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Por: Gonzalo Silva Rivas, socio CPB

Las Farc organizaron un particular recorrido turístico hacia un potencial destino, el más simbólico y representativo de su existencia como grupo insurgente. Mediante una cautelosa presencia en redes sociales promovieron la “Gran ruta turística e histórica de Marquetalia” —como la bautizaron—, convocando a los colombianos a echarse la rodadita por esta accidentada zona rural del municipio tolimense de Planadas, epicentro de su alzamiento revolucionario en la primera etapa de los años 60.

La concurrencia no fue masiva, tan solo unos cuantos profesionales de izquierda que hicieron camping durante cuatro días, entre agotadoras jornadas a pie, recorriendo sus fríos y densos parajes naturales, colmados de flora y fauna nativa y rodeados de montañas. En el caserío, los campesinos relataron las amargas experiencias dejadas por la guerra, la discriminación sufrida y la ausencia estatal que —sumada a la presión guerrillera— los mantiene en la pobreza. El viaje resultó una oportunidad excepcional para conocer espacios y personas, amurallados por el conflicto, como lo definió un asesor del movimiento Voces de Paz.

Marquetalia posiblemente se convertirá en uno de los tantos monumentos conmemorativos de la violencia colombiana, que atraerá la atención de turistas durante el posconflicto. Es una de las huellas dejadas en la memoria por la crueldad de la violencia, en donde perdurarán recuerdos de grandes y numerosas heridas. Refundida entre la escarpada cordillera Central, inspiró la lucha del movimiento insurgente, que desde mediados del siglo pasado llenó de sangre y dolor buena parte de la geografía nacional.

Durante el siglo pasado, el fanatismo de los partidos tradicionales sembró las semillas de las guerrillas comunistas e hizo que el caserío se convirtiera —a finales de los años 50— en el refugio de las autodefensas de Tirofijo. En 1964, el presidente Valencia, decidido a poner fin a lo que el senador Álvaro Gómez definió como la República Independiente de Marquetalia, emprendió una costosa y sofisticada operación militar. El puñado de bandoleros escapó ileso y agrupado kilómetros más allá, en Riochiquito, concibió su nueva estrategia de lucha, que dos años después formalizó con la creación de las Farc. La operación fue un discutido revés para el Gobierno, cerró las puertas del diálogo y abrió el trágico escenario que enfrentó el país por medio siglo.

Aunque el tour a Marquetalia fue programado por las Farc para celebrar el quincuagésimo tercer aniversario de su nacimiento en esta región, la agreste y abandonada vereda con su caserío, sin duda, podrían estar en la mira de un proyecto de turismo alternativo, incorporado dentro de esa nueva modalidad que se abre paso en la industria, amarrada a los paquetes temáticos de violencia, conocida como turismo negro o de dolor. Son varios los ejemplos consolidados como alternativas de viaje por su simbolismo. Entre ellos, los castillos y campos de batalla de Culloden, en Escocia, o los de Poneari, en Rumania.

Marquetalia marcará como referente de la violencia política y social colombiana, y ahora, firmada la paz con el grupo guerrillero, podría despertar de su pesadilla y sacudirse de su estigmatización, si el Estado hace presencia en sus contornos y centra su atención en los mismos requerimientos exigidos hace 53 años: trazarle vías y construirle la infraestructura pública más elemental. Es decir, una escuela, un puesto de salud y el puente que comunica al municipio de Progreso con Villanueva.  

Cerrado el ciclo de guerras, deberá esperarse que haya reparación para esta y muchas otras poblaciones rurales sacudidas por el terror, a fin de voltear la oscura página de la barbarie que las asoló durante décadas. El turismo es alternativa para descubrir e impulsar el desarrollo de esa Colombia profunda y desconocida, que solo se referencia por su miseria. Convertir los territorios de violencia en monumentos de paz y oportunidades turisticas permitiría aprender de sus tragedias y formar conciencia colectiva para no repetirlas.

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Tomada de: El Espectador.

Por: Gabriel Ortiz, socio CPB

Nadie daba un peso por Belén de Bajirá, hasta cuando el Agustín Codazzi, mapa e historia en mano, determinó que sus 12 mil habitantes, son chocoanos y que, a pesar de estar sentados sobre montañas de riqueza, padecen total abandono, atraso y disputas entre paramilitares, delincuencia común y guerrillas.

Sus moradores, ancestrales o foráneos, no saben qué hacer, si cobrar el ¨baloto¨ que creen haber ganado, o seguir graduándose de pobres, como tradicionalmente lo han hecho.

Del Chocó, poco podrán recibir, porque de todos es sabido que se trata de una de las regiones más abandonadas del país; y de Antioquia, seguramente les llegará una invasión con efímera riqueza, que arruinará sus suelos con la minería ilegal y el paramilitarismo narcotraficante urabeño.

Ninguno de los dos departamentos ha aportado nada. Desde 1947 cuando la ley incluyó a Belén de Bajirá en el mapa chocoano, es poco lo que ha recibido, porque de todos es sabido que la plata del noroccidental departamento, se queda en las sucias y corruptas manos de unos cuantos políticos, mineros y terratenientes.

Los recursos del multimillonario Antioquia, también tocados por la corrupción, como toda la plata colombiana, se quedan en Medellín y en el Valle de Aburrá. Sus lejanos municipios, están en el más completo abandono.

Nadie entiende la lucha de los prohombres de las dos regiones disputándose lo que nunca han atendido, lo que nunca han conocido, lo que pocos sabían que existía. La opulenta Antioquia, quiere a Bajirá para sí. Y ya tiene afilados los dientes para atraparla con sus abundantes mayorías parlamentarias, apoyadas por un Centro Democrático. Está lista para dar el zarpazo. La débil representación chocoana, nada tiene que hacer si el tema llega a las ligas mayores del Congreso.

Los cultivos de palma de esos ubérrimos territorios, el oro, el níquel, el cobre, la bauxita, y el petróleo, no serán para beneficio, ni riqueza de los ancestrales habitantes de Belén de Bajirá. Será para los depredadores de esos suelos, de esa geografía, de quienes creen haber ganado el ¨baloto¨ del municipio chocoano.

Ese sueño se convertirá en pesadilla, para quienes lleguen por esa riqueza. No será fácil apoderarse de ella, porque habrá pesos pesados reclamándola. Terratenientes, ganaderos y mineros están al asecho.

Belén de Bajirá, será avasallado y sometido por los eternos practicantes del feudalismo que está ente nosotros desde la conquista. Ese ¨baloto¨, no es para Bajirá. 

BLANCO: La perpendicular caída del desempleo en Colombia. Parece ser producto de la paz.

NEGRO: Trump y sus amigos creen que, acabando con el medio ambiente, aumentarán su riqueza.

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Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB

En días pasados el empresario turístico Leonidas Gómez le devolvió a la Asamblea de Santander la orden Luis Carlos Galán Sarmiento, obtenida hace siete años, en protesta por habérsela concedido esta vez al exprocurador Alejandro Ordoñez. La había recibido en 2010 en reconocimiento a los servicios prestados al Departamento, entre ellos al sector de los viajes, como fundador del complejo turístico y del mercado campesino de Acuarela en la Mesa de los Santos, e impulsor de Ríos y Canoas, la primera empresa de canotaje en San Gil.

Gómez rehusó compartir cuadro de honor con el exfuncionario, un personaje sesgado y radical, que poco ha contribuido con el futuro de Santander, y quien dejó sinsabores de corrupción durante el último ejercicio de su cargo. El Consejo de Estado lo destituyó luego de comprobar que su reelección se hizo de forma irregular, y que los magistrados de la Corte Suprema, su nominadora, se beneficiaron con puestos en el Ministerio Público en favor de sus familiares.

Los escándalos por inconformismo en la motivación de las condecoraciones oficiales o por el abuso en su entrega son un asunto recurrente. En 1993, el exministro Enrique Parejo, víctima del narcotráfico, devolvió la Orden Rodrigo Lara Bonilla, tras la decisión del consejo promotor de entregársela al entonces presidente Cesar Gaviria. Parejo tampoco quiso salir en la fotografía, en rechazo a la política de sometimiento a la justicia que le permitió a Pablo Escobar entregarse a las autoridades y cumplir su condena en la sofisticada cárcel de La Catedral. Sin embargo, tras la fuga del capo, el exmandatario le respondió a Parejo, dando de baja al criminal y reduciendo a cenizas el cartel de Medellín y su terrorismo indiscriminado.

Las galardones que suelen otorgar las organizaciones políticas, bien sean corporaciones o entidades públicas y el mismo Palacio de Nariño, cargan un tufillo extraño de tanto manoseo. En buena parte son resultado del tráfico de influencias y responden a intereses políticos y empresariales. Dependen del lobby y de la amistad con los políticos o funcionarios en ejercicio y se utilizan para pagar favores y premiar apoyos electorales.

En el Congreso de la República se aconseja no pasar por allí, ante el riesgo de terminar condecorado. Eso sucedió en 1999. El entonces presidente de la Cámara, Emilio Martínez, en una sola tarde botó la casa por la ventana y dejó que la lluvia de condecoraciones cayera sobre amigos, artistas, periodistas, casi todos los alcaldes tolimenses y las exreinas de belleza departamentales. Ni siquiera él se salvó del diluvio de honores. Este diario denunció en la época que Martínez se hizo autocondecorar, a través de su compañero de mesa directiva, Sergio Cabrera, quien le impuso la Orden de la Democracia.

Este mismo Congreso causó revuelo en 2009, luego de que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) recibiera su máxima distinción, pese a encontrarse en el centro de una encendida polémica por su papel de ente interventor en los objetados proyectos de riego del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

La más reciente controversia se registró hace un par de años, cuando el impugnado fiscal Eduardo Montealegre condecoró a la politóloga Natalia Springer con la medalla Enrique Low Murtra, en momentos en que la contratista de la Fiscalía era severamente cuestionada por recibir contratos profesionales nunca justificados, por la tentadora suma de $4 mil millones de pesos. Su sucesor, Néstor Humberto Martínez, tan hábil para moverse en la política nacional como en los despachos de los grandes “cacaos” de este país, causó revuelo hace un año luego de ser condecorado por el Senado, tras renunciar a su cargo de ministro de la Presidencia.

Las distinciones oficiales parecen ajustarse poco a las razones por las que se instituyeron o a la justificación de desempeños o trayectorias reconocidas y virtuosas. El honroso escalafón de méritos por descollar positivamente en la sociedad o por aportar al desarrollo del país y de sus regiones, se sustituye por una feria de halagos, sin talanquera, gracias a las millas pagadas por el grueso de los colombianos.

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