Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de la ONU en Colombia, explicó detalles sobre la segunda Misión, que empezará labores el 26 de septiembre.
Cada día la situación de los presos de las Farc se complica más. De hecho, ayer se presentaron riñas en algunos centros penitenciarios del país, en donde hay más de 1.400 guerrilleros en huelga por causa del incumplimiento a la Ley de Amnistía. Por esta razón, la Misión de Naciones Unidas en Colombia se pronunció con un duro llamado de atención a las instituciones implicadas con el proceso de excarcelación de los miembros de este grupo.
Frente a esta situación, ayer, aplicando la resolución que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU y que autoriza esa nueva misión, el organismo hizo un llamado urgente porque luego de seis meses de vigencia de dicha la ley, guerrilleros siguen en las cárceles. “Socava el proceso de reincorporación y la consolidación de la paz”, señala el comunicado.
Las reglas están definidas. Luego de que el armamento de la guerrilla haya quedado en los contenedores de la ONU, las condiciones del conflicto en Colombia y, por ende, el papel de los observadores internacionales tendrá un cambio importante, pues, en pocas palabras, entrarán a ser como una especie de guardianes para que el proceso, a estas alturas, se mantenga.
La principal tarea de la nueva Misión, cuya operación se iniciará el 26 de septiembre, será hacer el acompañamiento a la reincorporación de guerrilleros a la vida civil porque, tal como lo explicó Raúl Rosende, jefe del gabinete de la Misión de la ONU en Colombia, que el ingreso de los excombatientes a la legalidad se haga de la manera correcta es una de las garantías de fortaleza del Acuerdo de Paz.
De igual forma, en esta nueva etapa en el proceso de paz, el organismo estará a cargo de hacer la verificación de la seguridad para exguerrilleros y comunidades que han vivido entre las balas durante décadas del conflicto. “La disminución de los indicadores de violencia tiene que ser sostenible para que todo esto lleve a buen puerto”, sostuvo el funcionario durante una rueda de prensa en la que habló de las perspectivas de esta nueva etapa en el proceso de paz con las Farc.
No obstante, hizo una aclaración: el monopolio de las armas para brindar la seguridad a los excombatientes estará a cargo del Estado, es decir, la ONU no tendrá una función militar. De hecho, aunque la Misión aún está en etapa de planificación y todavía no se tiene definida la distribución de personal en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —el nuevo mote que tendrán desde el 1º de agosto las zonas veredales en donde hoy se encuentran los miembros de las Farc—, se prevé que sus integrantes sean civiles y no militares.
La verificación, explicó Rosende, será proactiva y se buscarán junto con las partes soluciones a posibles problemas que puedan surgir durante el proceso de verificación de los acuerdos. Dejó claro que, a diferencia de los conflictos en los que la ONU ha mediado en otros países, en Colombia se atendió a una solicitud de dos partes que se pusieron de acuerdo para finalizar la guerra.
La segunda Misión de la ONU fue autorizada por el Consejo de Seguridad por un período de 12 meses, sin embargo, está previsto que su permanencia en el país sea de tres años. Mientras tanto avanzan los últimos meses de la primera Misión, que aún se encuentra en el proceso de extracción de las caletas de las Farc, almacenamiento en los contenedores de armas y municiones, y destrucción del material inestable que se encuentre en éstas.
Sin embargo, el desarme fue sólo un punto de partida para un proceso que puede ser mucho más complejo y que marcará, sin duda, la historia política y social del país. Se viene la puesta en marcha de las formas en que se garantizará el ingreso a la vida legal de los guerrilleros, y junto con ello la búsqueda de soluciones económicas para los excombatientes y la entrada en la política de una nueva fuerza de izquierda en un momento de fuerte polarización.
Tomado: ElEspectador