3 mayo 2020 –
Foto: Referencia AFP –
Comunicaciones CPB.
“No hay ninguna justificación y explicación lógica para que unidades de inteligencia del Ejército durante varios meses hicieran espionaje a más de 130 personas entre periodistas, exmagistrados, funcionarios de la Presidencia, líderes sociales y políticos, entre otros. Esta actuación es vergonzosa, absurda y afecta la imagen de la institución más querida por los colombianos como es el Ejército Nacional”, dijo Gloria Vallejo, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB).
El CPB rechaza de forma contundente estas actuaciones que atentan contra la Libertad de Prensa, el Derecho a informar y ser informado, principios esenciales de regímenes democráticos y que se constituyen en acciones graves e irresponsables que ponen en riesgo la integridad física de los afectados y de sus familias, debido a que recopilaron, además de información sobre sus actividades profesionales, aspectos de sus vidas personales e íntimas.
En una investigación publicada este sábado por la Revista Semana titulada CARPETAS, se revela que entre febrero y diciembre de 2019 las actividades de más de 130 personas fueron objeto de lo que los militares llamaron perfilaciones y trabajos especiales, cuando comandaba el Ejército el general Nicacio Martínez.
Las interceptaciones ilegales y monitoreo secreto se llevaron a cabo a periodistas nacionales y extranjeros. En el segundo de los casos se podría constituir en una violación de la confianza que Estados Unidos tiene en las Fuerzas Armadas de Colombia, de comprobarse, como parece, que los equipos utilizados para tal fin harían parte de la asistencia militar del gobierno estadounidense, que supera los US$ 400.000, colaboración que estaría en riesgo.
Los periodistas norteamericanos perfilados fueron Nick Casey, corresponsal de The New York Time; John Otis, corresponsal en Latinoamérica para Times y The Wall Street Journal; Juan Forero, también de este diario y, Stephen Ferry y Lynsey Addario, fotoperiodistas.
Entre los periodistas colombianos que hacen parte de las carpetas militares están María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol y de La Luciérnaga, un periodista de la Revista Semana, el director del medio alternativo Rutas del Pacífico y su equipo de cinco jóvenes periodistas, especializado en temas de corrupción y orden público, la Liga Contra el Silencio, Yolanda Ruíz, Daniel Coronell e integrantes del colectivo José Alvear, entre otros.
Los perfilamientos irregulares y trabajos especiales fueron desarrollados por algunos batallones de ciberinteligencia (Bacib), que dependen del Comando de Apoyo de Inteligencia y el de Contrainteligencia Militar.
Para el CPB esta situación es muy delicada, trae a la memoria la época funesta de las chuzadas del DAS y deja en el ambiente una percepción de falta de voluntad y de decisión para acabar de una vez por todas con estas prácticas que atentan contra el Derecho a la Privacidad y la Libertad de prensa y expresión, amparada, entre otras normas, por el artículo 73 de la Constitución Nacional: la actividad periodística gozará de protección constitucional. Es una labor al servicio de la comunidad y el bien público, que debe ser apoyada y protegida.
El CPB hace un llamado al gobierno nacional para que haga cumplir estos preceptos y a las autoridades competentes para que investiguen a fondo y lleguen a los responsables, quienes quiera que sean, y tomen así las acciones que sean necesarias para acabar de una vez por todas con este flagelo que resta confianza, genera inestabilidad y afecta las instituciones democráticamente constituidas.