30 Mayo 2019.
El turismo es una de las pocas actividades legales que pudieran darle giro al timón del desarrollo chocoano y ofrecerle una suculenta tajada de ingresos, si el Estado decidiera hacer presencia en este departamento antes de que los lastres de la ineficiencia administrativa, el abandono, la corrupción y el conflicto armado lo acaben de devorar. La región ha sido tradicionalmente explotada por la ilegalidad, pero paradójicamente sus gobernantes han sido incapaces de explotar para beneficio común la mayor riqueza que posee, que es su inigualable entorno natural.
Es este un territorio de marcados contrastes, prodigioso en recursos pero anodino en calidad de vida. Es el mayor productor maderero y el segundo en oro del país —sin contar sus valiosos yacimientos de plata y platino— y, sin embargo, sus habitantes cabalgan sobre la pobreza. Su oferta pesquera encaja entre las mayores del mercado, pero la desnutrición es una dolorosa constante, y pese a tener considerables niveles de pluviosidad, la cobertura del agua potable solo llega al 35% de sus municipios.
Los indicadores que retratan la difícil situación económica y social de la población chocoana son desalentadores. El índice de desarrollo humano, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, la mortalidad infantil y las tasas de analfabetismo son las más elevadas entre las regiones colombianas, mientras que la capacidad de adquisición de bienes y servicios es limitada y agudiza los márgenes de miseria en algunas zonas.
La ausencia del Gobierno Nacional, la corrupción, la ineficacia de las instituciones tanto de carácter regional como municipales y tantas otras plagas le han trancado el paso hacia el progreso a esta recursiva región, victimizada además por el conflicto armado que —antes del Acuerdo de Paz con las Farc— marcaba en planilla como la sexta región del país con más víctimas de la violencia. Aunque ahora es un territorio relativamente seguro, no está exento del acecho de otros grupos criminales con pretensiones de ocupar los espacios dejados por la guerrilla desmovilizada.
En estas épocas en que los viajeros del mundo le apuntan a una industria turística responsable con el medio ambiente, el desarrollo de este sector en el departamento sería una oportunidad para ir pensando en su rescate. El potencial natural, reflejado en su riqueza biótica y paisajística, es envidiable, y se presta para promover distintas modalidades de turismo, y hacer de este patrimonio un activo económico privilegiado, con capacidad para producir empleo, generar divisas y superar la profunda línea de pobreza.
En su territorio abundan bosques exóticos y manglares deslumbrantes; reposan parques naturales, como Los Katíos —declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—, Tanamá y Utría, y se cruzan zigzagueantes ríos, entre ellos el Atrato —el más caudaloso de Colombia—, que bordean poblados ribereños y transmiten vivencias de las ancestrales costumbres nativas.
Acogedoras playas, como las de Nuquí —la primera certificada en turismo sostenible en el país—, Bahía Solano y Acandí —con las blancas arenas de Capurganá— son ejemplo de atractivos que empiezan a arañar los catálogos internacionales de esta industria. Y junto a sus variadas playas, muchas de ellas vírgenes, existen alternativas de ecoturismo, agroturismo, senderismo, avistamiento de aves, buceo, surf, torrentismo y recorridos de canoa.
Sin embargo, para darle vida a la oferta hay que llevarle Estado: construir infraestructura turística, de servicios públicos y de salud, pero también ofrecer educación, seguridad y detener las mafias politiqueras locales que han asaltado y pauperizado el departamento. La ausencia de políticas públicas y de controles profundizó la vulnerabilidad de la región y la carencia de infraestructura vial y aérea la tiene aislada. La más importante carretera —Quibdó a Medellín— está sin pavimentar en su mayor trecho, y los pocos aeropuertos no reúnen especificaciones técnicas de pista que permitan, al menos, el servicio de aeronaves de mediana capacidad.
Aun así, ante la inmovilidad administrativa regional y la improvisación del Gobierno Nacional, que desde Bogotá dispone proyectos turísticos inútiles, sin considerar su pertinencia con los pequeños empresarios, algunos de estos suman esfuerzos particulares para promover al departamento como destino turístico. Un ejemplo se da con la Corporación Chocó Turística, que desde hace 12 años integra a varios hoteleros y agentes de viajes, quienes por su cuenta recorren el país para mostrar que el Chocó no es miseria, sino riqueza pura, contenida en la belleza de sus excepcionales paisajes.
Este departamento, de mayorías indígenas y afrodescendientes, es un diamante en bruto, pero escondido en los bolsillos de la corrupción y de la ineficiencia estatal. Para hacerlo brillar, es preciso, entonces, pulir a su dirigencia política… ¡y quitarle lo bruto!