Comisión facilitadora para los diálogos de paz pide a las partes, que se reunirán a partir de mañana en Quito, acordar la instalación de la fase pública de negociación y se declara lista para ayudar en lo que se necesite para alcanzar una paz completa.
A menos de 24 horas de que los delegados del Gobierno, encabezados por el exministro Juan Camilo Restrepo, y los delegados del ELN, liderados por el jefe guerrillero Pablo Beltrán, se encuentren en Quito para intentar destrabar el proceso de paz e instalar la fase formal de diálogos, en Colombia crece la expectativa.
Tanto así que los últimos días diversas organizaciones sociales y personalidades públicas han dado a conocer cartas abiertas solicitando que se avance hacia la instalación de la mesa de diálogos y se resuelva cuanto antes el asunto del secuestro.
Por ejemplo, la Comisión Facilitadora Civil para los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, que funciona hace casi dos décadas, emitió un pronunciamiento en el que celebra el encuentro entre los jefes negociadores y advierte que “espera que haya una mirada realista a las mismas y soluciones viables que permitan superar esas dificultades”.
De igual manera, la comisión exhortó a las partes a que “que definan una fecha viable y a corto plazo para dar inicio a la Mesa Pública de diálogo”; y les recordó que “sin un acuerdo entre el Gobierno y el ELN no habrá una paz completa”, dado que ya existen informaciones sobre que la ocupación por parte de grupos armados en los territorios abandonados por las Farc.
Finalmente, la Comisión Facilitadora Civil dijo estar dispuesta a “colaborar en lo que las dos partes coincidan en solicitarle” y crece el rumor de que podría prestar sus servicios para intervenir en la liberación del excongresista Odín Sánchez.
Y es que el tema del secuestro se ha convertido en el punto de la discordia. El Gobierno ha insistido en que la mesa sólo se podrá instalar una vez se haya liberado a Sánchez, y el Eln pide a cambio que se nombre a los dos gestores de paz y se indulte a los otros dos comandantesguerrilleros presos.
Precisamente por esta diferencia, un grupo de 101 intelectuales enviaron una carta abierta a las partes en la que le propusieron que se libere al excongresista, se proscriba el secuestro como estrategia de guerra, y como gesto equivalente el Ejecutivo nombre lo más pronto posible cuatro gestores de paz para que se integren a la mesa de diálogos.
Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos.
En su primera rueda de prensa, habló de su relación con Putin y la generación de empleo.
Donald Trump dijo que no esperará un año o un año y medio para construir el muro con México, sino que empezará ya y que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos. «No es una cerca. Es un muro», afirmó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días de resultar electo. «No quiero esperar un año o un año y medio» para empezarlo, añadió. «México pagará por él (…), sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago», dijo.
El futuro presidente también mencionó que sería «una ventaja» si tiene una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, pero admitió que no será fácil ser aliados.
«Si a Putin le gusta Donald Trump, considero eso como una ventaja, no como un lastre, porque tenemos una relación horrible con Rusia», dijo.
Seguido a esto aseguró que va a ser «el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca» y que en las próximas semanas se anunciarán «grandes noticias» sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford. «Creo que muchas industrias van a volver (a EE. UU.)», afirmó el magnate en Nueva York.
Trump se refirió en concreto al sector farmacéutico, lamentando que la mayoría de los medicamentos que se consumen en el país se fabriquen fuera y señaló que es necesario el retorno de esa producción. Además, expresó su intención de reformar los procesos de compra de productos farmacéuticos para ahorrar «miles de millones de dólares».
Ante esto, el presidente electo acusó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos de filtrar a la prensa un ‘dossier’ con memos rusos que contiene información comprometedora y no verificada en su contra. «Creo que es muy triste cuando informes de inteligencia se filtran a la prensa. Creo que es muy triste. Primero que nada, es ilegal», afirmó e insistió en que solo las agencias pueden haber filtrado el ‘dossier’.
«Creo que es escandaloso que se permita que esta información se filtre», sostuvo. «Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas. Nunca sucedió», dijo y agregó: «Un grupo de opositores se juntó, gente enferma, y produjeron esa basura», denunció.
Durante la rueda de prensa, el próximo presidente de Estados Unidos respondió varias preguntas de los periodistas, en una de estas aclaró que cederá el control de sus negocios a sus dos hijos y a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa.
Trump, que recordó que si quisiese podría seguir dirigiendo su compañía mientras está en la Casa Blanca, aseguró que sus hijos no discutirán las decisiones empresariales con él. Su abogada, Sheri Dillon, explicó además que la empresa de Trump no establecerá nuevos negocios en el extranjero durante su presidencia y que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.
En noviembre de 2015, menos de un mes después de las elecciones regionales y cuando presuntamente el uribismo las perdió en el departamento de su líder, Las2Orillas tituló una de sus notas de manera muy particular: “La movida de Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria para no quedarse por fuera del gobierno de Antioquia”.
En esa información que no fue desmentida por los mencionados, se decía que “los resultados positivos en la Asamblea (antioqueña) y el Concejo de Medellín así como en otras Alcaldías de pequeños municipios, le abrieron la puerta al uribismo para ‘moverse’ con el gobernador (liberal y ganador de la contienda) Luis Pérez”. Según el medio digital “las conversaciones (de entendimiento entre los primeros y el segundo) están en cabeza del senador José Obdulio Gaviria, cercano a Pérez…”. Conocidos los problemas que el gobernante le encuentra a cada solución relacionada con el desarrollo del nuevo acuerdo de paz en lugar de buscarle –como lo haría cualquier ejecutivo -, una solución a cada problema, da la impresión de que sus charlas con Uribe y J.O Gaviria tuvieron éxito: Pérez copia el estilo del expresidente y tuerce la realidad hasta dar, en cada una de sus declaraciones, una interpretación de las etapas del posconflicto que solo le conviene a él, tal vez con la ilusión de darle viabilidad a sus desorbitadas ambiciones de lograr el apoyo del patrón para ser candidato presidencial en 2022. ¿Les parece ridículo? A mí también, pero ¡podría terminar siendo cierto en el país de la ilegitimidad social que nos tocó en suerte!
En octubre de 2011, días antes de las elecciones locales que antecedieron a las de 2015, La Silla Vacía publicó uno de sus sesudos informes. “El pasado no perdona en la campaña por la Alcaldía de Medellín”, se llamaba. Y se refería a las acusaciones mutuas de los partidarios de los candidatos fuertes a asumir la dirección de la capital antioqueña (Aníbal Gaviria y Luis Pérez) sobre las supuestas deudas de ellos dos con los narcoparamilitares que aún ejercían poder en las comunas de la ciudad pese a que ya habían negociado su desactivación con el gobierno Uribe: “A Pérez se le acusa de haber hecho campaña sobre los hombros de los paramilitares desmovilizados”, anotó La Silla. Este ubicuo personaje, cuya capacidad de superar política y judicialmente los cuestionamientos que se le hacen sorprende incluso a los antioqueños, convirtió las acusaciones en su contra en un factor favorable a él cuando logró cambiar su rol de denunciado al de denunciante. Sin embargo, sus nexos de aquella época con personajes de dudosa reputación están ahí, en la historia: “(en 2007) Pérez hizo alianza con la excongresista antioqueña Rocío Arias de quien ya se sabía que era la portavoz de los paramilitares en el Congreso y quien luego fue condenada por parapolítica. También tuvo el apoyo de Óscar Suárez Mira que está en la cárcel…”, añadió La Silla.
Suárez Mira es el dueño electoral del municipio de Bello: su hermano, también capturado en diciembre pasado, era alcalde de la población y su hermana, exalcaldesa, es actual senadora por el partido Conservador. Óscar Suárez, antiguo aliado del gobernador Pérez, tiene un pasado precioso: fue condenado en 2013 por concierto para delinquir agravado y aunque recuperó la libertad, es fugitivo de la justicia desde cuando la Corte Suprema ordenó capturarlo de nuevo por otra investigación, esta vez por enriquecimiento ilícito. Luis Pérez también recibió el empuje electoral de la autodenomiada Corporación Democracia, mampara de las actividades de alias “don Berna”, señaló La Silla en otro lugar de su artículo.
En mayo del año pasado, es decir, hace apenas ocho meses, el director de VerdadAbierta.com, Juan Diego Restrepo, escribió un artículo que era una ‘bomba’. Lo tituló “¿Gobernador Luis Pérez, en la mira de Estados Unidos?” Por sus posibles vínculos con la criminal “Oficina de Envigado”. En el resumen inicial, Restrepo puso la siguiente frase: “autoridades norteamericanas estarían acopiando información que podría vincular al mandatario antioqueño con la llamada ‘Oficina de Envigado’”, un grupo delictivo que antes fue dirigido – vaya casualidad – por” don Berna” y que ha sobrevivido a sus jefes. Este gobernador es el que hoy oficia, en Antioquia, como magistrado del comportamiento de quienes fueron tan ilegales como los paramilitares, pero en la orilla opuesta. Huele a táctica uribista… huele a lo que debía heder ese ser armado a punta de pedazos, Frankenstein.
Imagen de cómo se vería la primera línea del Metro de Bogotá.
Se destinaron $ 15,23 billones para las obras. También hay plata para TransMilenio de Soacha.
En el mismo documento Conpes que aprobó este martes el aporte de la Nación para la primera línea del metro elevado de Bogotá, propuesto por el alcalde Enrique Peñalosa, el Gobierno Nacional respaldó la construcción del tren ligero Regiotram, promovido por la Gobernación de Cundinamarca.
En total, el Conpes comprometió 15,23 billones de pesos para estas dos iniciativas y para las fases II y III del TransMilenio de Soacha, que fueron considerados proyectos estratégicos de movilidad para la región y tendrán garantizados recursos nacionales de vigencias futuras.
Al hacer el anuncio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que se trata de la consolidación del “desarrollo de una red regional de transporte masivo” que va a beneficiar a 10 millones de personas de Bogotá y su región. “Estos proyectos le darán otra cara a nuestra capital y alegrarán la vida de los ciudadanos que viven en los municipios cercanos”, afirmó el mandatario.
En el caso del metro elevado, el Conpes ratificó que el aporte de la Nación será de 9,6 billones de pesos y el de Bogotá, de 4,14 billones. El Regiotram, que unirá a Bogotá con Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, tendrá 1,36 billones de pesos; y la construcción de las fases II y III de TransMilenio de Soacha, que cuesta 630.000 millones, recibirá 430.000 millones de la Nación.
El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, explicó que la línea elevada del metro “responde a una realidad económica, pues el aumento en el precio del dólar incrementó en 30 por ciento la inversión que se requería para un metro subterráneo, que con los recursos actuales solo llegaría a la calle 53”.
El trazado elevado aprobado en el documento se mantuvo similar al que se había definido para el subterráneo, comenzando en el portal de las Américas, en el suroccidente de la ciudad, para luego tomar la avenida Primero de Mayo y continuar por la avenida Caracas hasta la calle 72. La línea, de 25,6 kilómetros, contará con 22 estaciones y, según las proyecciones, su implementación permitirá casi que duplicar la capacidad de pasajeros por el corredor de la Caracas (que está sobrecargado), y se estima que movilizará cerca de un millón de pasajeros adicionales al día en el sistema de transporte masivo de la capital.
“Con esta decisión, el Gobierno garantiza el metro con una tarifa asequible para los ciudadanos, mejor servicio, menores tiempos de viaje y mayor volumen de pasajeros por hora”, explicó Gaviria.
El alcalde Enrique Peñalosa manifestó que esta decisión es una luz verde para comenzar a mover redes de servicios públicos, para la compra de predios y, en el segundo semestre del 2017, arrancar la licitación para la construcción del metro, que se entregaría en el 2022.
Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro, que empezó a funcionar oficialmente este martes, dijo que su misión este año será planear y abrir la licitación de la obra y posiblemente el suministro de los trenes, y asegurar créditos por un valor cercano a los 2.300 millones de dólares. En su agenda del 2017 también está la adquisición del primer paquete de predios que se necesitan para construir el viaducto y los espacios públicos y el traslado de redes de servicios públicos para garantizar que en el 2018, cuando comience la obra, no habrá demoras.
El Regiotram, que se busca ejecutar a través de una asociación público-privada (APP), para conectar a Bogotá con los municipios del occidente, se estima que movilizará aproximadamente 211.000 pasajeros al día y permitirá realizar el recorrido desde Facatativá hasta la carrera 10.ª, en el centro de la capital, en 48 minutos.
La obra contará con 41 kilómetros de vía férrea, de los cuales 15 kilómetros estarán en Bogotá, donde se prevén 12 estaciones. Otros 26 kilómetros se hallarán en la zona suburbana, con 6 estaciones. El costo del proyecto, que se encuentra en fase de aprobación para factibilidad por la Agencia Nacional de Infraestructura, está calculado en 5,5 billones de pesos (1,6 billones son de inversión y 3,9 billones, operativos).
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó que en el Regiotram, que generó críticas de Peñalosa al comienzo del Gobierno, están atendiendo inquietudes planteadas por Bogotá sobre la conexión con la movilidad de la capital y los estudios de demanda de pasajeros, y que esperan tener el asunto resuelto en mayo, para continuar con la estructuración de la iniciativa.
La Operación Orión, realizada en octubre de 2002, tenía como objetivo acabar con el último bastión de las guerrillas urbanas en la comuna 13. Estas hacían presencia en la zona desde los años noventa.
Fuente: Archivo particular La población civil de la Comuna 13 se vio duramente afectada durante las cuatro operaciones militares que se realizaron allí en 2002.
Fuente: Archivo El Espectador Luego de la Operación Orión, la población civil ha denunciado más de 100 desapariciones forzadas en la Comuna 13.
Fuente: AFP Las incursiones militares de 2002 en Medellín, señaló la Corte Interamericana, debilitaron a los grupos ilegales pero no los derrotaron.Fuente: Archivo El Espectador Desde el año pasado, la Fiscalía trabaja para determinar si en La Escombrera, el basurero de la Comuna 13 de Medellín, hay restos de personas que fueron desaparecidas.Fuente: AFP El tribunal internacional aseguró que ,en 2002, más de 1.200 personas se desplazaron de la Comuna 13. Fue la cifra más alta desde 1982.Fuente: Archivo particular En las cuatro operaciones de 2002 en Medellín participaron el Ejército, la Policía, el DAS y la Fiscalía. La denuncia más grave es que lo habrían hecho junto con los paramilitares.Fuente: Archivo Corporación Jurídica Libertad Meses atrás de la operación Orión, el Gobierno ya había hecho tres incursiones pero con un menor impacto en la comuna: las operaciones Potestad, Antorcha y Mariscal.
Se registraron 12.200 homicidios. Reducción de casos de extorsión y secuestro.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó este miércoles que el 2016 fue el año «más tranquilo en cuatro décadas en Colombia». La tasa de homicidios, como se publicó en un informe de EL TIEMPO, es de 24,9 por cada 100.000 habitantes, siendo la más baja desde 1.974.
Villegas dijo que el año pasado se salvaron 520 vidas. En total se registraron 12.200 homicidios.
También hubo reducción del 2 por ciento en casos violencia contra la mujer: 1.014 casos en 2016.
El Ministerio destacó que hay un balance positivo de la primera semana del 2017. Hay una reducción del 17 por ciento en homicidios, 50 menos en comparación con el año anterior. Y van 11 casos de extorsiones mientras que, para esa época, en el 2016 sumaban 165 casos.
Otro de los aspectos que destacó el Ministerio de Defensa fue la disminución del 31 por ciento en violencia contra menores y 16 por ciento menos detenciones de menores por delinquir.
En operativos contra grupos ilegales se logró la captura de 1.791 integrantes de las Farc y 510 del Eln.
El presidente Barack Obama pronunció su discurso de despedida en Chicago, el martes
El presidente estadounidense Barack Obama pronunció un nostálgico y esperanzador discurso de despedida el martes por la noche, pero también le advirtió de, tanto a la dividida nación que lideró durante ocho años como a su sucesor, no rehuir los desafíos de la desigualdad económica, las luchas raciales y la apatía de los votantes que todavía amenazan su ideal de democracia.
Obama volvió a Chicago, la ciudad que potenció su carrera política y su viaje a la Casa Blanca, cuando solo faltan diez días para que Donald Trump tome posesión. En su último discurso ante la nación, Obama expresó su creencia de que incluso las más profundas divisiones ideológicas pueden ser superadas por una población activa y comprometida.
“Después de ocho años como su presidente, sigo creyendo eso”, le dijo Obama a una gran multitud reunida en McCormick Place, el vasto centro de convenciones que en 2012 fue el escenario donde le agradeció a sus simpatizantes al ser reelegido. “Y no solo es mi creencia. Es el corazón palpitante de nuestra idea estadounidense: nuestro audaz experimento de autogobierno”.
Al terminar el último discurso de su notable carrera política, Obama le agradeció a su esposa, a sus hijas, a su vicepresidente y al ejército de partidarios que los ayudaron a convertirse en el primer afroamericano en la Casa Blanca.
“No voy a parar; de hecho, estaré allí con ustedes como un ciudadano más, por el resto de los días que me quedan”, prometió Obama mientras la audiencia se levantaba. Les pidió que creyeran, como lo hicieron durante su primera campaña. “Sí podemos. Sí, lo hicimos. Sí podemos”.
Obama instó al país a enfrentar los persistentes problemas que socavan la igualdad, la diversidad y la unidad que intentó alcanzar durante su mandato. Dijo que la desigualdad económica seguiría causando “desafección y división” y advirtió que los problemas raciales seguirían siendo una potente fuerza que dividirá a la nación, a menos que la discriminación sea atacada y eliminada.
“Pero las leyes por sí solas no serán suficientes. Los corazones deben cambiar”, le dijo a la multitud. “Cuando los grupos minoritarios expresan su descontento, no se dedican al racismo inverso o practican la corrección política; cuando protestan pacíficamente, no exigen un trato especial, sino la igualdad que le prometieron nuestros fundadores”.
El mandatario dijo que los medios de comunicación amenazaban la democracia al permitir que la gente se retirara a sus propias burbujas de conocimiento, por lo que todo el mundo tenia una versión distinta de los hechos. “Nos volvemos tan seguros en nuestras burbujas que solo aceptamos la información, verdadera o no, que se ajuste a nuestras opiniones, en lugar de basar nuestras opiniones en la evidencia que existe”, dijo.
También dijo que el orden democrático de Estados Unidos está amenazado por una sensación de apatía entre los estadounidenses que no votan o participan en la vida cívica. Instó a los miembros de ambos partidos políticos a trabajar para restablecer la confianza en las instituciones de la sociedad de manera que atraigan a más personas que se involucren en el destino del país.
“Si algo necesita arreglarse, pónganse los zapatos y organícense”, le dijo a la multitud. “Si estás decepcionado por los funcionarios electos, agarra unas planillas, busca firmas y postúlate para el cargo. Aparece. Involúcrate. Persevera. A veces, ganarás; otras veces perderás”.
Y agregó: “Pero muy a menudo, su fe en Estados Unidos —y en los estadounidenses— se verá confirmada”.
“Ustedes son los mejores partidarios y organizadores que cualquier persona podría esperar y siempre estaré agradecido. Porque sí, ustedes cambiaron el mundo”, dijo Obama. “Esta noche dejo el escenario y soy mucho más optimista sobre este país de lo que lo era cuando empezamos”.
Barack Obama fue juramentado como el 44º Presidente de Estados Unidos en una ceremonia celebrada en Capitol Hill, Washington, el martes 20 de enero de 2009. Credit Damon Winter/The New York Times
Pero esa expresión de esperanza fue contrastada por la realidad que se desarrolla en la capital de la nación: Trump ha prometido atacar el legado de Obama, borrando el enfoque disciplinado y profesoral del actual presidente al gobernar, sustituyéndolo con un estilo ruidoso y caótico de liderazgo.
Obama dijo que se había comprometido para garantizar que Trump tuviese “la transición más suave posible”, lo que generó algunos abucheos entre la multitud. En un momento, los asistentes empezaron a cantar: “Cuatro años más”. Sin embargo, Obama los apaciguó rápidamente. “No puedo hacer eso”, dijo.
En otras partes del discurso, Obama parecía estar hablándole a Trump, advirtiéndole sobre los peligros de continuar alimentando las divisiones que ayudaron a los republicanos a derrotar a Hillary Clinton durante la campaña presidencial.
“Es por eso que rechazo la discriminación contra los musulmanes estadounidenses”, dijo Obama mientras la multitud lo aplaudía. “Es por eso que no podemos retirarnos de las luchas globales para expandir la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de las comunidad LGBT. Independientemente de lo imperfectos que sean nuestros esfuerzos, no importa cuán oportuno parezca ignorar esos valores”.
Para un sucesor que a menudo ha cuestionado la realidad del cambio climático, Obama pareció decir: tenga cuidado.
“Podemos y debemos discutir sobre el mejor enfoque de ese problema”, dijo. “Pero negarlo no solo traiciona a las generaciones futuras; traiciona el espíritu esencial de la innovación y la solución práctica de problemas que guiaron a nuestros fundadores”.
Para muchos residentes de Chicago, que abrazan a Obama como uno de los suyos, el discurso del presidente fue el final de una carrera política que habló tanto de su propia evolución, como de una comunidad y una nación que ha cambiado durante sus ocho años de gobierno.
La Casa Blanca planeó meticulosamente el evento, desde el lugar hasta el tono y la cadencia del discurso. Obama aún estaba reescribiendo el discurso el martes por la tarde, dijo uno de sus asistentes, después de haber estado despierto el lunes por la noche escribiendo más cambios.
Decenas de exbecarios de la Casa Blanca y colaboradores políticos de Obama se reunieron en Chicago para presenciar el último gran discurso de su líder, luego asistieron a fiestas y recepciones por toda la ciudad. “Cervezas y lágrimas”, fue como lo describió Ben LaBolt, exsecretario de prensa de la campaña de reelección de Obama.
Entre el 2005 y el 2015 se denunciaron casi diez mil víctimas de desaparición forzada.
El Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que en Colombia hay más de 60.000 afectados.
Una de las prácticas más macabras que ha dejado el conflicto armado en Colombia es el de la desaparición forzada. Hasta hace poco, la cifra oficial era de 26.000 desaparecidos por cuenta de la guerra. Sin embargo, según un reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ese drama lo viven hoy 60.630 familias.
La cifra no solo está muy distante de la que se manejaba, sino que además revela los alcances de una práctica considerada delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible: según Memoria Histórica, entre 1970 y el 2015 en promedio tres personas fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. La cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina.
Aunque la mayoría de estos crímenes se perpetraron en décadas pasadas, llama la atención que entre el 2005 y el 2015, de acuerdo con el documento, se denunciaron casi diez mil víctimas.
Estos 34.630 casos que engrosaron el registro nacional fueron documentados gracias a la inclusión de los registros que tiene la Unidad para las Víctimas y otras instituciones gubernamentales, ONG, declaraciones de los actores armados y bases de datos de 102 fuentes sociales e institucionales como periódicos, reportajes audiovisuales, sentencias judiciales, fotografías, entre otros.
Además, se registraron casos que habían sido excluidos “debido a que no existía información sobre el victimario o el perfil de la víctima y se extendió el criterio de inclusión a aquellos casos de secuestro que mutaron en desapariciones forzadas porque el perpetrador se negó a dar información de la víctima luego de que se cumplieran o no las exigencias por su liberación”, señala el informe.
Igualmente, fueron tenidas en cuenta las exhumaciones realizadas por la Fiscalía en fosas comunes de todo el país. El informe menciona que al 1.° de junio del 2016, la Fiscalía ha practicado 6.570 exhumaciones, de las cuales ha identificado 3.075 cuerpos. De ese total solo 1.334 personas habían sido reportadas como víctimas de desaparición forzada.
En cuanto a los perpetradores, el documento establece que en el 51,4 por ciento de los casos se desconoce el autor. Del resto, el 46,1 por ciento corresponde a los grupos paramilitares; 19,9 por ciento, a las guerrillas; 8,8 por ciento, a grupos posdesmovilización; el 8 por ciento, a agentes del Estado y el 15,9 por ciento, a grupo armado no identificado.
De las 5.849 desapariciones cometidas por las guerrillas, 4.553 no identifican al grupo guerrillero, mientras que 1.067 fueron atribuidas a las Farc, 157 al Eln, 21 al Epl y 21 a disidencias guerrilleras. Muchos casos corresponden a secuestrados que nunca regresaron a sus hogares. No menos de 500 son militares que terminaron cautivos tras combates o que fueron secuestrados cuando iban de civil y sin armas.
El informe muestra que de las 2.331 desapariciones atribuidas a agentes del Estado, 1.472 corresponden a miembros del Ejército, 653 a policías, 55 al liquidado DAS, 25 a miembros de la Armada y siete efectivos de la Fuerza Aérea.
El Centro de Memoria Histórica revela que, en promedio, nueve de cada diez víctimas eran hombres. Y que aunque aún no se tiene registro de mujeres que desaparecieron estando en embarazo, la base de datos ha podido documentar 12 casos.
Entre esas víctimas está Omayra Montoya, desaparecida en 1977 con tres meses de gestación y quien además es la primera víctima de desaparición forzada reconocida en Colombia. El caso, aún impune, fue perpetrado por agentes del desaparecido F-2 de la Policía en Atlántico.
Además, el informe destaca que de las 20.210 víctimas de las que se conoce la edad (33,3 por ciento del total), al menos 3.200 eran menores de edad. Se reportaron 11.850 de entre 18 y 35 años; 4.205 de entre 36 y 55 años y 938 mayores de 56.
De la totalidad de las víctimas documentadas, 874 registran pertenencia étnica: 423 indígenas, 421 afrocolombianos, 26 raizales y 3 palenqueros.
Movilización de integrantes de las Farc a zonas veredales se realizará después de la firma del plebiscito por la paz.
Miembros de las Farc se encuentran, por ahora, en 51 puntos de preagrupamiento.
Este martes, el Gobierno dio un balance sobre el plan de construcción de de las zonas veredales de transición, donde se concentrarán los guerrilleros de las Farc.
En la rueda de prensa estuvo el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, el gerente de las zonas veredales de transición, Carlos Córdoba, el Alto Comisionado presidencial para las regiones, Carlos Correa, y el general Javier Alberto Flórez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y responsable de la seguridad en las zonas veredales
Según lo que se ha explicado, el Gobierno trabaja a toda máquina para que no se altere el objetivo central de lo acordado en La Habana: que a mediados de este año los miembros de la guerrilla estén totalmente desmovilizados.
«Los 180 días para dejación de armas por parte de Farc se cumplen. Al finalizar ese plazo se acaban las zonas veredales de transición y normalización», afirmó el general Flórez.
El cronograma original contemplaba que para el 31 de diciembre todos los guerrilleros estuvieran en los sitios de ubicación, pero los problemas de entonces siguen siendo los mismos que hoy ocasionan una nueva postergación: el mal clima, las complejas condiciones geográficas, el intrincado acceso a los territorios y problemas con los contratos de alquiler de los predios.
Según Flórez, por ahora, los miembros de la guerrilla se encuentran en 51 puntos de preagrupamiento, «que no están a más de 10 kilómetros de las zonas de concentración y de los campamentos», precisó.
Por su parte, el comisionado Correa afirmó que desde hace varios meses se realiza «pedagogía» con los Gobernadores y Alcaldes de las zonas que acogerán a los guerrilleros y que, además, «estarán en Bogotá para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz».
Por su parte, Jaramillo explicó que aunque la derrota del ‘Sí’ en el plebiscito por la paz retrasó el cronograma previsto para el paso a la vida civil de los guerrilleros, «hoy ya todo está en marcha».
Además, puntualizó que los miembros de las Farc que en este momento se están movilizando a las zonas de concentración «tienen orden de captura levantada» y que los disidentes «serán perseguidos» por las autoridades.
«Miembro de las Farc que no se acoja al acuerdo de paz será perseguido por las Fuerzas Armadas y judicializado por la Fiscalía colombiana», indicó.
Adecuar las zonas ha sido una tarea titánica. Con aviones, helicópteros, lanchas y hasta a lomo de mula, el Gobierno ha tenido que llevar los materiales para la construcción de los alojamientos de los guerrilleros de las Farc, pese a las condiciones de las vías y el enlodamiento de los caminos.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que declararía el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, lo que debería darse antes del 10 de enero para que se pueda convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Así las cosas, es muy probable que este lunes o martes se anuncie la decisión de la Asamblea Nacional, la cual sería objetada por el chavismo bajo argumentos que ya ha presentado anteriormente, como el desacato por no desincorporar formalmente a los funcionarios.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también juega un papel importante, pues en decisiones anteriores ha establecido el desacato, lo que anularía la decisión de la Asamblea Nacional
“Son como una masa deforme y gelatinosa en una superficie caliente”. Esa fue la expresión que utilizó, meses atrás, un alto oficial de la Policía cuando trataba de explicarle a un grupo de periodistas el fenómeno de las bandas criminales en Colombia, que van rumbo a convertirse ya en el principal factor de violencia en el país y, por lo tanto, en los blancos de más alto valor para las autoridades.
No se trata de un hecho menor, al menos por lo que se deriva del Censo Delictivo de 2016 que reveló la semana pasada la Fiscalía, según el cual en Colombia existen tres categorías de bandas criminales: tipo A, B y C.
A las primeras, que se supone son aquellas de operación nacional, el año pasado las autoridades le dieron duros golpes, especialmente referidos a 1.337 detenciones de presuntos integrantes, distribuidas de la siguiente manera: 1.158 capturas del “Clan del Golfo”; 167 de “Los Puntilleros” y 12 capturas de “Los Pelusos”.
De acuerdo con la Fiscalía, a las 24 bandas tipo B, es decir aquellas cuyo rango de operación es regional, las autoridades lograron capturarles 562 integrantes.
Entre estas bandas están la Diez Odine en Medellín (ligadas a Oficina de Envigado); Los Caqueteños (Amazonas); Los Rastrojos (Valle del Cauca); La Cordillera (Norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero); La Constru (Putumayo); La Empresa (Buenaventura); y Los Pachenca (Costa Caribe).
Y, por último, están las bandas tipo C, a las que la Fiscalía golpeó el año pasado en muchos municipios. Fueron en total 1.594 de estas organizaciones las afectadas por los operativos de las autoridades. Es decir, 83 bandas más que en el 2015.
Según el ente acusador, esas bandas actúan en las ciudades, afectan sensiblemente la seguridad ciudadana y se dedican a delitos como el microtráfico, el narcomenudeo, el hurto, la extorsión y el homicidio.
Este tipo de clasificaciones sorprende, ya que hace apenas unos pocos años la mayor amenaza que tenía el país estaba concentrada en la guerrilla, antes lo eran los paramilitares (gran parte de su estructura desmovilizada en el gobierno Uribe) y con anterioridad a ellos los grandes carteles de la droga de Cali y Medellín.
Ahora que ya se firmó un acuerdo de paz con las Farc y se llevan varios meses, primero de tregua unilateral y ahora de cese bilateral del fuego, se pensaba que el Eln pasaría a ser el principal “blanco de alto valor”, sobre todo por su ofensiva terrorista y militar de los últimos meses para tratar de evidenciar una postura de fuerza antes de sentarse a negociar la paz con el Gobierno.
Sin embargo, sin que en modo alguno se haya bajado la guardia en la lucha contra los elenos, es claro que el foco de las autoridades está puesto en las Bacrim.
No en vano el hombre más buscado hoy en el país es Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, el máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, antes conocido como el ‘Clan de los Úsuga’, y antes como “Los urabeños”. El año pasado estuvo a punto de ser capturado en varios operativos de los que huyó por cuestión de minutos, pero toda su cúpula de lugartenientes en distintas partes del país ha sido capturada o abatida, así como algunos de sus familiares.
¿Cómo se llegó a este punto?
Hay dos hipótesis al respecto entre los expertos. Una primera apunta a que, en realidad, no es que las bandas criminales hayan surgido por generación espontánea sino que simple y llanamente hacen parte de un reciclaje de otros fenómenos delincuenciales que no fueron erradicados de forma efectiva por el Estado.
No en vano, una porción importante de quienes hoy hacen parte de las bandas criminales (Bacrim) militaron años atrás en carteles del narcotráfico de distinta dimensión o en grupos paramilitares no desmovilizados o reincidentes.
“… Hay que ser sinceros, en Colombia por mucho tiempo la estrategia de las autoridades se dirigió a la captura de los cabecillas de los carteles, los paras y las guerrillas… Estos eran los objetivos de alto valor y el enfoque operacional estaba dirigido a neutralizarlos más que a debilitar sus estructuras… Por eso no es gratuito que hoy muchos de los que años o décadas atrás eran lugartenientes, escoltas o incluso ‘lavaperros’ de los capos, hoy estén de cabecillas de cartelitos, bandas y escuadrones armados que se alquilan al mejor postor”, explicó a EL NUEVO SIGLO un exalto oficial de la Fuerza Pública.
Una segunda hipótesis es que para algunos expertos las autoridades operativas y judiciales colombianas están cometiendo un error al “echar en el mismo costal” fenómenos delincuenciales que no necesariamente tienen los mismos modus operandi o sus objetivos, así sean en distinta escala, vayan en la misma dirección.
“… Muchas de esas bandas tipo C siempre han existido, es más, no pocas tienen como base clanes familiares en donde abuelos, hijos y nietos han delinquido por generaciones… Son delincuencia común y a lo sumo sicarial… No tienen nada que ver con las Bacrim derivadas de los paras y que ahora se alimentan de los guerrilleros que están desertando en zonas de alto flujo de narcotráfico… Sí hay una relación más directa entre las bandas regionales y las nacionales, porque las primeras están formadas de cabecillas medios y bajos que saben que en cualquier operación de gran calado tienen que llevar a los capos, so pena de ser declarados como objetivo enemigo… Esas nuevas clasificaciones de bandas tipo A, B y C le dan demasiado estatus a las pandillas y clanes delincuenciales locales y sectoriales que son un asunto más de tipo policivo y de golpe de mano, mientras que las primeras sí requieren estrategia, inteligencia e identificación de los distintos eslabones de la estructura”, dijo el exalto oficial de la Policía.
¿Qué hacer?
La peligrosidad de las bandas criminales de tipo A y B está evidenciada en que dentro del acuerdo de paz que se firmó con las Farc uno de los temas en que más insistió la guerrilla fue en la necesidad de que el Estado formulara y activara una estrategia focalizada a golpear a las Bacrim.
La urgencia de la subversión, según algunos analistas, no se sustenta sólo en que sabe que hay muchos líderes paras al comando de esas organizaciones criminales, sino porque es evidente que en las áreas en que las Farc han ido saliendo para poner rumbo a las zonas de concentración para su desarme y desmovilización, de inmediato las bandas han tratado de entrar a sangre y fuego para hacerse a su dominio.
“… Las Farc van a las zonas veredales, se desarman y desmovilizan, pero allí sólo van a estar por seis meses… Luego todo ese personal, que puede ser superior a 10 mil hombres y mujeres no se va a venir a las grandes ciudades, sino que tratará de retornar a las zonas que conocen y dominaron militarmente, esta vez con la idea de hacer política allí y hasta desarrollar proyectos productivos, pero no podrán hacerlo si hay nuevos líderes armados mandando”, precisó un congresista consultado días atrás a este respecto.
También parecieran intuir las Farc que muchos de los cabecillas medios que están desertando, en zonas precisamente de alta densidad de narcocultivos, laboratorios o rutas de embarques de drogas, no lo hacen porque quieran formar una disidencia subversiva, sino porque quieren montar su propio ‘cartelito’ o asociarse con las Bacrim. Ese es un riesgo de seguridad física y política muy alto para los jefes guerrilleros nacionales y regionales que sí se desarmen y desmovilicen.
Como se ve, las bandas criminales, sobre todo las de ámbito nacional y regional, tienen por qué estarse encaminando a ser los “objetivos de alto valor” del Estado, pues su peligrosidad va en aumento y si no se les golpea con más contundencia ahora, en poco tiempo serán un problema de seguridad nacional de primer nivel
Este texto sobre el profesor fue el ganador del concurso de crónica del Fondo de Cultura Económica.
Por: JAIME F. GARCÍA GÓMEZ |
Alfredo Correa de Andréis no nació en la Atenas de Sócrates, sino que fue parido en el mismo Caribe colombiano de García Márquez. Sin embargo,tanto Alfredo como el ateniense fueron ejecutados por lo que dijeron, por lo que no dijeron y por lo que otros dijeron de ellos. El maestro de Platón bebió la cicuta de su propia mano hace 25 siglos, mientras que el profesor y sociólogo fue acribillado a tiros en un andén de Barranquilla, el 17 de septiembre del 2004.
…Alfredo y su magnicidio
Correa de Andréis había estudiado, en el 2000, el problema de montar un puerto carbonífero en Nueva Venecia (Magdalena) por los riesgos para el medioambiente y para la población. Según ‘El Heraldo’, los interesados en el proyecto del puerto eran el gobernador Trino Luna, el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y el exdirector del DAS, Jorge Noguera.
En la madrugada del 22 de noviembre del 2000, 70 miembros de las fuerzas paramilitares de ‘Jorge 40’ llegaron en lanchas al pueblo. Una comunidad que, hasta ese día, solo conocía la muerte natural despidió de esta vida, al menos, a 37 de sus hijos (según cifras oficiales).
En el 2004, poco antes de su muerte, Correa acababa de finalizar su investigación sobre el patrimonio y los derechos de los desplazados del área rural de Barranquilla; ya era palpable la presencia de fuerzas que querían bajarle el perfil al trabajo investigativo del sociólogo.
El detective del DAS Javier Valle Anaya fue quien conformó el expediente a través del cual se orquestó el silenciamiento de Correa. Valle Anaya, abogado egresado de la Simón Bolívar, suministró las supuestas pruebas por las que Correa fue detenido el 17 de junio de 2004, cuando fue sacado de su casa y trasladado a medianoche al DAS en Cartagena.
Fue acusado del delito de rebelión, de ser alias Eulogio, un ideólogo de las Farc. Las pruebas eran los testimonios de tres exguerrilleros reinsertados, quienes afirmaban haberlo visto en compañía de ‘Iván Márquez’ en las serranías del nororiente colombiano. A los pocos días fue trasladado a la cárcel de El Bosque, en Barranquilla. Cuentan quienes lo visitaron que era un continuo mar de lágrimas.
Su abogado, Antonio Nieto Guette, demostró que las pruebas eran falsas y que en las fechas de la acusación el profesor no estaba delinquiendo, estaba de parranda, celebrando el aniversario de sus padres. De igual manera, el jurista probó que los testimonios habían sido clonados. Pegaron la misma versión a cada una de las tres declaraciones y, a pesar del cambio de tipo de letra y tamaño, los textos eran exactamente iguales en la sintaxis, en los errores ortográficos y en la puntuación. El montaje era tan burdo que no alcanzó a estar un mes en la cárcel.
Alfredo sabía de la espada de Damocles sobre su cabeza, por lo que al salir del centro penitenciario alcanzó a realizar las diligencias relacionadas con su pensión. Según Marcela Correa, su sobrina, era como si no se pudiera ir sin dejar las cosas organizadas. Muchos de sus amigos le recomendaron irse del país, pero el profesor se negó. Decía que ni tenía la plata ni tampoco era culpable de nada para escapar como un criminal. Le escribió dos cartas al presidente Álvaro Uribe, implorándole por su vida, pero fue en vano.
Mientras la acusación penal hacía aguas, quienes veían al profesor como una amenaza no pensaron un instante en detenerse. Juan Carlos Rodríguez de León, alias el Gato, fue el encargado de dar el golpe definitivo que segó la vida de Correa el viernes 17 de septiembre. Esa tarde, Rodríguez de León aguardó en la esquina de la carrera 53 con 60 y una vez apareció el profesor con su escolta, Edelberto Ochoa, descargó su revólver en él, para luego asesinar a Alfredo. Cuentan los testigos que el sociólogo solo alcanzó a decir: “¡Hey, loco, no dispares!”.
