16 Julio 2016.
Tomado de: Portal web Diario 16.
El asunto de las acciones que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, posee en el periódico castellonense Mediterráneo plantea algunas cuestiones sobre la crisis del periodismo en nuestro país, que no solo está originada por la grave situación económica y la revolución tecnológica digital sino que pasa por otros componentes igualmente importantes, como las subvenciones públicas que sirven para silenciar a los medios de comunicación regionales; la entrada en el negocio periodístico de constructores, banqueros y otros empresarios que nada saben de hacer periódicos; y la brutal precariedad que padecen los profesionales, es decir los periodistas.
Puig ha reconocido que efectivamente posee 210 acciones del periódico de Castellón desde los años 80, cuando dejó de ser periodista para dar el salto a la política en tiempos de Joan Lerma. El president siempre ha dicho que mantuvo aquellas participaciones por puro “sentimentalismo”, como un recuerdo a sus viejos tiempos de reportero. Es cierto que las acciones le han reportado unos modestos dividendos, unos 11.000 euros, según El Confidencial, apenas unas migajas si se compara con las ganancias de Mediterráneo, periódico especializado en información de fiestas, sucesos y suplementos publicitarios que durante años ha sido una auténtica máquina de ganar dinero. El diario de Castellón aprovechó la pujanza de la industria azulejera durante los años de la burbuja inmobiliaria para hacer caja y siempre rindió buenos resultados. Otra cosa es que la dirección repartiera beneficios con los periodistas, que a fin de cuentas son los que se baten el cobre buscando las noticias.
Pues es en ese periódico que a finales de 2003 calificó el Caso Fabra como Caso Naranjax (para tapar de alguna manera las vergüenzas de aquel presidente popular de la Diputación castellonense metido en turbios asuntos) donde el socialista Ximo Puig mantiene sus acciones, pese a que algunos de sus más allegados le aconsejaron que las vendiera para evitar problemas. Por mucho que el president diga ahora que no acude a los consejos de accionistas y que no participa en nada en las decisiones editoriales, lo cual puede ser cierto, cabe preguntarse: ¿es éticamente admisible que un político tenga una cuota de influencia como accionista en un medio de comunicación regional cuya primera obligación es ser crítico con el poder, sea del PSOE o del PP? Ciertamente parece difícil. Sobre todo si tenemos en cuenta que con Puig al frente de la Generalitat Valenciana, Mediterráneo ha recibido cerca de 600.000 euros en publicidad institucional de la Administración autonómica. Regar un medio de comunicación con dinero público mediante suculentos contratos publicitarios es el primer cáncer de la prensa española actual (no solo la de ámbito regional, sino también la nacional). Por culpa de ese mal que estrecha (quizá demasiado) los vínculos y las relaciones entre periodistas y políticos, los medios de comunicación han perdido libertad de maniobra, capacidad crítica, combatividad e imparcialidad, ese rasgo primordial del oficio que por desgracia abunda cada vez menos en el panorama periodístico español.
Pero el caso de las acciones de Ximo Puig en el periódico Mediterráneo, hasta ahora en manos del Grupo Zeta, chirría aún más después de que el diario castellonense haya pasado a manos de Editorial Prensa Ibérica (EPI), el holding de Javier Moll cuya primera cabecera es Levante-EMV, un periódico de línea editorial bastante próxima al ideario socialista y con buenos contactos en el PSOE valenciano. Según El Confidencial, los medios de EPI también reciben su parte en las subvenciones oficiales.
Pero el círculo de desprestigio para la prensa regional, en este caso para Mediterráneo, ese periódico que tan buenos recuerdos trae a Ximo Puig, se cierra cuando se comprueba que junto a él, también como accionistas y tal como publica, una vez más, El Confidencial, hay otros socios como la familia Batalla. “Gabriel Batalla, hijo del fundador del grupo Lubasa (después Obinesa) se vio envuelto en el caso Gürtel por las aportaciones que sus empresas, muchas de ellas contratistas de la Administración, hicieron al Partido Popular de Francisco Camps a través de Orange Market para financiar actos de las campañas de 2007 y 2008”, asegura el diario digital. Y añade: “Batalla confesó los hechos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que rebajó su petición de pena a una multa económica y no pidió cárcel para él. Lo mismo ocurrió con Enrique Gimeno, dueño de Sociedad Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), que figura como accionista del periódico a través de Viviendas Benicàssim. Su porcentaje es inferior al 2%”.
Al igual que Ximo Puig, los dos grupos empresariales de la construcción se han convertido, de alguna manera, en socios de Editorial Prensa Ibérica, que a partir de ahora controlará los periódicos líderes en las tres provincias valencianas: Mediterráneo en Castelló, Levante-EMV en Valencia e Información en Alicante. Por supuesto, todos estos negocios que se mueven en las tripas de las grandes empresas periodísticas −que ya no están controladas por periodistas sino por constructores y otros empresarios (cuando no bancos)− no hacen sino degradar aún más la denostada profesión del periodismo de España. Ese sería el segundo gran cáncer: las nefastas influencias del gran capital en el mundo de la prensa.
Pero todavía hay una tercera enfermedad mortal en la prensa, un tercer cáncer que se une a las connivencias entre políticos y periodistas a través de las subvenciones oficiales y a la participación de empresarios y financieros ajenos al mundo editorial: la precariedad y la inseguridad laboral en la que terminan cayendo los periodistas, profesionales sometidos a las directrices de los grandes consejos de administración formados por las gentes del dinero. No en vano, tras culminar Moll la adquisición del Grupo Zeta, y por consiguiente de Mediterráneo, ha terminado cerrando la delegación de Levante de Castelló, un periódico con más de 25 años de historia que ha destapado sangrantes casos de corrupción política. Como era de prever tras el cierre, buena parte de la plantilla ha pagado el pato de los grandes negocios de los magnates del sector periodístico y han terminado injustamente en la cola del