31 Oct Con la tributaria de Duque ganan las empresas y pierden las personas
Hoy a las 3 de la tarde el Gobierno de Iván Duque presentará ante la Cámara de Representantes su ley de financiamiento. A partir de la presentación que hizo ayer ante directores de medios con su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quedó claro que esa reforma tributaria -que incluye recorte de gastos del Gobierno- arranca con buenas noticias para las empresas y otros grupos, y unas malas para la clase media y otros sectores.
Tomado de: La Silla Vacia
Es posible que el texto completo que se conocerá hoy, cuando el Gobierno lo radique, cambie algunos puntos de lo que mostró el Gobierno ayer en esta presentación. El proyecto va en línea con las propuestas de Duque en campaña, que parten de la premisa de que facilitar a los empresarios hacer negocios con menos impuestos y menos trámites, va a beneficiar a todo el país con mejores salarios y más puestos de trabajo formales para las personas.
Aunque el Gobierno seguramente tratará de contrarrestar esas críticas con la reducción de la tarifa de todo el IVA del 19 al 18 por ciento en 2019, y a 17 en 2020, y el mecanismo para subsidiar el IVA que pagan los hogares más pobres, el resultado final de esta ley una vez pase por el legislativo es incierto, y más por la falta de aplanadora duquista en el Congreso.
Independientemente de lo que pase, éstos son los sectores que arrancan la discusión con motivos para oponerse o para defender la iniciativa. Los grandes perdedores son la clase media y las personas ricas y las empresas son las que más ganan en esta propuesta.
Los que pierden
La clase media
Los cambios en el IVA golpearán a los consumidores de clase alta y media. Pero mientras los primeros en general tienen un colchón para que no los afecte, los segundos no, y por eso arrancan como grandes afectados por la propuesta.
El punto neurálgico de la reforma, en materia de recaudo, será ponerle IVA del 18 por ciento a 49 productos que hoy no tienen ese impuesto, como la papa, la yuca, el tomate, el pollo y los huevos; y a 10 que hoy tienen impuesto de 5 por ciento, como la harina de maíz, las pastas, el azúcar o las carnes frías. Seguirán exentos varios servicios clave como la educación, la salud y el transporte de pasajeros y servicios públicos domiciliarios, los productos farmacéuticos y la bienestarina.
Para que eso no golpee a los más pobres, el Gobierno plantea girar un subsidio mensual de 51.300 pesos al 30 por ciento de hogares de menos ingresos, medidos según un puntaje del Sisben.
Ese dinero compensaría lo que van a pagar por la ampliación del IVA, y lo pagaría como hoy entrega los subsidios sociales de programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Le costaría al Gobierno unos 2,6 billones de pesos al año.
El problema viene para los que no estén en ese 30 por ciento de hogares más pobres, y que se pueden llamar clases medias. Según los datos del Dane que usó el Gobierno para presentar la política, son familias que tienen ingresos promedio que arrancan en poco más de 800 mil pesos mensuales. De allí a los hogares que al mes reciben unos 1,9 millones de pesos hay, según los datos del Gobierno, cerca de 5,8 millones de hogares.
Ellos pagarían más IVA. Por ejemplo, los que tienen ingresos de 970.000 pesos tendrían que pagar el otro año 26.500 pesos mensuales (318.000 pesos al año) más de lo que pagan hoy, incluyendo lo que se ahorran por pagar un punto menos IVA por otros bienes. Estos hogares no recibirían subsidios, y gastan 40 por ciento de su dinero en productos de la canasta familiar por eso serían fuertemente afectados.
Aunque el presidente Duque dijo ayer que son probablemente los mismos beneficiarios de programas sociales como los 320 mil nuevos cupos en educación superior estatal, no hay una relación directa entre pagar más IVA y recibir esos beneficios. Al final, así el gasto público los beneficie, sí cargarían buena parte del peso de la financiación del hueco.
Es posible que este punto cambie en el trámite del proyecto de ley, por la presión política que ya se empezó a sentir y porque Duque dijo explícitamente ayer que buscará proteger a la clase media emergente, lo que da cabida a un diálogo que lleve a modificar esta parte del proyecto.
Las personas con plata
El proyecto también propone que las personas de altos ingresos, especialmente los trabajadores, y las que tienen patrimonios grandes, tendrán que pagar más.
Por un lado, los que tengan ingresos mensuales por encima de 33 millones de pesos tendrán que pagar un 4 por ciento más de los ingresos a partir de esa cifra de lo que pagan hoy. Es decir, una persona con un ingreso de 50 millones de pesos mensuales podría pagar hasta 8 millones de pesos más de renta al año.
Por otro lado, la propuesta incluye dejar vivo el impuesto a la riqueza para las personas naturales, que hoy es temporal y se iba a eliminar a partir del próximo año. Eso haría que quienes tengan entre 3.000 y 5.000 millones de pesos de patrimonio, paguen un 0,75 por ciento de éste; y los que tengan más de 5.000 millones, el 1,5 por ciento.
Con estos impuestos el Gobierno espera recibir 3,3 billones de pesos, con el gran desafío de evitar la evasión y la elusión que son usuales entre los que tienen recursos para contratar asesores y pagar esquemas complejos, como los que ha explicado el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega.
En cualquier caso, falta ver los detalles de cómo serán la normalización de activos (una suerte de amnistía parcial para que quienes tienen bienes ocultos los declaren y paguen un impuesto), el manejo de las rentas de capital (las que vienen de tener bienes, como arrendamientos y dividendos) de las que Duque y Carrasquilla dijeron que tendrán cambios y otros ajustes que pueden cambiar el efecto final sobre los más ricos.
Los agricultores
Según lo que explicaron Duque y Carrasquilla, los alimentos básicos que hoy no pagan IVA pasarán a hacerlo. Eso quiere decir que los agricultores y productores de carnes (ganaderos, avícolas, etc.) tendrán que vender más caros sus productos, por eso uno de los primeros en criticar esa propuesta fueron los agricultores agremiados en la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad, dijo que ese gremio (que fue también uno de los primeros en dar su apoyo a Iván Duque para segunda vuelta) no apoyará este punto de la reforma, por lo menos con la información que tiene.
“Cuando el presidente era candidato eso de gravar la canasta básica no estaba sobre la mesa. Haremos un llamado al Congreso de la República para que no apruebe esto”, le dijo Bedoya a La Silla.
Los agricultores, sin embargo, salen ganando por otro lado, porque la reforma incluye una exención de impuesto de renta por 10 años a los nuevos proyectos agrícolas que creen empleos.
Qué tan grande sea ese contrapeso depende de los detalles de la reforma, pues aunque Duque explicó que solo se aplicará a proyectos que surtan un trámite ante el Gobierno y demuestren que realmente son nuevos y aportarán nuevos empleos, falta ver exactamente cómo será ese visto bueno.
Los que ganan
Las empresas
La reforma le apunta a que sea más barato tener una empresa, especialmente porque propone bajar la tasa nominal de renta de 33 por ciento a 32 por ciento en el 2020, a 31 por ciento en 2021 y a 30 por ciento en 2022.
También propone que todo lo que paguen por IVA, la mitad de lo que paguen por el impuesto municipal industria y comercio y la mitad del 4X1000 se lo puedan restar al impuesto de renta que pagan cada año.
Pero los mayores beneficios empresariales se van para la industria naranja y para el sector agrícola. Aunque no han dado detalles de cómo funcionará este mecanismo, lo que se ha dicho es que para los proyectos nuevos del sector naranja que generen empleo se les eximirá por cinco años del pago de renta, y para los agrícolas se les eximirá por 10 años.
Pero no se conoce la letra menuda, qué sectores quedarán incluidos dentro de lo naranja y dentro de lo agrícola, qué tipo de proyectos podrán recibir la exención y cómo se vigilará el cumplimiento de los requisitos de empleo. Tampoco existe un cálculo de cuánto podrían costar estas exenciones.
De acuerdo con Duque estas exenciones y la modificación del IVA son el corazón de la ley y van a permitir un crecimiento del PIB de 4 por ciento el próximo año.
Manufacturas, infraestructura y mineroenergéticos
De las propuestas planteadas ayer por Duque, una de las que más le costará al erario es la que beneficiará a las empresas que más necesitan invertir en maquinaria o equipos para funcionar, como la industria manufacturera y los sectores minero, petrolero y de infraestructura.
La idea es que puedan restar de su impuesto de renta todo el IVA que paguen al comprar esos bienes de capital, lo que ayudaría a que sea más barato invertir en ellos, porque se ahorrarían el 18 por ciento del IVA. El objetivo de una exención como esta es que las empresas inviertan en tecnología y modernización.
Como ya no aplicaría para el impuesto de renta de este año que se paga en 2019, el impacto se notará en 2020, cuando el Gobierno calcula que dejará de recibir 6,6 billones de pesos. Esto es más de la mitad de lo que recibirá por el aumento del IVA en este año o casi medio hueco fiscal.
El sector financiero
En primer lugar, si las empresas pueden descontar de renta la mitad de lo que pagan por 4X1000, el desincentivo para utilizar el sistema bancario para sus transacciones y pagos se reduce, pues al final les va a costar la mitad de lo que les cuesta hoy. Eso permite que los bancos puedan vender más servicios a empresas..
En segundo lugar, las compensaciones que crea la reforma para compensar el mayor IVA a la canasta familiar para las personas más pobres pasarán por el sistema bancario. Eso son 2,3 billones de pesos en 2019 y más de 2,6 en 2020 que pasarán por el sistema financiero a través de 4,6 millones de famiias, lo que les daría no solo más capital para manejar sino acceso a nuevos clientes potenciales, entre los beneficiarios de ese subsidio.
Los municipios (y los alcaldes)
Uno de los impuestos más importantes para los distritos y municipios es el de industria y comercio (ICA). En Bogotá, por ejemplo, significó el 43 por ciento de los ingresos del Distrito en 2017.
Como el proyecto propone que la mitad de lo que las empresas paguen por él se reste de lo que deben pagar de renta, es un incentivo para que las empresas lo paguen. Eso beneficiará a los municipios, que en el fondo recibirán un subsidio de la Nación pues ésta va terminar asumiendo esa mitad del ICA para bajar la carga tributaria de las empresas sin recortar los ingresos locales.