En Colombia hay una enfermedad que parece incurable en la generación actual de líderes políticos. El diagnóstico es simple: atacan a periodistas que hacen denuncias o critican su labor, les asignan etiquetas estigmatizantes y evaden su deber de responder a los asuntos denunciados. El caso más reciente es el del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, quien, más allá de mentir, generó el escenario perfecto para que líderes políticos de todas las tendencias vomitaran sobre la libertad de prensa y exhibieran el verdadero rostro antidemocrático de buena parte la política colombiana.
Al estigmatizar, los líderes políticos crean una atmósfera permisiva en la que sus seguidores se sienten habilitados para atacar a la prensa como respuesta a la crítica. La sociedad polarizada termina debatiéndose entre el odio por el «ataque injusto de la prensa» a su amado líder o la indignación por el estigma al periodista que lo criticó. A futuro, solo aquellos (pocos) periodistas que acepten convivir con el estigma seguirán denunciando. Los demás optarán por quedarse callados para evitarse la exposición a ser etiquetado como «narcotraficante», «traqueto», «delincuente», «guerrillero», «paramilitar», «vendido», «enmermelado», «pro-FARC», «payaso» o «perra».
El personaje más enfermo y campeón de esta táctica antidemocrática es Álvaro Uribe, pero la fauna política colombiana se esfuerza en imitarlo. Los senadores Mauricio Lizcano, José Obdulio Gaviria, Ernesto Macías, Thania Vega, Milton Rodríguez, Maritza Martínez, Alexander López, Rosmary Martínez, Hernando Pedraza y Sofía Gaviria no pueden pretender que al recular —derivando responsabilidad en el eslabón más payaso de la cadena— olvidemos sus palabras.
El punto grave para nuestra democracia no es que Cruz mienta, que otros payasos disparen y luego se excusen. Lo grave es que aun si la denuncia de Cruz fuera cierta, ¿la respuesta es la cárcel? ¡No! José Obdulio, eso pasa en Venezuela. ¿Viene el ELN a masacrar congresistas? ¡No! Senadora Rosmary Martínez, mejor vaya al psiquiatra. ¿Puede el Congreso imponer sanciones a la prensa? ¡Jamás! Los límites a la prensa son un fuero del poder judicial colombiano y, por eso, senadores Lizcano, Rodriguez, Pedraza y Martínez, tengan claro que por más que quieran no pueden imponer sanciones a la prensa. El colofón es para la senadora Sofía Gaviria, quien en su carta de «disculpas» reveló que poco le importaba el «pobre» Saúl Cruz. ¿Se sintió amenazada? ¡Claro que no! Ella encontró la oportunidad para atacar a un medio que la ha criticado previamente, una vendetta que se vale de cualquier excusa.
Al estigmatizar, los líderes políticos crean una atmósfera permisiva en la que sus seguidores se sienten habilitados para atacar a la prensa como respuesta a la crítica.
¿Y qué pasa? Nada.
La tímida Corte Suprema de Justicia solo recomienda un uso moderado del lenguaje en Twitter, como ocurrió con la denuncia que Daniel Coronell interpuso contra el expresidente Uribe. En esa oportunidad, la Corte abrió la puerta para que la estigmatización no tuviera un contrapeso democrático y un costo aleccionador para los liderazgos públicos. Magistrados, ahí tienen las consecuencias: ya no es un político contra un periodista, sino diez senadores a los que les bastó con una mentira para estallar bombas contra las libertades civiles en la casa de la democracia.
La Procuraduría tiene desde enero una queja disciplinaria contra Uribe en la que no ha pasado nada. Con este escándalo, seguramente sancionará a Cruz. Eso es fácil. Pero dudo que se atreva a tocar a los senadores del cuento. Carrillo aún está por demostrar si es tan independiente de los poderes instalados. Entre ellos los intereses de su exjefe, el Presidente Santos, otro personaje que tampoco se abstiene de cachetear a la prensa cuando le conviene. Eso sí, se viste con un falso chaleco de periodista que no tiene pero que él cree que lo hace inmune.
Magistrados, ahí tienen las consecuencias: ya no es un político contra un periodista, sino diez senadores a los que les bastó con una mentira para estallar bombas contra las libertades civiles en la casa de la democracia.
Hace poco, Martín Caparrós escribió un desgarrador y sincero artículo sobre el fracaso de su generación en Argentina, «La culpa es de nuestra generación«. Escribe Caparrós que los desastres de la sociedad actual se deben asumir en colectivo. Me siento llamado a insistir en que el estigma a la prensa es un acto de censura cuando proviene de un líder político, cada vez que pase lo diremos desde la FLIP, pero este país me hace perder la esperanza en que los líderes actuales cambien de actitud. Están enfermos de censura. No se quieren curar y no hay magistrados ni procuradores que actúen. Denunciar que esto pasa puede, a lo mejor, ser útil para los liderazgos futuros.
Como plantea Caparrós: «Cada vez más conductas anormales nos parecen normales: nos parece normal que tantos coman poco, que tantos vivan mal, que tantos mueran antes, que la violencia —verbal o física— sea nuestra manera; nos parece normal que nos engañen». Nos parece normal que mientan, que ataquen a partir de mentiras y que esperen un perdón vía fast track para que olvidemos sus palabras en las próximas elecciones.
¿Qué tal si reconocemos al interlocutor y contradictor como dicta la democracia y evitamos degradarle? Ese sería un buen comienzo. Por el momento solo cabe decir que la censura es muy perra porque nos impide una deliberación pública libre y que los líderes políticos que estigmatizan a la prensa son unos payasos que no dan risa sino lástima, porque nos joden la democracia.
Tomado: FLIP
Por: Pedro Vaca – Director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Vice Media Inc.
