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La familia del ex congresista Odín Sánchez, raptado hace ocho meses en el noroeste del país, reveló los graves problemas de salud que sufre en cautiverio. Mientras, hoy comienzan las reuniones con el gobierno de Colombia en Quito

Foto: Héctor Fabio Zamora

Según el Fiscal General, las únicas audiencias realizadas cumplidamente son aquellas en las que se pide la libertad de los acusados, nueve de los cuales ya están libres por vencimiento de términos.

Defensa argumenta que ya se vencieron los términos de detención del acusado. Fiscalía lo niega.

Mientras que la defensa de Víctor Maldonado, el empresario vinculado al escándalo del Fondo Premium, alega que su cliente lleva 602 días detenido, por lo que debe otorgársele la libertad por vencimiento de términos, la Fiscalía asegura que la mayoría del tiempo corresponde a aplazamientos injustificados de las audiencias por parte de los abogados.

En la audiencia que se desarrolla este viernes en Paloquemao, el abogado Iván Cancino aduce que Maldonado lleva 602 días contados desde el momento de su captura, que tuvo lugar en España el 23 de mayo del 2015.

Sin embargo, las cuentas de la Fiscalía son otras. El ente investigador asegura que deben sumarse los días desde la llegada de Maldonado a Colombia, el 27 de noviembre del 2015.

En total serían 413 días, de los cuales la Fiscalía asegura que Maldonado ha estado efectivamente detenido durante 198 días, y que los 215 restantes han sido por dilataciones irregulares del proceso. Es decir, no se cumplen los 240 días para pedir la libertad por vencimiento de términos.

Fiscalía abrió proceso por dilatación de los casos Interbolsa y Fondo Premium

El pasado 4 de enero, el fiscal general Néstor Humberto Martínez envió copias compulsadas contra los abogados de la defensa en los procesos de Interbolsa y el Fondo Premium. Según Martínez, porque estarían dilatando de forma «sistemática y reiterada» las audiencias de los implicados.

«Las únicas audiencias que en estos casos se han realizado cumplidamente son aquellas en las que se pide la libertad de los acusados, nueve de los cuales ya están libres por vencimiento de términos”, dijo el Fiscal.

Tomado de: Eltiempo.com

Foto: EE

El Consejo de Estado determinó que no existen pruebas que permitan inferir los hechos demandados.

La Sección Tercera del Consejo de Estado tumbó una condena contra el Ejército Nacional por los hechos que rodearon la desaparición forzada de un taxista durante un ataque ejecutado por los paramilitares en Barrancabermeja (Santander) en hechos registrados el 28 de febrero de 1999.

El alto tribunal consideró que consideró que no se allegaron elementos materiales probatorios al proceso que permitan inferir la desaparición forzada de Luis Miguel Cifuentes Díaz en la toma paramilitar. En este sentido se considera que no se pudieron comprobar los hechos que fueron demandados por sus familiares.

En la demanda se manifiesta que el conductor del taxi fue interceptado por los paramilitares en el barrio La Esperanza en el desarrollo de un enfrentamiento con las milicias de la guerrilla. Los paramilitares, señala, le ordenaron trasladarlos fuera del casco urbano. “Horas más tarde el vehículo fue encontrado abandonado, pero el señor Luis Miguel Cifuentes nunca volvió a aparecer”.

Pese a que la Nación fue condenada por el Tribunal Administrativo de Santander el Consejo de Estado tumbó este fallo al considerar que no existían fundamentos fácticos que permitieran soportar la demanda, hecho que se justifica en la “desidia” de los demandantes para presentar los respectivos elementos materiales probatorios en el estudio del caso.

“Lo cierto es que respecto de tales hechos no se aportó prueba alguna al presente proceso, ni siquiera puede inferirse si se interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, menos aún, se tiene noticia si se adelantó el correspondiente proceso penal por ese hecho”, precia el fallo.

“Cabe señalar que a pesar de que en la demanda se solicitó el traslado de los procesos penales adelantados con ocasión de los referidos hechos, prueba de que fue decretada en su oportunidad, lo cierto es que la parte actora tuvo una total desidia para aportar dicha prueba documental o realizar gestiones para obtenerla, es decir, no desplegó actividad alguna tendiente a que se allegaran los medios de prueba necesarios para determinar la existencia de los elementos de responsabilidad del Estado”, precisó.

El fallo señal que lo único que se puede establecer que el 28 de febrero de 1999, un grupo de paramilitares dio muerte a siete personas e hirió a dos más, así como que se habrían llevado a tres personas que se encontraban departiendo en un establecimiento vía al Llanito, es decir, las personas que fueron reportadas como desaparecidas por la Policía Nacional fueron raptadas en un sitio diferente y en circunstancias distintas a las descritas en la demanda.

“Como resulta imposible adelantar un análisis respecto del restante elemento para acreditar la responsabilidad -la imputación-, debido a que se está en presencia de una falta absoluta de la prueba del daño antijurídico que pudiere ser imputable al Estado, el juzgador se halla relevado de cualquier otro tipo de consideraciones y, por ende, se impone la necesidad de revocar la sentencia impugnada, con fundamento en las razones que se dejan expuestas”, señala la decisión judicial.

Tomado de : Elespectador.com 

Foto: Archivo/EL TIEMPO

Hasta hace unas semanas decenas de migrantes cubanos permanecieron hacinados en el municipio.

Migración Colombia deportó a más de 20.000 haitianos y 8.000 cubanos.

Al menos 92 migrantes irregulares fueron deportados diariamente en los pasos fronterizos de Colombia durante el 2016. En total fueron 33.981, una cifra nunca antes registrada y que cuadriplica los 8.855 que fueron detectados en el 2015.

Las estadísticas de Migración Colombia, la autoridad nacional en esa materia, revelan que la mayoría eran haitianos (20.366); seguidos por cubanos (8.167). De la India llegaron 874 migrantes; de la República del Congo 570 y de Nepal, 553. Todos tenían como destino Estados Unidos.

La alerta sobre el paso ilegal de los haitianos –el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo– se encendió desde mediados del año pasado, cuando se detectó que de 35 casos del 2015 se pasó a 3.500, a corte de julio del 2016.

La entrada por Colombia se da en su mayoría por el Ecuador, Brasil y Perú, donde se ponen en manos de las bandas de coyotes que les cobran hasta 10.000 dólares por llevarlos hasta la frontera de México con EE. UU.

Bo Mathiasen, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, dice que el trayecto desde Ecuador se conoce como ‘el de las siete fronteras’ –esos son los países que se atraviesan en la peligrosa ruta– y que en Urabá existen redes de narcos que agregaron a su ‘portafolio criminal’ el tráfico ilegal de migrantes hacia Panamá.

Según las cifras de Migración, el departamento en el que más se ha detectado tráfico de migrantes es Antioquia con 18.439 casos. Esto se explica porque entre Antioquia y Chocó, por mar y selva, se hallan las rutas de paso hacia el istmo. El segundo departamento es Nariño (8.250 casos), que es la entrada al país desde Ecuador. Valle, Risaralda y Cauca, todos en la ruta hacia Urabá, reportan más de 5.500 ilegales.

Cada mes están siendo detectadas entre 1.500 y 2.000 personas. Pero el año pasado hubo picos como en agosto, cuando fueron 9.719 casos: más que en todo el 2015. Para esta época también se dio la deportación de centenares de cubanos que estaban en Turbo.

Durante la ruta están expuestos a todo tipo de peligros, desde el abuso sexual y la explotación laboral hasta el asesinato.

En septiembre se reportó en Matuntugo, en el golfo de Urabá, el asesinato con arma blanca de una pareja de cubanos que pretendía llegar a Panamá. Las víctimas habían salido de La Habana tres meses atrás. Una persona que iba con esa pareja y que logró escapar contó a los investigadores que los coyotes, a cambio de ayudarlos a cruzar el paso de la frontera panameña, les cobraron US$1.500 a cada uno, pero que en Matuntugo los abordó otro grupo que pidió más dinero. La pareja se resistió y fueron asesinados.

La abogada María Teresa Palacios, quien lleva 11 años investigando el tema, advierte que “las redadas son un mecanismo contra las bandas que trafican con los migrantes. Pero las fuertes restricciones impuestas a las fronteras y las duras políticas migratorias crean la oportunidad para que los traficantes se aprovechen de la desesperación de las personas”, agregó.

De la migración ilegal no solo obtienen ganancias los grupos ilegales. En noviembre del año pasado, la Fiscalía detectó a siete registradores que en tan solo dos horas facilitaban a las mafias de traficantes documentos de identificación. Habrían expedido más de 8.000 registros civiles para blindar el paso de ilegales.

‘Situación en Brasil aumentó paso de haitianos’

Christian Krüger, director de Migración Colombia, dice que los coyotes cobran entre 2.000 o 3.000 dólares por cada inmigrante ilegal que cruza el país.

¿A qué se debe el aumento en el paso de ilegales?

A que la situación en algunos países del mundo no es fácil y las personas buscan un mejor destino. Ellos no son delincuentes: en Colombia, tener una condición migratoria irregular no es una condición penal sino administrativa.

¿Por qué tantos haitianos?

A raíz del terremoto de Haití, en el 2010, muchos países brindaron visas para trabajar a los haitianos. En Brasil se recibieron cerca de 80.000 y estaban trabajando en la construcción de los escenarios de los Juegos Olímpicos y el Mundial, pero al finalizar las obras se quedaron sin empleo y empezaron a irse a EE. UU. y Canadá.

¿Qué rutas de tráfico de migrantes han detectado?

La primera es en la frontera suroccidental de Colombia; hay otra que utiliza el oriente, especialmente Norte de Santander, y una tercera entra por el Amazonas. El lugar de salida generalmente es el mismo, el golfo de Urabá, desde donde pretenden llegar a Panamá y seguir a Norteamérica.

Tomado de: Eltiempo.com

Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

El expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Así se pronunció el expresidente Álvaro Uribe sobre la captura de su exviceministro de Transporte.

A primera hora del viernes, el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció sobre la captura realizada el jueves al exviceministro de Transporte de su administración, Gabriel García Morales, vinculado a un caso de soborno con la constructora brasileña Odebrecht.

Uribe afirmó que apoya totalmente la decisión de la Fiscalía que dice tener pruebas de que García Morales recibió un soborno de 6,5 millones de dólares a esa empresa para que obtuviera un contrato por 2,4 billones de pesos del segundo tramo de la Ruta del Sol.

La captura de García es la primera que se hace en Colombia después de que el escándalo de Odebrecht estallara en varios países como México, Brasil y Estados Unidos.

“La Ruta del Sol fue acompañada en todo su proceso por la Agencia de Financiación del Banco Mundial, se sometió a un grupo interdisciplinario del mayor nivel profesional y se discutió en audiencias públicas de acuerdo con la norma de nuestro gobierno. Hubo tres proponentes como recordé en fecha reciente”, explicó el expresidente en un comunicado.

El juez avaló la detención por los delitos de cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito. García se expone a 20 años de prisión y el siguiente paso será un proceso de extinción de dominio en su contra.

Uribe afirmó que está al tanto de la investigación y que las autoridades le expresaron que habría un “minucioso rastreo del curso del dinero”. García Morales fue la mano derecha del fallecido ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, en el gobierno de Uribe. 

“Gabriel García traicionó a Andrés Uriel Gallego, ministro químicamente puro, al equipo de Gobierno y a mi persona, que en una vida pública larga, he manejado con pulcritud y austeridad los recursos del Estado, desde la Jefatura de Bienes de Empresas Públicas de Medellín hasta la Presidencia de la República”, explicó Uribe.

No obstante, no se trata del único negocio de Odebrecht en el que se habrían pagado sobornos. Tal como lo señaló en su momento la justicia de Estados Unidos, los sobornos de la firma en el país alcanzaron los 11,5 millones de dólares.

“Confío en que la Fiscalía encuentre a todos los sobornados en los diferentes contratos de Odebrecht, que se sepa el nombre de congresistas que recibieron dinero y si las campañas de Santos tuvieron financiación de esta compañía. Óscar Iván Zuluaga ha sido absolutamente claro”, indicó Uribe.

En efecto, la investigación salpica también a funcionarios de la administración del presidente Juan Manuel Santos.

La Fiscalía dice que los otros 5 millones de dólares que se cobraron por el soborno “se utilizaron para obtener otras obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la actual administración”. Paradójicamente, la ANI nació en el 2011, en el primer gobierno de Santos, para acabar con los escándalos que caracterizaron la corta vida institucional del Inco, varios de cuyos altos funcionarios terminaron en líos judiciales.

Finalmente, Uribe reveló en el comunicado el nombre de Silvana Giaimo, quien según el expresidente sería la persona que recomendó a García como viceministro.

“No hay derecho a que personas como Gabriel García reciban sobornos. Persona que venía con la más alta recomendación de la doctora Silvana Giaimo, quien fuera directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena y viceministra de Minas”, dijo.

Giaimo trabaja actualmente en la jefatura jurídica de la Sociedad Portuaria de Cartagena.

Tomado de: Eltiempo.com