La ofensiva del alcalde Peñalosa contra el carro particular no solo les pone los pelos de punta a millares de ciudadanos que por este medio de transporte ejercen actividades económicas, sino a diversos sectores comerciales que con el paso del tiempo han disminuido las ventas, entre ellos decenas de empresas dedicadas al alquiler de vehículos para servicio turístico, un negocio que hoy en día resulta poco atractivo por sus bajos márgenes de rentabilidad.
El burgomaestre suele achacar buena parte de las dificultades de la ciudad a los automotores privados –desde los problemas de movilidad e inseguridad hasta la contaminación ambiental– y hacia ellos enfila toda la carga de profundidad. Para desestimular su uso se empecina en aumentarles las trabas, liberando las tarifas de los parqueaderos, tolerando el abuso en las fotomultas y sugiriendo propuestas alcabaleras, como cuando planteó el cobro de una elevada suma para eximirlos de Pico y Placa o cuando propuso –en el marco del Congreso de Movilidad y Transporte– buscar mecanismos para aplicarles un nuevo tipo de impuesto que subsidie el transporte masivo.
Transmilenio es una activa caja de ingresos para un puñado de particulares, pero un pésimo negocio para las arcas distritales, Dispone de una flota poco eficiente y envejecida, con buena parte de vehículos alimentados con combustible diésel y gas, que se acerca a las dos décadas la vida útil extendida y que compromete más del 70 % de la contaminación local. La adjudicación del reciente lote de buses para reemplazar el viejo parque automotor –y de la que se esperaba cambiara la historia– fue centro de duro debate en el Concejo por no satisfacer las expectativas de comprometer el uso de energías totalmente limpias.
Las zonas más contaminadas de Bogotá son aquellas por donde transitan buses, volquetas y transporte de carga pesada sin ningún control de emisiones, y en las que se hace más visible la erosión del suelo, el deterioro del pavimento, los residuos de basura y la suspensión del polvo vial. Un ejemplo patético se da en las localidades del suroccidente, a cuya complejidad de tránsito se les suman las actividades industriales y la explotación de canteras.
Pero Peñalosa y su inexpresivo secretario de Movilidad solo suelen ver la paja en el ojo ajeno. La cacería de brujas contra el vehículo privado desconoce una compleja realidad que se viene construyendo de tiempo atrás, con niveles de contaminación que doblan el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La administración, al final de cuentas, no ha asumido medidas radicales, efectivas y planificadas que permitan regular las diferentes fuentes contaminantes, algunas tan peligrosas como la industrial.
La reciente ampliación temporal de Pico y Placa puso en calzas prietas a comerciantes, arrendadoras de vehículos y centenares de turistas y hombres de negocios que llegaron a la ciudad y se quedaron literalmente varados. En el caso de las arrendadoras, la lluvia de cancelaciones castigó contabilidades, especialmente de pequeñas y medianas empresas obligadas a parquear su flota bajo la presión de sus elevados costos operativos.
Mientras en la ciudad no se controle el fuerte impacto ambiental producido por la industria, ni se priorice un sistema de transporte público menos contaminante –con un alcalde que se ponga pilas con los buses eléctricos–, ni tampoco se mejore la calidad y el aseo de las vías, la persecución al vehículo privado solo será una inflamable cortina de humo.
Sabía usted que… el costo promedio de alquiler de un vehículo en Bogotá oscila entre $90.000 y $400.000 diarios, valor que depende de su marca, gama y modelo…