Simpatizantes del acuerdo de paz en la Plaza de Bolívar de Bogóta, Colombia Credit: Ivan Valencia/Associated Press
Entre las docenas de personas que hablaron ante el congreso esta semana en Colombia, en las plenarias para refrendar el acuerdo de paz modificado entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país, Richard Moreno sobresalió. No es usual que hombres como él tengan la oportunidad de confrontar a la élite política del país. Entonces, cuando se paró frente a ellos en el senado, Moreno, un activista del Chocó, uno de los departamentos más pobres y azotados por la violencia, no habló. Vociferó.
“La historia les cobra que quisieron dejarnos 52 años más dándonos plomo entre colombianos”, expresó Moreno a los críticos del acuerdo. “Porque muchos de esos que quieren que el conflicto siga, sus hijos no van al ejército, sus hijos no los recluta la guerrilla, sus hijos, cuando esto se aprieta se van para el exterior”.
Al final, el acuerdo fue ratificado en el senado y la cámara de representantes. Sin embargo, este logro que abre el camino para el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha sido recibido con más dudas que alegría.
La última etapa de las negociaciones de paz, que comenzaron en 2012, polarizaron profundamente al país. En octubre, los colombianos rechazaron la versión anterior del acuerdo en un plebiscito por una pequeña minoría (54.000 votos). Esto obligó al presidente Juan Manuel Santos a volver a la mesa de negociación para buscar más concesiones de las Farc. El equipo negociador del gobierno logró un nuevo acuerdo en el que las Farc se comprometieron, entre otras medidas, a entregar todos sus bienes para reparar a las víctimas. Sin embargo, los legisladores críticos al acuerdo todavía consideran que dichas concesiones no son suficientes, por lo cual se salieron del recinto a la hora de la votación.
Ahora que el acuerdo ha sido refrendado, el congreso debe actuar rápidamente para aprobar una serie de leyes y reformas que darán vida jurídica al proceso de paz. Estas incluyen una ley de amnistía para los guerrilleros rasos, un marco jurídico para el sistema de justicia transicional y un camino para que las Farc establezcan un partido político. Santos busca pasar estas iniciativas por un camino más expedito que el que exige normalmente la ley colombiana y el país está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si el llamado fast-track se puede utilizar en estas circunstancias, lo cual podría suceder la próxima semana.
La Corte Constitucional debería permitir el fast-track. Si no lo hace, Colombia se enfrascaría en meses de debates extendidos mientras los combatientes de las Farc viven en un limbo en las selvas del país, lo que haría aún más frágil el cese bilateral de hostilidades con el gobierno. Si las iniciativas se aprueban en breve, el desarme de la guerrilla podría comenzar antes de fin de año bajo la supervisión de las Naciones Unidas.
Cuando Moreno habló ante el congreso, no se concentró en los desacuerdos legales o de procedimiento que convirtieron el debate sobre la paz en una conversación tóxica. Para él, y para muchos otros, el país enfrenta una decisión mucho más urgente: darle una oportunidad a la paz tras cinco décadas de conflicto y violencia. Los jueces y legisladores de Colombia ahora tienen la obligación de convertir esa promesa en realidad lo antes posible.