5 diciembre 2019 –
Foto: Pixabay.
Tomado de: RSF.
Actualización: La enmienda a la legislación de «agentes extranjeros» fue firmada el 2 de diciembre por Vladimir Putin y entró en vigor inmediatamente. Su ambiguo lenguaje amplia su potencial aplicación a cualquier periodista o bloguero que reciba dinero de fuera de Rusia y le obliga a catalogar todo lo que publique con la etiqueta «agente extranjero», hasta en redes sociales, además de crear una entidad legal para informar mensualmente a las autoridades fiscales.
Reporteros Sin Fronteras y nueve organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos piden a Rusia que abandone la ampliación de la legislación de «agentes extranjeros» a periodistas y blogueros, al tiempo que instan a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en el respeto a la libertad de expresión.
Obligar a periodistas y blogueros que reciben «fondos del extranjero» a registrarse como «agentes extranjeros» en el ministerio de Justicia restringiría más si cabe el acceso del público ruso a una información libre. Cabe recordar que la ley ya está vigente para ONG y organizaciones de medios.
Con esta enmienda que estudia el Parlamento ruso, cualquier periodista o bloguero tendría que registrarse si recibe algún dinero del extranjero, ya sea en forma de salario u otro tipo de pago, incluso por por una sola pieza. Además, todo lo que publigue debería llevar la humillante etiqueta de «agente extranjero».
Aquellos que viven en el extranjero tendrían que crear una entidad legal en Rusia para poder publicar algo en el país, y lo que publicaran también tendría que estar rotulado con el término «agente extranjero».
La enmienda fue aprobada en enero en primera lectura y podría ser adoptada a finales de año. Además una enmienda paralela pretende cifrar su incumplimiento en multas que va de los 140 a los 70.700 euros.
Reporteros Sin fronteras ya criticó la legislación de noviembre de 2017 que obligaba a cualquier medio de comunicación que recibe fondos del extranjero a registrarse como «agente extranjero», ampliando la legislación vigente desde 2012 para las ONG.