7 enero 2020 –
El periodista Héctor Mario Rodríguez, director del portal Primera Página le solicitó en diciembre pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) protección de su vida luego de sus denuncias presentadas sobre la persecución y amenazas a que ha sido sometido luego de su trabajo investigativo sobre la firma Tecnoglass.
Según Héctor Mario, los acosos y anomalías comenzaron desde cuando reveló en 2017 que la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) hizo inspección en Tecnoglass, de los hermanos Christian y José Manuel Daes, de Barranquilla, mientras se indagaba la reventa de boletas de la selección Colombia.
Posteriormente la SIC admitió que no tiene pruebas en contra de ellos y los Daes denunciaron al periodista por injuria y pánico económico.
LOS HECHOS
La siguiente es la denuncia presentada por Héctor Mario Rodríguez y publicada en su portal “Primera página”:
El libre ejercicio del periodismo económico está seriamente amenazado si la actuación de un fiscal termina concluyendo que una información periodística causó pánico económico, así ésta haya sido producida con base en hechos y situaciones reales: Lo peor es que este mismo fiscal pretende hacer caso omiso de dos fallos de tutela en los que se resalta el manejo equilibrado que el periodista hizo al tener siempre presente la postura de los implicados.
Así las cosas, si llega a hacer carrera la actuación del fiscal, el medio de prensa que genere una información sobre hechos o actuaciones empresariales, y que, de seguro, traen de por sí una implicación económica en el mercado, corre el riesgo de ser postrado judicialmente por el delito de pánico económico.
Es una nueva modalidad de matoneo judicial que nace desde las mismas autoridades. Algo nunca visto en Colombia. Los primeros pasos los está dando el fiscal 75 de Patrimonio Económico, quien desarchivó un proceso penal por pánico económico que instauraron los dueños de la empresa Tecnoglass contra el Editor General de Primera Página, Héctor Mario Rodríguez, y en las simples citaciones para arraigo y, luego, para interrogatorio, viene anunciándole al periodista que le imputará cargos sin haberlo escuchado y pese a que sobre su actuación periodística hubo dos fallos a su favor de jueces constitucionales, como ya se dijo.
No se sabe si el actual fiscal general de la Nación tiene algún conocimiento de lo que desde hace varios meses viene cocinando el fiscal 75 contra el editor de Primera Página, un medio independiente y con enorme reconocimiento en el mercado financiero y dentro de las grandes empresas del país, con siete premios de periodismo a cuestas, que lleva 19 años continuos informando sobre lo bueno, lo malo y lo feo de los mercados financiero y bursátil colombianos y de los negocios relevantes para el país.
La persecución que ha sufrido Primera Página desde 2009, cuando empezó a reportar hechos económicos de las empresas de Pacific Rubiales no ha cesado. Sus abogados, que son los mismos ahora de Tecnoglass, iniciaron un incesante matoneo judicial que acaba de desembocar en estas citaciones del Fiscal 75 que desnudan de entrada su animus acusatorio:
“Me permito informarle que esta agencia fiscal, por denuncia formulada por los señores José Manuel y Christian Daes Abuchaibe, CEO y COO y accionistas de la compañía Tecnoglass S.A. adelanta investigación en su contra por el presunto delito de Pánico Económico y Calumnia Agravada, por tanto, de las innumerables órdenes a Policía Judicial que ha impartido esta fiscalía, la última hace referencia a establecer el arraigo social, familiar y comercial como también su plena identidad PARA UNA POSIBLE IMPUTACIÓN DE CARGOS (las mayúsculas son de PP)”.
Lo único cierto es que, como lo ha dicho la Corte Constitucional en más de una decena de sentencias, Primera Página actuó equilibrada y transparentemente, como lo corroboraron dos jueces constitucionales, en primera instancia, el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, Rafael Enrique López Géliz, y, en segunda instancia, la Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Jesús Ángel Bobadilla, Jaime Humberto Araque y Carlos Alejo Barrera.
“Hay abundante material probatorio que demuestra que los portales accionados (Primera Página y Ojo Privado) han aclarado y actualizado la información inicialmente publicada con el mismo despliegue e importancia comunicativa que la inicial”, dicen los jueces constitucionales, pese a que ellos señalaron en su providencia que “los mismos hermanos Daes y el representante legal de Tecnoglass fueron los que dieron a conocer al público en general que habían recibido la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio, tal y como lo confirmó el funcionario en cabeza de esa entidad en la entrevista que fue transcrita a través de una nota en los portales accionados tendientes al esclarecimiento de los hechos, sino también con lo manifestado por la jefe de la Oficina Jurídica de la mencionada Superintendencia y que tienen que ver con la indagación preliminar que se adelanta a la aludida sociedad”.
Además de la serie de demandas de tutela y ante la Fiscalía General de la Nación durante los últimos tres años, se ha acudido a exigir que el rompa el sagrado derecho a la reserva de las fuentes.
Curiosa insistencia en que el periodista levante la confidencialidad e identidad de sus fuentes humanas y viole su sagrado secreto profesional. Como ha advertido insistentemente la Corte Constitucional se trata de un derecho fundamental que salvaguarda la facultad del comunicador de negarse a revelar, en general, todos los documentos que componen el material de sus actividades periodísticas (entrevistas, apuntes, escritos, archivos, fichas, videos, audios, etc.), sin la cual, el libre ejercicio de su profesión y, más importante aún, la libertad de informar (artículo 20 de la Constitución Política), se tornarían nugatorios.
Un documento académico del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) reconoció que “la prensa financiera especializada (como la que ejerce Primera Página) puede ser una fuente importante de reportes sobre las fallas en la revelación de información, aun cuando las normas existentes sobre difamación puedan presentarse como una amenaza, toda vez que permiten a los administradores demandar a quienes los critican (usando los fondos de la empresa), con el fin de detener o apaciguar la presentación de sus informes”.
Y por eso el documento del AMV advierte que “en un país sin tribunales ni fiscales honestos los periodistas son más vulnerables ante este tipo de amenazas”. Hasta hoy la justicia colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría han comprendido el papel relevante que ocupan los periodistas en la sociedad y no le han dado juego a acciones como las que hoy están pretendiendo impulsar los empresarios de Tecnoglass.
Héctor Mario Rodríguez y Primera Página siempre han estado comprometidos, no obstante, el matoneo judicial, con “un periodismo financiero activo…, que pueda (…) descubrir y denunciar la declaración de información engañosa o falsa, y criticar, cuando sea necesario, a los administradores o controlantes de las compañías, así como a los banqueros de inversión y a los abogados del sector bursátil”, reza en otro aparte del documento del AMV.
Con lo que está pretendiendo hacer el Fiscal 75 y lo que vienen impulsando los Daes y sus abogados es activar no una batalla sino una de las más grandes guerras contra el libre ejercicio del periodismo económico. Se quiere poner en jaque un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución, como es la libertad de prensa.
Esta amenaza ya está trascendiendo las fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene conocimiento del asunto, ante solicitud que ya hizo Primera Página.