Un tesoro hundido en los bloques de expedientes del Consejo de Estado fue descubierto por un magistrado relativamente nuevo que se dispone a rescatarlo del naufragio. El proceso es un capítulo más de 23 años de guerra judicial iniciada por la empresa ‘cazatesoros’ Sea Search Armada, en su lucha por la reclamación de la totalidad del botín hallado en Galeón San José.
La aparición de la legendaria nave en aguas del mar Caribe colombiano, que fue durante años la protagonista del realismo mágico del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, fue anunciada al mundo a finales del 2015 por el presidente Juan Manuel Santos.
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Para esa misma época, el primer mandatario posesionó al magistrado de la Sección Segunda William Hernández, quien tardó solo días en descubrir que en su despacho estaba el expediente “madre” del galeón. Nulidades, impedimentos, recursos, cambios de magistrados y hasta cambios de legislación lo habían hecho desaparecer del mapa.
Después de años de dar tumbos de despacho en despacho, Hernández se alista para terminar de proyectar el fallo sobre la verdad judicial del galeón. El documento será la base de la Sala Plena del Consejo de Estado emita quizás el fallo histórico más importante del país. Se espera que la ponencia sea entregada a los demás magistrados en dos semanas.
El tesoro perdido
El buque fue atacado el 8 de junio de 1708 cuando llevaba una carga calculada en 10.000 millones de dólares, sin contar lo que haya entrado en el barco por contrabando.
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El buque cargó en Cartagena, después en Portobelo (Panamá) y partió rumbo a Cádiz acompañado de una flotilla de naves. El ataque de piratas ingleses lo hizo desviar nuevamente a Cartagena y en medio del asalto, en lugar de robarlo, lo hundieron por accidente, junto con otras cinco embarcaciones que lo custodiaban.
Varias empresas ‘cazatesoros’ atraídas por la historia del más valioso de los galeones sumergidos llegaron al mar Caribe colombiano. Sin embargo, fue la Glocca Morra, hoy Sea Search, la que obtuvo del Director Marítimo y Portuario en 1982 el carácter de “denunciante”. Este título, a su juicio de la empresa, les concede derechos de exploración y de propiedad sobre los hallazgos.
A través de la Resolución 354 del 3 de julio, el gobierno colombiano le concedió también este estatus con base en un reporte de carácter confidencial que contiene las coordenadas de la ubicación de un tesoro o especie náufraga en el mar Caribe colombiano. Esa es la base de una guerra jurídica contra Colombia, por cuenta de la cual Sea Search solicitó en 1994 la propiedad del 100 % de uno de los botines más codiciados del planeta.
Desde entonces, muchos han sido los pronunciamientos, nacionales y extranjeros, sobre la propiedad del galeón. Sin embargo, aún ninguno parece dar en el blanco, ni ser definitivo.
La guerra jurídica
La Corte Suprema de Justicia en el año 2007, presumiendo la legalidad de los títulos, procedió a resolver cómo debía ser la repartición del botín en caso de ser hallado: El 50 % del tesoro y no del patrimonio cultural le corresponde a la firma estadounidense.
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Para pedir que la justicia se pronuncie sobre la legalidad de los títulos, el profesor Antonio José Rengifo, doctor en derecho del mar de la Universidad de Londres y director de Centro de Pensamiento de mares y Océanos de la Universidad Nacional, interpuso una acción popular en el año 2012.
Para algunos expertos no es válido cuestionar los títulos después de 20 años de proferirse, pues esto puede traer argumentos contra Colombia de parte de Sea Search Armada por falta de seguridad jurídica. Sin embargo, el demandante argumenta ante el Consejo de Estado que es en los títulos en donde comienza una cadena de acciones irregulares y que por eso, el Estado debe corregir sus acciones.
En medio de un mar de fallos judiciales en el país y afuera, surge la pregunta: ¿Qué tan valioso puede ser el fallo del Consejo de Estado?
Lo que viene
Jurídicamente, este es el último recurso que le queda al proceso del Galeón San José. Se trata de una solicitud de revisión eventual (una especie de casación en lo penal), por la cual el alto tribunal podrá revisar todas las actuaciones en Colombia sobre ese caso.
El Consejo de Estado deberá determinar algunos aspectos legales de mucho peso. Por ejemplo, entre los asuntos en cuestión está si hay lugar para la protección de los derechos colectivos, si hay causales para anular los títulos de la Dimar, si la recompensa para los ‘cazatesoros’ se fija con el Código Civil (como lo hizo la Corte) o con las leyes de la época. Incluso, fuentes aseguran que es muy posible que el caso genere un choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, por el fallo que había proferido en el pasado.
El expediente que reposa hoy en el Consejo de Estado tiene entonces un valor histórico y económico incalculable. El caso estará en manos del magistrado Hernández, un abogado que viene del Tribunal Administrativo de Caldas y que llegó a la Sección Segunda a finales del 2015. Desde entonces viene dando con sigilo importantes golpes judiciales.
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Hernández fue quien presentó los proyectos de fallo con los que busca revivir políticamente a dos protagonistas de la política casi que antagónicos: Gustavo Petro y Fernando Londoño. También fue el que “rescató” a Piedad Córdoba de su sanción más dura: la que le impuso el procurador por supuestos vínculos con las FARC, y también quien salvó la investidura del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, de las arremetidas del uribismo.
Ahora, mientras Sean Search pelea por las coordenadas reservadas del tesoro y el Gobierno se defiende con que fue hallado lejos de éste perímetro, el consejero de Estado se dispone a apuntar a un blanco certero que permita pasar la página de 23 años de guerra judicial.