21 enero 2020 –
Un juez de Bogotá negó la tutela con la que el exfiscal general pretendía que la columnista de SEMANA María Jimena Duzán rectificara tres publicaciones. Estas hacen referencia a las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía capturados por interceptaciones ilegales. «Quedamos a merced de los delincuentes», insistió Martínez.
Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo firmaron una confesión que causó gran revuelo. Ambos exfuncionarios del búnker, que buscan un cupo en la Jurisdicción Especial de Paz, aseguraron haber chuzado ilegalmente desde las salas interceptación de la Fiscalía contando con «el pleno respaldo y conocimiento» del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Las declaraciones fueron reveladas por la columnista de SEMANA María Jimena Duzán a través de tres publicaciones del tema, todas difundidas por este medio de comunicación. En los informes periodísticos, Duzán lanzó duros cuestionamientos a la actuación de Martínez, quien a su vez respondió acusando a la periodista de crear una «obsesiva empresa de infundios en su contra».
El 19 de diciembre, Martínez Neira reclamó una rectificación por parte de la periodista por cinco de sus afirmaciones. Una de estas, relacionada a que uno de los blancos de las interceptaciones ilegales de Martínez fue el abogado Álex Vernot, actualmente preso supuestamente por intentar desviar a uno de los testigos estrella del caso Hyundai.
Martínez también alegó que no es cierto que haya interceptaciones ilegales hechas desde el Sistema Esperanza que no puedan rastrearse. Y señaló que pese a que el actual fiscal encargado Fabio Espitia y el vicefiscal Jaime Camacho desmintieron que políticos y negociadores de paz fueran chuzados por la Fiscalía, la periodista Duzán se empeñó en dar por ciertos tales hechos y sin fórmula de juicio señalarlo a él y a otros altos funcionarios de la Fiscalía como conocedores de tales actos ilegales.
En menos de 24 horas, la periodista publicó su respuesta. A través de un escrito titulado «Mis opiniones no son rectificables», aseguró que se limitó a comentar y a opinar acerca de las graves acusaciones que exfuncionarios de su Fiscalía han lanzado en contra suya. «Ninguna de mis opiniones recoge una información que haya suministrado la suscrita, sino mis criterios sobre lo que afirman quienes fueron sus subalternos. (…) Ni sus amenazas ni sus destempladas ofensas me intimidan», aseveró.
La respuesta de la columnista fue usada por Martínez para elevar una acción de tutela ante el juez 29 de Ejecución de Penas Hugo Fernando Matallana Gaviria. Para el exfiscal, las publicaciones violaban sus derechos fundamentales a la honra y buen nombre.
El juez acaba de emitir una dura respuesta al exfiscal Martínez y negó todas sus pretensiones. A pesar de que la decisión asegura que la periodista fue notificada del trámite, no hubo ninguna contestación adicional. Por lo que varias de las valoraciones del juez se basaron en las publicaciones divulgadas a través de SEMANA.
El funcionario judicial, señaló en primer lugar que las acusaciones por interceptaciones ilegales a diferentes personajes de la vida pública desde la Fiscalía no fueron una «invención de Duzán», sino de los dos exfuncionarios que están ofreciendo su colaboración a la JEP. Así las cosas, lo que hace la periodista es informar al respecto y a expresar su opinión sobre tales hechos y acusaciones dentro del marco de la libertad de información y de expresión. En este contexto, señala que no se puede afirmar –por lo menos no en el escenario de la tutela– que con tal comportamiento vulneró los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de Néstor Humberto Martínez.
El juez señala que Martínez le está atribuyendo a la periodista los señalamientos que ella reproduce de una versión entregada originalmente por Gómez Góngora y Martínez Lugo. Y esta controversia deberá ventilarse ante un juez penal competente y no ante un juez de tutela. «Será allí donde se establecerá, previo el trámite de un juicio oral, público y rodeado de todas las garantías, la veracidad o apocrifidad de dichos señalamientos», precisó.
Martínez también pretendió que Duzán rectifique la afirmación respecto a que la auditoría realizada al Sistema de Interceptación Esperanza de la Fiscalía no fue ordenada por Néstor Humberto Martínez sino que fue producto de una petición de las autoridades británicas y estadounidenses. No obstante, el juez considera que esta afirmación de la periodista no afecta la realidad ya que la realización de esta investigación interna es un hecho verídico que se adelantó siendo Martínez el máximo jefe de la entidad. Y las evidencias para despejar las dudas frente a quién dio la orden de realizar la auditoría deben ser debatidas en un escenario judicial.
El juez cuestiona la actuación de Martínez al señalar que no resulta procedente «pretender amordazar a la prensa e impedir que se informe la existencia de los mismos». «Tampoco resulta jurídico y constitucional dentro del Estado Social de Derecho, donde la democracia como valor fundante consagra y defiende el derecho a la libertad de expresión, de información en su doble connotación como lo expresara nuestro alto tribunal constitucional».
Al conocer la decisión del juez, Martínez dirigió una carta al despacho judicial. «Mucho lamento que en su providencia se acepte el criterio de que un servidor de la justicia pueda ser calumniado por unos delincuentes y que la prensa pueda recoger su dicho y divulgarlo con saña, sin dar cabida a la rectificación», cuestionó.
En el documento, Martínez asegura que si Duzán hubiera «constatado y confirmado» la información entregada por los dos exfuncionarios, habría concluido que no eran ciertos los «infundios promovidos por personas que están en la cárcel». Así lo afirma al considerar que la información oficial entregada por Espitia y por Camacho días después de la publicación son suficientes para concluir que personas como Humberto de la Calle o Iván Cepeda no fueron chuzadas desde la Fiscalía, como lo afirman Gómez Góngora y Martínez Lugo. «Quedamos todos, pues, a merced de los delincuentes», insiste.
La providencia del juzgado hace énfasis en este punto al señalar que la vía de la tutela no es la adecuada para controvertir la versión de los exfiscales y que para ello existe la vía penal. Así las cosas, Martínez manifiesta que se abstendrá de impugnar la decisión y acepta que existe la vía penal para dirimir la controversia que mantiene con la periodista.
Es la segunda vez que la periodista gana en los estrados judiciales un caso judicial relacionado con el exfiscal Martínez. En el pasado, una acción de tutela interpuesta por el fiscal Daniel Hernández buscaba que se desdijera de una columna de opinión en donde aseguraba que existió un «Pacto de Silencio» para que a través de las investigaciones de la Fiscalía no se tocara a los peces gordos del caso Odebrecht. Aunque la periodista en su escrito solo cuestionó el papel de Martínez, el fiscal subalterno del caso Odebrecht elevó una acción judicial al considerar vulnerados su derecho a la honra y buen nombre, pretensión que también fue negada por un juez.