Por: Gonzalo Silva, socio del CPB.
El vergonzoso episodio que envolvió la semana pasada a una pareja de turistas franceses ventila la polémica sobre el abuso en los precios de algunos restaurantes populares en La Boquilla. Las denuncias formuladas por atropellos cometidos contra viajeros, no importa si son del interior del país o del extranjero, se vuelven recurrentes. Pareciera entronizarse una perversa cultura, en la que la consigna es obtener utilidades, pues lo que interesa no es el cliente sino su dinero.
La Boquilla resume el encanto de un exuberante canal natural, la boca más pequeña de una serie de entradas que comunican a la Ciénaga de la Virgen con el Mar Caribe. Es corregimiento de Cartagena y se encuentra ubicada al norte, a quince minutos del Centro Histórico. Rodeada de espesos manglares, dispone de playas amplias y tranquilas, quizás las más limpias de la ciudad, por cuanto su lejanía reduce la presencia de turistas, generalmente contactados en las concurridas playas de Bocagrande por intermediarios conocidos como “pide-pide”.
El territorio es un delicioso vividero de pescadores nativos, quienes han ayudado a consolidar la reputación de la gastronomía criolla. En sus restaurantes artesanales, de rústica y precaria construcción en madera y palma, es posible conseguir los mejores mariscos de la región. Sin embargo, la informalidad de los establecimientos, la arraigada práctica del rebusque y el entorno social de pobreza del sector, resultan factores determinantes para la comisión de desmanes a la hora de prestar servicios.
Con la complicidad de algunos propietarios, los “pide-pide” buscan a los turistas en las playas vecinas, los engatusan, los llevan a los sitios convenidos y en algunos casos les sirven de meseros, pero al entregar la cuenta elevan por encima del ciento por ciento los precios de los productos. Una posta de pescado de $20 mil sin intermediarios, puede elevarse a más de $50 mil, al nivel de los sofisticados restaurantes de La Heroica. Escándalos de esta índole se repiten con frecuencia. Desde una cuenta de $226 mil por el consumo de tres bandejas de pescado, hasta el cobro de $120 mil por dos limonadas de coco, o de $32 mil por concepto de “servicio a la playa”.
Pero el más aberrante hecho ocurrió la semana pasada cuando a un par de turistas franceses se les exigió cancelar $850 mil por sendas bandejas de mariscos. Tras su indignado rechazo, el arrepentido propietario finalmente fijó el valor de la cuenta en $80 mil. Luego, al abandonar la playa, los turistas fueron atacados con cuchillo y despojados de sus pertenencias, al parecer por los mismos sujetos que los llevaron hasta el lugar.
Grave es lo que pasa con el servicio y los exagerados precios, y las autoridades poco actúan. En 2015 la alcaldía de la localidad y los propietarios de establecimientos de comida firmaron un acuerdo para frenar los desmanes. Se determinó fijar un listado oficial y visible con los precios a pagar por los productos, pero la medida se incumple y la especulación sigue formando parte de la cotidianidad.
La ausencia de controles y de vigilancia abona el campo para el acoso, las arbitrariedades y la inseguridad. La Boquilla es un corregimiento carente de apoyo gubernamental, amenazado por problemas sociales, ambientales y económicos, y con bajo nivel de calidad de vida entre sus habitantes. Su principal fortaleza es el turismo, pero el aguacero de denuncias atenta contra su estabilidad y pone en riesgo decenas de plazas laborales. Lo que allí sucede afecta también la imagen de destino de Cartagena y compromete los esfuerzos que adelanta Corpoturismo para posicionar la ciudad en el mercado internacional.
Cultivar una práctica de buen servicio le permitiría a este paraíso natural aliviar su compleja crisis social y ser heroica protagonista de su propia independencia económica, con la certeza de dejar al mundo turístico con la “boquilla abierta”.