Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB
Tragedias como la de Guatapé y otras más denunciadas recientemente ventilan un problema grave en materia de seguridad, en lo que concierne a la prestación de servicios en actividades turísticas. El aumento sustancial de viajeros por las regiones de Colombia, que prácticamente se dobló en el último quinquenio y medio, multiplicó la oferta y, al parecer, desbordó tanto la disposición como las capacidades de las autoridades para ejercer control y vigilancia sobre las empresas prestadoras.
La presencia de operadores irregulares no solo se tipifica a través de las agencias de viajes informales que surgen de las tinieblas para dejar con los crespos hechos y sin dinero a millares de turistas. Como la mermelada, se esparce entre el universo de los prestadores de servicios, especialmente en aquellos dedicados al transporte terrestre, marítimo y fluvial y al turismo de aventura.
La embarcación de tres pisos hundida en el embalse antioqueño —con saldo hasta la fecha de siete víctimas mortales y 15 desaparecidos— ya había tenido incidentes similares en épocas recientes, según denuncias de algunos lancheros, que advertían sobre la inminente amenaza de un percance de mayores proporciones. Detectados los inconvenientes, los propietarios hicieron reparaciones, pero no existe confirmación técnica gubernamental que garantice la viabilidad de las mismas. En Cartagena, un año y medio atrás, naufragó una lancha que llevaba turistas extranjeros, y aunque contaba con permisos, presentaba documentos en regla y estaba habilitada para el transporte de pasajeros, pocos sabían que tenía fallas desatendidas en su motor.
Hace 15 días, el programa “Séptimo Día” de Caracol Televisión denunció varios casos en los que entusiastas y confiados turistas resultaron ser víctimas fatales de servicios irregulares prestados por empresarios inescrupulosos y promovidos, incluso, en las páginas oficiales de entidades públicas. La práctica desordenada del bungee jumping en la represa de El Guavio; el uso de puentes colgantes sin mantenimiento en la vereda El Carmen, a pocos kilómetros de Villavicencio, y un accidente controversial en el Parque Ecológico La Periquera, cercano a Villa de Leyva, ponen sobre el tapete la negligencia administrativa para controlar el sector.
El riesgo de hacer turismo en el país no solo se da por la existencia de negocios piratas, sino por la ausencia de vigilancia a las mismas empresas certificadas, a las que no se les confronta ni comprueba el cumplimiento de las disposiciones legales para garantizar la confianza en el turista. Tan grave, como el saldo de muertos, es que nadie, ni personas ni entidades, responde por las siniestras consecuencias de un mal servicio. La justicia, como suele suceder, se aletarga bajo los calores de la impunidad.
Son recurrentes las denuncias sobre propuestas de turismo que no coinciden con lo ofrecido y que a la hora de la verdad, en el escenario menos lamentable, solo terminan en un fiasco para el turista y en altos costos para su bolsillo. Los paraísos de vacaciones que tantas veces ofertan avivatos y timadores encubren promesas engañosas que transforman en calvarios los sueños e ilusiones de los viajeros.
Suenan suficientes alarmas para que las autoridades se decidan a regular las modalidades turísticas y a combatir las perversas prácticas utilizadas por algunas empresas formales y por aquellas de garaje que de manera artesanal e inapropiada se dedican a la promoción de alternativas en la industria, volteándole la espalda a elementales exigencias de seguridad. El Ministerio de Industria y Comercio, el de Transporte, la Superintendencia del ramo y las administraciones locales están obligadas a verificar el cumplimiento normativo y sancionar a los infractores.
El turismo no puede convertirse en escenario de tragedia por falta de controles oficiales y por el proceder de empresarios irresponsables amparados en una floreciente actividad comercial, por la que finalmente resultan pagando justos por pecadores.
Tomado: El Espectador