C��rculo de Periodistas de Bogot��

Categoría Opinión

Diente por diente

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

La inesperada ofensiva militar del Eln y de otras bandas criminales retorna temores de que se caliente nuevamente el conflicto interno y la relativa paz que percibimos como posibilidad cercana se vuelva trizas, incluso antes de que lo intenten algunos francotiradores políticos. El terrorismo no aporta logros, pero sí produce caos y frena posibilidades de avance y desarrollo para el país. Un sector como el turismo, que en Colombia crece a mayor ritmo que en América Latina, se nutre de la seguridad, y cada disparo de fusil espanta puñados de viajeros. 

Por estos días visitó Bogotá el científico político Ravindra Kumar, pedagogo indio dedicado a recorrer el mundo para divulgar mensajes de paz, y aprovechó su correría, programada por su embajador, Rabi Bangar, para invitar a los colombianos a vencer el miedo, si se pretende alcanzar este derecho irrenunciable de la sociedad, aceptando la verdad y asumiendo los sacrificios que su logro admita.

Kumar, editor de Global Peace International Journal y experto en la filosofía del líder Mahatma Gandhi, pregona las enseñanzas del obrero de la paz. Durante una intervención, en auditorio colmado por entusiastas estudiantes del Externado, recordó expresiones tan razonables para cerrar las puertas de los conflictos sociales como aquellas de que la única posibilidad de que la humanidad se pueda liberar de la violencia es por medio de la no violencia, ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego, y perdonar es el valor de los valientes.

No resulta extraño que estas reflexiones sigan calando dentro de una concurrencia joven, tal como ocurrió recientemente en la Nacional y la Javeriana, otras universidades de reconocido pensamiento crítico, donde atentos los estudiantes escucharon las propuestas del candidato Humberto de la Calle y de su fórmula vicepresidencial, Clara López, sobre los complejos problemas nacionales que suelen ser encabezados por el persistente conflicto interno. 

Hace un par de años —después del triunfo del No en el plebiscito—, la ansiedad de los jóvenes por vivir en un país en paz despertó al dormido movimiento estudiantil, que en marchas silenciosas reivindicó el legítimo derecho a construir su esperanza de futuro sin la amenaza de las balas, y expresó repudio a la polarización política, la violencia y la intolerancia.

Para Kumar vale la pena esforzarse por la paz, silenciando los cañones, como lo hicieron otros países, empezando por la India, que bajo la filosofía de desobediencia civil no violenta de Gandhi alcanzó su independencia del gobierno británico e inició un audaz proceso de transformaciones. En Argentina, las madres de la Plaza de Mayo consiguen resultados con su lucha pacífica por la verdad sobre los desaparecidos por la dictadura.

El mensaje de Gandhi sobre la armonía, la cooperación y la coordinación debería aprovecharse en un país fracturado por la violencia, donde el terrorismo no es el camino al diálogo. Una paz estable, que promocione justicia y oportunidades para avanzar hacia la prosperidad, requerirá de buena voluntad y de decisión política. En esta campaña electoral, afortunadamente se vislumbra la presencia de un candidato presidencial que desde hace media década camina con dedicación y coraje hacia ese propósito.

Las instituciones educativas son eje cardinal para consolidar la pedagogía de la paz, sembrar confianza y orientar el liderazgo de las nuevas generaciones para la construcción de una nación pacífica. En el turismo, el espacio vocacional es tan grande como el potencial de la industria. El Programa Colegios Amigos del Turismo es una opción para forjar líderes sensibles frente a los riesgos sociales, culturales, ambientales y económicos, que contribuyan a derogar la Ley del Talión, la del ojo por ojo, que amenaza con quitarnos, diente por diente, la sonrisa que hoy nos diseña esa mejor imagen internacional del país.

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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Facultades de Comunicación Social: esas infames fábricas de lagartos

Esos estudiantes de periodismo no escribirán, ni harán radio, no harán periodismo, harán informes mamotréticos para beneplácito del jefe de turno

Por:

 

Me invitaron la semana pasada a un conversatorio en una universidad privada en Medellín. El paisaje era el mismo que uno puede ver ahora en ese tipo de lugares: cafés, librerías llenas de libros carísimos e incluso creo que alcancé a ver una boutique de ropa. Las chicas eran flacas, de piernas largas y botas equinas hasta la rodilla. Los muchachos eran muy bonitos, se parecían casi todos a Maluma y a J Balvin. No había una sola cancha despoblada para ir a fumarse un porro.

El auditorio tenía a unos cincuenta estudiantes de Comunicación Social. Lo primero que pregunté era cuántos tenían ganas de escribir. Solo dos levantaron la mano. Les pregunté cuántos querían hacer televisión. Tres se mostraron interesados. Nadie quería hacer radio. El resto había escogido la carrera porque soñaban trabajar en una gran empresa. Comunicación Organizacional que llaman. En el ambiente flotaba la desidia. Nadie estaba leyendo un libro y muy pocos sabían si quiera qué era Odebrecht. Ocho millones de pesos costaba el semestre.

En este país, como en el resto del mundo, los jóvenes sueñan con ser famosos. Su vida está casi siempre ligada a sus redes sociales. Lo más importante que le puede pasar a estos muchachos es encontrarse con un famoso, ojalá con un político, que los ayude a ascender. Es por eso que la gran mayoría de periodistas que conozco —sobre todo los de provincia— son tan arribistas. Desde pequeño la mamá les inculcó que lo más importante son las relaciones mijo. Júntese con gente de bien que ellos lo sacaran de pobres. Es común ver a esos muchachitos zumbar alrededor de congresistas y expresidentes. Ahí uno los ve en sus Facebook, orgullosos porque Uribe Vélez les concedió una selfie, muertos de la dicha porque Jorge Enrique Robledo les dio la mano.

En el conversatorio a uno de los profesores que asistieron no le gustaba Las 2 Orillas. Cuestionaban el hecho de que cualquier joven en Tumaco o Montañitas, Caquetá, pudiera tener una nota que se viralizara, que fuera leído por más de 300 000 personas. No podían resistir que nuestro portal le diera la oportunidad a cualquier persona de ser escuchada. Durante más de 130 años en este país solo existían dos periódicos nacionales. Internet nos dio la ley de medios que nos negó siempre una Colombia manejada por tres grupos económicos. La gente, con Las 2 Orillas, ha encontrado la manera de desahogarse y de ser oída. El profesor me ponía de ejemplo medios serios e independientes como El Colombiano y RCN, medios que se convirtieron, en la década pasada, en trincheras uribistas. Los alumnos, como sucede en una cultura lambona como la nuestra, estaban de acuerdo con sus maestros. No había un solo rebelde. Me bajé de la tarima antes de que empezara el abucheo.

Estoy por creer que la gran mayoría de estudiantes de periodismo ingresaron a esa carrera porque no les alcanzó el puntaje en las pruebas Saber para estudiar Negocios, Administración o Derecho. Son planos, incultos y lo más grave: no tienen ningún tipo de curiosidad por nada. Tampoco la necesitaran. No escribirán, ni harán radio, no harán periodismo. Tienen la obediencia y la poca imaginación que necesitan para destacarse en lo que harán: informes mamotréticos y muy ordenados para beneplácito del jefe de turno.

 

¿A dónde se han ido los Rafael Baena, los Jorge Enrique Botero,
los Ernesto McCausland?
¿A dónde se fue toda esa gente capaz de dar la vida por escribir un buen reportaje?

Ay, Señor de Coveñas, ¿a dónde se han ido los Rafael Baena, los Jorge Enrique Botero, los Ernesto McCausland?¿A dónde se fue toda esa gente que era capaz de dar la vida por escribir un buen reportaje? Es trágico, catastrófico que en un país que acaba de salir de una guerra de 65 años ya no existan periodistas para contarla. Lo que quedan —con contadas excepciones— son unas recuas que lo único que intentaran hacer, cuando se gradúen, es buscar un trabajo en una multinacional o en un banco si es posible. Tener una familia, la casa y el carro a cuotas y crecer y progresar. Sobre todo crecer y progresar y tener hijos.

Que desolador es todo esto. Pensar que alguna vez, en Colombia, el periodismo llegó a ser un arte. Ya no más. Ahora, para conocer las regiones profundas, tendremos que conformarnos con las voces que nos llegan desde las regiones. Sus imprecisiones, su inexperiencia y hasta su falta de fuentes será compensada con una razón poderosa: ellos son los últimos testigos de la hecatombe que pasó por acá. Solo ellos conocen la verdad.

Tomado de: www.las2orillas.co

Apretar tuercas

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

El nuevo director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, posiblemente tendrá poco tiempo para hacer protagonismo en el cargo, pero sí muchos asuntos para solucionar en la entidad, y ajustarle esa imagen tan ensombrecida por la negligencia y la corrupción. El funcionario —quien en los próximos días aterrizará para fijarle el rumbo— tendrá que ponerla a volar a la altura del crecimiento del sector, que se mueve por los 30 millones de pasajeros al año.

La Aeronáutica es un organismo seriamente cuestionado por sus bajos índices de desempeño, por cuanto poco comulga con los escalafones de transparencia y meritocracia. En las últimas dos décadas desfilaron por allí una veintena de directores, buena parte salpicados por escándalos y discutidas decisiones administrativas. El último, Alfredo Bocanegra, renunció hace tres meses, presionado por el propio Gobierno ante presuntas irregularidades y el manejo inapropiado de funciones. En su reemplazo quedó temporalmente el subdirector, coronel Francisco Sánchez.

Salazar presenta pergaminos para confiar en su gestión. Cuenta con conocimiento en normativas de seguridad aérea y es el único director que asume con sendas maestrías dentro del bolsillo, una en Derecho Aeronáutico y Espacial, y otra en Administración Pública. Lleva un cuarto de siglo trabajando en organizaciones de aviación, y se despide como asesor de transporte aéreo en los Emiratos Árabes. Como valor agregado, sabe del tejemaneje interno del organismo, donde ejerció como jefe de Transporte Aéreo y secretario del Consejo Directivo durante seis años.

De filiación conservadora — partido que hace un par de décadas se apropió del botín de la Aerocivil—, el funcionario deberá sacudirse de esa atmósfera de politiquería que tanto afecta la eficiencia de la entidad. Los retos saltan por todos los frentes. Uno de ellos es el servicio comercial que se presta en algunas regiones del país, cuestionado por la débil aplicación de la normatividad y la falta de control a las empresas. Además, el crecimiento del mercado aéreo, nacional e internacional, provoca abusos y mal servicio, y exige cumplimiento y buenas tarifas. 

La seguridad, columna vertebral de la entidad, es punto clave para un país que registra una circulación de 90.000 viajeros diarios y alcanza 600.000 operaciones al año. Aunque en la aviación regular de pasajeros los accidentes son casi —el más reciente, el chárter de Lamia, hace un año, por las imprudencias del piloto—, sucede lo contrario con la operación de las pequeñas aeronaves de uso particular, instrucción, trabajos profesionales y taxis aéreos, donde se presenta un alto índice de incidentes.

La débil infraestructura de radares, radio ayudas y comunicaciones, y la carencia de personal especializado agudiza las dificultades en algunas regiones. No obstante la inversión de $3,5 billones para la modernización de 58 terminales, el crecimiento físico y tecnológico es lento e insuficiente para garantizarles adecuados niveles de movilidad y comodidad a todos los viajeros del país. Los terminales secundarios funcionan en condiciones inestables y son permanente factor de riesgo para las operaciones aéreas. Pistas de aeropuertos como San Andrés, Cartagena, Cúcuta y Pereira presentan recurrentes problemas en el pavimento.

Salazar deberá continuar con el proyecto del aeropuerto alterno, y tendrá que ponderar las consecuencias de los anuncios del Gobierno de suprimirle a su despacho la facultad de ejecutar obras de infraestructura, para trasladarla a la ANI, cuyo director cayó envuelto en el caso Odebrecht, e Invías, incluida por la Contraloría entre las entidades públicas menos eficientes.

El clima de tensión de años anteriores con los trabajadores se sigue agravando. Los empleados denuncian incumplimientos de acuerdos sindicales suscritos entre 2012 y 2016. El antecesor dedicó los recursos para alimentar la nómina de asesores y funcionarios de escritorio, y le volteó la espalda a los convenios laborales y a la estructura técnica que se sigue debilitando por la reducción gradual de la planta especializada (controladores, bomberos, inspectores, etc.).

Para consolidar su fortalecimiento institucional, acreditarse como ente rector de la industria y arañar escalas de vanguardia dentro de la aviación, la Aerocivil deberá desprenderse de los lastres que soporta, proyectarse con criterio técnico -como es su razón de ser- y asumir independencia y autoridad ante las aerolíneas. Se dice que el director tiene el perfil. Ojalá así sea y empiece a apretar tuercas! Quién quita que el próximo presidente lo atornille en el cargo… y sin necesidad de roscas!

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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

Saldrían volando

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

La Corte Suprema tomó mano de la normatividad vigente y declaró ilegal la huelga de pilotos de Avianca, dándole la razón a la compañía, que apostó todas sus cartas para jugársela por el camino de esa decisión. Dentro de sus consideraciones, la Sala Laboral del organismo, además de conceptuar que hubo una convocatoria irregular por carecer de la aprobación mayoritaria de los trabajadores, se acogió a las disposiciones que registran al transporte aéreo de pasajeros como un servicio público esencial (SPE).

La Constitución garantiza el derecho de huelga, salvo en servicios públicos esenciales definidos por el Legislador, tarea que se encuentra en el tintero desde 1991 por falta de disposición del Congreso de la República. La interpretación de la Rama Judicial se soporta en el Código Sustantivo del Trabajo que determina dentro de dicha clasificación los servicios que prestan empresas como “las de transporte por tierra, agua y aire, y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones”, entre otras, al igual que en la Ley 336 de 1996 que también refiere al transporte aéreo como un SPE.

El encasillamiento de la aviación en esa categoría les pone camisa de fuerza a los trabajadores del sector, quienes no podrán confrontar abusos ni reivindicar condiciones laborales a través de este derecho fundamental. En el caso de los pilotos, la imposibilidad de exigir mejoras por medio de la huelga, cuando puedan verse afectados por deficiencias u omisiones de las aerolíneas, le abre un escenario preocupante a la seguridad aérea, debido al grado de riesgo superior que envuelve a esta profesión.

A futuro los aviadores deberán someterse al manejo y a las condiciones que impongan los empresarios por medio de pactos laborales trazados a su conveniencia, o en su defecto por tribunales de arbitramento que muchas veces se suman a la defensa de los intereses patronales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los países miembros excluir el transporte aéreo de los SPE, y dentro de sus razones debería entenderse que este servicio no se equiparará con el agua o la salud, cuya parálisis bien pudiera acarrear perturbadoras consecuencias para la salubridad y la vida de las personas. Además, en lugares donde las operaciones aéreas comerciales son prestadas por varias aerolíneas, y en consecuencia existen diversas opciones para los usuarios, se descarta una peligrosa afectación a la comunidad.

La decisión tomada por la Corte Suprema se aparta de recomendaciones de la Constitucional, que ha estipulado que los convenios de la OIT formen parte del bloque de constitucionalidad para proteger a los trabajadores. De paso, acentúa la crisis sindical en Colombia —donde se tiene una tasa de asociación relativamente baja—, por cuanto reduce las posibilidades de utilizar medios democráticos en defensa de garantías laborales.

Le corresponde al Congreso asumir su responsabilidad de determinar el alcance de los servicios públicos esenciales y evaluar cuáles de la larga lista deben mantenerse incluidos, en sentido estricto, en esta distinción. En Europa aplican alternativas de cesación laboral que no cercenan el derecho consagrado universalmente. La huelga en los SEP es factible en varios países, siempre y cuando el servicio no se restringa en su totalidad. Consiste en la prestación de un servicio mínimo de funcionamiento, que impide la afectación del ejercicio de la huelga, en amparo a los trabajadores, y garantiza las necesidades básicas de los usuarios, como propone la OIT. En la aviación, la negociación de un servicio mínimo evitaría mayores alteraciones en la actividad de los consumidores.

Por ahora, la huelga fue derrotada y Avianca ganó el pulso. Los directivos anuncian que llevarán a cabo de manera rigurosa los procesos disciplinarios que deban adelantar de acuerdo con la ley, según el nivel de responsabilidad individual de cada piloto en el cese de actividades. Con la bendición de la Corte Suprema, la aerolínea se prepara para una eventual catarsis, pero, eso sí, algunos de sus aviadores seguramente saldrían volando, sin poder abrocharse el cinturón.

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De la calle a las regiones

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB 

Dentro de la espesa gama de candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República el único que parece montarse en el bus del turismo es el ungido aspirante liberal, Humberto de la Calle Lombana. Hace unos días, en entrevista por televisión, perfiló la importancia del sector, resaltó su crecimiento y destacó las especiales características que tiene el país para competir dentro del ámbito mundial en turismo de naturaleza, sin menoscabo de las políticas de preservación y protección de este valioso recurso.

Tradicionalmente el tema turístico no figura en la agenda de las campañas presidenciales y como consecuencia poco se focaliza en el centro de gravedad de los programas estratégicos del Estado. Solo hasta ahora, en estos últimos años, empieza a recibir señales de alerta, gracias a la coyuntura generada por el acuerdo de paz con las Farc, que lideró el mismo De la Calle, y trajo un clima de sosiego al país, que permitió un incremento en el turismo interno y externo.

Durante el quinquenio de negociaciones en La Habana, y al ritmo en que bajaba la intensidad del combate, el número de turistas en Colombia se incrementó en un 60 por ciento, impulsado por las buenas noticias, que dieron paso a que el país incursionara en el sonajero de las revistas internacionales como alternativa de viajes. El salto dado, por ahora, ha sido cuantitativo. De menos de dos millones de turistas provenientes del exterior, registrados en la década pasada, se subió a un techo de cinco millones de visitas.

Volviendo al candidato, su incursión en los terrenos turísticos no resulta nueva. Siendo ministro de Gobierno, en 1993, cuando volcaba su atención en la reglamentación legal de la Constitución del 91, de la que también fue artífice, se dirigió a la Asamblea General de Anato, celebrada en la isla de San Andrés. Allí, ante una concurrencia de empresarios, empobrecida y desalentada por el terrorismo del narcotráfico, filtró las primeras puntadas de sus tesis sobre la relación entre la paz y la industria de los viajes.

A través de un documento oficial, De la Calle identificaba la violencia multiforme que carcomía las entrañas del país como el cáncer de la industria. Opinaba que el Gobierno debía enfrentarla y derrotarla. Y mientras al narcotráfico le exigía el sometimiento, a la guerrilla —que nadaba en río revuelto— le planteaba la opción de un diálogo ceñido al orden jurídico y constitucional, objetivo que cristalizó 23 años después, un 24 de noviembre, tras largo forcejeo con las Farc. 

Para el ministro los problemas de seguridad, sumados a la estrechez de oferta y a las complejas restricciones de infraestructura turística, eran limitantes que impedían hacer del turismo una industria líder en el desarrollo de la economía. El ahora candidato tiene claros los progresos y las dificultades y sabe que implementar una política turística planificada y con visión estratégica es una necesidad. El posconflicto deberá llevar presencia oficial hacia la Colombia olvidada e impulsar la actividad mediante el incentivo a la inversión y la articulación de todas las instancias intervinientes del Gobierno. 

El turismo es un actor determinante para el crecimiento económico y la construcción de la paz. Hoy ocupa el segundo lugar como productor de divisas, después del petróleo, y oscila en la escala del 6 por ciento entre los componentes del PIB.

Los recursos de la guerra deberían revertirse en el desarrollo de las zonas escenario de violencia, en infraestructuras física, vial y de servicios; productos turísticos, capacitación de comunidades locales y oportunidades de trabajo. El ecoturismo sería aliado en beneficios socioeconómicos y —como valor agregado de la oferta turística— cabecera de puente para posicionar al país como referente en la industria. Su contribución al desarrollo rural propiciaría entornos sociales de confianza y solidaridad, sanaría heridas y mitigaría los profundos daños que las Farc provocaron en comunidades y medio ambiente.

Ojalá los demás aspirantes saquen también sus cartas. El candidato liberal es el primero en el partidor, convencido de la importancia de poner para el disfrute de colombianos y extranjeros el potencial de naturaleza, perdido durante 53 años. Llevar el turismo de la calle de nuestros tradicionales polos turísticos a los caminos de las regiones marginadas será una gran noticia, así estos —agujereados por el olvido estatal— se encuentren aún sin pavimentar.

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Borrón y cuenta nueva

BLANCO Y NEGRO

Por: Gabriel Ortiz, Socio CPB 

“Se ha echado tierra -no es una crítica- a los gritos de paz sin impunidad”

Con sabiduría y equilibrio envidiables, la Corte le imprimió el aval que el país esperaba para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Silenciaron las críticas, frenaron esguinces, críticas y vociferaciones. Callaron  todos, tirios y troyanos. El camino está despejado para que amigos y enemigos de la paz, especialmente estos últimos, lograran para sí beneficios de una legislación que refrenda los acuerdos de paz de La Habana y la terminación de la guerra en Colombia.

La “cucharada” sirvió de medicamento de sanación para todos los sectores de un país que desde que llegó el primer español está buscando la reconciliación, siempre y cuando conserven privilegios y beneficios, estén dentro o fuera de la ley.

El fallo de la Corte dejó sin banderas -¿o se las dio?- a unos y otros, para aceptar una paz con impunidad. Dejó felices a quienes actuaron bien o mal, creyendo que su fórmula era la expedita para alcanzar las esperanzas de un pueblo gastado, sufrido y abnegado. Ese que siempre salía a votar, -¿hasta emberracado?- sin saber lo que sus líderes perseguían, más en provecho propio que en beneficio de los electores. 

Se ha echado tierra -no es una crítica- a los gritos de “paz sin impunidad” con  los que valiéndose de la posverdad trataron de penetrar la opinión pública nacional e internacional.

Así las cosas, vamos hacia una paz que deja tranquilos a quienes desbarataban el quorum de un Congreso que buscaba perfeccionar la implementación de la JEP; que  inventaban preguntas inverosímiles e írritas para torpedear normas, no muy claras, con que sus líderes buscaban para salir airosos y eludir una justicia que podría reclamarlos.  

Los acuerdos de La Habana fueron logrados con un equilibrio y un trabajo de filigrana, tan profundos, que el fallo de la Corte Constitucional que los avaló, ha dejado satisfechos a todos. A la guerrilla, hoy sin armas y convertida en partido político; a los paramilitares, a quienes se abre las puertas de la política; a los políticos – corruptos y no corruptos-; a aforados que temían los pasos de la justicia; a los implicados en falsos positivos; a los empresarios que fomentaron la guerra y, en general, a los de rabo de paja.

Hemos ingresado por la puerta de una paz con impunidad admitida por todos, si es que los culpables y los rabos de paja se someten a la JEP, respetando los principios de verdad, no repetición y reparación a las víctimas.

Pero, a diferencia de la filosofía de Mockus, aquí todo se valdrá. Bienvenido ese cambio en la tesis, porque era la única manera de que se lograra el inalcanzable paso para ganar la paz y la supervivencia de un país que tiene un futuro asegurado, si respetamos los acuerdos y olvidamos nuestros crímenes. Nos demoramos en llegar al “borrón y cuenta nueva”. Mucho desgaste y mucho tiempo perdido.

BLANCO: De la Calle, favorito en contienda liberal

NEGRO: Rufián, facineroso, bandido, términos de moda para eludir justicia.

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La mano dura

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB 

La continuidad de unas relaciones diplomáticas estables entre Estados Unidos y Cuba duró escaso tiempo. La voltereta gringa para dar marcha atrás al breve deshielo se percibía desde cuando el presidente Trump —ya posesionado— exigiera a La Habana aceptar sus demandas sobre política interna. La negativa del régimen a negociar el derecho a la libre autodeterminación de sus asuntos precipitó hace 15 días el cambio de la política norteamericana hacia la isla, con el desmonte parcial de los recientes acuerdos suscritos por su antecesor.

Trump dio el paso anunciado y reversó algunas de las directivas administrativas aprobadas por Obama en enero de 2015. Dentro del marco de su nueva política establecida desde junio, expidió un paquete de medidas que revive sanciones y renueva las tensiones del pasado. El menú incluye la prohibición de transacciones comerciales entre ciudadanos de ese país y una larga lista de empresas vinculadas a las fuerzas militares, de inteligencia y de servicios de seguridad cubanos, y la restricción de viajes turísticos, salvo aquellos de carácter académico o apoyo social, siempre y cuando cuenten con la presencia de un vocero oficial de la jurisdicción estadounidense.

Las compañías norteamericanas con actividades comerciales formalizadas antes de la medida, al igual que los viajes de turismo ya contratados para los meses venideros, se salvaron del apretón y podrán seguir operando o continuar su trámite, según sea el caso, con el fin de evitar traumatismos financieros y pérdidas de inversiones. Cadenas como Hilton y Carson avanzan en negociaciones de asociación, y Marriott firmó un acuerdo para la gestión de un histórico hotel de La Habana, gracias a una licencia especial concedida por la administración Obama. Dentro de las excepciones también quedaron los cruceros y los vuelos comerciales directos entre ambos países.

En el listado de 180 entidades restringidas, el golpe más duro lo llevan las que están vinculadas al sector turístico. La principal afectada es el Grupo de Administración Empresarial (GAE), el más poderoso emporio económico de las Fuerzas Armadas de Cuba, conformado por un centenar de empresas que operan en diversos renglones de la economía y reportan el 65% de los ingresos de la isla. La nuez de su portafolio la conforman el grupo hotelero Gaviota, el mayor del país, y la lujosa cadena Habaguanex, dedicada al alojamiento histórico y cultural en La Habana Vieja, donde sus 23 hoteles quedaron vetados para turistas y futuras relaciones comerciales. 

El Grupo Gaviota es un exitoso conglomerado de holdings, que mueve el 70% del comercio minorista en dólares y es motor de la actividad turística cubana. Cuenta con 62 hoteles, 33 de ellos manejados por gerencias extranjeras a través de contratos de administración; ofrece 26.725 habitaciones, y dirige una decena de marinas a lo largo y ancho del archipiélago. La totalidad de sus hoteles, hostales, marinas y agencias de viajes en los diversos polos turísticos de la isla quedaron incluidos dentro del programa de vetos y sanciones.

Las actividades del grupo hotelero se manejan bajo un absoluto silencio oficial, en cabeza del influyente pero desconocido general Rodríguez López-Callejas, del que poco o nada se registra en la prensa cubana. De él solo se sabe que funge como el guardián de los inversores extranjeros y que es protegido del presidente Raúl Castro, quien, desde su asunción en 2008, puso en manos de los militares el control de la economía. Desde entonces el GAE tomó altura y multiplicó sus áreas de negocios, operadas de tiempo atrás por un sistema financiero basado en las leyes del mercado.

La desoxigenada gringa a las relaciones bilaterales, que ahora entran en un detallado proceso de regulaciones, constituye un sensible punto de quiebre para la isla de Castro, que acariciaba la idea de consolidar un boom turístico con el flujo estadounidense. El año pasado el incremento de sus nacionales registró un progreso del 90% con respecto a 2015, en tanto que en el primer semestre de este año el aumento rondaba en 145%, comparado con el anterior. El auge preveía expectativas de 760.000 turistas para 2017, muy por encima del techo de los 100.000 obtenido en 2014.

Pese el nuevo movimiento de cartas, el régimen mantiene la decisión de sacudir su limitada infraestructura turística, mediante la promoción de planes de inversión que permitan ampliar su capacidad de alojamiento para 2020, por encima de 85.000 habitaciones. Seguirá atrayendo la inversión de empresarios aliados de Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, países que nutren la mayor tajada de sus cuatro millones de turistas de 2016.

Con el regreso de la política de acción y reacción, míster Trump se propone cortarle el chorro económico al gobierno comunista y a las fuerzas militares cubanas para debilitar sus finanzas, y con la mano dura sobre la mesa vuelve a medirle la temperatura a la guerra fría. ¡El riesgo puede estar en que se le suba la fiebre!

P.D.: En las pasadas Notas, “Lo ganó Goliath”, un involuntario error trastocó el monto promedio de pérdidas de Avianca durante la huelga. De US$2,5 millones y US$1,5 millones diarios, como debía aparecer, se saltó a US$2.500 millones y US$1.500 millones. ¡Lamentablemente, por estos lados, las cifras volaron y a una altura monstruosa!

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¿Lo gana Goliath?

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, socio CPB

El pulso entre Avianca y la Acdac terminó, al parecer con dominio de la empresa, y deja abierto un doble escenario sobre la eventual ilegalidad de la huelga y la libertad de hacer uso en el sector de este derecho constitucional. El cese de actividades de los pilotos agremiados marcó récord en la historia en la aviación al sumar 51 días, durante los cuales salpicó millonarias pérdidas en diversos frentes y agrietó las deterioradas relaciones entre ambos bandos.

El restablecimiento de las operaciones aéreas revivió los ánimos de la economía, en particular los del sector turístico, que además de sufrir serios traumatismos ante el visible descenso de viajeros sudaba la gota gorda con la aproximación de la temporada de fin de año. Durante el evento la aerolínea suspendió 15.000 vuelos y dejó un saldo de medio millón de pasajeros afectados.

El barrigazo económico tuvo un serio impactó en la industria. Los hoteleros, representados por Cotelco, revelaron pérdidas por $13.000 millones, mientras las agencias de viajes, agrupadas en Anato, advirtieron, días atrás, una disminución en ventas cercanas al 44 por ciento. Acodrés anunció que el decrecimiento de la demanda en los restaurantes alcanzó el 30 por ciento.

A medida que se normaliza el servicio y se recupera el país, Avianca entra en una relativa calma, que tendrá consecuencias a partir de esta semana cuando la Sala Laboral de la Corte Suprema se pronuncie sobre la legalidad de la huelga y defina la suerte de algunos de los directivos de la Acdac. En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá se inclinó por la posición de la empresa, y la declaró irregular, decisión que fue apelada por los pilotos.

De ratificar la corte la decisión del tribunal será presumible que los líderes de la huelga, al mando del presidente de la agremiación, Jaime Hernández, sean desvinculados de la compañía. Su principal propietario, Germán Efromovich, los responsabiliza por la afectación de ingresos y deja en claro que los pilotos que pararon estarán sujetos a procesos disciplinarios dentro de las reglas internas, sin descartar que algunos queden desligados. Avianca dejó de percibir US$2.500 millones diarios durante las primeras semanas, cifra que fue disminuyendo paulatinamente hasta llegar a US$1.500 millones.

Faltará ver si la presumible derrota que cargan a cuesta los aviadores será confirmada en un país que tiene una restrictiva legislación para el ejercicio de la huelga. Los pilotos agremiados en Acdac, algo menos de la mitad de los que integran la nómina de Avianca, pelean desde hace un quinquenio por su propio pliego de peticiones, sin que aparezca humo blanco en las fallidas y sobresaltadas tandas de negociaciones directas y tribunales de arbitramento. El último de estos, convocado por el Ministerio de Trabajo, aparte de haberse visto empantanado por la renuncia de un par de árbitros, es rechazado por ellos, por considerarlo extemporáneo, al citarse bajo el supuesto de que la aviación comercial es un servicio público esencial.

Este, sin duda, es el punto de quiebre para el futuro de Avianca. El Tribunal Superior, al amparo del Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución Nacional, declaró ilegal la huelga, por inferir que afecta un servicio público esencial, postura que impugnan los pilotos, apoyados en la doctrina de la Organización Internacional de Trabajo que le excluye dicho carácter. La OIT, incluso, contradice el argumento de la empresa, en cuanto a que la votación con la que la huelga fue decretada careció del voto mayoritario de los trabajadores. Para el organismo imponer dicha exigencia dificulta el derecho constitucional y resulta injusto con las reivindicaciones de gremios, como el de Acdac.

La crisis aérea que afrontó el país visibiliza los riesgos que representa el monopolio del servicio aéreo en la aviación y los vacíos jurídicos que existen para dirimir ciertos problemas entre empresas y sindicatos. De la determinación de la corte depende que este servicio público siga encasillado como esencial, que los trabajadores del sector no puedan reivindicar sus peticiones a través de la huelga y que el pequeño gremio de Acdac entre en camino a la disolución. Tras la prolongada prueba de resistencia, por ahora el pulso parece ganarlo Goliath, ¡así sus finanzas hayan recibido una pedrada en el ojo!

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Zapaticos de la muerte

BLANCO Y NEGRO

Por: Gabriel Ortiz, socio CPB 

Por fin y tras muchos años se han tomado en serio las trampas mortales a las que se tienen que enfrentar a diario los colombianos, para enriquecer y vigorizar las fortunas de unos pocos “avivatos” que se inventaron uno de los más grandes y lucrativos negociados que gobierno anterior legalizó, sin importarle la vida de los compatriotas.

Así se dio vida legal a los zapaticos que ruedan por todas las calles y carreteras del país. Esos vehículos amarillos pequeñitos, en los que escasamente caben tres pasajeros. Hay muchos a los que han convertido en bombas ambulantes porque los han amarrado a tanques de gas, que artesanalmente les cambian su función gasolina por el otro combustible.

Los zapaticos que solamente se utilizan como vehículos de servicio público en Colombia, han remplazado los tradicionales y seguros taxis que garantizaban la vida de los pasajeros. Son tan inseguros como los bicitaxis –ahora mototaxis- que son amparados por las autoridades de tránsito.

El ministro Cardona decidió ponerle el cascabel al gato y enfrentó el problema que según él cobra la vida a miles de colombianos anualmente. Pero sucede que el gran negocio tiene raíces muy profundas que seguramente impedirán al funcionario poner fin a esas sillas eléctricas en las que diariamente nos movilizamos. Un zapato no puede costar más de 20 millones de pesos, pero a ese valor hay que incluirle el tal “cupo” que está por encima de los 70 millones, es decir que un zapatico sale en más de 90 millones. Los “cupos” se consiguen legales o “gemeliados” que salen más económicos, aunque solo se pueden utilizar en ciertas zonas para eludir la autoridad.

Nadie sabe a dónde van las ingentes cantidades de dinero que se mueven a través de este tráfico vehicular, que se inventaron durante el anterior gobierno y que día a día se fortalece.

Este pésimo y peligroso servicio dio origen a Uber, que de inmediato fue ferozmente atacado por los dueños de los zapaticos, que quienes quieren impedir la existencia de un servicio seguro, moderno y confortable. Aunque los uber afanosamente se desacreditan, imponiendo unas tarifas incosteables cuando se trata de ciertos horarios y distancias.

Lo grave, lo inaudito, lo incomprensible es que los zapaticos continuarán rodando por calles y carreteras colombianas con los candidatos a sepultura en los jardines del recuerdo.

Los argumentos del titular de la cartera difícilmente alcanzarán para convencer a quienes deben actuar, porque existe una cadena de ingresos y casi que podría decirse legalizados por las puertas traseras.

La disputa entre los dueños de los zapaticos, de los pocos taxis seguros que aún quedan y de los uber continuará y se incrementará para esconder y aplazar cualquier medida que pueda tocar el zapateril negocio.  

BLANCO: El ingreso de Jaime Llano a las alturas con esa música que siempre le arrancó al órgano que lo acompañó por años de gloria.

NEGRO: El fallo que arrebató el mejor vendedor a la Volvo.

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Tomada: El Nuevo Siglo.

Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

LA RESPONSABILIDAD CÓMPLICE DE LAS MUJERES EN NUESTRA DEFORMACIÓN SOCIAL (MICRO RELATOS ANTE LOS MICRO PODERES)

Por: Patricia Suárez
Socia CPB
Columnista

Hago mía estas palabras: La crítica es una conducta, es una forma de ser, de construirse en sujeto que reflexiona, la crítica es una actitud en acción, es construcción ética en la cotidianidad del individuo.

Los vicios del ‘USE Y CORTE’, silencio y pase de agache es inaceptable.

El manejo y la exclusión que se ha hecho por parte de algunas escritoras:

VULNERA LA CREDIBILIDAD DEL MANIFIESTO: COLOMBIA TIENE ESCRITORAS

La grosera exaltación de micro poderes, micro secretos, micro ‘estrategias’ que pude vivir y presenciar, entre ‘grupitos’, desafía la más elemental inteligencia.

Hablar de derechos e inclusión, cuando se procede repitiendo los vicios que se denuncian: muestra la responsabilidad histórica de las mujeres en todo lo que sucede en nuestra sociedad.

Se equivoca, La Caricatura, cuyo cinismo es una afrenta, de quienes, en su estrecha visión y mira apuestan cual ‘buenas’ políticas al acomodo institucional y creen, que fotos, nombres, publicaciones, ‘recopilación de poderes’, por ‘amigos’ ‘maquinaria’ ‘conexiones’ o títulos publicados amedrentan el Imperativo Ético que obliga a la respuesta y la rectificación.

Hago un llamado a todas las disciplinas para que, desde la antropología, la sociología, la filosofía del derecho, la ciencia política, la historia, la psiquiatría, la psicología, se diseccione desde la interdisciplinariedad: la responsabilidad cómplice de las mujeres en nuestra deformación social.

COLOMBIA TIENE ESCRITORAS

Invito a leer la respuesta a una de mis preguntas en la entrevista que hice al filósofo mexicano Luis Villoro a comienzos del SXXI

-Me gustaría que nos hablara un poco de la autora de la cita que usted mencionó en sus conferencias por las Universidades colombianas.

-La autora de la cita es Olande Guche. Era una militante revolucionaria de fines del siglo XVIII. En 1889 la Asamblea francesa hace la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y Olande Guche escribe una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana y naturalmente con esto establece la primera reivindicación política muy clara de la igualdad de derechos de la mujer con el hombre. El efecto es que naturalmente los revolucionarios (que en ese momento eran los Jacobinos), los que tenían el poder en la Asamblea, eran muy libertarios y pensaban mucho en la libertad del hombre y en que los hombres podrían por fin romper las cadenas de la esclavitud, pero cuando una mujer les declara que tienen tanto poder como ellos ¿entonces qué pasa? La consecuencia fue que la guillotinaron, le hicieron un juicio por haber pretendido hacer críticas, porque naturalmente su declaración tenía una crítica implícita a la declaración del hombre y del ciudadano. Es en ese juicio donde se encuentra esta frase, en la defensa que ella hace de su posición: “ si las mujeres tienen el derecho de ir al cadalso pues también tenemos el derecho de estar en la tribuna” Es la primera manifestación política muy clara en la época moderna, porque ha habido otras antes de la demanda de derechos políticos de igualdad de la mujer.

Colombia: Más nombres deben ser incorporados en la Revista Semana  y Arcadia sobre mujeres escritoras. Contradice el sentido de: Colombia Tiene Escritoras y el Manifiesto; si un grupo de éstas excluye a otras que fueron parte y gestoras del Manifiesto.

Esta nota es publicada por solicitud de su autora, en su condición de
socia del CPB. Su contenido es responsabilidad única de ella y no
compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.

 

Arcadia no publica la lista completa de las escritoras, ni de quienes firmamos el manifiesto y asistimos a la reunión: en Colombia hay escritoras

Por: Patricia Suárez
Socia del CPB
Opinión

 

No aceptamos el desequilibrio en relación a los escritores invitados a Francia.
Es una vergüenza la invitación que vulnera y desafía la inteligencia creadora de consagradas poetas y escritoras.

Esta lista la publiqué inmediatamente supe sobre los escritores invitados a Francia.

Fanny Buitrago
Luz Mary Giraldo
Lina María Pérez (Novelista, ganadora del Juan Rulfo)
Alba Lucia Ángel
Cristina Maya de Herrera
Andrea Cote
Martha Lucia Estrada
Nana Rodríguez
Carolina Sanin
Orietta Lozano
Luz Elena Cordero
María Eugenia Sánchez
Olga Elena Mattei
Anabel Torres
Claudia Ivone Giraldo
Ema Lucìa Ardila
Gloria Posada
María Tabares
Camila Charry Noriega
Anna Francisca Rodas
Julia Villegas
Bibiana Bernal
Fadir Delgado
Jenny Bernal
Berta Lucìa Estrada
Eliana Maldonado
Yenny León, Lya Sierra
Irina Henriquez
Lauren Mendinueta
Beatriz Vanegas Athias
Monique Facuseh
Clara Schoenborn
Mara Agudelo
Amparo Orozco
etc, etc, etc…

Editorial
EL INSTANTE
2017

 

Esta nota es publicada por solicitud de su autora, en su condición de
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Salir del atolladero

NOTAS AL VUELO

Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB 

El Informe Nacional de Competitividad, presentado la semana pasada, nos sigue mostrando una nación atascada en los viejos problemas que limitan su capacidad de emprendimiento y que la mantienen alejada de las proyecciones —hechas hace una década— de ubicarla en el podio de las economías latinoamericanas para 2032. El balance coincide con el escalafón que presentó meses atrás el Foro Económico Mundial, en el que Colombia quedó ubicada en el puesto 66 entre 137 países calificados.

Las limitaciones institucionales, de estabilidad macroeconómica, de infraestructura, seguridad, comercio exterior, eficiencia en los mercados laboral y financiero, innovación y disposición tecnológica no consiguen superarse y estancan el ambiente en los negocios. Le ponen ataduras al crecimiento económico, asustan a los inversionistas y reducen las posibilidades de generar empleo. Pero sin duda, la desinstitucionalización, reflejada en la corrupción, la inequidad social y la creciente informalidad, es un denominador perverso en este acumulado atraso que afecta la productividad del país.

En el sector turístico el panorama obviamente parece calcado. Entre 136 economías analizadas en el Informe de Competitividad de Viajes y Turismo, elaborado por el World Economic Forum (WEF), Colombia se coloca en la casilla 62 del mundo, la novena en Latinoamérica, y la sexta en América del Sur, después de Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.

Pese a que la propuesta turística del país entró en fase expansiva a mediados de la década pasada, con un alentador aumento de su flujo de viajeros internacionales, los avances para la conquista del mercado son insuficientes, al medirse dentro del marco de una industria que crece de manera vertiginosa y que por sus características actuales brinda especiales oportunidades a los países en desarrollo.

En el área latinoamericana es sobresaliente el caso de México, que pese a su compleja situación de inseguridad escaló 22 posiciones en el último cuatrienio —ocho de ellas en los dos años recientes— para ubicarse en la posición 22 de los países con la mejor competitividad turística. Costa Rica y Panamá merecen igual atención por los progresos obtenidos. El gobierno costarricense le da un fuerte impulso al turismo ecológico y se consolida entre las naciones más sostenibles del mundo. Entre tanto, Panamá se afianza dentro un favorable entorno para los negocios, y se constituye en la tercera potencia turística regional, después de México y Brasil, el principal destino de Suramérica.

Colombia, una alternativa rica en recursos y biodiversidad —cobija 2.993 especies—, donde florece una mixtura cultural dinámica y vibrante con diversas expresiones de folclor, enaltecidas por un patrimonio inmaterial relevante, tiene campo abonado para abrirse al mundo, si a las estrategias para posicionar al país se le suman políticas apropiadas que ayuden al crecimiento y al impulso del sector.

La infraestructura turística ofrece pocas mejoras. La precariedad de redes y accesos viales, medios de transporte, instalaciones portuarias y de veraneo, junto a limitaciones en los servicios básicos y turísticos de diversas zonas, afecta no solo a esta industria sino a varios sectores productivos. La corrupción rampante, cuya voracidad viene siendo denunciada en los últimos tiempos, ha sido factor determinante para el desastre de numerosos proyectos de desarrollo con incidencia en el turismo. 

El problema de seguridad, particularmente la desatada por bandas criminales y delincuencia común, sigue en la mira de las mediciones internacionales, aunque el acuerdo de paz con las Farc permitió mejorar la imagen frente a los ojos de los turistas. Otros asuntos, como niveles de salud e higiene, ambiente de negocios, informalidad laboral, capacitación de empleados, regulación de precios y trabas al empresariado, restan perfil para garantizar la denominación del país como un destino turístico competitivo.

Lo inquietante del asunto es la poca claridad que pareciera tener el Gobierno sobre la importancia de promover el turismo como actividad próspera e irrigadora de beneficios sociales. Lo demuestra el hecho de los precarios presupuestos con los que se defienden las entidades rectoras del sector en todos los niveles de la administración pública.

Recobrar la competitividad exigirá voluntad política para encender las locomotoras oficiales, con el fin de darles credibilidad a las instituciones, avanzar en infraestructura y quitarle espacio al rezago que día a día nos distancia más de la productividad. Este Gobierno y los que le sucedan deberán suministrarles combustible y ponerlas a rodar para salir del atolladero que frena el crecimiento del país. Es solo cuestión de pensar en grande… ¡Y se acabó el carbón!

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@Gsilvar5

Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.