13 enero 2020 –
Con preocupación y como un ataque contra la libertad de prensa y de expresión se mostró el Círculo de Periodista de Bogotá (CPB) ante las nuevas denuncias hechas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales con equipos sofisticados para espiar a políticos, magistrados, generales y sobre todo periodistas.
En un el informe titulado “Chuzadas sin cuartel” en la revista Semana, publicado este sábado 11 de enero, miembros de la inteligencia militar denunciaron cómo utilizaron de forma ilegal “sofisticados equipos” donados por organismos de inteligencia de EE.UU. para “fines ilegales”.
Según la información periodística se revelan también las verdaderas razones que llevaron al gobierno nacional para solicitarle el retiro al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, el 27 de diciembre de 2019 y se deduce que su salida se precipitó por el uso ilegal de esos aparatos para espiar a políticos, magistrados, periodistas e incluso a generales.
Luego de que se conociera la noticia, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el hecho y dijo que les hizo precisiones “muy claras” al Ministro de Defensa, al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Comandante del Ejército, para que las investigaciones por conductas reprochables vayan “hasta el fondo”.
Esta situación delicada y otras que atentan contra el libre ejercicio del periodismo en Colombia preocupan al Círculo de Periodistas de Bogotá, que ve con inquietud cómo con estas actuaciones se pone en riesgo la seguridad de los periodistas investigativos en el país. Solicita al gobierno nacional un pronunciamiento claro sobre estos hechos, mayor protección a los periodistas y garantizar la plena libertad para informar y ser informado.
CÓMO SE REALIZAN LAS INTERCEPTACIONES
“Amparados bajo las misiones legales y autorizadas se realizaban lo que acá se conocía con el nombre de ‘trabajos especiales’. Los blancos se dividían dentro de las diferentes compañías, la A, B, C y D. Al comienzo nunca sabíamos los nombres, los jefes nos daban los datos como teléfonos, correos, etc y ahí empezábamos a buscar la información. Conforme conseguíamos los datos nos dábamos cuenta del blanco. Los nuestros resultaron magistrados de la corte. A mi compañero de la compañía B le tocaron los periodistas, ahí estaba los mismos de siempre, según me dijo, pero no recuerdo los nombres”, contó a SEMANA uno de estos uniformados. “En todo esto no solo estuvimos del Bacim –batallón de ciberinteligencia-, también participó gente de las Baime 1 y 4 (batallón de inteligencia militar)”, dijo a Semana un segundo militar involucrado en los hechos.
Hace un poco más de una década magistrados, políticos y decenas de periodistas fueron espiados por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se empleó el término de “chuzadas” para calificar estas actividades.
Después de las denuncias realizadas por los implicados, el gobierno nacional determinó acabar con el organismo de seguridad y la justicia llevó a los estrados y fueron condenados entre otros, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a siete años, 10 meses y 15 días de cárcel el también exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar “interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial”.
El CPB también solicita la actuación e investigación eficaz y urgente por parte de los órganos de control de las denuncias expuestas por la Revista Semana y, en particular, los casos que atentan contra el periodismo nacional y tomar medidas que garanticen las libertades plenas, propias de países democráticos.