28 Octubre 2019.
Foto: RCN.
Tomado de: RSF.
Tras el asesinato de Javier Córdoba Chaguendo, el segundo crimen de un locutor de radio que se produce este año en Colombia, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al gobierno de Iván Duque Márquez que garantice la seguridad de los periodistas y de los medios de comunicación comunitarios del departamento de Nariño. La organización recuerda también a las autoridades policiales y judiciales que deben identificar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes para que respondan por sus actos.
Javier Córdoba Chaguendo, periodista y locutor colombiano, fue ejecutado en las instalaciones de la emisora de radio Planeta Stereo, en Tumaco, ciudad costera del departamento de Nariño (sudoeste del país), la noche del viernes 18 de octubre de 2019. Un individuo que accedió a las oficinas de la radio diciendo que quería comprar espacio publicitario, le disparó y se dio a la fuga.
Córdoba fundó hace tres años la emisora musical local Planeta Stereo, en la que conducía varios programas. Según los testimonios que sus compañeros de trabajo dieron a RSF, los programas de Planeta Stereo eran esencialmente musicales porque “no es posible hacer programas informativos en la región (…) callan a todo el que se atraviese”. Este temor generalizado tiene otro antecedente, el homicidio de otro locutor, ocurrido el pasado El 11 de junio también en el departamento Nariño. Se trata de José Libardo Montenegro, quien trabajaba para Samaniego Estéreo en el municipio de Samaniego. Las circunstancias de este crimen aún no han sido esclarecidas.
En sus radios comunitarias –uno de los pocos espacios informativos con que cuenta el departamento–, José Libardo Montenegro y Javier Córdoba Chaguendo a menudo daban la palabra a las minorías locales, en particular de la comunidad indígena Awá, y a los agricultores de la región. En este departamento, así como en casi todo el suroccidente colombiano, la población civil se encuentra en medio del fuego cruzado de grupos armados que se enfrentan constantemente por el control territorial: los perseguidos por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico-; grupos paramilitares – Los Urabeños, Clan Úsuga, Clan del Golfo–, y las Fuerzas Armadas.
“Las autoridades locales y nacionales deben esclarecer estos casos e identificar lo antes posible a los responsables de estas ejecuciones”, señala Emmanuel Colombié, director de la oficina en América Latina de RSF. “Los periodistas del departamento de Nariño trabajan en condiciones lamentables. El presidente, Iván Duque Márquez, y su gobierno, tienen la responsabilidad de restablecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad de todos los profesionales de la información”, añade.
En septiembre de 2019, en el mismo departamento de Nariño se registraron dos panfletos amenazantes contra un grupo de 9 periodistas; se entregaron dos videos intimidantes a los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales (para evitar información electoral) y la periodista Natalia Cabrera tuvo que dejar la región por amenazas. Precisamente en la frontera de esta región ocurrió el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio en 2018.
En algunas regiones del país, el Estado colombiano, sobrepasado por la guerra intestina que libran diversos grupos armados, se enfrenta a grandes dificultades para que la población civil no resulte afectada por la violencia. Muchas zonas son territorios cautivos de la inseguridad cotidiana, lo que ha hecho que se conviertan en verdaderos agujeros negros para la información. Allí, los periodistas constantemente son víctimas de amenazas o agresiones cuando optan por informar sobre temas delicados. Lamentablemente, no es un riesgo exclusivo de esa región de Colombia. Al otro extremo, en el nororiental departamento de Arauca, el 9 de mayo pasado el cineasta Mauricio Lezama fue asesinado cuando realizaba entrevistas para un documental sobre las víctimas del conflicto armado.