Gobierno anunció que en el 2022 Soacha tendrá portal de TransMilenio
La Nación financiará con $401.000 millones TransMilenio en Soacha.
Además que contará con cinco estaciones y cuatro kilómetros de extensión en el municipio.
Para el año 2022 se espera que entre en servicio la fase II y III de TransMilenio. Así lo anunció el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al ratificar que el Gobierno Nacional dio el aval de disponibilidad fiscal para este proyecto de movilidad que tiene un costo de $ 633.000 millones, de los cuales la Nación aportará $ 401.000 millones que corresponden al el 70 por ciento de la obra.
Cárdenas hizo un recorrido por las estaciones del sistema que opera en el sur de la ciudad en compañía de CITYTV y explicó que en dos meses se espera la apertura de la licitación pública.
Si los cronogramas se cumplen, la obra comenzaría a mediados del 2017 “y según los diseños y proyecciones, Soacha contará con este servicio a partir del año 2022”, dijo el funcionario.
“Hoy queremos anunciarle al país y especialmente a los habitantes de Soacha, que la segunda y tercera fase de Transmilenio en el municipio, es una realidad”, confirmó el Ministro.
Para esta semana se espera que se formalicen los recursos a través de un Confis. Según los cálculos, esta obra beneficia a por lo menos dos millones de personas.
La obra tiene una longitud de 3,9 kilómetros y “movilizará a más de 447.000 pasajeros al día y contará con cinco estaciones y un portal”, explicó el funcionario del Gobierno Nacional.
“Actualmente, un ciudadano debe tomar un transporte o dos adicionales a TransMilenio para llegar a su trabajo en Bogotá. Con la realización de este proyecto no solo reducirán en tiempo su trayecto en aproximadamente una hora al día, sino que también beneficiará su bolsillo, su economía, de pasar de pagar cuatro pesajes (ida y regreso) a tan solo dos, un ahorro aproximado de 4.000 pesos al día, 100.000 pesos al mes”, precisó el Ministro quien reiteró que estas obras se realizan con el pago de los impuestos.
BOGOTÁ / CITYNOTICIAS
La Asamblea Nacional desacatará las sentencias de la justicia chavista e insistirá con el juicio político a Nicolás Maduro
Foto: Infobae //La Asamblea Nacional de Venezuela (@AsambleaVE)
El líder opositor Henry Ramos Allup afirmó que la sala “inconstitucional” sólo “podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos pero no al Parlamento electo por el pueblo”
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, aseguró que el Parlamento seguirá «desacatando» todas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pese a la acción judicial iniciada por la Procuraduría.
La reacción del opositor responde a la decisión de la Sala Constitucional del máximo tribunal que declaró «procedente» un amparo introducido por la Procuraduría General venezolana contra el parlamento por iniciar acciones legislativas contra el presidente del país, Nicolás Maduro.
Absolutamente nula nueva decisión salainconstitucionaltsj declarando cautelar favor Maduro promovida procurador general república chimbo.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) 15 de noviembre de 2016
Ramos Allup considera que la sala «inconstitucional» solo «podrá dar instrucciones a su pandilla de lacayos pero no a Asamblea Nacional electa por el pueblo«.
salainconstitucionaltsj fraudulenta designada violación CRBV podrá dar instrucciones a su pandilla d lacayos pero no AN electa por pueblo.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) 15 de noviembre de 2016
El amparo solicitado por la Procuraduría fue hecho sobre las medidas de «juicio político» contra el jefe de Estado que promueve el Parlamento venezolano argumentando que Maduro ha roto con el hilo constitucional del país.
«Seguiremos desacatando todas las decisiones anti-constitucionales del régimen, de la sala inconstitucional del TSJ y de la sala electoral del TSJ», indicó el presidente del Parlamento en otro mensaje.
Desde principios del año, cuando la oposición comenzó a controlar el Parlamento, el poder Legislativo entró en confrontación con el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Por una parte, el Legislativo señala de «inconstitucional» a las autoridades del máximo tribunal por haber sido designadas en una jornada «exprés» de los chavistas días antes de perder el control sobre el legislativo.
A su vez, el TSJ declaró nulos todos los actos del Parlamento por desconocer una sala en la que el Supremo prohíbe la investidura de tres de los 112 diputados opositores por una investigación sobre el supuesto fraude en las elecciones legislativas.
El Parlamento desaprobó la nueva prórroga del decreto de emergencia económica
La Asamblea Nacional, de contundente mayoría opositora, desaprobó la quinta prórroga del decreto presidencial de emergencia económica por considerar que en los 10 meses que tiene de vigencia la crisis del país ha empeorado y porque supuestamente viola la Constitución.
El voto a favor de la desaprobación no contó con el aval de la bancada oficialista que alegó que la oposición tiene un discurso parlamentario contrario al que mantiene en la mesa del diálogo político que se inició el pasado 30 de octubre entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y sus adversarios.
Sin embargo, este decreto fue prorrogado por el Ejecutivo el domingo pasado sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución.
El diputado opositor Luis Emilio Rondón pidió votar contra esta prórroga al señalar que en estos 10 meses se ha dado «la reiteración de una política económica errada» y «la situación económica y social de Venezuela se ha deteriorado significativamente en términos de caída de la actividad económica» y «exacerbación de la inflación«.
Tomado de: Infobae.com
Obama defiende la democracia y a la OTAN en Grecia
El presidente de Estados Unidos dio un discurso donde dijo estar seguro de que el compromiso de su país con la alianza militar seguirá adelante.
En un discurso que ofreció en el centro cultural Stavros Niarhos en Atenas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró este miércoles (16.11.2016) que la democracia de su país es más fuerte que cualquier persona y sostuvo que el compromiso de EE. UU. con la OTAN «continuará”, pese al cambio de Gobierno y a las declaraciones del próximo mandatario, Donald Trump, con respecto la presunta obsolescencia de la alianza.
«Hoy la OTAN, la alianza más grande del mundo, es tan fuerte y está tan preparada como nunca antes. Y confío en que, dado que el compromiso de Estados Unidos con el Tratado del Atlántico Norte ha perdurado por siete décadas -ya sea con gobiernos demócratas o republicanos-, ese compromiso continuará”, dijo el mandatario. «Incluso (permanecerá) nuestro compromiso y nuestra obligación de defender a cada aliado”, agregó.
Asimismo, defendió los logros de la globalización y la interconexión económica, que desde su perspectiva ha conducido a más bienestar, más educación y menos violencia. Pese a ello, reconoció que «hay enormes brechas”. También apuntó que «dado que nuestras democracias son inclusivas, somos capaces de aceptar a las personas, a los refugiados con necesidades en nuestros países, y en ninguna otra parte hemos visto esa compasión con más evidencia que aquí en Grecia”.
Trump y Obama, diferentes
Parte de su discurso también lo dedicó Obama a valorar la importancia de la democracia y de defenderla frente a los desafíos que enfrenta en estos tiempos. «Nuestras democracias muestran que somos más fuertes que los terroristas, los fundamentalistas y los absolutistas, no podemos tolerar a quienes buscan cambiar el estilo de vida de las personas a través de la violencia y que quieren hacernos traicionar o rehuir de nuestros valores”, precisó.
Si bien admitió que la democracia puede ser «lenta, frustrante, dura y conflictiva”, agregó que definitivamente es «mejor que cualquier otra alternativa”. Por lo mismo, recalcó que «el próximo presidente (de Estados Unidos), Donald Trump, y yo no podríamos ser más distintos. Tenemos puntos de vista distintos, pero la democracia estadounidense es más grande que cualquier persona”.
Tras su discurso, el presidente estadounidense emprendió viaje hacia Berlín.
DZC (EFE, dpa, Reuters)
Tomado de: DW
Mañana, movilización contra la Reforma Tributaria
Todo está listo para que mañana, a partir de las 4 de la tarde, desde el sector Puerto Duro, en el centro de Cartagena, se realice la gran concentración de protesta contra el proyecto de la nueva Reforma Tributaria. La jornada concentrará a las organizaciones sindicales filiales a la CUT, CTC, CGT, Asociaciones de Pensionados y el Sindicato Único de Educadores de Bolívar (Sudeb).
En rueda de prensa realizada ayer, Medardo Hernández, presidente del Sudeb, explicó que todas las organizaciones, empleados, y un gran número de ciudadanos de Cartagena y municipios vecinos, se unirán para manifestar su desacuerdo con esta “nueva cascada” de impuestos, cuyo objetivo principal es afectar los bolsillos de los más pobres de este país.
“Se protestará contra la propuesta de aumentar el IVA a más de 60 artículos de la Canasta Familiar del 16% al 19%, contra el impuesto regresivo a los combustibles, peluquerías, bebidas azucaradas, cooperativas, celulares y servicio de internet. Contra la disminución del monto de 3,4 millones para la declaración de rentas a 2,7 millones y obligando a 500 mil nuevos empleados en el país. Contra la prolongación del impuesto del 4 por 1.000 y contra el Mono impuesto que empobrece a los tenderos”, manifestó Hernández.
Tomado de El Universal,de Cartagena.
Colombia: la paz, la verdad, las empresas
El acuerdo entre FARC y gobierno colombiano prevé la Jurisdicción Especial para la Paz que ofrece a todos los actores del conflicto perdón a cambio de verdad. ¿También a empresas beneficiarias de desplazamientos?
«En muchos lugares de Colombia, después de los desplazamientos violentos de campesinos, afrocolombianos e indígena,s llegaron empresas a poner grandes plantaciones, a comenzar proyectos mineros”, dice a DW Alexandra Huck, coordinadora de la Kolko, una organización de la sociedad civil alemana que desde el 2003 trabaja desde Berlín por los derechos humanos en Colombia.
«Hay muchos indicios de que sí hay relación entre empresas del sector privado y esa violencia que en muchos casos ha sido efectuada por parte de fuerzas paramilitares. Pero en Colombia el nivel de impunidad supera el 90%”, añade.
La verdad
En este momento en que se ha concluido en La Habana la revisión del acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano, para las víctimas del conflicto las esperanzas están puestas en la prevista Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
«El sistema acordado prevé que todos, absolutamente todos los responsables de vulneraciones graves a los derechos humanos deban acudir para contribuir al esclarecimiento de la verdad”, explica a DW, desde Ginebra, Enrique Chimonja, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que trabaja en los territorios afectados por la violencia.
En el Foro Internacional de Derechos Humanos y Empresas, Chimonja resalta la gran posibilidad que tiene en este momento Colombia de sentar precedentes. La búsqueda de la verdad sería, según Chimonja, una piedra angular:
«A pesar de lo dolorosa que pueda resultar, las víctimas lo que están pidiendo es que la verdad sea la garantía de las condiciones de no repetición. No están exigiendo ni reclamando condenas en cárceles convencionales sino que todos los que han participado de la violencia y vulneración de derechos, a cambio de la verdad completa, puedan pasar de ser victimarios a ser parte de la construcción de la paz”.
Así, a la JEP, «deberían acudir las empresas que en este momento están siendo investigadas pues hay serios indicios de que se beneficiaron del conflicto armado o participaron en él”, explica el activista.
Por ejemplo, según testimonios de paramilitares desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz (2005), empresas bananeras en la región noroccidental de Colombia habrían importado armamento para apoyar el conflicto armado interno y generar la violencia en territorios donde después se implementaron sus negocios. Cuvaradó y Jiguamiandó serían dos casos emblemáticos.
Participación en la paz
Volviendo a unir Colombia.
Efectivamente, «en cuanto a asesinatos y masacres, muchas víctimas han dicho que para ellos es muy importante la verdad: saber lo que pasó, por qué pasó, quién lo hizo, dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Luego, en todo lo que tiene que ver con tierras y en lo económico, la verdad aún no arregla el asunto del robo”, agrega por su parte Huck, subrayando el temor de que en cuanto a devolución de tierras muy probablemente no vaya a haber una solución amplia.
«No creo que en ese sentido la JEP vaya a sentar un precedente fuerte. Ante ella se pueden presentar individuos, a través de los cuales se puede conocer cosas que las empresas han hecho. Pero Si quieren aportar a la reparación lo harían con su propiedad no con la de la empresa. Si se lograra que la empresa como tal asumiera responsabilidad y contribuyera a la devolución de bienes robados y reparación de víctimas, eso sería un precedente, pero desafortunadamente no se ve que eso se podría realizar a través de este proceso”, agrega Huck.
Con todo, más allá del esclarecimiento de lo sucedido, «el sector privado podría tener un papel importante en este proceso, permitiendo a los desmovilizados incorporarse al mundo laboral y también aportando a esta paz que requiere de instituciones como la JEP”, opina Huck.
Aconsejando prudencia en cuanto a las expectativas, sí cree importante para la paz colombiana que «se pueda sacar a la luz la verdad sobre las estructuras y dinámicas de estos crímenes y los autores intelectuales detrás de los autores materiales que llegaron a los pueblos para asesinar y desplazar”.
Tomado de DW en español
Santos, a la espera de un diagnóstico sobre su salud
El presidente Juan Manuel Santos lee una declaración al salir de la Fundación Santa Fe de Bogotá, acompañado por directivos de la institución. / SIG Presidencia
El jefe de Estado viajó a EE.UU. para realizarse nuevos chequeos con el fin de descartar posibles problemas en la próstata, de la que se le había removido un tumor en 2012.
El viernes estará de regreso en el país
Por: Redacción Política
“Esta noticia nos toma por sorpresa a mi familia y a mí. Mantengo confianza en que los resultados de estos nuevos exámenes serán positivos”. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santosrespondió a los rumores que ayer en la mañana se difundieron en los medios de comunicación y que incluso señalaban que el mandatario se encontraba enfermo y hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
En palabras castizas, el presidente Santos tiene una concentración elevada de una proteína producida por las células de la glándula prostática (que se mide a través de un examen de sangre) y cuyo aumento es frecuente en hombres con cáncer de próstata. Un diagnóstico que preocupa, pues si bien es cierto que el incremento puede deberse a otros estados benignos, el mandatario colombiano ya enfrentó una intervención quirúrgica –en octubre de 2012– cuando le fue retirado un tumor maligno de próstata, con bajo nivel de agresividad.
En esa oportunidad la enfermedad le fue detectada mediante exámenes de sangre que mostraron una elevación del antígeno prostático y el mandatario también se practicó chequeos médicos complementarios en Estados Unidos, en el Memorial Sloane Ketering Cancer Hospital de Nueva York, en donde una resonancia nuclear confirmó el diagnóstico y se decidió practicar la prostatectomía radical.
Esta vez, según detalló el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, los exámenes de seguimiento médico rutinario al presidente confirmaron el aumento en los niveles de la proteína, por lo que la recomendación fue realizar a la mayor brevedad posible un estudio con tecnología que aún no está disponible en Colombia. “Cuando se conozcan los resultados de todos los estudios y se defina el curso del tratamiento, el presidente nos ha pedido que lo hagamos conocer a la opinión pública”, declaró Llinás.
Por su parte, el mandatario aseguró que espera que el viernes ya esté de regreso en el país y que aprovechará su viaje a Estados Unidos para asistir a unos eventos que en principio no estaban agendados. “Voy a aprovechar mi estadía en Washington para reunirme con senadores y representantes republicanos y demócratas, siguiendo nuestra tradicional política bipartidista, con el fin de informarles sobre el nuevo acuerdo de paz y discutir con ellos los pasos a seguir con Paz Colombia y el posconflicto”, sostuvo al señalar que intentará asistir a un evento al que había sido invitado por Diálogo Interamericano y a una cena que se realizará en la Embajada de Colombia en Washington en honor al vicepresidente Joe Biden.
La noticia sobre la salud del jefe de Estado se conoce en momentos en que los compromisos nacionales e internacionales abundan. Aparte de la reciente consecución de un nuevo Acuerdo Final con las Farc y los trabajos que se adelantan para destrabar la mesa de diálogos con el Eln, en los próximos 30 días el mandatario tendrá que viajar a Noruega a la ceremonia en la que le será entregado el Premio Nobel de Paz y posteriormente a Roma para asistir a una audiencia privada con el papa Francisco.
Sin embargo, Santos se mantiene positivo frente al diagnóstico, pues aunque el incremento en el antígeno luego de retirar la próstata puede ser señal de que persisten células malignas en el cuerpo, los especialistas coinciden en que son varios los tratamientos que se pueden realizar para su control. En el caso del presidente, los análisis que se practicará este jueves ayudarán a determinar si existe evidencia de metástasis, para establecer cuál será la terapia a seguir, según explicó a El Espectador el oncólogo Carlos Castro.
“El examen de alta tecnología ayudará a saber en dónde están las células malignas. Dependiendo de la zona en la que estén ubicadas, se realizará el tratamiento: si es en el mismo lugar en donde estaba el tumor, de pronto lo irradian, o comienza el manejo hormonal. Existen varias posibilidades terapéuticas”, aseguró el experto al señalar que no es una situación de gravedad, pues no es inusual. De hecho, explicó, el 20 % de los pacientes recaen en los siguientes cinco años. Sea cual sea el resultado, y tal y como lo aseguró públicamente el mandatario, el diagnóstico será informado al país.
Aunque se trata de una enfermedad que puede ser tempranamente detectada y por tanto controlada con el tratamiento adecuado, se constituye en la segunda causa de mortalidad por cáncer en hombres, después del cáncer de estómago, representando el 15 % de las muertes en edades entre los 60 y 75 años, con cerca de 2.400 casos anuales.
Tomado de El Espectador.com
Electricaribe, intervenida
El superintendente José Miguel Mendoza (izq.) en el proceso de notificación de la intervención a Electricaribe. Charlie Cordero y Cortesía
La Superintendencia de Servicios Públicos decretó ayer la toma de posesión tras cuatro días de reuniones entre la Nación y Gas Natural Fenosa. El presidente Juan Manuel Santos asegura que fue «la mejor salida».
Una intervención a Electricaribe marcó este martes el fin de cuatro días de conversaciones entre el Gobierno Nacional y Gas Natural Fenosa (GNF), dueña del 85% de las acciones de esta compañía. La toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos puso freno a una empresa que desde 1998 distribuye energía a 2,5 millones de usuarios en la Costa.
El viernes pasado, una delegación del Gobierno conformada por los ministros de Minas, Germán Arce; Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el consejero de la Presidencia, Juan Guillermo Vélez, se reunió con el presidente de GNF, Isidre Fainé. El presidente Juan Manuel Santos también acompañó las negociaciones.
Toma de las oficinas
La custodia policial de 21 oficinas administrativas de Electricaribe en la Región fue el primer indicio de la toma de posesión de la empresa. A las 8:00 de la mañana, Mendoza hizo su primera aparición pública en la carrera 55 entre calles 72 y 74, sede principal en los siete departamentos donde opera la compañía. El funcionario llegó con una resolución de 13 páginas en mano, con la cual notificó a los directivos sobre la intervención.
Mendoza consideró que la crisis financiera de Electricaribe podía llevarla a una “cesación de pagos” y que la compañía no estaba “en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”, como quedó consignado en la Resolución 20161000062785.
Con la toma de juramento de Javier Lastra Fuscaldo como agente especial del proceso legal se dio inicio a una serie de medidas. Lo siguiente fue nombrar como representante legal de Electricaribe a Edgardo Sojo, presidencia del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan5Caribe, que contempla inversiones en infraestructura eléctrica de parte del Gobierno nacional y la compañía. Del cargo fue removido el español José García Sanleandro.
Como medida adicional, la Superintendencia ordenó que la toma de posesión fuese asesorada por Tetra Tech, empresa norteamericana global especializada este tipo de procedimientos en electrificadoras.
Respaldo
Las reacciones de mandatarios de la Región no se hicieron esperar. Entre los primeros en pronunciarse estuvieron los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay, y Atlántico, Eduardo Verano, quienes expresaron su “respaldo” al Gobierno, y aprovecharon para pedir una “mejora en el servicio”.
El alcalde Alejandro Char también manifestó que “los barranquilleros merecen respeto y un buen servicio”, por lo que confesó su “apoyo” hacia la medida. Congresistas de la Región sumaron voces de apoyo al Gobierno Central.
El Superservicios y el Ministro de Minas organizaron una rueda de prensa ‘exprés’ para ampliar información a los medios, a las 11:30 de la mañana en un hotel del norte de la ciudad.
Ante los medios, Arce recordó que llevaban “varios meses” buscando con Gas Natural Fenosa “soluciones” al problema de energía en la Costa. “No solo es un tema de molestia para los usuarios, sino uno más profundo de competitividad para la Región. El Caribe crece al doble que el resto de las regiones”.
Habló Santos
Tras la intervención, el presidente Juan Manuel Santos publicó en Twitter que con este proceso “se está protegiendo la energía para la Costa”. “La toma de posesión es la mejor salida para ordenar la empresa y garantizar el servicio”.
La intervención de Electricaribe no es la primera que ordena el Gobierno en los últimos años. En el 2000, en el Valle del Cauca, Emcali acumulaba en sus finanzas pasivos por cerca de un billón de pesos, lo que conllevó a que la Nación tomará la misma decisión de toma de posesión, que duró 13 años. En la ciudad, sin embargo, hubo algunos cuestionamientos al proceso porque dejó problemas sin resolver.
El consejero de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Mendoza, aseguró a EL HERALDO que en el caso de Electricaribe “no se va repetir” lo que en otros casos.
La multinacional española Gas Natural Fenosa ya había enfrentado, hace más de 10 años, un proceso de intervención en República Dominicana. Un déficit financiero y las deficiencias en el suministro de energía produjeron que el Gobierno de ese país tomara posesión de la empresa, lo que, al final, tampoco fue la solución a los dificultades mencionadas.
Tomado de El Heraldo,de Barranquilla.
Lo que sigue tras la toma de Electricaribe por parte del Gobierno
Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO
Desde las primeras horas de la mañana, las sedes principales de Electricaribe amanecieron
Bajo el esquema adoptado, la ley da hasta dos años para decidir la suerte de la empresa.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS |
La grave situación de flujo de caja de la distribuidora de energía Electricaribe, que se deterioraba sustancialmente durante los meses de noviembre y diciembre, y las deficiencias en la calidad y continuidad del servicio, que superaron los límites permitidos por la regulación, llevaron a que durante el fin de semana la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) decidiera la toma de posesión de la firma, para administración.
“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa”, dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, al respaldar la decisión para garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica.
Y es que según la mencionada resolución, que se basó en un estudio de valoración técnica de varios meses, a Electricaribe este año no solo se le iniciaron 65 procesos de limitación de suministro por parte de la firma XM, que opera el mercado eléctrico, a raíz de sus atrasos en los pagos por compras de energía en la bolsa y por contratos bilaterales, sino que su situación de efectivo para noviembre ya era deficitaria. (Además: Si Electricaribe no invierte un billón, tiene las horas contadas)
Primeras medidas de la decisión
1. Remezón: Se ordenó la separación definitiva de su cargo a José García Sanleandro, gerente de Electricaribe, y de todos los miembros de la junta directiva de la compañía de distribución.
2. Al congelador: La Superservicios dispuso la suspensión de
pagos de todas las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, incluidas las compras de energía.
3. Interventor: Se designó a Javier Lastra como agente especial, quien fue facultado para terminar cualquier contrato al momento de la toma de posesión. Lastra fue el liquidador de Telecom.
4. Devolución: Según la resolución de intervención, todo acreedor o persona que posea activos de Electricaribe deberá entregarlos al agente especial. Los deudores solo podrán pagarle a este interventor.
Tomado de El Tiempo.com
México se prepara para resistir ante la amenaza económica de Trump
Trenes de carga en la frontera de El Paso (Texas). CHRISTIAN PALMA
La Administración de Peña Nieto reforzará la asistencia consular para mexicanos en EE UU y evitará negociar NAFTA
SONIA CORONA
México le ha llegado la hora de enfrentarse a Donald Trump. Los temores en torno a sus lemas de campaña a la presidencia de Estados Unidos están tomando forma tras las elecciones. El presidente electo confirmó el fin de semana en una entrevista que planea deportar hasta tres millones de personas indocumentadas de su país, la mayoría de origen mexicano. Y este martes un documento de su equipo de transición confirma las intenciones de Trump de negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Ante este panorama el Gobierno de México ha comenzado a planear su reacción ante el vendaval.
Tanto la secretaría de Exteriores como la de Economía han planteado sus posiciones frente a los comentarios de Trump sobre México. Y aunque la Administración de Enrique Peña Nieto no ha definido abiertamente su estrategia de resistencia, el presidente mexicano ha asegurado que se enfocará en el diálogo con el nuevo gobierno estadounidense. “Sé que el escenario mundial, y particularmente el nuevo capítulo que se abre en la relación México-Estados Unidos, hoy genera una constante de incertidumbre”, ha reconocido este martes Peña Nieto ante empresarios.
Lo que más preocupa en México son las consecuencias económicas que la presidencia de Trump pueda tener en las finanzas del país. El triunfo del republicano ha conseguido, de entrada, la depreciación en un 15% del valor del peso mexicano. El equipo de transición de Trump ha planteado igualmente la posibilidad de pedir a México y a Canadá la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ildefonso Guajardo, ministro mexicano de Economía, ha dejado claro que para México no es conveniente poner sobre la mesa el acuerdo que elimina los aranceles a diversos productos en las fronteras.
NAFTA, que fue firmado en 1993 por los tres países, ha permitido que México eleve sus exportaciones a Estados Unidos hasta un 80%. La industria de la manufactura más allá de las ciudades fronterizas ha permeado a corredores industriales en casi todo el país. Guajardo no ha desvelado si México cuenta con un equipo de negociadores que puedan intervenir en caso de que la reestructuración del acuerdo sea inminente.
El ministro ha insistido en que Trump comprenderá los beneficios que el tratado tiene para su país.“No nos podemos perder en la discusión antigua de la política tradicional arancelaria cuando lo que nos está quitando empleos manufactureros es la revolución tecnológica. Es el debate del siglo pasado”, comentó el fin de semana en un foro con empresarios. Los asuntos relacionados con un acuerdo que tiene un gran impacto en una región como la norteamericana podría llevar la discusión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El frente migratorio
De cara a la posibilidad de deportaciones masivas, el Gobierno mexicano reforzará a los 50 consulados en Estados Unidos para atender a los migrantes mexicanos. Exteriores hará pública este miércoles una campaña para difundir la protección consular y para pedir calma ante la tensión que los anuncios de Trump han generado en la comunidad mexicana en ese país. El cuerpo diplomático de México en Estados Unidos es el más grande que el país latinoamericano tiene en el mundo.
Peña Nieto, que durante la campaña en EE UU recibió a Trump en la residencia presidencial, ha prometido que defenderá los intereses de México ante un tablero que cambiará vertiginosamente en los próximos meses. “Habremos de trabajar con enorme pragmatismo, para acordar lo que útil y conveniente para México y para toda Norteamérica; y siempre en defensa de principios básicos, que no son negociables, como nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales”, ha dicho.
Tomado de El País,de España
La esperanza de la paz vuelve a Colombia
Christopher DeLorenzo
Por
The New York Times
Seis semanas después de que los colombianos rechazaron por un estrecho margen un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero más grande del país en un plebiscito, el fin de semana el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer un pacto revisado, una prueba de lo que puede lograrse a través del diálogo y el compromiso, incluso en una sociedad muy polarizada.
Si el acuerdo se sostiene, sentará una hoja de ruta sólida para que los colombianos empiecen a sanar las heridas de un conflicto cruel que ha durado más de cinco décadas y a construir una sociedad más igualitaria y tolerante.
El pacto, que incorpora varias sugerencias hechas por los críticos de Santos, se logró tras una sesión maratónica de negociaciones en La Habana. Aún no queda claro si el gobierno llevará a cabo un nuevo plebiscito o buscará implementar el acuerdo a través del congreso.
En una concesión clave, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) acordaron explícitamente declarar y entregar todos sus bienes, que será usados para reparar a las víctimas del conflicto. Este nuevo borrador también esclarece que las iniciativas de reforma agraria en el texto original protegerán los derechos de los terratenientes, a quienes no se les expropiarán sus propiedades de manera arbitraria.
Un cambio estructural es que ahora solo las partes del nuevo acuerdo que involucran a la ley internacional serán incorporadas en la Constitución de Colombia. Antes, el gobierno había considerado integrar todo el acuerdo en la constitución, una decisión que algunos críticos veían como un atajo para lograr enmiendas significativas.
Dos principios del pacto original —un sistema de justicia transicional y un mecanismo que permite la participación de los líderes de las Farc en la política— fueron modificados levemente en respuesta a las preocupaciones de algunas facciones políticas que hicieron campaña en contra del acuerdo.
El gobierno accedió a renunciar a la participación de juristas internacionales en un tribunal especial, que sería el corazón del sistema de justicia transicional, y a incluir solo a jueces colombianos en las audiencias. También se establece que el tribunal considerará nuevos casos en sus primeros dos años y que intentará concluir su trabajo en diez años. El nuevo acuerdo le da autoridad a la Corte Constitucional de Colombia para revisar las decisiones del tribunal.
A pesar de que algunos de los críticos del pacto inicial sostenían que no se debía permitir a los líderes de las Farc que habían cometido crímenes graves ser candidatos, ni el gobierno ni las Farc estaban dispuestos a ceder mucho en este punto. (Una concesión menor es que el nuevo partido político de las Farc obtendrá menos presupuesto que lo que se previó originalmente).
Los partidos están en lo correcto al defender esta parte del acuerdo. Mientras que muchos colombianos no pueden soportar la idea de ver a criminales de guerra en el congreso, deberían de darse cuenta de que es mejor permitirles que luchen en la arena política en lugar de hacerlo en el campo de batalla.
A principios de octubre, Santos, quien unos días antes del plebiscito mostraba tal confianza —tanta que casi rayaba en la vanidad— respondió con humildad al golpe político.
“Mirando para atrás, el resultado del plebiscito nos abrió la oportunidad de unirnos y quiero agradecer nuevamente la buena disposición y la buena voluntad con la que participaron todos los voceros, en particular los del No”, dijo el presidente el sábado por la noche.
El mayor crítico del acuerdo, el expresidente Álvaro Uribe, no opinó de inmediato sobre la nueva versión del acuerdo. El nuevo pacto le permite a Uribe, un escéptico del proceso de paz con las Farc desde hace tiempo, adjudicarse el crédito de haber logrado un acuerdo más sólido. Que sea implementado de manera exitosa dependerá de la voluntad de todos los líderes colombianos de trabajar por un bien común.
Tomado de The New York Times
Insistiré en que la refrendación del acuerdo sea en el Congreso: Mauricio Lizcano
Foto: Archivo
Mauricio Lizcano, presidente del Congreso.
Luego de una reunión multipartidaria, convocada para acordar el cónclave que se realizará en la mañana del miércoles en el Congreso, Mauricio Lizcano, presidente de esa corporación, señaló que le pedirá le pedirá al presidente Santos que se decida por la vía del Congreso para refrendar el acuerdo de paz. (Vea el especial A construir la paz)
“Yo he propuesto que tiene que ser el Congreso el que refrende los acuerdo. Voy a insistir en esa refrendación”, señaló Lizcano. El senador sostiene en la tarde de este martes una reunión en la Casa de Nariño a la que también asistirán varios líderes de las bancadas en el Congreso.
Para Lizcano, ese es el escenario ideal para refrendar los acuerdos porque allí están los principales líderes del Sí y del No y desecha la opción de un nuevo plebiscito debido a que no se garantiza un resultado positivo. (Lea: ¿Y ahora cómo se hará la refrendación del nuevo acuerdo de paz?)
El debate sobre cuál debería ser el mejor camino para refrendar el nuevo acuerdo logrado con las Farc está servido. Aunque en día pasado Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, señaló que desde el Gobierno no se descartaba un segundo plebiscito para que los ciudadanos aprueben el nuevo documento, esa posibilidad no parece la más viable tanto por el riesgo como por los costos.
La otra opción es la refrendación vía Congreso, donde el Gobierno tiene las mayorías. Una opción que ha sido apoyada por diferentes sectores dentro de la sociedad, como la iglesia católica. Por otra parte, desde algunos sectores del No se ha criticado que la refrendación se haga a través del Congreso de la República y no a través del voto popular.