Foto: Archivo / EL TIEMPO
El 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía.
A partir del 30 de enero del 2017, los habitantes de la ciudad que muestren conductas que van contra la tranquilidad y la convivencia de sus vecinos, en especial por riñas, colados en TransMilenio, basuras, rayones en las paredes, contaminación visual y ruido, serán sancionados en algunos casos con multas que van desde 91.900 hasta más de 27 millones de pesos.
Y los que no paguen a tiempo podrán perder el derecho a cargos públicos o a contratar con el Estado.
Así quedó establecido en el nuevo Código Nacional de Policía, que entra en vigencia el próximo año y cuya prioridad, para el caso de Bogotá, estará concentrada en esas seis conductas que fueron definidas por la Administración. Según las autoridades, la nueva ley es una herramienta para evitar que los comportamientos contrarios a las relaciones pacíficas terminen en una cárcel o en el cementerio.
Con el viejo código, que cumple 40 años y expira el 29 de enero, arrojar basura a la calle tenía una multa de 50 a 100 pesos. Ahora, con la nueva norma, la sanción será de 735.000. Una riña se sancionaba con 1.000 pesos, pero ahora deberán pagar 735.000 pesos.
Los rayones en las paredes de patrimonio (o las privadas) y la contaminación visual no generaban ningún tipo de sanción pecuniaria, pero con la nueva ley se deberán pagar 183.000 pesos y limpiar la pared. Para el caso de vallas o pendones ilegales, las multas serán superiores a los 27 millones de pesos.
Y es que la convivencia en Bogotá es cada día más difícil. Las cifras de los malos comportamientos están a la orden del día. Cada hora en Bogotá se reportan por lo menos tres riñas y, según estadísticas oficiales de Medicina Legal, en los primeros nueve meses del año ya se presentaron 20.288, es decir, 75 por día.
Si en el 2017 las riñas se llegan a mantener en el mismo indicador, significa que el Distrito puede recaudar, en teoría, en un solo año por ese concepto más de 15.000 millones de pesos.
La nueva ley contempla más de 2.000 comportamientos contrarios a la convivencia, pero la administración del alcalde Enrique Pelosa Londoño decidió priorizar unas conductas por considerar que son las que tienen un mayor impacto negativo en el diario vivir de los ciudadanos.
¿Será el Código la herramienta para pacificar a los ciudadanos y reducir los malos comportamientos?
El pasado 18 de noviembre, a las 3:50 de la madrugada, la línea 123 recibió una llamada desde el barrio Santa Bárbara, en el norte. Los vecinos del centro comercial situado en la avenida 19 entre la 122 y la 123 no soportaron el ruido de una máquina pulidora que prendió motores desde las 11 de la noche. Pasaron más de cuatro horas para que por fin la Policía ordenara detener los trabajos.
Según el reporte oficial de la Secretaría de Gobierno, en lo corrido del año se han realizado 14 operativos por ruido y se han abierto 85 procesos sancionatorios por infringir las normas.
Mientras que el viejo código contemplaba una sanción en audiencia pública, independiente de las acciones de la Secretaría de Ambiente, con la entrada en vigencia de la nueva ley (1801 del 2016), la multa por este mal comportamiento será de 367.000 pesos. Y la policía podrá desactivar el equipo; y si se trata de una fiesta, puede ordenar que se finalice de forma inmediata.
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El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, quien lidera la implementación y reglamentación del Código de Policía, dijo que su despacho trabaja en los protocolos para las actuaciones y procedimientos “no solo de esas seis conductas, sino en general de todas las que van en contravía de normas para el buen desarrollo de la ciudad”.
Uribe Turbay señala que la filosofía de la Administración es prevención y cultura ciudadana antes que sanción.
Adriana Márquez Rojas, abogada de la Universidad Nacional y docente del consultorio jurídico de asuntos policivos, advierte que el nuevo código “no es de los policías, sino de toda la ciudadanía”.
Si bien la experta destaca que los temas de derecho policivo que han sido recurrentes en los fallos de la Corte Constitucional, como medioambiente, ruido, basuras, protección de los animales, querellas civiles, entre otros, quedaron en la nueva norma; lo que a la experta no le gusta es que es un código muy punitivo.
En este sentido, explicó que la responsabilidad de los comportamientos contrarios se les deja taxativamente a los ciudadanos, pero por ningún lado hay una justificación de por qué el ciudadano actuó u obró de otra manera.
Por ejemplo, cuando se trata de una obra en el interior de una vivienda, infracción urbanística que tiene atiborradas las inspecciones, la docente señala que los funcionarios deberían salir a realizar pedagogía preventiva de lo que se puede intervenir o no antes que ir a buscar las multas.
Sin embargo, por las cifras, se evidencia que en la ciudad cada uno hace lo que quiere. Por ejemplo, en el tema de basuras, todos los días se presentan choques entre vecinos por sacar los residuos en horarios diferentes a los establecidos por las empresas prestadoras. En los primeros 10 meses del año, la Secretaría Distrital de Ambiente ha impuesto 2.507 comparendos ambientales, de los cuales 321 fueron por arrojar escombros a la calle y 164 por sacar basura en horarios no permitidos.
Con las nuevas reglas de juego ciudadano, aquel que arroje basura a la calle deberá pagar 753.000 pesos. Igual pasa con los colados en el sistema masivo de transporte: el que tranque las puertas o ingrese sin pagar será sancionado con 183.000 pesos.
Cifras reportadas por el Gobierno advierten que en los primeros diez meses del año han muerto en Bogotá cinco personas por intentar colarse en los buses de TransMilenio, mientras que al menos unas 60 han resultado lesionadas. Se calcula que cada día ingresan al sistema 200.000 personas sin pagar pasaje, lo que significa 400 millones de pesos diarios de pérdidas.
“Se trata también de proteger a los ciudadanos, como los colados. El reto ahora es su implementación. Aquí se requiere del esfuerzo interinstitucional para reglamentarlo, para cumplir con los protocolos y las acciones necesarias, de tal manera que sea una oportunidad para que cada uno de los sectores responda por sus temas”, dijo Uribe.
A largo plazo, el reto será con los inspectores de policía, quienes serán la cabeza de la aplicación de este código, tema que preocupa a más de uno, pues hoy, entre alcaldías e inspectores, hay cerca de 60.000 expedientes sin fallar.
HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO
