Categoría Al día

Por: Gabriel Ortiz 

Rápidamente la palabra corrupción adquiere la resonancia que los corruptos necesitan, para esconder sus fechorías. Para ello se están utilizando las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, y la gente se está tragando semejante sapo. Se acude a la posverdad –palabra que algunos se niegan a admitir o a acreditar como el mal de la época- para agigantar, o minimizar lo que está por fuera de la Ley.

Quienes detestan al actual gobierno, ven corrupción por todas partes. Para ellos, todas las actuaciones, todas las adjudicaciones, todo lo que tenga una firma gubernamental, todas las obras, todos los contratos, llevan coimas. Eso se utiliza como escudo para ocultar los despilfarros, malos manejos, enriquecimientos ilícitos, corruptelas y demás desafueros de quienes antes manejaron el Estado.

Es claro que en todas las administraciones se ven casos de corrupción, porque tradicionalmente en Colombia existe aquello de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Y esa trampa, se incluye en las propias leyes, que dentro de los innumerables “micos”, conlleva uno, o varios que legalizan la corrupción. Muchas normas están dentro de la ley, para facilitarla. Muchos de nuestros legisladores, y seguramente muchos de nuestros funcionarios, mantienen celosamente los “micos”, durante los debates, para cobrar más adelante para sí, o para terceros los beneficios de una corruptela. Los lobistas son expertos en esto.

Causa hilaridad, escuchar en ciertos medios de comunicación, especialmente en los que se atrincheran en las redes sociales, pregonar a los cuatro vientos la galopante corrupción que existe en nuestro país. Pero lo hacen a partir de una fecha fija. Cuando se inició el mandato que los despojó de sus canonjías.

Hay otros que van más allá: ventilan sin sonrojarse, las corrupciones que cometieron, como si fueran de sus sucesores. Por ejemplo, hablan de Reficar, de la Ruta del Sol y de tantas corruptelas suyas, como si hubieran sido cometidas por el gobernante actual. Su propia “mermelada”, nunca existió. No hubo despilfarro, por ejemplo en el famoso plan 2000, que tanto dinero saqueó a las arcas del estado, sin que se viera siquiera un camino de herradura.

Estamos recorriendo el camino de una corrupción, entre real y prefabricada, que se enreda en declaraciones de aquí y allá, que acusa a unos y a otros y que al final busca beneficiar a quienes están por fuera del poder, buscando regresar a las arcas que tanto añoran.

BLANCO: La Vitrina Turística que revela el crecimiento del turismo. Todos quieren venir a este nuevo país.

NEGRO: ¿Este invierno será niño o Niña?

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Por: Cecilia Orozco Tascón

Alejandro Ordóñez, el imaginario candidato presidencial -puesto que no tiene partido que lo avale-, anda recorriendo medios para tratar de desvirtuar verdades de a puño que dejan mal parada su sinuosa ética de procurador general. Intenta verse indignado para hacer más creíble lo que quiere desmentir, con una inseguridad de expresión que no le conocimos cuando detentaba poder omnímodo. Pero lo comprendo: su doble moral ha sido expuesta con pruebas irrefutables en el noticiero de televisión que dirijo. Me refiero al documento oficial del cierre por prescripción (es decir, por no haber investigado los hechos a tiempo), del primer proceso disciplinario que hubo en Colombia por los sobornos de Odebrecht. Allí consta cómo una queja contra los mismos funcionarios del gobierno Uribe que hoy están metidos hasta el cuello en el escándalo, pasó de mano en mano entre sus subalternos hasta cuando se cerró la posibilidad legal de sancionarlos.

11 de noviembre de 2010. Un ciudadano presentó una queja ante la Procuraduría por los hechos revelados en varios artículos de Gerardo Reyes, periodista del Nuevo Herald. Reyes transcribió lo que le reveló Miguel Nule en una entrevista en que aceptó que hubo una reunión en Panamá, en 2009, a la que asistieron el propio Nule, André Rabello, presidente de Odebrecht en Panamá (hoy, delator de la corrupción de su firma ante la justicia de Estados Unidos); Tomás Uribe (hijo del presidente de la época, Álvaro Uribe), un socio de Tomás y un miembro del gobierno panameño. El motivo de tan misteriosa cita era el de explorar la posibilidad de que los Nule y Odebrechet se asociaran para presentarse unidos a la licitación de la Ruta del Sol. Apartes de la charla: P/ ¿Ustedes (con Tomás) … entran a las oficinas ¿de quién? R/ Del presidente de Odebrecht en Panamá. R/ ¿Qué papel jugaba ahí el hijo del Presidente? R/ Pues intermediando para que nosotros (Nule-Odebrecht) estuviéramos juntos (en la licitación Ruta del Sol).

21 de mayo de 2015. En el renglón “asunto” del escrito que relaciona la historia interna de la queja, se lee: Auto que declara la extinción de la acción disciplinaria por prescripción y archivo” (ver). Los funcionarios del gobierno Uribe que la Procuraduría Ordóñez ha debido investigar pero cuya conducta no examinó con seriedad eran: Daniel García Arizabaleta, director de Invías; Gabriel Ignacio García Morales, viceministro de Obras; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión de Regalías; y Miguel Peñaloza, alto Consejero presidencial. Paradójicamente, estos son los mismos sujetos de procesos penales, en la actualidad.

La queja contra los cuatro ejecutivos de Uribe es clara: “por encontrarse presuntamente involucrados en supuestos hechos de extorsión a los contratistas exigiendo el pago de comisiones ilegales para que les fueran adjudicados los contratos…” El quejoso no solo especificó que “García Morales y García Arizabaleta presuntamente exigían el pago de cuantiosas comisiones ‘garantizando’ la adjudicación (de la Ruta del Sol)” sino que añadió que solicitaba “analizar la participación de los señores Tomás y Jerónimo Uribe…”

Desde el día en que se formuló la queja y durante cinco años, el expediente rodó de un lado a otro entre las procuradurías delegadas que se botaron la papa caliente así: la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa se la mandó a la Delegada para la Moralidad Pública y a la Primera y Segunda para la Contratación. La de Moralidad se zafó enviándola a la oficina de Asuntos Disciplinarios que se la devolvió a la de Moralidad y esta se la empacó a la de Asuntos Disciplinarios. El peloteo se devolvió porque llegó de nuevo a la de Moralidad. Dos años después, se reinició el juego: la de Moralidad la mandó a las dos delegadas para la Vigilancia Administrativa y estas entraron en conflicto de competencias. Nueve meses más tarde (julio de 2014), el expediente reapareció, por enésima ocasión, en el escritorio de la Segunda Delegada para la Vigilancia que ordenó, por fin, la apertura de investigación de los cuatro funcionarios. A los diez meses declaró la “extinción de la acción disciplinaria por prescripción”. Claro que entiendo a Ordóñez y a sus delegados: ¿Quién se iba a enfrentar a Álvaro Uribe y a sus hijos en 2010, fuera de unos pocos periodistas suicidas?

Entre paréntesis.- Hay gente muy loca: el exministro Fernando Londoño entrevistó, en diciembre del año pasado, al “presidente de la República” Alejandro Ordóñez. No me equivoco: al “presidente” Ordóñez, el de su mundo imaginario. La respuesta del “presidente” sobre qué haría en cuanto pisara la Casa de Nariño fue esta: “algo que se debe hacer de inmediato… es reordenar el país a partir de reordenar la Corte Constitucional…A lo primero que debemos meterle mano… es a la forma como está integrada la corte, a las mayorías que se requieren para tomar decisiones… Y para que implique un verdadero rediseño de este órgano, convocar una asamblea nacional constituyente con las nuevas mayorías”. Ni las Farc llegaron tan lejos. Además de loca, hay gente muy peligrosa que se beneficia y hasta abusa de las libertades de la democracia pero no saben cómo hacer para acabarla.

Tomado de: elespectador.com