28 Junio 2019.
Foto: EDWIN BUSTAMANTE.
No había transcurrido la primera hora de deliberaciones ayer en la Asamblea General de la OEA cuando la delegación de Uruguay se levantó de la mesa y abandonó definitivamente el evento. La razón: la presencia en la sala de Plaza Mayor en Medellín de la representación de Venezuela, elegida por el presidente interino Juan Guaidó.
Tomado de: El Colombiano.
El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, –quien estaba al lado del encargado venezolano, el diputado opositor Julio Borges– pidió la palabra para indicar que permanecer en la reunión equivalía a reconocer “un nuevo gobierno en Venezuela, y eso no debería permitirlo ninguna nación democrática del continente”.
A su reclamo –aunque sin retirarse– se sumaron 9 países, casi un tercio de los 34 que componen la OEA: Bolivia, Nicaragua, México, Granada, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas.
El argumento común es que, en 2017, el gobierno de Nicolás Maduro demandó la Carta de la OEA, lo que equivale a retirarse del organismo. Según los estatutos acordados entre los países, esta salida debió entrar en vigencia en abril de este año.
La bandera de la discordia
La disputa sobre la presencia de Venezuela en la Asamblea tiene un debate de fondo claro: ¿Quién es el presidente en ese país? Para Colombia, Argentina, Brasil y otros 15 países miembros de la OEA la respuesta es el mandatario interino Juan Guaidó.
Por eso, en abril de este año, por mayoría simple, aceptaron a su embajador, Gustavo Tarre, como designado ante la OEA. Con ello, Guaidó obtuvo la capacidad de votar las decisiones de este organismo como un Estado más y, de alguna forma, dio un paso para concretar en hechos reales su mandato.
Sin embargo, el resto de países del organismo tienen otras posturas sobre la legitimidad del opositor. Consultado por EL COLOMBIANO, el vicecanciller uruguayo contestó: “El presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro. Eso no quiere decir que seamos sus cómplices, ni que estemos de acuerdo con él”.
Como explica Javier Sánchez, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Antioquia, “la postura de Uruguay tiene sentido. Venezuela ejerció su derecho salir de la OEA porque consideró que el secretario general, Luis Almagro, estaba interviniendo en sus asuntos internos”.
En contraposición, Milagros Betancourt, profesora venezolana de derecho internacional, señala que en febrero de este año Guaidó solicitó a la OEA la suspensión del proceso de salida de su país, la cual fue aceptada por la secretaría general. De fondo, la disputa tiene más de político que de jurídico y pone en evidencia una división que la OEA refleja como el espejo más directo del continente.
El dilema del acuerdo
Para analistas como Betancourt, incluso más que la ausencia de Uruguay, la ruptura más grave que se dio ayer en la OEA fue la de los 9 países en contra de la presencia de Venezuela que permanecieron en la Asamblea.
México, por ejemplo, a través de su embajadora Luz Elena Baños, manifestó que “se reserva el derecho a cuestionar la validez de todos los actos y decisiones que emanen de la Asamblea General”.
Con esto, tal como señala Betancourt, “se marca un muy mal precedente para la organización”, cuyos pronunciamientos quedarían en duda.
De hecho, el propio viceministro uruguayo manifestó tras retirarse de la sala que sus prevenciones con el manejo de la OEA van mucho más allá de Venezuela y que el organismo estaría ante un proceso de “deterioro de su institucionalidad”.
Esta lectura plantea un escenario oscuro para este espacio multilateral. Uno en el que, como señala Luis Felipe Jaramillo, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Medellín, “el enfoque en causas como Nicaragua y Venezuela haya minado su capacidad de lograr consensos entre los países miembros”.
Las grietas quedaron expuestas recién iniciar y, hoy, la OEA encara en Medellín su último día de Asamblea General con el reto de la unidad enfrentado a una silla vacía y casi una decena de países que miran con desconfianza