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Foto: El Espectador

La Fiscalía General sostiene que la entonces alcaldesa de Albanía le adicionó 12 mil millones de pesos al convenio que buscaba reducir la mortalidad infantil en el municipio.

En la tarde del pasado miércoles, a su ingreso al complejo judicial de Paloquemao la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez sostuvo ante las cámaras de televisión que la aguardaban que no tuvo relación alguna con el millonario contrato que buscaba reducir las tasas de mortalidad infantil en el municipio de Albania, del cual fue alcaldesa hasta el año 2014.

“Me están acusando de un contrato que no firme”, precisó la exmandataria departamental quien considera que este proceso penal es parte de “una persecución” política en su contra por el hecho de ser “mujer, indígena y guajira. Pienso además que demostrare ante la justicia que soy inocente”. (Ver Legalizan la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto)

Otra cosa muy distinta piensa la Fiscalía General que considera que existen suficientes elementos materiales probatorios para determinar que la entonces mandataria municipal ordenó la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004 suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania. (Ver Capturan a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto)

El ente investigador reveló en la audiencia de imputación de cargos una serie de documentos que revelan que los convenios firmados durante la administración de Yan Keller Hernández tuvieron un valor de 6.800 millones de pesos. Pinto Pérez ordenó la adición mediante el convenio 01 que fijó el precio total en 18.900 millones de pesos.

Entre los meses de marzo y agosto de 2011 se registraron diferentes adiciones por concepto de consultoría, entre otros. Más allá de las millonarias adiciones se encuentra el hecho de la subcontratación que se presentó a la hora de ejecutar los objetivos de los convenios interadministrativos, contratando así a personas que no tenían ni la experiencia, y mucho menos eran idóneas para esto.

para el desarrollo de las charlas y visitas a las madres gestantes, lactantes y jornadas de vacunación fueron contratadas personas que «no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros».

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó a primera hora que estás personas tenían la capacidad de votar en dicho municipio, «observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente».

Este contrato fue firmado por Pinto Pérez días antes de reiniciar a la alcaldía para presentar su candidatura a las elecciones para la Gobernación. La Fiscalía General le imputará en las próximas los delitos de peculado por apropiación, documento público y privado, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y celebración indebida de contratos.

Por estos hechos de corrupción administrativa están siendo procesados el exalcalde Yan Keller Hernández y el «contratista a quein se le adjudicaron dichos contratos». El fiscal del caso aseguró que se está tras la pista de la contratista «Cleofe Dora Piedra Arauz, contratista del hospital San Rafael de Albanía a quién le adjudicaron más de 7 mil millones de pesos». 

La ex gobernadora es investigada además por presuntamente haber tenido conocimiento y participación activa en las amenazas que recibió Jorge Enrique Vélez quién fungió como Gobernador encargado cuando la elección de Pinto Pérez fue anulada por la sección quinta del Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades.

Tomado de: EL ESPECTADOR

François Hollande, durante un acto en París el pasado día 4.

JACQUES DEMARTHON AFP

Los líderes de Alemania, Francia, Italia y España se reúnen en París

En tiempos de inestabilidad, el viejo núcleo de la Unión Europea busca fórmulas para evitar la desintegración del bloque. El presidente saliente de Francia, François Hollande, ha invitado este lunes a una cena en Versalles a los líderes de Alemania, Italia y España al castillo de Versalles. Hollande, la canciller Angela Merkel, el primer ministro Paolo Gentiloni y el presidente Mariano Rajoy quieren enviar un mensaje de unidad. La salida de Reino Unido, el ascenso de los populismos y las fricciones con los Estados Unidos de Donald Trump y a Rusia de Vladímir Putin han puesto en tensión el proyecto común.

Los organizadores de la reunión de Versailles rechazan el calificativo de directorio, palabra maldita en las cancillerías europeas, porque puede dar la idea de que una minoría de miembros del club de 28 decide por el resto. Insisten en que la reunión no es prescriptiva —no habrá conclusiones que los demás deban discutir— y que sólo obedece a la voluntad de ofrecer pistas, expresar una voluntad de seguir construyendo Europa. Pero es lo más similar al intento, por parte de los cuatro participantes —países fundadores y, en el caso de España, miembro desde los años 80— de marcar las grandes líneas de lo que debe ser la UE de futuro. Es también una manera de responder a la pregunta sobre quién está en el puente de mando de un barco que hoy parece a la deriva.

La cumbre llega en un mes de alto contenido simbólico. En las próximas semanas la primera ministra británica, Theresa May, debe oficializar el Brexit, la salida de la UE decidida por referéndum en junio de 2015. Será la primera vez que un miembro del club lo abandona. Y el 25 de marzo, una cumbre celebrará el Roma el 60 aniversario del tratado que lleva el nombre de esta ciudad y que fundó la Comunidad Económica Europea (CEE), embrión de la UE. El Elíseo, artífice de la cumbre de Versalles, cree que es la hora de mirar atrás y de reflexionar hacia dónde va el barco.

La publicación, la semana pasada, de un Libro Blanco sobre el futuro de Europa, elaborado por la Comisión Europea, alimenta el debate de ideas. El documento presenta cinco escenarios hipotéticos para una Europa sin Reino Unido, con 27 miembros. Entre una federación de Estados Unidos de Europa, que en tiempos de repliegue nacional muy pocos quieren, y limitar la UE a un mercado único, que supondría dar marcha atrás tras décadas de integración, Francia y Alemania se inclinan por el punto intermedio de la Europa de varias velocidades, la posibilidad de que los países que quieran una mayor integración en un terreno determinado se unan y avancen solos. Las dudas de Trump sobre la OTAN, por ejemplo, refuerzan los argumentos de los partidarios de acelerar la Europa de la defensa.

La paradoja es que, de los cuatro participantes en el cónclave de Versailles, tres viven en la provisionalidad. Hollande abandonará el Elíseo dentro de tres meses, y una de las candidatas a sustituirle, Marine Le Pen, hace campaña directamente con la promesa de reventar el proyecto europeo. Merkel afronta unas elecciones legislativas en septiembre en las que intentará revalidar su mandato como canciller, pero su victoria no está asegurada. En Italia la actual legislatura terminará en febrero de 2018, pero amplios sectores del espectro político empujan para una convocatoria anticipada. Rajoy, que se suma a las reuniones con núcleo de la UE después de ausentarse durante los meses de gobierno interino en España, aparece como el elemento más estable en el grupo de los cuatro.

Tomado de: Elpais.com

Miguel Uribe secretario de Gobierno. Foto: Jet Set

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, encargado de la implementación del Código de Policía en Bogotá señala que esta normativa responde a las necesidades de la capital.

El lunes arrancó la implementación del nuevo Código de Policía, una iniciativa que estudió y aprobó el Congreso en 2016 y que ahora se puso en marcha en todo el país. Bogotá no es la excepción, por el contrario, en la capital están puestos los ojos por la complejidad de sus problemas de convivencia.

Semana.com habló con el secretario de Gobierno para conocer detalles de esta normativa.

Semana.com: Lo nuevo que trae el código de Policía son las multas… ¿quién se va a encargar del cobro?

Miguel Uribe: En el Distrito estamos revisando diferentes alternativas teniendo en cuenta que la dimensión va a ser importante. Hay que definir si el cobro se hace electrónico o en papel, si el recaudo debe incluir todo el sistema de operación del Sistema Nacional de Medidas Correctivas. Hay que encontrar cuál es la estructura del recaudo más efectiva.

Semana.com: Los colombianos se caracterizan por no pagar sus multas… ¿qué va garantizar el pago?

M. U.: Por una parte el código trae la alternativa de conmutar multas, es decir, permite a las personas que no puedan o no quieran pagar de realizar cursos pedagógicos. De otro lado, la norma trae la posibilidad de que quienes no paguen tendrán prohibiciones para ser contratados en el Estado como contratistas o como funcionarios. Hay medidas como la suspensión del pasaporte, es decir, no pagar va a traer otro tipo de consecuencias.

Semana.com: ¿Para algunas contravenciones hay seis meses de pedagogía, eso va a perjudicar la implementación plena del código?

M. U.: La implementación es total y entró en vigencia, todas las multas generales de tipo 1 a 4 no podrán ser cobradas, sin embargo, el comportamiento queda registrado en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas y adicionalmente se toma como un llamado de atención.

Semana.com: ¿Cómo van a hacer para encargarse de los cobros y las sanciones si Bogotá solo tiene 45 inspectores?

M. U.: Sí, la capital tiene 45 inspectores desde hace muchos años y por primera vez vamos a incrementar considerablemente el número. Esperamos que en el primer semestre del 2017 contemos con 100 inspectores, es decir, vamos a doblar el número, van a ser especializados, vamos a tener inspectores para los temas, ambientales, animalistas, para las ocupaciones ilegales, se trabajará las 24 horas. El avance será contundente.

Semana.com: ¿Cómo hacer para que el código en una ciudad de ocho millones de habitantes no sea letra muerta?

M. U.: Es deber de los ciudadanos denunciar y con esa información obviamente hay una responsabilidad institucional de aplicar el código. A través de esta normativa los procesos serán más cortos y expeditos y eso va a generar que las sanciones no se queden en el papel.

Semana.com: El código demuestra que hay un fracaso de la convivencia de los ciudadanos…

M. U.: Por el contrario es una norma que establece una serie de comportamientos en los que no se deben incurrir para no perturbar la convivencia. Decir eso es lo mismo que señalar que el código penal demuestra que la sociedad fracasó y que estamos condenados a vivir dentro del delito. Este código tiene una apuesta pedagógica que genera incentivos para que los ciudadanos se comporten correctamente.

Semana.com: Este código es un triunfo del alcalde Enrique Peñalosa

M. U.: Sin duda el alcalde Enrique Peñalosa defendió y apoyó plenamente este código cuando llegó a la administración, convocó medios de comunicación, gremios, congresistas, alcaldes y al Gobierno Nacional para que apoyaran esta normativa. Este nuevo código es fundamental para el Distrito y responde a las nuevas necesidades de Bogotá.

Semana.com: ¿Qué hay de nuevo para quienes realicen protestas como la de los animalistas?

M. U.: El derecho a la manifestación está protegido por la Constitución, los manifestantes tienen el deber de manifestarle a la Administración Distrital el motivo de la movilización y los lugares para hacer reuniones previas y de acompañamiento.

Semana.com: En ese sentido ¿no fue un exceso colocar 3.200 policías en la plaza de toros?

M. U.: Hay que resaltar que ocho días antes (22 de enero) hubo heridas graves para quienes estuvieron en la corridas y en los propios manifestantes. Estos enfrentamientos no se pueden presentar. En este caso teníamos que tomar medidas drásticas para garantizar que esto no volviera a ocurrir y de acuerdo a las recomendaciones de la misma Policía, consideraron que era necesario un dispositivo de esta magnitud.

Semana.com: ¿Ese evento y el partido de fútbol demostraron que hace falta policía en Bogotá?

M. U.: El alcalde Enrique Peñalosa lo ha mencionado en varias oportunidades. Bogotá es una de las ciudades con menos policías por cada 100 mil habitantes comparada a otras capitales del país. En ese sentido necesitamos más policías en Bogotá.

Tomado de:Semana.com

Foto:  AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está encontrando con una gran oposición a su veto a los musulmanes. A las manifestaciones en su contra que estos días copan las calles del país, hay que sumarle las reacciones del resto de países del mundo y las iniciativas emprendidas por determinadas empresas que tratan de contrarrestar la norma.

Hay algo que a estas alturas está claro ya, 48 horas después de que el presidente de EEUU firmara el veto: al mundo no le ha gustado. Y son muchos los que piensan hacer algo para que, si Trump no da marcha atrás, los afectados por su decisión se sientan respaldados y ayudados. Aquí la prueba.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, ha afirmado este lunes que el veto temporal del presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es «ilegal», «malvado» y desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo.

La Comisión Europea ha avisado también este lunes a la Administración de Donald Trump de que «garantizará que no haya discriminación» a los ciudadanos europeos con doble nacionalidad derivada de la orden ejecutiva.

Esto es la Unión Europea. Y en la Unión Europea no discriminamos en base a la nacionalidad, la raza o la religión

 

 

«Esto es la Unión Europea. Y en la Unión Europea no discriminamos en base a la nacionalidad, la raza o la religión, no sólo respecto al asilo sino en cualquiera de nuestras otras políticas», ha avisado en rueda de prensa el portavoz del presidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, preguntado por la polémica orden ejecutiva presidencial y cómo responderá la UE en el caso de los europeos de doble nacionalidad que podrían verse afectados.

«Garantizaremos que no haya discriminación infligida en nuestros nacionales», ha dejado claro el portavoz comunitario, que ha indicado que los servicios jurídicos de la institución están analizando si la orden ejecutiva «tiene consecuencias para el viaje de los ciudadanos de la UE con doble nacionalidad». «Por ahora la situación no está clara», ha explicado, admitiendo que hay señales «conflictivas».

El Parlamento iraquí quiere seguir el ejemplo de irán, que ya ha anunciado que aplicará la reciprocidad con Estados Unidos y sus ciudadanos no podrán entrar al país. Así, el Parlamento iraquí ha votado este lunes unas recomendaciones presentadas por la Comisión parlamentaria de Relaciones Exteriores sobre la decisión de Trump.

La presidencia ha apuntado que las recomendaciones son: «Actuar con reciprocidad con EEUU; pedir a la ONU, las organizaciones internacionales, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica que adopten una postura firme y tomen medidas sobre este asunto; y exigir al Congreso y a la Administración estadounidense que revise esa decisión».

Además, en el texto se precisa que los parlamentarios piden al Gobierno iraquí actuar con reciprocidad en el caso de que Estados Unidos no retire esta medida temporal.

Ante este «confuso periodo» que vive el país, ha anunciado el presidente de Starbucks, Howard Schultz, en una carta dirigida a sus socios, el empresario ha comunicado «acciones específicas» con las que demostrar que «no permaneceremos callados mientras la incertidumbre en torno a las acciones del nuevo gobierno aumentan cada día». «Con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa», Schultz ha lamentado que «vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda».

Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda

Por eso ha querido dejar clara su postura ante las recientes medidas anunciadas por el gobierno de Trump sobre inmigración, la construcción de un muro en la frontera con México, el futuro de DACA y de Obamacare. Así, el empresario ha anunciado un plan para contratar 10,000 refugiados en un plazo de cinco años en los 75 países donde tiene establecimientos para dar una oportunidad a «aquellos que huyen de guerras, persecuciones y la discriminación».

Este plan comenzará en Estados Unidos, donde Starbucks incorporará a su plantilla a aquellos que hayan trabajado para el Ejército estadounidense como intérpretes o en apoyo del personal desplegado en alguna de las misiones internacionales en las que participa EEUU.

Por su parte, el presidente de la empresa Airbnb, Brian Chesky, también se ha solidarizado con los inmigrantes de los siete países -Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen- a los que Trump ha prohibido la entrada al país durante los próximos tres meses y ha ofrecido alojamiento gratuito a las personas afectadas.

«Airbnb proporciona un alojamiento gratuito a los refugiados y a toda persona que no se le permita entrar a Estados Unidos», ha escrito Chesky en su cuenta de Twitter, en la que ha invitado a quien lo necesite que se ponga en contacto con él.

Tomado de: http://www.huffingtonpost.es/

Después de los debates entre sindicatos, gremios y Gobierno Nacional, los trabajadores exigen un incremento del 14% y los industriales apenas ofrecen 6,5%. Se espera que el Gobierno oferte un punto medio

Este jueves, durante la reunión de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional en manos del Ministerio de Trabajo, dará su contrapropuesta en relación al monto del salario mínimo que ganaría los trabajadores para 2017. 

Se espera que dicha oferta pueda encontrar un punto medio en el debate entre los trabajadores y los gremios como Fenalco y la Andi. Hasta el momento los sindicatos solicitaron un aumento de al menos 14%  de los$689.454 que ganan hoy los asalariados. Por su parte los gremio ofrecieron 6,5% de incremento en la cifra, un poco más de la inflación.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, aseguró que: » yo presumo que está el Gobierno en las conversaciones en cabeza del presidente Santos. Nosotros esperamos que haya una buena oferta para los trabajadores en materia de salario mínimo legal».

Según las declaraciones de algunos sindicatos, los trabajadores estarían dispuesto a bajar su oferta del 14%, dependiendo de la propuesta que haga hoy el Estado. A las 5:00 de la tarde la Comisión de Políticas Salariales y Laborales iniciaría su reunión.

Tomado de: Elespectador.com

Foto: Archivo particular

En una sesión de las comisiones primeras, este lunes comienza la implementación del acuerdo.

Seis delegados del grupo guerrillero, con voz pero sin voto, vigilarán el trámite de implementación.

El Congreso arranca este lunes una semana atípica. No solo porque los legisladores, como pocas veces ocurre, tendrán que trabajar en época navideña, sino porque en el Capitolio se estrenan dos figuras: el ‘fast track’ o vía rápida para implementar el acuerdo de paz y la presencia de voceros de la guerrilla para vigilar que todo lo pactado se cumpla al pie de la letra.

Y todo se estrenará con una sesión conjunta de las comisiones primeras, a la una de la tarde, en la que se debatirá el proyecto de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

Por un lado, se comienza con el ‘fast track’, figura que permite reducir los tiempos para el trámite en el Legislativo de las iniciativas encaminadas a la implementación del acuerdo de paz.

A esto se agrega que a partir de este lunes, las Farc tendrán seis delegados, tres en el Senado y tres en la Cámara, quienes con voz pero sin voto serán una especie de guardianes que velarán porque en el trámite de los proyectos se cumpla con lo pactado en La Habana.

Para el Senado fueron designados Jairo Estrada, Pablo Cruz y Judith Maldonado. En la Cámara estarán Francisco Tolosa, Jairo Rivera e Imelda Daza.

Todos ellos son líderes sociales, políticos o estudiantiles que pertenecen a la academia y a organizaciones de izquierda como la UP. Ellos aseguran que no son de las Farc.

Su tarea será mayúscula, como lo reconoce Jairo Rivera: “Las leyes deben corresponder a lo que se acordó, por eso defenderemos los acuerdos hasta las últimas consecuencias, pues allí hay un proyecto de modernización para el país”.

A partir de este lunes, y por lo menos durante los próximos seis meses (mientras dura el ‘fast track’), su presencia será cotidiana en el Congreso, pues según el acuerdo deberán participar “en el debate de los proyectos de reforma constitucional o legal que sean tramitados” mediante ese procedimiento legislativo especial.

Pero como esa vía rápida y la presencia de los voceros de las Farc no tienen antecedentes en el Congreso, hasta este domingo no había claridad sobre cómo proceder.

Según el presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Motoa, una de las inquietudes que hay es cómo y cuándo se les concederá la palabra a los voceros de las Farc.

“Tendremos que remitirnos a la Ley 5.ª que tiene dos artículos que establecen cómo pueden intervenir los particulares en una sesión”, dijo Motoa, quien admitió que el tema lo tocarán esta mañana antes de iniciar el debate, que está citado para la 1 de la tarde.

Y agregó que de todas maneras será un tema que tendrán que revisar con la Comisión Primera de la Cámara, pues se trata de una sesión conjunta.

Esa sesión es clave pues comenzará el debate de la ley de amnistía, con la cual se busca darles seguridad jurídica a los guerrilleros rasos que no hayan cometidos delitos graves. Además, establece la renuncia a la persecución penal de los miembros de la Fuerza Pública acusados de delitos menores. La idea es que gracias al ‘fast track’ este proyecto sea ley antes de terminar el 2016.

La ONU está alerta

Respetar estándares internacionales

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reiteró que la ley de amnistía debe respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Señaló que debe responder a un marco legal preciso que respete los límites que impone el derecho internacional; aplicarse de manera excepcional, condicionada e individualizada y generar el régimen de estímulos requeridos para lograr el funcionamiento adecuado de los mecanismos de verdad, justicia y reparación que se han acordado en el marco del proceso de paz.

Tomado de: Eltiempo.com 

Foto: Alcaldía de Bogotá

Está favor de ese castigo y hará todo el esfuerzo para evitar que este caso quede en la impunidad.

El Alcalde de Bogotá indicó que están trabajando para evitar impunidad en caso de Yuliana.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien organizó este martes una protesta en la plaza de Lourdes, en contra del atroz crimen contra Yuliana, la pequeña de 7 años, cuya muerte estremeció al país, se mostró partidario de que en Colombia exista la cadena perpetua para castigar crímenes de violencia sexual.

“Estas atrocidades deben ser castigadas con cadena perpetua. Si esto fuera así, no habría criminales sueltos. No hay ninguna justificación para estos actos demenciales y si se atribuye a estas atrocidades algún desequilibrio mental, con mayor razón nuestros niños deben estar protegidos”, señaló el Alcalde.

Peñalosa recordó en su discurso la lucha de la exsenadora Gilma Jiménez, quien fue su amiga y funcionaria de Bienestar Social, en su primera Alcaldía, y quien  defendió la cadena perpetua para estos asesinos de niños y niñas. «Nos duele el corazón con tanta maldad. Todas las autoridades estamos volcadas a apoyar a su familia. Exigimos justicia«, agregó.

Además recordó  que pusieron a disposición de la familia de Yuliana a una de las mejores abogadas del país en el tema, Isabel.

Tomado de: Eltiempo.com