Por medio de una reforma a la Constitución local, el Estado queda obligado a proteger y garantizar el ejercicio del periodismo, no sólo en situaciones en las que quienes ejercen esta actividad se encuentren en situación de riesgo.
Tomado de: El Diario de COAHUILA.
El pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al Artículo 8 de la Constitución local, en la que se establece esa obligación al Gobierno del Estado, a fin de otorgar estas garantías, conforme a lo que establece la ley, los tratados internacionales y la Constitución Mexicana.
Es una iniciativa planteada por la diputada María Eugenia Cázares Martínez, en la que advierte que el ejercicio del periodismo debe estar garantizado por el Estado en todo momento, y no sólo bajo las llamadas situaciones de peligro o riesgo.
En la exposición de motivos, el dictamen indica que esta actividad se ve afectada por otras expresiones y acciones como: la censura informativa, la persecución política, la creación de leyes o reformas tipo mordaza, los bloqueos a las redes sociales, el espionaje a periodistas en lo individual.
VETOS COMERCIALES
Mientras que a los medios de comunicación se aplican vetos comerciales silenciosos para evitar que sus espacios sean contratados por los anunciantes, el otorgamiento de concesiones de radio bajo fines políticos y comerciales preferentes, los ciberataques y el acoso a las mujeres periodistas, entre otras formas de inhibir y coartar el ejercicio del periodismo.
Advirtió que la impunidad en los crímenes contra los periodistas es otro fenómeno que el Estado debe combatir a fondo.
En la propuesta se refiere a la Ley para la Protección de las y los Periodistas, la cual establece las medidas que el estado debe implementar para brindar protección a las personas que ejercen el periodismo, en caso de que estén en riesgo sus vidas debido a las actividades que realizan. Con la reforma al Artículo 8 de la Constitución local se precisa que esa protección a los periodistas debe ser en todo momento y no sólo en situación de riesgo.