EL NUEVO SIGLO: ¿Uno de los proyectos que tendrá prioridad en la Comisión es lo que tiene que ver con el asbesto?
EDISON DELGADO: Ese proyecto continúa. Uno de los colegas de la Comisión presentó una iniciativa en la cual se planteaba tajantemente, que en Colombia no se siguiera produciendo asbesto por ninguna parte, que se cerrara todo tipo de producción y a raíz de eso en un debate se planteó que se hiciera una ley que protegiera a la Salud Pública. Evidentemente ya el proyecto lo que quiere es que se plantee con toda claridad que el Gobierno nacional por medio del Ministerio, debiera entregarle al Congreso una información clara de todos los productos que generan un problema a la salud pública. Este proyecto ya está para discusión, independiente de otros productos en la misma línea que hay en la Cámara de Representantes.
ENS: ¿Ya cuenta con el aval de varios senadores?
ED: Sí, tal como está planteado, con toda claridad lo que se plasma allí es que el Ministerio de Salud como entidad rectora se obliga con el Congreso a presentarle un informe de todos los proyectos que se comercializan en Colombia. Por lo tanto recomendaciones para tomar decisiones en cuanto a la producción, distribución y consumo de todos los productos susceptibles a la salud pública, es más amplio, incluye el asbesto y otra serie de productos que llenan esa condición.
ENS: ¿Ya se había presentado un proyecto de esta naturaleza?
ED: Lo que pasó es que cuando se estaba discutiendo se planteó y una de las recomendaciones era ampliarlo, no solamente que quedara con el tema de asbesto, sino de otra serie de productos y darle esa competencia al Ministerio de Salud. Lo que insistimos es en que se extienda a todos los productos que sean susceptibles de generar problemas en la salud pública de los colombianos, y el Ministerio es la entidad rectora de hacer los estudios con profundidad y presentarlos ante el Congreso.
ENS: ¿Qué ha dicho el Ministerio?
ED: Sobre este proyecto no se ha manifestado. Lógicamente en la discusión se tendrá la participación del Ministerio, y de alguna manera creemos que se le dan las competencias.
ENS: ¿Y cuál será la prioridad de la Comisión Séptima?
ED: Se va trabajar en dos líneas, una que tiene que ver con la salud, va haber mucha discusión. Además está la propuesta de liquidar las EPS, va haber una discusión en lo que tiene que ver con los debates de control político a varios hospitales del país, como el hospital Universitario del Valle, el hospital Universitario de Cartagena y otra serie de entidades. Va haber también una discusión fuerte en lo que tiene que ver con el tema de Cafesalud, y se va avanzar en proyectos como el de las horas extras o lo que tiene que ver con el recargo nocturno.
Dos vertientes religiosas se disputan el protagonismo en las derechas de Colombia. Y se disponen a marchar guiadas por la divisa Dios-Patria-Familia, símbolo tantas veces convertido por el frenesí del poder en guerra santa. En primer lugar, un nutrido enjambre de pastores evangélicos parece respirar el aire de la dictadura de Calvino en Ginebra, fundador de la corriente protestante que castigó en la hoguera la libertad de conciencia, impuso por el terror una teocracia monocrática y catapultó el enriquecimiento de los elegidos de Dios. Como se enriquece hoy con diezmos de pobres nuestro pastor Arrázola y amenaza de muerte al periodista que libremente cuestiona su iglesia. De otro lado, una derivación ultramontana del catolicismo invoca la Inquisición y el fascismo español de Primo de Rivera, cuyo brazo derecho fue la Iglesia. Y su discípula criolla, la dirigencia conservadora-clerical que se dio aquí a la Violencia, en la mira la patria de Cristo-rey elevada a poder del Estado. Fanatismo reavivado por la secta lefebvrista de Alejandro Ordóñez y ensayado en el uribato del padre Marianito.
La democracia liberal triunfó del absolutismo hace siglos para asegurar pluralidad de ideas y derechos civiles para todos. Pero los estragos causados por la economía liberal librada a la gula de los más ricos; y el desprecio de un laicismo dogmático por sentimientos religiosos que habitan en multitudes, provocaron la sorpresiva involución: vuelven las derechas a armarse con el atávico expediente de la fuerza y la arbitrariedad como palancas de un gobierno de Dios y para Dios. Calibrado el 2 de octubre su potencial de manipulación contra la paz, contra la libertad sexual y la educación laica, planean reagruparse sin ocultar ahora su más retardataria inspiración.
Fraseología, imágenes y propuestas suyas parecen entresacadas, a la letra, del jefe de la Falange española. Primo de Rivera marcó su fascismo con la impronta católica. Exaltó la violencia y la acción directa, la misma que Laureano llamaría acción intrépida; y enarboló banderas de Dios, patria, familia, propiedad y orden. Todo bajo la égida de un integrismo católico llamado a proteger la tradición contra la modernidad, la democracia y las libertades ciudadanas. Propugnaba en su lugar el regreso al absolutismo y a la Inquisición. Fue su divisa instaurar una república católica y autoritaria.
Lo fue también de Los Leopardos, cepa ideológica de la extrema conservadora que antepuso a las reformas liberales de los años 30 la Violencia. Y las ahogó en sangre. Mientras el episcopado invita a desacatar la Carta del 36 porque “contraría la ley de Dios y la verdad religiosa”, Augusto Ramírez Moreno exclama: “Yo quiero una patria justa, grande y moral donde la familia sea respetada (…) el concepto de la propiedad intocado (y) la educación inspirada en los principios eternos de Dios”. Y remata: “juramos por la Trinidad inmóvil que dominaremos el temor abyecto de morir en defensa de Dios”. Así honra el llamado de fray Mora Díaz a responder con guerra santa a una Carta que “ataca los derechos espirituales”.
Ya se recordaba aquí que el partido Voto Católico, dilecto seguidor de Ordóñez, difunde consejas contra la “bestia liberal”. Invita, por boca del padre Iraburu, a librar resistencia armada contra los gobiernos que prescinden de Dios. Denosta de la modernidad y de la superstición diabólica de la democracia liberal. Y añora las cruzadas y las órdenes militares. En su tesis de grado como abogado exalta Ordóñez “los alzamientos militares del heroico catolicismo mexicano y español”. Se comprenderá por qué estos amantes de la guerra quieran tumbar el acuerdo de paz que clausuró una conflagración de medio siglo en Colombia.
Ivanka, que como «primera hija» ha tenido un rol frecuente y atípico en la Casa Blanca, aumentará de este modo su influencia en el círculo presidencial.
Trump, la hija mayor —y predilecta— del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá una oficina propia en el Ala Oeste de la Casa Blanca, según ha informado este martes su abogado. A sus 35 años, Ivanka, que como «primera hija» ha tenido un rol frecuente y atípico en la Casa Blanca desde que su padre tomó posesión del cargo, aumentará de este modo su influencia en el círculo presidencial.
En Washington ya es habitual ver a la hija del presidente acompañando a su padre en actos oficiales y también en reuniones con mandatarios internacionales. Desde el entorno del presidente la idea que se transmite es la de que la confianza del presidente en su hija como asesora es absoluta, de ahí que sea ella la que tenga más protagonismo en la campaña electoral y la etapa posterior que su madrastra, Melania Trump.
En diciembre pasado, la primera reunión que tuvo su padre como presidente electo con un líder extranjero, con el japonés Shinzo Abe en su residencia de Nueva York, ella estaba en la habitación. El pasado viernes se sentó al lado de la canciller alemana, Angela Merkel, durante su reunión en la Casa Blanca, posición que también ocupó en febrero en la visita del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
SIN CARGO NI SALARIO
De acuerdo con su abogado, Jamie Gorelick, al que citan medios locales, Ivanka Trump no tendrá un cargo oficial en la Casa Blanca y no recibirá salario alguno por su nuevo trabajo. Por otro lado, también ha confirmado a varios medios en Washington que a Ivanka se le aplicarán las mismas reglas éticas que a los empleados de la Administración. Tendrá acceso a información clasificada y un teléfono oficial. Según ha dicho el abogado a Politico, el papel de Trump será servir como «los ojos y los oídos» del presidente.
La hija de Trump se unirá así en el Ala Oeste de la Casa Blanca a su marido, Jared Kushner, que trabaja como asesor del presidente y ya es un habitual en el Despacho Oval. Ni él ni su esposa tienen experiencia en cargos públicos. Ivanka dirige una línea de modas con su nombre.
Ivanka es la única de los hijos de Trump que se mudó de Nueva York a Washington con su padre aunque entonces negó cualquier interés en trabajar en la Casa Blanca.
La fuerte influencia de la joven pareja sobre Trump ha levantado incertidumbre sobre un posible conflicto de intereses y alimentando un debate sobre la ausencia de límites definidos entre los negocios de la familia y las actividades políticas de varios de sus miembros.
Pese a las sospechas, el presidente insiste en que ha dejado todos sus negocios en manos de sus hijos y no tiene ninguna comunicación respecto de las decisiones que toman. En un tuit, atacó a los almacenes Nordstrom por dejar de vender la marca de ropa y complementos de Ivanka Trump.
Nordstrom terminó el acuerdo porque la marca no cumplía las expectativas comerciales. La consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway salió después en televisión pidiendo públicamente que los espectadores compraran productos de Ivanka Trump. Ese tipo de promoción está expresamente prohibida por ley.
Una mujer es asistida mientras intenta atravesar una calle inundada por el desborde del río Huaycoloro sobre el distrito de Huachipa, en las afueras de Lima, el 17 de marzoCreditGuadalupe Pardo/ReutersPor ERNESTO RÁEZ LUNA
LIMA — Desde diciembre pasado, Perú enfrenta un episodio de lluvias intensas a lo largo de los Andes y en la costa norte que han dado lugar a una tragedia conocida en el país, pero por primera vez transmitida a través de las redes sociales: quebradas inactivas durante medio siglo han reanudado sus flujos y avalanchas de lodo, denominadas localmente “huaycos”, descienden imparables de las montañas, arrasando campos de cultivo, criaderos de animales y viviendas, bloqueando carreteras y el tránsito de personas y mercancías.
Según las cifras oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, hasta el sábado 18 de marzo había casi 100 mil damnificados directos, más de 600 mil personas y 134.000 viviendas afectadas, 75 muertos y 20 desaparecidos. Las principales concentraciones humanas del país, ciudades costeras establecidas en valles desérticos como la capital, Lima (en el centro); Piura, Trujillo y Chiclayo (en el norte) y Huarmey, al norte de Lima, han sido duramente golpeadas.
La costa es la región más moderna y densamente poblada de Perú. Uno de cada tres peruanos vive en Lima, una ciudad con alrededor de 10 millones de personas. Muchas de ellas habitan zonas de alto riesgo, asentamientos establecidos mediante sucesivas invasiones y maniobras de tráfico de tierras. A mediados de la semana pasada, el río Rímac, que atraviesa Lima, y un afluente, el Huaycoloro, se desbordaron.
Simultáneamente, una serie de tormentas se abatieron sobre las ciudades de la costa norte. Las redes sociales y los noticieros difundieron escenas de puentes destruidos, gente varada en la orilla equivocada, vecindarios sumidos en el lodo y heroicos esfuerzos de rescate.
Habitantes de Chiclayo, a más de 700 kilómetros al norte de Lima, usan tractores para cruzar las aguas tumultuosas del río Zana el 19 de marzo de 2017. Credit Julio Reano/Agence France-Presse — Getty Images
Desde la mañana del miércoles 15 hasta el lunes 20 de marzo, el suministro normal de agua potable fue suspendido en casi toda la capital, porque la turbidez del río y el exceso de desperdicios, animales muertos y escombros que arrastraba el Rímac no permitía captar aguas y tratarlas. En la tarde del sábado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) reanudó fugazmente el servicio y los limeños pudieron juntar algunos baldes de agua de emergencia.
Ya en febrero el gobierno había declarado cuatro regiones en emergencia. Aunque suena a medida extraordinaria, el estado de emergencia, en una u otra parte del país, es casi cotidiano en el Perú.
A fines de 2016, a tres meses de iniciar su gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski debió enfrentar una sequía prolongada en la costa norte, que impedía iniciar la campaña de cultivo de arroz, el principal alimento energético de los peruanos. La sequía propició también una docena de incendios forestales en el norte, que afectaron cinco áreas naturales protegidas. El país ya venía de experimentar incendios generalizados en la Amazonía entre junio y septiembre. Estos fueron precedidos por varios meses de alerta climática durante el verano 2015-2016, cuando la sospecha de un Niño en ciernes llevó al Presidente anterior, Ollanta Humala, a destinar tres mil millones de soles (casi mil millones de dólares) para labores preventivas.
El Niño es un fenómeno cíclico intrínseco a la dinámica climática del planeta. Se desarrolla en el Pacífico ecuatorial y afecta a la costa peruana, pero sus repercusiones pueden ser globales. Este fenómeno está asociado al ciclo anual de los vientos que soplan a lo largo de la costa de Perú y Chile, de sur a norte; y mantienen la superficie del mar fría. Cada verano, esos vientos se debilitan, permitiendo que el mar frente al Perú se caliente y que ingresen aguas cálidas desde el Ecuador e incluso desde Indonesia. La mayor evaporación sobre el mar y la calma se combinan para producir un poco de lluvia en el desierto.
Cada tres a ocho años, con recurrencia previsible pero impredecible, el ciclo se intensifica, y entonces se da un Niño con grandes lluvias que a veces se convierten en diluvios. En la historia reciente, hemos tenido eventos extremos, o Meganiños, en 1877, 1891, 1925, 1983 y 1998. El fenómeno no está conectado de ninguna manera evidente con el cambio climático, pero probablemente seguirá ocurriendo junto con el calentamiento global, que haría más intensos y frecuentes los eventos climáticos extremos.
El Niño de este verano todavía está muy lejos de provocar los perjuicios de un Meganiño. El último, en 1998, produjo más de 372 mil damnificados en la costa y la selva del país. Sin embargo, este Niño y las lluvias estacionales en los Andes ya pusieron al borde del colapso a las principales ciudades peruanas.
Pese a experimentar más de una década de crecimiento económico sostenido, Perú no ha logrado operar la alquimia social de pasar de la cantidad a la calidad, y sigue sin estar preparado para capear su propia variabilidad climática. Hoy se encuentra más vulnerable y bajo mayor riesgo climático que en el pasado.
Uno de los puentes que colapsaron con las intensas lluvias y el desborde de los ríos en Perú, el Viru, que une el norte del país con Lima a través de la carretera Panamericana. Credit Celso Roldan/Agence France-Presse — Getty Images
Chamorro, según su esposo, estaba “en el centro del corral (de animales) y por ambos lados se venía el río”. La familia, se deduce, había decidido establecerse en el previsible camino del aluvión.
El alcalde, por su lado, ante la vergüenza del puente desplomado, explicó que “la ingeniería tiene un límite que siempre es superado por la naturaleza”.
Excusas parecidas han sido ensayadas por las autoridades en todas las regiones afectadas. El propio Kuczynski adjudicó la emergencia al “calentamiento global”, que tiene poco o nada que ver con la natural recurrencia del Niño, ni con las lluvias que arrecian en los Andes todos los veranos.
El que ha cambiado es el paisaje humano. Los campos cultivados han sido recubiertos de cemento. Allí donde la población era dispersa, hoy se agolpan millones de personas. Los techos, en las ciudades de la costa, son planos y permeables; pero las vías públicas son impermeables y sin drenajes, propensas a empozamientos.
La crisis, que ha tocado tan de cerca a la capital del país, podría catalizar voluntades amodorradas durante mucho tiempo. Un incierto espíritu de solidaridad surgió en los últimos días. El presidente y sus ministros repartieron su presencia en distintos puntos de atención crítica, ofreciendo una coherente sensación de serenidad ejecutiva. La información ofrecida a la población ha sido notablemente sensata y oportuna. La oposición suspendió el fuego cruzado que mantenía con el gobierno. Miles de ciudadanos enlodados, con sus bienes perdidos, sin agua potable y expuestos al sol inclemente, mantienen una estoica disciplina, salvo una que otra explosión verbal de angustia o impaciencia.
Habitantes de Trujillo, en el norte peruano, intentan atravesar las calles inundadas con lodo y escombros el 18 de marzo. Credit Celso Roldan/Agence France-Presse — Getty Images
Más allá de las quejas previsibles contra las autoridades corruptas o ineptas, y contra la inoperancia del Estado, en las discusiones públicas y privadas abiertamente se reconoce la necesidad de incorporar elementos de ordenamiento territorial y urbano en la reconstrucción que seguirá a la atención de la emergencia, incluyendo la reubicación de cientos de miles de personas que han invadido y urbanizado orillas inundables, caminos de avalancha y quebradas secas, o que han interrumpido los cauces con desperdicios durante décadas. Muchas obras de infraestructura vial requieren ser reforzadas o construidas de nuevo para soportar eventos extremos.
Curiosamente, Kuczynski, un tecnócrata septuagenario y un político heterodoxo que sin ningún empacho se retrata como “un presidente sin esperanzas de grandeza”, podría, por la misma parsimonia y frialdad analítica que le ha valido ir descendiendo en popularidad, catalizar —ante la crisis— las voluntades coherentes y de largo aliento que será necesario movilizar para una reconstrucción fundamental, que no consista, otra vez, en salir del paso.
El presidente ya anunció un fondo de reconstrucción de 2500 millones de soles, que, sin embargo, solo debería ser el comienzo de una tarea enorme y sostenida.
Colombia. ‘Lonely Planet’ señala que la mezcla de culturas, naturaleza y hospitalidad son algunas de las características del país.
Lonely Planet’ eligió al país como el destino para 2017.
Por:Juan David Montoya Alzate
19 de marzo 2017 , 11:48 p.m.
Con 120 millones de ejemplares vendidos, Lonely Planet es como una brújula de papel, la referencia número uno en libros para viajeros en todo el mundo. La prestigiosa editorial escogió a Colombia como su destino recomendado en 2017 y gracias a esto se espera que cientos de visitantes lleguen este año al país. Daniel Houghton, director ejecutivo de esta multinacional, estuvo en Colombia –con su cámara al hombro– recorriendo la riqueza hídrica de los páramos que circundan Bogotá y hablando del potencial colombiano en tiempos de paz.
EL TIEMPO entrevistó al estadounidense, quien a sus 28 años aún transpira la pasión de quien tiene por oficio recorrer los lugares más sorprendentes del mundo al frente de esta editorial, especializada desde 1963 en entregar prácticos consejos a millones de viajeros.
¿Por qué escogieron a Colombia como el destino para 2017?
Fueron muchos factores: la vida salvaje… Bogotá es una ciudad espectacular, y hay escenas notables en lo musical y lo gastronómico. Pero creo que lo que sobresale más que cualquier otra cosa es la gente. El país ha pasado por una increíble evolución en los últimos años. Creo que era un lugar limitado para cierta cantidad de viajeros, dispuestos a venir sin mucha información, pero ahora Colombia está viviendo su momento. Ha habido esfuerzos para resaltar las grandes cosas que ofrece.
Colombia, el segundo mejor destino para visitar en el 2017
Lonely Planet destaca que el país dejó de ser visto como un destino peligroso hasta para los turistas más guerreros y lo destaca como una joya suramericana que, con el paso de los años, superó décadas de violencia. A pesar de que reconoce que Colombia no tiene maravillas del mundo, sí aplaude la mezcla de la cultura, la naturaleza y la hospitalidad que lo hace un destino “que te recibe con los brazos abiertos”.
Las capitales de Colombia, así como sus playas, son los destinos favoritos de los extranjeros. Foto: Archivo particular
Colombia hace parte de un listado de diez países seleccionados por el portal, el cual es liderado por Canadá. Precisamente, ese país llega a los 150 años de su confederación y la caída del dólar canadiense lo hace más atractivo por lo flexibles que pueden ser los costos para quienes lo visiten. Adicionalmente, se destaca la calidad de vida en cada una de sus ciudades, así como la gran cantidad de territorios naturales.
La calificación la completan países como Finlandia, Dominica, Nepal, Bermudas, Mongolia, Omán, Myanmar y Etiopía.
Por el lado de las ciudades, la más atractiva para conocer el otro año es Burdeos (Francia), seguido de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Los Ángeles (Estados Unidos), Mérida (México) y Ohrid (Macedonia), entre otras.
El trabajo por el que se destacó consiste en actividades físicas y de reflexión a través de la respiración, el yoga y el entendimiento del cuerpo para generar conciencia de paz. Los estudiantes del colegio son de bajas condiciones socioeconómicas, están en riesgo o consumen drogas, algunos sufren violencia intrafamiliar, entre otros problemas. Sin embargo, aunque Rubio no quedó dentro de los diez, la Varkey Foundation lo invitó y lo nombró embajador.
Su representación como colombiano ha sido la del más alto nivel durante el Global Education and Skills Forum, evento que terminó con la entrega del Global Teacher Prize. Allí, profesores de todos los rincones del mundo se encontraron para compartir sus experiencias pedagógicas.
“Los profesores podemos incidir de manera positiva en la vida de los estudiantes y generar un proyecto de vida diferente”, aseguró el maestro colombiano.
La canadiense Maggie MacDonnell obtuvo el Global Teacher Prize. Foto: AFP / Karim Sahib
Maggie, la profesora de Canadá condecorada como la mejor del mundo
Recibió el galardón por rescatar a los jóvenes de una alejada comunidad indígena de su país.
Cuando la canadiense Maggie MacDonnell decidió aceptar una oferta de trabajo con las comunidades indígenas en el Ártico de su país, hace seis años –después de terminar su maestría–, nunca pensó en convertirse en la mejor docente del mundo.
Este domingo fue reconocida así por el Global Teacher Prize, considerado en el mundo de la educación como el Nobel de los docentes. Su trabajo, destacaron los jurados en Dubái, donde recibió el trofeo, fue vital para que jóvenes de la remota escuela Ikusik de Salluit, la segunda comunidad de la tribu inuit más al norte de Canadá, lograran cambiar sus rutinas y alejarse de problemas como el embarazo, el consumo de drogas y los suicidios.
En esta pequeña aldea, la temperatura puede alcanzar en invierno los -25 grados centígrados. Precisamente por las difíciles condiciones y la lejanía, son pocos los profesores que se atreven a llegar allí.
La profesora habló con EL TIEMPO sobre su trabajo y explicó que ha desarrollado varios proyectos con los jóvenes de su escuela porque hay una fuerte problemática con este sector de la población. “El embarazo es común en las niñas inuits, especialmente por abuso sexual. Además, el consumo de drogas y de licor ha aumentado. Esa es una tendencia frecuente en las áreas de aislamiento y de recursos limitados. Es la forma de escapar de ellos”, aseguró la docente.
Por esas difíciles condiciones se han presentado suicidios en la comunidad. Tan solo en el 2015 se quitaron la vida seis estudiantes. Maggie explicó: “Intento con este trabajo generar espacios seguros por fuera de la escuela; de ahí que creamos un gimnasio y un equipo de baloncesto. Eso los motivó, los sacó del aburrimiento. Gracias a estos proyectos, ellos cultivaron una rutina saludable y pueden abrazar la vida”.
LOS “PROTECTORES DEL AGUA” se movilizan en defensa del río Missouri, para evitar que un oleoducto cruce sus tierras sagradas. Los legendarios Sioux se enfrentan a Donald Trump.
Hoy, los indígenas lakota-dakotas, conocidos como los sioux, se ponen de nuevo en pie de lucha en contra de la decisión del presidente Trump de transportar la mitad del petróleo crudo producido en el mercado de Estados Unidos a una milla de distancia de la reservación indígena de Standing Rock, en Dakota del Norte. El pasado diez de marzo más de 4.000 “protectores del agua” -como se denominan los indígenas y sus seguidores-, marcharon por las calles de Washington hasta la casa presidencial exigiendo se detenga al oleoducto de la empresa Energy Transfer Partners (ETP) en sus territorios.
Ahora, los lakota-dakota estarán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril para presentar las evidencias de más de 750 casos de violación y abusos de derechos humanos, la profanación de 69 sitios sagrados y ceremoniales con la construcción del oleoducto, y el rompimiento de los tratados de soberanía de tierras que el gobierno estadounidense firmó con los indígenas en el siglo XIX. El presidente Trump en sus primeros días de mandato revocó la orden que Obama había firmado el 5 de diciembre de 2016, en el cual se suspendía la construcción del oleoducto cerca de la reservación indígena y se ordenaba buscar una nueva ruta para terminar la última sección de este gasoducto.
Los indígenas lakota-dakotas están protegiendo sus bancos de agua en el lago Oahe, que provienen del río Missouri, una de las fuentes hídricas más largas e importantes de Estados Unidos, por eso se hacen llamar los “protectores del agua”. Pero también están protegiendo la soberanía de sus territorios, cementerios, sitos sagrados y el futuro de sus generaciones y de las generaciones de muchos estadounidenses, ya que si hay una falla en el oleoducto por una tubería defectuosa o si hay un derrame, más de 18 millones de estadounidenses se verían afectados por la contaminación del río Missouri.
El oleoducto, que paradójicamente se llama Dakota, transportará 470.000 barriles de petróleo crudo por día y cruzará los estados de Illinois, Iowa, Dakota del Sur y Dakota del Norte a través de 1.120 millas de tubería, una de las más grandes en Estados Unidos. Según la empresa Energy Partners Transfer, este oleoducto es la manera más segura para mover el crudo. Pero en la opinión de los indígenas y de los ambientalistas el riesgo de contaminar el agua y destruir el medioambiente es grande. Según un informe publicado por la Red de Desastres en Estados Unidos y por Lousiana Bucket Bridage, en los dos último años, Energy Transfer Partners ha sido responsable de 69 accidentes, entre los que se cuentan fugas de cientos de miles de galones de productos petrolíferos y la contaminación de los ríos Delaware, Schuykill, Red y Netches en cuatro estados.
La protesta de los “protectores del agua” se ha convertido en un movimiento ambientalista con gran acogida en el mundo entero. No sólo por los indígenas de todas las tribus en Estados Unidos, sino también por indígenas de muchos países y gentes de todas las razas y culturas que estuvieron presentes en el fuego sagrado de los campamentos creados para cantar y orar con el lema de “El agua es vida/ MiniWiconi (lenguaje Lakota”). Más de 750 protectores del agua desarmados y quienes protestaron pacíficamente con cánticos y plegarias fueron arrestados y sus derechos humanos fueron violados por la Fuerza Pública.
Los escándalos de espionaje han entrado en rumbo de colisión con el presidente de Estados Unidos. En su comparecencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el director del FBI, James Comey, no sólo desmintió su acusación de que Barak Obama le hubiese espiado, sino que admitió que su departamento investiga los nexos entre el Kremlin y el equipo del multimillonario. Unas pesquisas cuya mera existencia ponen contra las cuerdas a Trump y resucitan el espectro de Vladímir Putin en la Casa Blanca. “Si es cierto, estaríamos ante una de las mayores traiciones a la democracia de la historia”, afirmó el demócrata Adam Schiff.
Comey vive en la cuerda floja. Elegido por la anterior Administración, es de los pocos altos cargos que sobrevivió en el puesto. Su mantenimiento no es ajeno al golpe de gracia que propinó a Hillary Clinton en el tramo final de la campaña. A menos de dos semanas de los comicios, hizo público que reabría la investigación de los correos electrónicos de la demócrata. El anuncio dio un combustible de alto octanaje a las huestes republicanas y puso a la defensiva a la candidata. El propio Trump hizo del favor un obús electoral. “Esto lo cambia todo. Es la mayor historia desde el Watergate”, proclamó. Pasados los días, las investigación del FBI concluyó, al igual que lo había hecho en julio, que no había ningún indicio de delito. Pero el daño ya estaba hecho. Clinton atribuyó su derrota a esta maniobra del FBI y Comey fue confirmado en el cargo.
Desde entonces, el director del FBI no ha podido respirar un día tranquilo. El escándalo del espionaje ruso se ha vuelto su espada de Damocles y le han puesto en rumbo de colisión con el propio Trump. Aunque Comey ha tratado de sortear el conflicto, su campo de maniobra es limitado. Las agencias de inteligencia estadounidenses han confirmado públicamente que en 2015 y 2016 piratas informáticos rusos controlados por el Kremlin jaquearon los ordenadores del Comité Nacional Demócrata y de altos cargos de Clinton, como su jefe de campaña, John Podesta. La información posteriormente fue filtrada a Wikileaks para su difusión. El objetivo, según la conclusión de los servicios secretos, era “ayudar a Trump desacreditando a Clinton”. La respuesta de Barack Obama a esta inédita interferencia electoral fue la expulsión de 35 funcionarios rusos. El presidente Vladímir Putin, en un claro gesto hacia el republicano, no contestó. “Los rusos interfirieron en nuestra campaña electoral. Nuestra democracia fue atacada y hay mucho que no sabemos”, señaló el representante demócrata Adam Schiff en la comparecencia señalando el punto de fuga de la trama.
El ciberataque ruso que en un principio benefició al multimillonario se ha vuelto una pesadilla para la Casa Blanca. La pregunta general es si el equipo de Trump estuvo implicado. Las extrañas conexiones de los hombres de presidente con el Kremlin han abonado las sospechas y derivado en escándalos de calibre mayor. En febrero, el consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, tuvo que dimitir al conocerse que ocultó que había negociado con el embajador ruso en Washington la respuesta a las represalias de Obama. Semanas después, el fiscal general, Jeff Sessions, y responsable último del FBI, tuvo que recusarse de cualquier investigación abierta sobre la conexión rusa. El motivo fue haber mentido al Senado sobre sus reuniones con el legado ruso. “Es posible que todos estos eventos e informaciones estén completamente desvinculados y no sean más una desafortunada coincidencia. Es posible. Pero también cabe que no estén desvinculadas. Entonces estaríamos ante una de las mayores traiciones a la democracia de la historia”, afirmó el demócrata Schiff.
Ante el avance del escándalo, Trump ha intentado un doble giro. Por un lado, acusó públicamente al FBI de incompetencia por no detener las filtraciones sobre el caso ni dar con sus responsables. Y al mismo tiempo, lanzó un gigantesca cortina de humo al afirmar que su predecesor le había espiado . “Qué bajo cayó el presidente Obama al grabar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate”, escribió en un tuit el 4 de marzo.
Aunque momentáneamente distrajo la atención, poco a poco el ataque se ha vuelto contra su autor. Más allá de una serie de artículos conspirativos aparecidos en medios ultramontanos, la Casa Blanca ha sido incapaz de fundamentar la imputación. Figuras del bando republicano, como John McCain, le han restado credibilidad y el propio presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunnes, ha sostenido que no hay pruebas de tal espionaje. El último golpe le vino ayer del propio Comey, quien rompió la tradición de informar de investigaciones en curso. “Pero en estas circunstancias excepcionales, dado el interés público, es apropiado hacerlo”, dijo. Junto a Comey compareció el director de la Agencia Seguridad Nacional (NSA), Michael. S Rogers, quien apenas dio más que detalles generales de sus pesquisas.
Aunque en la comparecencia, los representantes republicanos quisieron derivar el caso a las filtraciones a la prensa, la declaración de que el FBI no tiene pruebas que avalen las acusaciones de Trump y de que se están investigando las conexiones de su equipo con el Kremlin, volvieron a centrar el escándalo en el centro de la diana: Donald Trump.
Aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana apoyarán labores humanitarias en Perú
Las aeronaves realizarán misiones de evacuación de personal y transporte de carga humanitaria.
Bogotá, 20 de marzo de 2017. Aproximadamente 7 horas de vuelo recorrieron los UH60 de la Fuerza Aérea Colombiana que se dirigen desde el Comando Aéreo de Combate No. 5 ubicado en Rionegro, Antioquia, y que hacia las 4 de la tarde arribaron al aeropuerto Capitán Guillermo Concha Ibérico en Piura, Perú.
En total 20 militares llegaron a Perú en los Black Hawk FAC 4136 y FAC 4120 que estarán en Perú por espacio de 5 días, realizado misiones de evacuación de personal y transporte de carga humanitaria.
El apoyo se da ante la emergencia climática presentada en varias regiones del norte del Perú, especialmente en Piura, que a la fecha ha dejado cerca de 250.000 afectados.
De esta manera, las tripulaciones y aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana se suman a la solidaridad de todo el país y de la comunidad internacional, para ayudar a los peruanos que han sido afectados por la emergencia climática del ‘Niño Costero’ en diferentes regiones del Perú.
Huachipa, Carapongo y Chosica sufrieron hoy las consecuencias del paso de los huaicos que han arrasado viviendas y cultivos. La Policía continúa ayudando a la población damnificada utilizando helicópteros y portatropas para sus traslados. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) los desastres han dejado en Lima departamento al menos 2,739 personas damnificadas y 9,550 afectadas en ocho provincias.
Sobrevuelo a las zonas afectadas por el huayco: Huachipa, Carapongo y Chosica Fotos: Jorge Cerdan/La RepúblicaSobrevuelo a las zonas afectadas por el huayco: Huachipa, Carapongo y Chosica Fotos: Jorge Cerdan/La RepúblicaFoto:Jorge Cerdán,La RepúblicaHeridos de la zona Cañete producto del huaico son traslados en helicópteros a los hospitales de Lima. Fotos: Jorge Cerdan /La República.Un chofer cruza a pesar de la caída de un huaico. Esta vez tuvo suerte.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), finalmente aprobada la semana que termina, no puede convertirse en un nuevo escenario de guerra política. Los obstáculos para su aprobación fueron una muestra del poder corruptor que tiene la politiquería. Si permitimos que la columna vertebral del posconflicto sucumba ante la fuerza de los intereses personales, no podrá hablarse en Colombia de verdad, justicia y reparación.
El tema de la impunidad ha estado desde el principio en el corazón del proceso de paz con las Farc. Es apenas lógico: no es posible pedirle a Colombia que pase la página y le apueste a la reconciliación sin que medie en esa transición la justicia. No en vano uno de los motivos determinantes en el triunfo del No el año pasado fue la idea de tener una “paz sin impunidad”. En ese debate, entonces, es la JEP la propuesta de solución. Imperfecta, sin duda. Con un grado ineludible de “impunidad”, entendida como ausencia de sanción penal. Pero también con un ambicioso mecanismo de administración de justicia que le hace al país una promesa histórica: construir las narrativas que expliquen la tragedia del conflicto armado en el país, encontrar a los desaparecidos en esta guerra irracional y servir como espacio para que todos los responsables rindan cuentas. Lo claro es que, si fracasa, no puede hablarse de paz.
Por eso fue tan frustrante ver a los congresistas, impulsados por múltiples intereses externos, introducir modificaciones a lo pactado en La Habana. Nos preocupan en especial tres cambios.
Primero, la reducción de la responsabilidad de los civiles involucrados en el conflicto, quienes ahora no tendrán la obligación de ir a la JEP. También preocupa que el enjuiciamiento de los financiadores, que han gozado de la complicidad de las sombras en toda esta historia, se haya limitado a las pruebas de la justicia ordinaria. Es decir, desde antes de empezar les quitaron fuerza a los colmillos de la JEP. La verdad será una gran sacrificada.
Segundo, se le dio gusto a la petición insensata de algunos exmilitares sobre la necesidad de omitir a la Justicia Penal Internacional. Medida por lo demás ineficaz, pues Colombia sigue estando bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). Preocupa, además, que para equilibrar cargas entre militares y guerrilleros se haya eliminado el título de “máximos responsables” a las Farc. El mensaje a las víctimas es que se están limitando las capacidades de la JEP para encontrar a todos los perpetradores de crímenes.
Tercero, ¿por qué se eliminó la obligación de los agentes del Estado condenados de reparar a las víctimas con sus propios bienes, como sí lo harán las Farc? ¿No han cedido ya demasiado las víctimas en este proceso como para que se coarte su reparación?
Pero todos esos detalles, esenciales, no son nada ante el verdadero reto de la conformación de la JEP. La instauración de un mecanismo de justicia de esta magnitud, con presencia en todo el país, presenta muchas dificultades logísticas. ¿Podrá Colombia garantizar que la nueva comisión de búsqueda de desaparecidos sí tendrá todas las herramientas para cumplir su labor? Lo mismo va para la Comisión de Verdad. Que no olviden el pacto que se ha hecho: aceptamos penas inferiores siempre y cuando la verdad sea suficiente para darle luz a la historia oculta del país.
Por lo mismo, preocupan los rumores que indican que los politiqueros de siempre, sedientos de poder, están buscando ser nombrados en la JEP. Eso sería un desastre de magnitudes históricas; otro caso más de la justicia fallándole al país. Quienes han sido nombrados para designar a los funcionarios de la JEP deben declarar su independencia. Su deuda es con el pueblo colombiano y con sus ansias de paz. Necesitamos que los criterios que empleen sean la experticia técnica y, por qué no, el desinterés por la política.
Con los ojos del mundo (CPI incluida) y de la historia posados sobre Colombia, que la JEP sea un tribunal excepcional, intachable, obsesionado con la justicia, consciente de su responsabilidad. Que por favor nos cumplan la promesa de que podemos reinventar este país.
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La mayoría de los casi 7.000 guerrilleros concentrados en las zonas veredales no irán a ningún lado luego de dejar las armas. ¿Por qué y qué van a hacer?
Son pequeñas ciudadelas, no campamentos. Al entrar a los sitios que están construyendo las Farc en 26 veredas del país se siente que no serán temporales. Sobre terraplenes de cemento se levantan postes de madera, techos de eternit y habitaciones individuales de 24 metros cuadrados para los guerrilleros, cuya construcción en serie se asemeja a un barrio. Hay aulas, tanques de agua, plantas de energía, sanitarios y duchas móviles. Todo ello en medio de la selva, como en Putumayo, en la cima de las montañas, como en Miravalle, Caquetá, o en medio de la llanura, como en Charras en el Guaviare.
Cada una de estas ciudadelas ha recibido una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. En algunos casos ha sido necesario construir carreteras y reforzar puentes solo para transportar los materiales. Es un costo insignificante si se tiene en cuenta que se trata de terminar una guerra de medio siglo. Las construcciones están a medio camino, pero ya puede decirse que tienen vocación de permanencia. Es decir, a finales de mayo, cuando termine la dejación de armas, y las Farc se conviertan en partido político, la inmensa mayoría de los excombatientes permanecerá allí por varias razones.
La primera es que, según cálculos del gobierno, un 20 por ciento de los guerrilleros no tienen familias que los acojan luego del armisticio, dado que llevan demasiado tiempo en armas y han roto sus vínculos con el mundo exterior. Es decir, no tienen a dónde ir. La segunda, que según las propias Farc el grado de analfabetismo dentro de sus filas alcanza el 80 por ciento. Un grupo de universidades ha ofrecido apoyo a la reincorporación con un programa que podría permitirles validar primaria y bachillerato en algo más de un año. Esa es una medida mínima del lapso que muchos de ellos tendrían que permanecer concentrados. Al mismo tiempo, tendrían que aprender algunos oficios que les preparen para una vida productiva.
La tercera es que los combatientes de las Farc se reincorporarán a la vida civil colectivamente, bajo esquemas de cooperativas de trabajo asociado, y en forma muy ligada a los territorios donde otrora hicieron la guerra. Esto es algo nuevo en Colombia, donde los excombatientes, sean de las guerrillas o de las AUC, han terminado en una ruta individual de reintegración a la sociedad y el concepto que ha primado es el de la “salida” del territorio. Esto último no ocurrirá con las Farc.
Una cuarta razón para la continuidad de estos campamentos es que muchos, no se sabe aún cuantos, de quienes deben pasar por la justicia especial de paz, tendrían que esperar sus sentencias en ellos, entre otras cosas, por razones de seguridad.
Jean Arnault, jefe de la misión política de la ONU, dijo en entrevista reciente que nadie debería poner el grito en el cielo si las Farc se quedan en estos campamentos unos meses más. Meses que pueden ser realmente dos o tres años. Esa es la temporalidad que revela la infraestructura de las instalaciones. La teja, la madera, el terraplén. Ya un grupo de generales en retiro alzó la voz para señalar que esto sería un riesgo de seguridad nacional y evocaron de nuevo el ‘coco’ de las repúblicas independientes que originaron, de alguna manera, esta guerra.
Pero esa figura no tiene lugar hoy en día. Una vez las Farc dejen las armas, lo que ocurrirá a finales de mayo, desaparecerán las zonas veredales y la fuerza pública podrá ejercer su labor sin limitación en todas ellas. Los excombatientes de las Farc serán como los demás campesinos de la región. Ni más, ni menos. Y el verdadero problema de seguridad nacional sería expulsarlos a una sociedad sin estar preparados a vivir en ella.
Sin embargo, los militares hacen eco de un temor que han expresado algunos sectores en estas mismas regiones. Muchos de estos campamentos están en zonas en las que en los próximos años se pondrán en marcha los 16 Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, que deben atraer una gran inversión social. Estas zonas coinciden con las 16 circunscripciones especiales para la Cámara de Representantes pactadas en La Habana, y que si bien no son para las Farc ni para su partido, si lo son para las organizaciones y movimientos sociales locales, muchos de los cuales son de influencia fariana.
Al mismo tiempo la dinámica de la reincorporación de las Farc, que seguramente también conllevará inversiones y aportes tanto del gobierno como de la cooperación internacional y el sector privado, genera un contexto político favorable para su movimiento político. Esa coincidencia más que una gabela es un incentivo construido en La Habana para que una guerrilla antigua y terca pasara de las armas a los votos.
Quedarse en estas zonas es efectivamente el plan de las Farc. Pero no es un plan bajo la mesa, sino un propósito que ellas defienden abiertamente. Como lo dijo Benkos, uno de los líderes de las Farc en Vigía del Fuerte, en los límites de Chocó y Antioquia: “Vamos a quedarnos porque somos de aquí y aquí haremos política”. El propósito justamente es hacer coincidir la dinámica del desarrollo rural, del trabajo político y la reincorporación, con miras a construir su partido en estas regiones.
Como muchas iniciativas nuevas, esto genera temores y resistencias. Hay quienes temen que esto haga que las Farc mantengan influencia y poder en la región. Pero ese no es un problema, sino por el contrario, una solución. Las Farc dejan las armas, no su vocación de poder. Ahora, todo depende de cómo lo hagan. Que demuestren que así como transitan a la legalidad también lo harán hacia una cultura democrática. Que abandonen los métodos coercitivos usados durante décadas para constreñir la vida comunitaria. Ese es el reto que tiene su dirigencia, y el propio Estado.
El gobierno ha entendido paulatinamente que muchos guerrilleros se quedarán a vivir por un tiempo en estas ciudadelas. Y eso requiere de una planeación. Finalizadas las zonas veredales transitorias, tendrá que crearse alguna figura propia del posconflicto para darles una temporalidad relativa. En el gobierno hay quienes creen que esto tendría que ser bajo inspección de la misión de la ONU y con un enfoque netamente de reconciliación. Eso no tendría por qué ser amenazante, y, en cambio, si podría favorecer una reincorporación más pausada y sólida para los 7.000 guerrilleros que hoy ven su futuro como apenas una nebulosa.
