.com: ¿Qué reflexión debe hacer la sociedad ante este hecho?

I.J.: Es un caso impactante y triste. Y se vuelve en un escándalo, pero en realidad hay muchas preguntas. Quiero llamar la atención en que todo esto probablemente pudo ocurrir no solo porque era una persona con trastorno mental, sino porque había una serie de personas que no hicieron nada para impedirlo. El señor llega a un barrio, se lleva a una niña, no sabemos por qué no se hizo nada. Puede ser que nadie pudo hacer nada, pero necesitamos entender mejor por qué no protegemos a los niños. Después llega a un edificio, entra, el celador lo deja entrar con una niña de 7 años y siendo que no es su familia. Hay una cantidad de preguntas de por qué ningún tercero avisó.

Tomado de:Semana.com

Corrupción: el cáncer que más se propaga en Colombia

Foto: Archivo / EL TIEMPO
En Colombia, la corruptela, tanto pública como privada, se ha vuelto pan de cada día, como si fuera la cosa más natural del mundo.

Su costo llegaría este año a 23 billones de pesos. En los últimos 11 años, ha aumentado el 600%.

Por:  JUAN GOSSAÍN | 

Hoy se celebra en el mundo entero el día internacional de la lucha contra la corrupción. Agárrense, pues, porque de eso vamos a hablar.

Para no decirnos mentiras ni andar con pañitos de agua tibia, y para no intentar engañarnos a nosotros mismos, tenemos que reconocer –aunque nos duela en el alma– que en Colombia la corruptela, tanto pública como privada, se ha vuelto pan de cada día, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ya nadie se asombra de nada. Con el paso del tiempo nos volvimos permisivos y tolerantes. La podredumbre nos rodea por todas partes.

(Especial: Corrupción en Colombia)

Juan Gossaín. Foto RisaraldaHoy.com

Con decirles que esta es la crónica más compleja que me ha tocado investigar en los últimos años. La gente no se atrevía a hablar, y los pocos que hablaban lo hacían con disimulo, bajando la voz, como si estuvieran cometiendo un crimen. Algunos hasta se me escondieron o apagaron sus teléfonos.

Parece que, como en el célebre tango de Discépolo, hoy en día “da lo mismo ser derecho que traidor”. Se han ido derrumbando las bases morales de nuestra sociedad. Los ladrones de cuello blanco se sientan frescamente en los clubes sociales y alardean en los restaurantes más afamados del país.

Sin embargo, por ahí quedan todavía unos cuantos apóstoles de la decencia, investigadores y académicos, que siguen batallando por una sociedad más honesta. Con ellos pude conversar para hacer este trabajo periodístico. Son gente admirable.

Pública y privada

Desde hace dieciocho años existe una institución llamada Transparencia por Colombia, que es la filial nativa de Transparency International. Su directora es Elisabeth Ungar, una profesora universitaria a la que yo he visto romperse el alma luchando sin desmayo contra la corrupción.

En cuanto a la proporción que existe entre la corrupción pública y la privada –me dice ella–, no hay cifras que nos puedan dar una idea precisa. No obstante, como dice el dicho, “para bailar tango se necesitan dos”.

La verdad es que en los grandes escándalos nacionales de corrupción, como el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá o el caso de la comida para los estudiantes de La Guajira, “hay una mezcla de públicos y privados”.

No obstante, en los últimos tiempos también ha habido casos de solo sectores privados (como pasó en Interbolsa) y de solo públicos. “Pero por lo general –agrega la señora Ungar–, en lo que conocemos como ‘la gran corrupción’ están involucrados los dos protagonistas”.

(Además: Reficar se quedó corta frente al proyecto original)

Cifras aterradoras

Los números de la corrupción causan espanto y pavor. En una entrevista que le hice meses atrás, y que se publicó en estas mismas páginas, el entonces procurador Alejandro Ordóñez afirmó que el año pasado la corrupción de las entidades públicas le costó veinte billones de pesos al Estado colombiano.

Pues, para que sepan, varios investigadores consideran que este año, que se está acabando, esa cifra llegará a 23 billones, lo que significa un horrible incremento del 15 por ciento en un solo año.

Los expertos que se dedican a desentrañar estas materias tan complejas coinciden en afirmar que los índices de la corrupción en Colombia empezaron a dispararse, sin control de ninguna clase, hacia el año de 1995.Mire usted lo que ha pasado desde entonces.

En el 2005 fue de 3,9 billones de pesos, pero solo dos años más tarde, en el 2007, ya era de 6 billones. Y en el 2011 había subido a 10 billones. Todos esos números demuestran, si usted agarra una calculadora, que en los últimos once años el incremento de la corrupción oficial ha sido del 600 por ciento.

(Lea: No existe voluntad política para combatir la corrupción’)

Causas y castigos

Cuando se les pregunta a estos investigadores cuál es, en su opinión, la principal causa del frenético crecimiento de este desastre moral y económico, contestan casi en coro, con una sola palabra, y aunque no se conozcan entre ellos:

–Impunidad.

La falta de castigo es el principal culpable. La realidad no miente: en este momento, de cada cuatro personas que son condenadas judicialmente por corrupción, solo una está pagando su delito en la cárcel. Las otras tres tienen libertad condicional o prisión domiciliaria. Mejor dicho: solo el 25 por ciento de los condenados se encuentra en una celda; los demás están en pabellones especiales o en su casa, y van a fútbol los domingos.

Como si fuera poco, el promedio de penas para un delito como el soborno es de apenas dos años de prisión.

Es por eso que los profesores Édgar Enrique Martínez, de ciencia política, y Juan Manuel Ramírez, de administración pública, autores de un excelente estudio sobre la corrupción en contrataciones estatales, concluyen que, entre otras muchas medidas que deben tomarse, las más urgentes están relacionadas con hacer verdadera justicia, incrementar las penas y lograr que se cumplan las condenas.

(También: Plan de la Fiscalía contra corruptos va de La Guajira a Cesar y Arauca)

El problema empeora

Ante semejante situación, que empeora cada día, no se extrañen de esta revelación: entre todos los países de América, y según la percepción que tienen sus propios habitantes, Colombia, con un 79,6 por ciento, es el segundo más corrupto. (O corrompido, como decían bellamente los clásicos de las letras castellanas). El primero es Venezuela, con 80 por ciento. El más limpio es Canadá.

Según las encuestas de Transparencia por Colombia, el 83 por ciento de los colombianos considera que, en vez de mejorar, la situación se está agravando.

“La gente dice que la corrupción es uno de los tres problemas más grandes que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia común”, añade Elisabeth Ungar.

Los partidos políticos (así como el Senado y la Cámara de Representantes) son percibidos por la opinión pública como las instituciones más dañadas de Colombia.

Empresa privada

La mala fama de nuestro relajo moral se está extendiendo por el mundo entero. La propia señora Ungar me cuenta que, de acuerdo con una investigación adelantada por el Foro Económico Mundial, el 15,5 por ciento de los ejecutivos que fueron entrevistados “percibe que la corrupción es un obstáculo para hacer negocios en Colombia”.

Imagínense el daño que eso le hace a nuestras posibilidades de tener más empleo para la gente. Los empresarios agregan que, en cambio, “las medidas para prevenir y sancionar la corrupción son muy pocas”.

Cómo será de grave el asunto que el 91 por ciento de los propios empresarios –91 por ciento, nada menos– considera que es obligatorio ofrecer sobornos para mantener sus negocios en actividad.

La vida en familia

Ya no más disimulos. Para qué vamos a seguir engañándonos. Por el contrario, creo que esto ya no aguanta más. Ha llegado la hora de hablar con franqueza. Con crudeza, si es necesario. El país está sumergido en un apestoso pantano de podredumbre moral. Le hemos cogido confianza a la corrupción y por eso nos está agobiando. Nos acostumbramos a convivir con ella.

Los hospitales se cierran, la gente se muere esperando atención, se roban el dinero destinado a la educación o la comida de los estudiantes pobres. En Colombia, la palabra contrato se volvió mala palabra. La verdad, por dolorosa que sea, es que la vida hogareña también está cayendo en esos mismos horrores.

Como la corrupción es un cáncer, el mal ejemplo hace metástasis. Ahora los buenos vecinos repiten sin sonrojarse que el vivo vive del bobo, donde vivo viene a ser el ladrón y bobo es la persona honrada que no toca lo ajeno. No solo campea la corrupción; también el cinismo.

Ya hay, gracias a Dios, gente reaccionando. Especialmente los jóvenes. Por las redes sociales ha circulado en estos días un texto magnífico, desgraciadamente anónimo, en el que su autor nos pega un regaño merecido y pregunta de qué nos quejamos o nos asombramos si todos contribuimos a este desastre.

Nos sentimos orgullosos de nuestra “viveza criolla” porque la gente se cree más astuta cuando se roba la señal de televisión. Las empresas se han convertido “en papelería particular de empleados deshonestos, que se llevan para su casa hojas de papel, lápices, bolígrafos y todo lo que hace falta para las tareas de sus hijos”. Pero al mismo tiempo sermonean a los muchachos para que sean honrados. Y se atreven a mirarlos a los ojos.

Epílogo

Aquí seguimos creyendo que el fin justifica los medios y que todo vale con tal de volverse rico. En los actos más simples de la vida cotidiana repetimos que por la plata baila el perro. San Gregorio Magno decía que los buenos, cuando se corrompen, son los peores.

¿Y después tenemos derecho a quejarnos? ¿No es hora ya de cambiar de actitud y de rectificar el camino? ¿Hasta dónde va a llegar la perversión de nuestras costumbres?

Ojalá no sea demasiado tarde cuando aparezca en Colombia uno de esos demagogos, de derecha o de izquierda, que andan por América Latina pescando en río revuelto. Porque, para la supervivencia de la democracia, no hay enemigo más peligroso que la corrupción. Ni siquiera una dictadura.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

Desafíos contra la corrupción en América Latina
Manifestantes protestan contra la corrupción en Brasil el domingo. JOÉDSON ALVES EFE

Seis de 20 países de la región (un 30%) alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido

Por Eduardo Engel.

«Es el negociazo, yo tengo los pacientes, no sabes la cantidad de plata que vamos a ganar», se escucha decir a un importante asesor (y médico personal) del presidente del Perú en un audio que se conoció a comienzos de octubre. El negocio en cuestión es una clínica privada destinada a beneficiarse de la tercerización de servicios públicos de salud, donde el asesor compromete aranceles altos y demorar indefinidamente la reparación de equipos médicos de hospitales públicos cercanos. La retribución que espera incluye que su hija, de 23 años, encabece la unidad de odontología. «Una idea muy particular de cómo ayudar a la salud de los pobres», concluye la periodista luego de presentar la grabación en horario estelar de la televisión peruana.

Es un mal momento para América Latina en materia de corrupción. En la última medición del Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, seis de 20 países de la región (un 30%) alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido, comparado con solo un 9% de los países del resto del mundo que obtienen su peor evaluación.

Los casos Petrobras en Brasil; Casa Blanca en México; La Línea en Guatemala; Instituto de Seguridad Social en Honduras; Caval, Penta y SQM en Chile y el Negociazo en Perú, entre otros, han puesto el tema de las políticas anticorrupción en el centro de la agenda de la región.

Varios factores explican por qué la tolerancia a la corrupción es menor que nunca antes: una clase media más numerosa y empoderada, redes sociales que facilitan organizar protestas masivas, celulares que transforman a cada manifestante en un potencial denunciante de abusos policiales y detalles de los escándalos (videos, correos electrónicos y audios como el descrito al comienzo de esta columna) que provocan mucho más indignación que los casos de antaño.

El primer desafío que plantean los escándalos de corrupción es que los casos se investiguen y los involucrados asuman sus responsabilidades, tanto legales como políticas. El desafío es mayor ya que históricamente ha sucedido poco y nada en esta materia.

El grado de autonomía del poder judicial es un factor importante para entender diferencias en el grado de accountability de los involucrados en escándalos de corrupción en distintos países. Nuevas generaciones de fiscales, mejor preparados y más efectivos gracias a reformas recientes de los sistemas procesales penales, explican por qué en Brasil y Chile la justicia ha jugado un rol importante y nunca antes visto investigando y llevando a la justicia a los responsables. Esto contrasta con países como Argentina, México y Venezuela, donde la falta de autonomía del poder judicial explica una percepción generalizada de impunidad.

En el caso de Guatemala, en cambio, las debilidades del sistema judicial fueron subsanadas «importando» institucionalidad a través de una comisión internacional de juristas bajo el auspicio de Naciones Unidas. Esta comisión colaboró con la Fiscalía Nacional y la policía para procesar a los inculpados en el fraude aduanero conocido como La Línea. Como resultado de este trabajo conjunto y de una impresionante movilización social, el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta se vieron obligados a renunciar el año pasado y están siendo procesado junto a decenas de miembros de la red de corrupción que encabezaban.

Versión completa en:El País,de España.com

Papa alerta del riesgo de noticias falsas en los medios

Foto: Maurizio Brambatti / EFE

‘Los medios pueden hacer daño’, dijo el Papa.

Dijo que los medios que buscan difamar se arriesgan a ser presa de la ‘coprofilia’.

Por: REUTERS | 10:02 p.m. | 8 de diciembre de 2016

Un fuerte llamado de atención a los medios de comunicación hizo el miércoles el papa Francisco al afirmar que, al centrarse en escándalos y difundir noticias falsas para difamar, “se arriesgan a parecerse a la gente que tiene una fascinación mórbida con los excrementos”.

En una entrevista publicada por el semanario católico ‘Tertio’, el argentino señaló que expandir la desinformación es “probablemente el mayor daño que pueden hacer los medios” y que usar las comunicaciones para este fin en lugar de usarlas para educar equivale a un pecado.

Habló del peligro de usar noticias falsas para difamar a los rivales políticos.

“Los medios de comunicación tienen sus propias tentaciones. Pueden ser usados como medios de difamación (…). Nadie tiene derecho a hacer esto. Es un pecado y es doloroso”, añadió.

(Análisis: La neutralidad en la red, bajo amenaza en la era Trump)

Usando términos psicológicos precisos, afirmó que los medios centrados en los escándalos se arriesgan a ser presa de la coprofilia –excitación por los excrementos– y que los consumidores de estos contenidos se arriesgan a cometer coprofagia –comer excrementos–. El Papa, no obstante, pidió perdón por recurrir a estas palabras para ilustrar su punto de vista.

“Los medios deben ser claros y transparentes, y –sin intención de ofender– no caer en la enfermedad de la coprofilia, que es querer cubrir siempre escándalos y cosas desagradables, incluso aunque sean verdaderas”, afirmó. “Y como la gente tiene tendencia a la enfermedad de la coprofagia, se puede hacer mucho daño”, agregó.

Esta parte, que fue distribuida a la prensa con una traducción italiana de la entrevista, realizada en el español nativo de Francisco, contiene parte del lenguaje más directo jamás usado por él para referirse a los medios.

REUTERS

¿La seguridad de los niños qué?

Hugo Acero Velásquez

Falta una política pública de Estado para atender esta problemática, que debe convertirse en tema central de la agenda del Presidente.

6:15 p.m. | 7 de diciembre de 2016

Hechos como el secuestro y asesinato de la niña Yuliana Andrea nos ponen ante la violencia que se ejerce contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Colombia, y ante la indiferencia que tenemos todos, autoridades y ciudadanos, frente a este grave problema, origen y alimento de la violencia en el país.

En Colombia, durante el 2015 hubo 59.545 casos de violencia grave contra NNA, entre muertes violentas (homicidios, suicidios y muertes en accidentes de tránsito y accidentales), desaparecidos y lesiones no fatales (delitos sexuales, violencia interpersonal, de pareja y lesiones en accidentes de tránsito), cifras que deberían preocupar mucho más a las autoridades por el alto subregistro existente, que en algunos casos puede superar el 70 por ciento.

De acuerdo con datos reportados por Medicina Legal, en el 2015 hubo 2.275 muertes violentas de NNA, que representan el 9,2 por ciento del total de casos registrados en Colombia en ese año (24.681 muertes violentas); 917 NNA fueron asesinados, 219 se suicidaron, 473 fallecieron en accidentes de tránsito, 501 tuvieron muertes accidentales y hubo 165 casos sin poder determinar el tipo de muerte violenta.

Durante el 2015 también hubo 54.221 lesiones no letales contra NNA, de las cuales 19.181 fueron delitos sexuales; 18.233, lesiones por violencia interpersonal; 1.371, violencia de pareja; 10.432, violencia contra NNA, y 5.004, lesiones en accidentes de tránsito. Aquí hay que anotar que, exceptuando delitos sexuales y lesiones en accidentes de tránsito, muchas lesiones no fatales contra NNA terminan siendo catalogadas por las autoridades como violencia intrafamiliar, que en nuestros códigos no son tipificadas como delitos, cuando, por la gravedad de las lesiones infligidas, la mayoría se deberían catalogar como intentos de homicidio.

En el 2015 hubo 3.049 desaparecidos, que representan el 42 por ciento del total de casos registrados ese año (7.310). Algunos podrían estar asociados a trata de personas orientada hacia la explotación sexual. Según expertos, un NNA desaparecido luego de unas pocas horas es muy difícil de encontrar, o el desenlace es fatal. En este caso las autoridades, con el permiso de los padres, podrían difundir la foto de los menores para que inmediatamente los busquen las autoridades, en especial la Policía, en sus labores rutinarias de vigilancia y seguridad. No hay que esperar más de 24 horas para buscar a los NNA, como algunas autoridades sostienen.

Más que la pobreza, uno de los orígenes más importantes de nuestra violencia está en aquella contra NNA y mujeres. En este sentido, muchos de los esfuerzos que el Estado debe realizar tienen que orientarse a atender esta problemática desde el punto vista preventivo, pero también desde el ámbito del control que dan las leyes y normas, a través de las instituciones con esta función: comisarías de familia, inspectores de familia, jueces, Fiscalía, Policía y todos los funcionarios que tienen la obligación de garantizar la seguridad de todos, como son el Presidente, los alcaldes y los gobernadores.

A nivel nacional falta una política pública de Estado para atender esta problemática, que debe dejar de ser una preocupación solo de la primera dama y el ICBF para convertirse en tema central de la agenda del Presidente, del Fiscal General de la Nación, de alcaldes, gobernadores y demás instituciones de seguridad y justicia.

Finalmente, hay que crear estructuras de investigación criminal especializadas para atender la violencia contra NNA. Hoy no se cuenta con fiscales dedicados a estos temas; la Policía de Infancia y Adolescencia hace muchos esfuerzos a pesar de su reducido número, y falta trabajo coordinado entre estas dos instituciones para atender esta problemática y reducir el alto nivel de impunidad que existe en este campo.


Hugo Acero Velásquez

Tomado de:El Tiempo.com