11 Junio 2019.
Foto: Héctor Fabio Zamora.
Gobierno, Fiscalía y miembros de algunas bancadas firmaron un acta de última hora para intentar salvar el proyecto de ley que busca imponer mayores castigos y la pérdida de privilegios para funcionarios corruptos.
Tomado de: El Tiempo.En una carrera contrarreloj, Germán Varón, uno de sus ponentes, logró que Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez, en nombre de ‘la U’; Rodrigo Lara, por Cambio Radical; Luis Fernando Velasco, por los liberales; y Alexander López, del Polo; suscribieran un pacto en donde se salvan algunos obstáculos que venían retrasando su difícil aprobación.
De hecho, si el proyecto no se empieza a discutir hoy, podría hundirse. El problema es que el presidente del Senado, Ernesto Macías, lo tiene de décimo en el orden del día, lo que lo tienen en franco riesgo.
EL TIEMPO accedió al acta, que también está firmada por Jhon Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres y Angélica Lozano, del Partido Verde, y estableció que entre los acuerdos está el tema de la financiación de campañas.
De manera expresa de “prohíbe que el servidor público de elección popular realice cualquier gestión para que la persona natural o jurídica que financió en cualquier monto su campaña política reciba contratos o subcontrataciones en entidades públicas”.
De ser aprobada, la inhabilidad se extendería por todo el período para el cual el candidato fue elegido.
Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.
También se establece una inhabilidad para contratar para personas naturales condenadas por corrupción. La novedad es que la inhabilidad también cobija a la empresa o empresas usadas para ese ilícito.
“Esta inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria (…) Asimismo, la inhabilidad se extenderá a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas, a los grupos empresariales a los que estas pertenezcan cuando la conducta delictiva haya sido parte de una política del grupo y a las sucursales de sociedades extranjeras, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”, reza la norma.
También se prevé el fin de los privilegios carcelarios para los corruptos y el aumento de penas para delitos como enriquecimiento, concusión y cohecho.
Esta es el acta pactada, que también fue suscrita por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el fiscal encargado, Fabio Espitia.