PASCUAL GAVIRIA 17 ENE 2017 – 9:00 PM
Rabo de paja
Un decreto presidencial de junio de 2003 creó el Instituto Nacional de Concesiones (Inco).
Por: Pascual Gaviria
El presidente Álvaro Uribe buscaba un organismo con la capacidad técnica para “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado”. Uribe llevaba un año en la Casa de Nariño a donde había llegado agitando una bandera contra la “corrupción y la politiquería”. Se hablaba de un instituto técnico y la palabra meritocracia rondaba los discursos y los documentos oficiales.
Pero la ronda de los congresistas comenzaba a hacer sus sugerencias y a presentar sus recomendados. Uribe conocía de sobra ese mundo que había negado durante su campaña presidencial. Mientras Andrés Uriel Gallego ponía los elementos químicos de bondad y la nota folclórica, el Inco comenzaba a llenar el sudoku del clientelismo y a poner las primeras notas de corrupción. Godos-costeños, decía en la casilla al frente del Instituto Nacional de Concesiones. Y comenzaron los líos.
El primer director en problemas fue Luis Carlos Ordosgoitia quien dirigió el instituto entre septiembre de 2004 y noviembre de 2006. Comenzó su vida política coko diputado en Córdoba en 1995 y fue representante a la Cámara en 1998. Su firma en el famoso Pacto de Ralito en 2001 lo sacó del Inco por la puerta de atrás. Durante el gobierno Pastrana también había tenido sus palomitas. Los vallenatos también merecían su cuota y por eso llegó Fabio Alberto Méndez Dangond. Una falsedad en sus papeles para posesionarse hizo que apenas durara dos meses al frente de la entidad. Apenas estaba conociendo a los contratistas. En 2013 llegaría la condena a ocho años por falsificar un título de maestría en finanzas del Externado de Colombia para cumplir los requisitos frente a la prueba química de Andrés Uriel. Quedaba pendiente la deuda con la gente del Cesar y para eso llegó Álvaro José Soto, un ingeniero de la Universidad Católica que había trabajado como secretario privado del destituido gobernador del Cesar, Rafael Bolaño Guerrero. Algunas conversaciones en manos de la Fiscalía muestran que el hombre sí alcanzó familiaridad con los contratistas: “El Mono ya habló con Álvaro José (Soto) de eso, pero dijo que a mí no me entregaran ni mierda”; al parecer era la voz de Álvaro Arias, un asesor del Ministerio de Transporte. Y la conversa seguía en la voz de un representante de los consorcios en busca de una licitación: “Me han llamado mucho estos muchachos para que les dé más platica (…) El siguiente paso es consolidarnos no solamente en el consorcio, sino ante todo en el grupo de trabajo, y pues si hay que dar $100 millones (…) Que los españoles vean que no estamos solos”. Álvaro José Soto y sus cuatro asesores renunciaron y se suspendió la entrega del corredor férreo entre Chiriguaná y Villa Vieja, un contrato de $1,3 billones.
En vista de que parecía físicamente imposible llevar al Inco a alguien que no armara un negocio propio o un problema ajeno, encargaron a Gabriel García con el empujoncito de los García Zucardi de Cartagena. Y mostró que sabía aprovechar la oportunidad. Para terminar y dejar descansar a los costeños llegó Julio César Arango desde Risaralda; entre otras credenciales mostraba la de ser presidente de la Fundación del Bambuco Colombiano. Salió peleado con Andrés Uriel al final del gobierno Uribe II y con su respectiva investigación en la Procuraduría por la licitación en la Ruta del Sol. El Inco sumaba más de diez directores en sus primeros siete años. Queda claro que Gabriel García no fue el único traicionero.