11 Julio 2019.
El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está contando con que podrá recoger al menos 6 billones de pesos este año a punta de vender activos de la Nación, es decir acciones que tiene en empresas de distinto tipo, para no abrir un hueco mayor en el presupuesto.
Tomado de: La Silla Vacía.
En principio parece fácil porque sus participaciones en 105 empresas suman 79 billones de pesos, según las cuentas del Ministerio en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que salió en junio.
Pero esa plata no se puede recoger así no más.
De entrada, la Nación solo podría vender el 8,5 por ciento de Ecopetrol.
Además, están apretados los tiempos para vender en los seis meses que quedan del año, a pesar de que está avanzada la venta de Coltel, arrancó la de ISA, y el Plan Nacional de Desarrollo facilitó vender participaciones minoritarias y en otras empresas como las electrificadoras regionales.
Entre las opciones que hasta ahora ha mencionado el Ministro, están justamente Ecopetrol, Coltel, ISA y diez empresas del sector eléctrico. Además, participaciones minoritarias en más de 66 empresas. Todas suman 27,2 billones de pesos.
El grueso de la plata vendría de ISA y Ecopetrol, pero no se alcanzan a vender este año; Coltel depende de conseguir un comprador, lo que pinta muy difícil; y las demás, aunque podrían venderse, no alcanzarían a sumar los 6 billones.
Falta ver si el plan de enajenación de empresas, en el Ministerio de Hacienda trabaja desde el año pasado, como lo anunciò Carrasquilla, muestra otras alternativas.
Entre tanto, así pintan cada una de las opciones que están sobre la mesa.
Coltel
2,3 billones
Desde el Gobierno pasado quedó listo el programa de venta de las acciones que tiene la Nación en la empresa de telecomunicaciones, que representan el 32 por ciento de la compañía que funciona con la marca Telefónica Movistar. La participación mayoritaria es de la española Telefónica, que tiene el 51 por ciento. El problema es que ni Telefónica ha querido comprar el tercio de la Nación.
Entre agosto y octubre se hizo la primera fase de la venta, que consistía en ofrecer las acciones a través de la Bolsa de Valores, a sus empleados y al sector solidario, como cooperativas y fondos de empleados. Fracasó porque no se presentaron ofertas.
Además, el decreto con el que se reglamentó esa venta vence este sábado y el Gobierno no ha anunciado la siguiente etapa. Por eso, es improbable es que se alcance a vender este año, porque tendría que empezar el proceso nuevamente.
La opción es que Telefónica, que el año pasado dijo que no estaba interesada en comprar, cambie de opinión.
“Con la sanción próxima de la ley TIC todos los operadores móviles con espectro se vuelven más atractivos para sus inversionistas actuales o futuros, principalmente por la asignación de espectro a 20 años en lugar de 10. También por la seguridad jurídica que genera la existencia de un regulador único del mercado”, nos dijo el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Samuel Alberto Yohai.
Pero esto es muy poco probable y los tiempos son demasiado cortos.
Ecopetrol
9,3 billones de pesos (por su valor en bolsa)
Hasta ahora el Gobierno ha hablado de vender el 8,5 por ciento y ha dicho que tiene autorización del Congreso para hacerlo. Más que una autorización expresa se refiere a que una ley de 2006 le ordenó al Gobierno mantener al menos una participaciòn de 80 por ciento en Ecopetrol, hoy tiene 88,5 por ciento.
El Gobierno tiene dos opciones para buscar plata vía Ecopetrol, aunque ninguna de las dos le permitiría recibir el dinero este año.
La primera es que la empresa emita nuevas acciones, como lo hizo en 2007 y en 2011. Eso tiene el lío de que la plata por su venta va para la empresa y no para sus accionistas, que solo la podrían recibir con una vuelta aidional, que consiste en que una Asamblea extraordinaria apruebe que se distribuya en un dividendo extraordinario. Eso, además, solo podría hacerse por un monto limitado de dinero, de acuerdo con las reservas de dinero que tenga la empresa que hoy no son más de 2,5 billones de pesos.
La segunda opción es vender directamente sus acciones, un proceso que dura en promedio 8 meses, pues debe seguir las normas de la ley 226 de 1995.
Son dos meses para que una banca de inversión valore la empresa, fije un precio por acción y decida el mecanismo para la venta; otro mes para aprobar el precio en Consejo de Ministros y sacar el decreto que reglamente la venta; por lo menos dos meses para hacer una primera oferta al sector solidario y los trabajadores; y otro mes para distribuir las acciones que se vendan en esa oferta.
Ahí se irían seis meses que quedan de 2019, y faltaría la segunda emisión de acciones, que para una empresa tan grande puede tardar entre uno y tres meses.
Ese cronograma, además, puede demorarse por obstáculos jurídicos, como es usual, particularmente en una empresa como la petrolera.
Una muestra de lo difìcil que es es que el año pasado, cuando el ministro Carrasquilla dijo que tenía la intención de vender Ecopetrol se le vino medio mundo encima. Tanto el sindicato más grande de la empresa, la USO, como analistas, criticaron su intención, los primeros porque consideran que debe ser estatal y los segundos porque no es claro qué quiere hacer el Gobierno con esa plata.
Así que es probable que si el Gobierno decide vender la empresa se encuentre con una ola de oposición que se traduciría en acciones judiciales que pueden retrasar más el proceso y hacer difícil que incluso la primera oferta se haga este año.
ISA
11,1 billones de pesos (por su valor en bolsa)
Si Ecopetrol es difícil de vender este año, ISA lo es más a pesar de que en junio el Ministerio anunció que contrató a la firma de abogados Posse Herrera y Ruiz para que evalúe la venta de varios de sus activos estratégicos, entre ellos ISA.
En ISA el Gobierno también tiene las opciones de emitir nuevas acciones o de vender las que tiene. La segunda es la más viable para sacarle plata rápido pero también es bien compleja.
Primero, porque valorar la empresa es difícil y demorado, porque tiene tres líneas de negocio (transmisión eléctrica, infraestructura vial y fibra óptica) y porque la mayoría de sus negocios los tiene en otros países: el 38 por ciento de sus ingresos vienen de Brasil, 16 por ciento de Chile, 19 por ciento de Perú y 25 por ciento de Colombia.
Segundo, porque ISA que maneja temas estratégicos para la Nación como el 70 por ciento de las líneas de alta tensión que conectan a las plantas generación de energía y las entradas de las ciudades; coordina, a través de su filial XM, la entrega de energía de todas las generadoras del país al Sistema Interconectado; y tiene vía Internexa, el cableado de fibra óptica del país.
Que un privado maneje estos negocios implica un riesgo para los sectores energético y de TIC; y por lo tanto para todo el país, que esa es una de las cosas que los abogados deberán estudiar.
Un conocedor del mercado eléctrico y del Gobierno nos dijo que lo más probable es que si se vende ISA, no se incluya a XM, porque un privado podría tener conflictos de intereses, e incluso Internexa por la importancia estratégica de la fibra óptica.
Y tercero, porque, por estas mismas razones más la duda del destino de los recursos, hacen que sea impopular políticamente la venta de ISA. “El Gobierno tiene que manejar muy bien este proceso en el Congreso porque la oposición parlamentaria y el activismo judicial puede demorar mucho o frenar estas ventas”, nos dijo un exfuncionario de Hacienda.
Otras empresas de energía
3,9 billones de pesos (por su valor patrimonial a 2018, según el Marco Fiscal)
El Gobierno tiene participación mayoritaria en diez empresas del sector eléctrico además de ISA. En la generación está en la represa de Urrá; Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe (Gecelca); Gestión Energética (Gensa); y Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar). En las distribuidoras, tiene las electrificadoras de Huila, Cauca, Pacífico, Meta, Caquetá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Desde 2004 el Gobierno determinó que su participación en estas empresas no era estratégica ni necesaria, y lo incluyó en el documento Conpes 3281, porque en la práctica el control lo tienen los gobiernos locales, según nos explicaron dos fuentes, una que trabajó en el Minhacienda y otra conocedora del sector eléctrico.
En principio debería vender estas acciones bajo la ley 226, pero existen caminos menos convencionales difíciles pero que podrían permitirle vender acciones este año.
En el caso de las electrificadoras podría vender las acciones a las entidades territoriales que son socias mediante convenios interadministrativos; por ejemplo, el Ministerio de Minas podría venderle el 83 por ciento de las acciones que tiene en la electrificadora del Huila a esa gobernación lo que, por no ser una privatización, podría hacerse relativamente rápido.
Ahí el problema es que las gobernaciones tengan plata o interés en comprarlas.
El otro camino lo abrió el Plan Nacional de Desarrollo, que le permite al Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura, Fondes, invertir en acciones de empresas de servicios públicos mixtas u oficiales. Este Fondo tiene 5,8 billones de pesos, incluyendo parte de los recursos de la venta de Isagén, todavía no está reglamentado y su plata está en una cuenta que maneja el Ministerio de Hacienda.
En la práctica, el Gobierno podría venderle al Fondo acciones en estas empresas por hasta esa plata, aunque el artículo del Plan que abre esa puerta exige que esa plata quede en una cuenta especial e independiente en el presupuesto, que tampoco se ha reglamentado y no se sabe cómo funcionará.
Participaciones minoritorias distintas a Coltel
605 mil millones de pesos (por su valor patrimonial a 2017, registrado en el reporte anual de empresas de la Nación)
El Gobierno tiene participaciones minoritarias en 66 empresas como canales regionales de televisión, terminales de transporte, puertos o centros de diagnóstico automotor.
El Plan de Desarrollo también le hizo unos ajustes a las reglas que le permiten al Gobierno vender de manera expedita, sin pasar por el procedimiento de la ley 226, estas participaciones. Sería a través de la Central de Inversiones, Cisa, una empresa adscrita al Ministerio de Hacienda.
El borrador de reglamentación de ese artículo ya está en discusión y le permitiría al Gobierno vender parte de estas participaciones.