10 Junio 2019.
Después de pocos debates parlamentarios y muchos “micos”, salió esta ley que afecta seriamente a las telecomunicaciones y a los medios que son vitales para nuestra democracia.
Juan Carlos Garzón Barreto*
Tomado de: Razonpublica.com
La aprobación
El pasado 5 de junio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El trámite legislativo no estuvo exento de polémicas:
- Los congresistas de oposición y algunas organizaciones ciudadanas afirmaron que la ley daría paso a la censura, pues creaba una entidad reguladora cuya independencia estaba en duda;
- La Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) castigó a Santiago Rivas y a su programa Los Puros Criollos por su posición respecto del proyecto. El escándalo produjo la renuncia del gerente de RTVC, Juan Pablo Bieri;
- Inicialmente, los canales públicos regionales rechazaron el proyecto, y argumentaron que desfinanciaba la televisión pública;
- La Contraloría General de la República advirtió sobre la falta de estudios financieros del proyecto y el posible detrimento patrimonial;
- Al acabar con la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el Estado deberá despedir a los comisionados de período fijo de dicha entidad, y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), lo que representará indemnizaciones por más de tres mil millones de pesos;
- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitó al Gobierno la garantía del derecho fundamental a la consulta previa, al considerar que se podían afectar los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas;
- Una “lluvia” de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés de algunos congresistas y de funcionarios del ejecutivo retrasó la discusión.
Durante el trámite del proyecto de ley, los congresistas radicaron más de 200 proposiciones para modificar el articulado presentado por el Ministerio de las TIC. En el “menudeo” parlamentario, los congresistas pidieron, entre otras cosas:
- Financiar partidos de fútbol;
- Conceder una amnistía general a los investigados por infringir las normas de telecomunicaciones;
- Extender el plazo de exención de contraprestaciones a los “empresarios” de medios comunitarios;
- Permitir que el consorcio de la televisión abierta sea el proveedor de la red digital para quienes entren al negocio del tercer canal;
- Reformar el Código Penal en lo referente a redes e infancia;
- Hacer estudios para proteger a los niños en las redes.
Aunque gran parte de las propuestas fueron ignoradas, de la negociación con el legislativo surgió una versión distinta de la que el Gobierno propuso inicialmente.
Pero ¿en verdad estamos ante una modernización de las TIC?
Una ley incompleta
La gran falla del proyecto aprobado es separar las telecomunicaciones de los contenidos: por un lado, provee estímulos atractivos para quienes prestan las redes y servicios de telecomunicaciones, pero por otro lado abandona a su suerte a los medios nacionales y a los profesionales de la comunicación.
La nula definición ideológica de los partidos y de los congresistas, y la visión estrecha del Gobierno impidieron que se aprobara una ley convergente, es decir, una que permitiera atender en conjunto las necesidades del sector de las TIC y de la industria de medios.
La gran falla del proyecto aprobado es separar las telecomunicaciones de los contenidos:
Los investigadores Martín Becerra y Guillermo Mastrini han usado el concepto de lo infocomunicacional para explicar que la producción de contenidos de la información y los procesos de comunicación y distribución por redes se están articulando. Por eso no es posible regular por un lado las redes y por otro los contenidos. En el paradigma de la convergencia, desconectar telecomunicaciones y contenidos equivale a volver por otra vía, irreflexiva y artificiosa, al sistema de la regulación por servicios.
 El gobierno no fue capaz de crear una ley convergente que juntara los medios de comunicación públicos con las redes. Foto: RTVC |
En un empeño por conectar a todo el país, la ley TIC incentiva a los privados a llevar las telecomunicaciones a lugares donde normalmente no lo harían:
- Amplía la concesión del espectro electromagnético de diez a veinte años, para que los privados tengan más tiempo para recuperar lo invertido;
- Permite que los operadores le paguen al Estado una parte de sus obligaciones con servicios, y no con recursos financieros;
- Da prioridad a los operadores que puedan hacer más obras, y no a los que puedan pagar más.
Pero mientras tiende la mano a los proveedores de redes, infraestructura y servicios de telecomunicaciones —que en 2017 facturaron 32,8 billones de pesos—, la ley TIC ignora la crisis de empleo de los trabajadores de la comunicación y de sostenibilidad de la industria nacional de los medios radiales, audiovisuales, digitales e impresos.
A diferencia de lo que repiten irreflexivamente los partidos de oposición, los medios no se reducen a la propiedad de “los tres hombres más ricos de Colombia”. En total, existen más de un centenar de proyectos mediáticos y de comunicación nacionales, los cuales se agrupan en la Asociación de Medios de Información (AMI) y en la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (ASOMEDIOS).
Según cifras de ASOMEDIOS, en 2018, las empresas de medios compartieron una torta publicitaria de aproximadamente 1,8 billones de pesos. En contraste, de acuerdo con los datos del Ministerio de las TIC, el operador extranjero dominante de telefonía móvil controla el 46,8 por ciento del mercado de telefonía móvil, y facturó 8,1 billones de pesos en 2017.
Además, según la Liga contra el silencio, “entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, alrededor de 320 personas perdieron sus empleos” en los medios de comunicación. La cifra es preocupante en un país que graduó a 31.383 comunicadores sociales y periodistas entre 2001 y 2017.
El panorama empeora si consideramos que entre 2016 y 2018, un medio reconocido como el Canal RCN tuvo pérdidas por 420.355 millones de pesos, lo cual equivale a dos veces los recursos que la ANTV asignó a los operadores públicos entre 2015 y 2018 (210.172 millones de pesos).
Para responder a esa crisis, propuse que con los 50 millones de dólares que actualmente se recaudan por el impuesto al suministro de servicios en plataformas (consagrado en el artículo 180 de la Ley 1819 de 2016) se cree una cuenta única en el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC). Con ese dinero se puede financiar la producción y circulación de los contenidos que producen los medios de comunicación.
Con esa cuenta especial, se podrían aportar recursos para que los colombianos sigan accediendo gratuitamente a los formatos digitales de algunos periódicos como La Patria, Vanguardia Liberal, El País, La Opinión, El Colombiano, Voz Proletaria etc. Ese dinero también serviría para brindar apoyo a los portales digitales especializados, a los medios audiovisuales y a los productores independientes, étnicos y alternativos.
 Mejorar la conexión en zonas apartadas, una de las apuestas de la ley ¿Lo logra? Foto: Ministerio de Telecomunicaciones |
Una iniciativa de este tipo permitirá a dichos medios compensar costos, obtener utilidad razonable, garantizar el empleo en el sector y fomentar el pluralismo. Pero, ante todo, eso demostraría que una sociedad madurada en el conflicto puede invertir recursos públicos en contenidos e información de calidad, como una estrategia para cuidar la salud de la democracia.
No habrá modernización
Al final, la ley no cumplió con su propósito de modernizar las TIC: suprimió la ANTV y no creó un regulador único ni independiente del poder ejecutivo.
Por el contrario, la ley trasladó importantes funciones de regulación y gestión del sector al mismísimo despacho del Ministerio de las TIC, en contravía de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La ley TIC ignora la crisis de empleo de los trabajadores de la comunicación.
La ley permite un régimen único de habilitación y contraprestaciones económicas, lo que compromete seriamente el flujo financiero y las finanzas públicas sectoriales. También establece un Fondo Único de TIC a merced del ejecutivo y condena a la televisión pública a un cómodo presupuesto vegetativo.
Podría el presidente Iván Duque objetar la ley por el posible detrimento al Estado y por la falta de estudios de impacto financiero que detectó la Contraloría. También la ley podría ser considerada inconstitucional por vulnerar el régimen de televisión establecido en el artículo 77 de la Constitución; y, por ceder el espectro electromagnético a un mercado secundario y recibir el pago en obligaciones de hacer, lo cual según la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) contradice la jurisprudencia constitucional sobre pluralismo, competencia y apropiación del espectro, contenida en las sentencias T-081 de 1993, C-151 de 2004 y C-423de 1995.