Mientras se conjura la crisis y se trabaja por evitar a toda costa una tragedia, tres amenazas se ciernen sobre el futuro de esta megaobra. La judicial, que anticipan las investigaciones para determinar los responsables; la estratégica, que plantea los escenarios para evitar un desabastecimiento energético y la cara incierta: el futuro del proyecto, las comunidades río abajo y el medioambiente.
Sobre el gran muro de la presa de Hidroituango más de 1.500 obreros, muchos de ellos nacidos en las mismas comunidades que se mantienen en alerta roja, se juegan la vida para evitar una catástrofe. Tras arduas jordanas, el jueves pasado un pequeño grupo hizo un círculo para celebrar que el muro por fin había llegado a la cota 410, la meta que Empresas Públicas de Medellín (EPM) había impuesto para salvar la presa y disminuir el riesgo a los miles de habitantes aguas abajo.
La meta no era para nada fácil. El 28 de abril, cuando comenzó la emergencia y el río Cauca empezó a subir por el derrumbe del único túnel de desviación, estaba en la cota 387. Es decir que en menos de un mes los trabajadores, que tuvieron jornadas con el agua en las botas, lograron levantar un muro de casi 100 metros, más largo que una cancha de fútbol. No es un exceso decir que los héroes de esta emergencia han sido los trabajadores, los mismos que deberán seguir subiendo el dique hasta llegar a la cota 420, para protegerla aún más de la temporada de lluvias, que debe terminar en unas semanas.
La crisis ha comenzado a ceder aunque la emergencia no ha terminado por completo. Pero ahora que las aguas han comenzado a calmarse, una nueva tormenta se avecina con tres grandes nubarrones por resolver.
La cara incierta: el futuro de la obra
Hay muchas preguntas sobre lo que viene para Hidroituango. Hay que aclarar que el llenado de la obra de las últimas semanas fue prioritario y obedeció a un plan de contingencia armado en medio de la crisis, lo que hizo que se cambiara el material que se venía usando. En los últimos 100 metros los operarios usaron un relleno de limo arcilloso que impermeabiliza y un material rocoso que detiene el agua. No obstante, aún nadie sabe si este material resistirá los embates del agua y del tiempo, por lo que están haciendo estudios.
Voceros del Ministerio de Minas dijeron a SEMANA que la prioridad es recuperar el control del proyecto, lo que significa manejar el agua que entra y sale de la presa. Para esto, los constructores deben terminar el vertedero, resolver los problemas en los túneles de desviación, desinundar y drenar la casa de máquinas y subir la cota de la presa de 410 a 430 metros sobre el nivel del mar y conforme con el diseño original. “Cómo y a qué costo, requiere de una evaluación de EPM y la autorización de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales”, asegura una fuente del Minminas.
Los nuevos estimativos indican que probablemente el 31 de mayo el agua llegará al nivel del vertedero y que empezará a salir por una de las cuatro compuertas, la única que tiene las losas de concreto listas para soportar la fuerza del Cauca. EPM cree que a mediados de junio los contratistas constructores podrán finalizar las losas de los otros canales de salidas. Con esta parte de la obra lista, podrán cerrar el cruce de las aguas por la casa de máquinas y entrar a evaluar los daños que hicieron en esta caverna, en otros túneles y en la propia montaña.
Varios expertos han criticado el manejo de la crisis, incluido el ingeniero Jaime Iván Ordóñez de la compañía Ingenieros Consultores. En una carta que se ha hecho viral dijo que frente a tantas dudas y para eliminar cualquier riesgo se requiere desocupar la presa. Y aquí resulta clave el manejo de los túneles 1 y 2, que han causado el dolor de cabeza, pues los construyeron para desviar y encauzar el río Cauca mientras se alzaba la presa, pero luego los taponaron una vez un tercer túnel, el mismo que se derrumbó y causó la crisis, quedó listo y terminado.
Algunos de los integrantes del Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que participan gobierno, autoridades locales, departamentales y la misma EPM, han planteado reabrir estos dos túneles para desaguar la presa y construirles, como estaba en el diseño original, unas compuertas que permitan tener un mayor control del río. Sin embargo, EPM ha expresado la imposibilidad de destaponarlos.
La gran deuda de Empresas Públicas será explicar qué falló en la construcción del proyecto hidroeléctrico más ambicioso. El argumento de que todo se debió a derrumbes imprevistos resulta insuficiente. En un foro de expertos realizado en la Universidad Nacional, sede Medellín, intervino el profesor Luis Alberto Arias, participante en los estudios de factibilidad del proyecto en los años ochenta. Dijo que la geotecnia del sitio de la presa, desde la fase de factibilidad, ya mostraba que era delicada. Y que por eso “las condiciones técnicas de la obra tenían que ser perfectas para poder sortear los azares de la naturaleza. Algo que ahora está en duda”.
Comparten esa tesis las comunidades y la organización Ríos Vivos, que no han parado de denunciar que en el sitio de construcción de la presa había una falla geológica importante. Eso explicaría por qué se derrumba constantemente y sin control el túnel derecho, que, según dijo el mismo gerente de EPM, Jorge Londoño, contó con todos los estudios geológicos y el recubrimiento necesario, según se iba comprobando en el avance de la excavación.
Pese a los avances, Hidroituango sigue inmersa en un mar de dudas. En su carta, el ingeniero Ordóñez asegura que todas las ‘decisiones’ tomadas hasta ahora para mitigar la emergencia no han sido realmente técnicas, sino forzadas por la falla de criterio de EPM y sus ingenieros al taponar los túneles. También señala que será necesario vaciar el embalse y remover la presa, pues después de los continuos derrumbes y el paso descontrolado del agua por la casa de máquinas, es incierto en qué condiciones quedaron el macizo y la montaña. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió al gerente Londoño responder a dichos cuestionamientos y ahora se prepara un documento que dará a conocer en los próximos días.
La cara estratégica: evitar el desabastecimiento
Nadie sabe aún cuánto tardará el ingreso de Hidroituango al sistema energético, previsto antes de la emergencia para diciembre de este año. Por eso, en las últimas semanas las autoridades del sector han comenzado a analizar los escenarios del impacto que tendrá para el país esta demora y cómo conjurar una crisis por desabastecimiento.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha dicho que por ahora no hay riesgo de desabastecimiento. La Creg, por su parte, confirmó que en el corto plazo, es decir, para los próximos tres años “no se encuentran problemas en la atención confiable del suministro de energía a la demanda”. Sin embargo, si el ingreso de Hidroituango tarda más de dos años, la situación podría complicarse, pues a partir de 2021 la energía firme disponible no será suficiente para cubrir la demanda proyectada en el país. A esto se suma que las autoridades de planeación energética prevén para 2021 y 2022 un eventual fenómeno de El Niño. Esto pondría en aprietos a todo el sistema.
Para hacerle frente a esta situación, el viernes pasado el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Energía y Gas (Creg), colgaron en la página de internet, para consultas de las empresas y gremios del sector, cuatro resoluciones que buscan conjurar un eventual riesgo de desabastecimiento. Dos de ellas contienen ‘zanahoria’ para las empresas que hoy generan y a las otras dos algunos actores del sector las perciben como ‘garrote’, pues abren las puertas a más competidores.
Una de las resoluciones, la 065, amplía por tres años el mecanismo de obligaciones de energía firme a las plantas que actualmente hacen parte del sistema de generación –térmica, hidráulica o renovable–. Esto significa que recibirán el cargo por confiabilidad desde diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022, lo cual les permite respirar tranquilas. De hecho, en 2016 habían recibido un tratamiento similar –que iba hasta el 30 de noviembre de 2019– luego de que el fenómeno de El Niño generó ese año estrés al sistema energético del país.
Otra anticipa la subasta de energía, prevista inicialmente para 2020, para octubre de este año. Esta permitirá que participen algunos de los operadores actuales que tienen capacidad de ampliación o nuevos proyectos, que deben estar listos a más tardar en 2022 0 2023.
Pero el gobierno también quiere evitar nuevas sorpresas y por eso busca ampliar la base de oferentes en un mercado tradicionalmente muy concentrado. Por eso, decidió insistir en ampliar la matriz de generación energética y dos de sus resoluciones le apuntan a abrir las puertas a quienes tengan proyectos que puedan entrar en operación rápidamente, así no resulten ganadores de las subastas de energía. Esto implica que nuevos jugadores, entre ellos los proyectos de energías renovables, podrán presentarle al gobierno sus propuestas, y si la evaluación resulta positiva, comenzarán a competir en el mercado. En momentos en que la incertidumbre reina, el gobierno busca asegurarse de que el país no quede abocado a un nuevo apagón. Y sin duda, esto implicará que llegó la hora de los grandes cambios en este mercado.
La cara judicial: los expedientes secretos
Hidroituango ha comenzado a agitar otras aguas que amenazan crear una tormenta judicial que apunta a varios políticos, contratistas y ejecutivos. Esta semana, en los municipios ribereños al megaproyecto (al norte de Antioquia y sur de Córdoba), los habitantes afectados pasaban las horas con el rosario en la boca. Pero en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá, un grupo de investigadores adscritos a la Unidad Especializada contra la Corrupción analizaba planos, actas y testimonios a fin de develar las turbias movidas que se habrían presentado en la contratación de la monumental obra, cuyo costo total bordea los 11,4 billones de pesos.
Desde el comienzo varios procesos contractuales suscitaron fuertes controversias. En octubre de 2011 se inició la fase precontractual, cuando Empresas Públicas de Medellín abrió los pliegos de condiciones de acuerdo con los diseños de obra elaborados por el consorcio Generación Ituango, conformado por las firmas Integral S. A. y Solingral S. A. Las compañías constructoras interesadas debían formular propuestas en torno al valor de referencia fijado por EPM para ejecutar obra: 2,2 billones de pesos.
En los meses siguientes a la apertura de pliegos, EPM empezó a hacerles modificaciones. Cambió las condiciones cuando el proceso ya estaba en marcha, luego de que un puñado de potenciales oferentes quedó fuera de carrera. En total, se registraron 10 adendas a los pliegos, modificaciones que iban desde las condiciones de financiación o la acreditación de experiencia hasta una cláusula de uso de información reservada, impuesta apenas 12 días antes del cierre de propuestas. En su momento la Procuraduría General quiso intervenir en el proceso, pero en Antioquia alegaron que era un asunto entre privados. Algunos proponentes acudieron a jueces administrativos para obtener documentos y solo así EPM accedió a entregar cierta información.
Como corolario del azaroso proceso, la asociación colombo-brasileña CCC Ituango resultó ganadora. Su propuesta planteaba construir la obra por 1,89 billones de pesos, esto es, el 13 por ciento menos del valor de referencia. El consorcio ganador está integrado por la brasileña Camargo Correa (55 por ciento); Conconcreto (35 por ciento) y Coninsa Ramón H (10 por ciento). Uno de los cuestionamientos que más sonó contra el triunfo del consorcio CCC consistía en que este contó con información privilegiada. Se denunció que uno de sus altos ejecutivos, Jairo Hoyos Gómez, había hecho parte de la firma que diseñó la obra. Estas y otras denuncias, que advertían que EPM quería favorecer a este consorcio, nunca tuvieron eco en la cúpula de esa empresa.
En agosto de 2012, EPM adjudicó a CCC la construcción de la presa central y las obras asociadas al proyecto hidroeléctrico. Pero tan pronto empezó a correr el calendario de ejecución de obra, que debería concluir en noviembre próximo, surgieron adiciones al contrato firmado por un valor de 1,89 billones de pesos. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático, le ha seguido la pista a las adendas y contabiliza 23 actas de modificación al contrato original, las cuales suman 663.807 millones de pesos, equivalentes a 35 por ciento del valor inicial.
La Fiscalía, por su parte, ha indagado por lo ocurrido desde hace tiempo. En febrero de 2017 un grupo de agentes de la Policía Judicial Económica y Financiera inspeccionó las oficinas de la dirección del proyecto Hidroituango, en el complejo administrativo de La Alpujarra, en Medellín. Los agentes incautaron miles de documentos, carpetas y CD relacionados con varias fases del proceso de contratación (ver documento). La Fiscalía también cuenta con varios testigos que orientan las pesquisas. Uno de esos informantes, el ingeniero Eduardo José Zambrano Caicedo, actualmente tiene casa por cárcel y como exsocio de Odebrecht conoce bastante bien los intríngulis de la corrupción en obras de infraestructura.
Zambrano, de 73 años, fue socio y representante legal de la firma Consultores Unidos, a través de la cual Odebrecht movilizó cuantiosas coimas para hacerse con grandes obras en el país. El veterano ingeniero tiene acusaciones por lavado de activos y concierto para delinquir. En su contra hay voluminosa evidencia por lo que decidió colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. Su testimonio, por ejemplo, tiene en jaque a Roberto Prieto. Pero hasta ahora no se sabía que también está hablando sobre lo ocurrido en las más importantes licitaciones de Antioquia.
Esta revista conoció varias de esas declaraciones (ver fotos). El testigo le aseguró a la Fiscalía que fundamentalmente CCC se quedó con el proyecto Hidroituango porque su propuesta fue la más económica. “Ganó la licitación porque el consorcio Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa ofreció un menor precio”, aseguró. La afirmación, que no entraña ninguna irregularidad en sí, dejaría ver la forma de actuar de estas empresas con la anuencia de personas de EPM. “Este mismo consorcio realizó la construcción de la Hidroeléctrica Porce III”. El quid del punto está en que Porce III –otro gran proyecto de EPM– arrancó con un valor de 911 millones de dólares, pero terminó por costar 1.535 millones de dólares. Y algo aún más preocupante ocurrió en el proyecto hidroeléctrico Bonyic en Panamá, negocio también de EPM y ejecutado por Conconcreto, una de las socias de CCC. Allí el costo inicial de 50 millones de dólares creció hasta 314 millones de dólares, es decir, las adiciones por obras civiles significaron 441 por ciento más del precio inicial. Los fiscales se preguntan, entre otras cosas, por qué si EPM tuvo tan malas experiencias con CCC, le adjudicó Hidroituango, es decir, el contrato más importante de su historia.
Como ingeniero independiente, Zambrano asesoró a Odebrecht para entrar a la puja por Hidroituango. Sin embargo, CCC derrotó a la cuestionada multinacional. Pero eso no quiere decir que el proyecto haya quedado en manos impolutas. La firma brasileña Camargo Correa, accionista mayoritaria de CCC, está tan o más enredada en corrupción como la misma Odebrecht. Sus directivos, Dalton dos Santos Avancini y Eduardo Leite, tras pasar cuatro meses en prisión, firmaron un acuerdo de delación premiada con la Justicia de Brasil en el marco de la operación internacional Lava Jato.
Zambrano conoce bien los ires y venires que rodearon el negocio entre EPM y CCC en Hidroituango. No solo porque de la mano de Odebrecht aspiró a ese contrato, sino porque luego, como parte de otro consorcio, se quedó con la interventoría de las obras ambientales de la hidroeléctrica, un negocio de cerca de 8.000 millones de pesos. Zambrano ha rendido media docena de declaraciones y en los próximos días volverá al búnker para ampliar varios aspectos.
En una de esas delaciones le contó a la Fiscalía que en la adjudicación de Porce III dos personalidades de Antioquia, cuyos nombres aportó, habrían recibido una coima de 20 millones de dólares: “Quiero aclarar que no poseo pruebas y que no me consta lo dicho anteriormente, pero no es lógico que EPM haya adjudicado un contrato por más de 100 millones de dólares de diferencia”. Zambrano se refiere a que no es lógico que Odebrecht, habiendo formulado una propuesta tan por debajo de la del consorcio CCC, no haya sido escogida para ejecutar Porce III. El ingeniero le dio a la Fiscalía el nombre de un ejecutivo de Odebrecht que vive en Buenos Aires y quien podría tener detalle del trasfondo de este episodio.
En otra diligencia, Zambrano entregó a los investigadores voluminosa documentación que están revisando. Una fuente de la Fiscalía le dijo a SEMANA que en los próximos días el testigo rendirá otra diligencia para profundizar varios puntos relacionados con Hidroituango. De igual forma, el ente acusador también tiene las declaraciones de otro socio y testigo clave de Odebrecht: Federico Gaviria.
El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha dicho que su dependencia está analizando elementos “de incidencia penal” relacionados con las fases de diseño, construcción y ejecución, así como de los otrosíes de Hidroituango. La gran pregunta es si las irregularidades contractuales investigadas guardan relación con el colapso de la megaobra. Los expedientes darán pronto la respuesta.
Nota tomada de la revista Semana.