Foto: Archivo / EL TIEMPO// Momentos de la retoma del Palacio de Justicia por el Ejército, para enfrentar al M-19. El coronel Alfonso Plazas Vega pagó 8 años de cárcel por hechos vinculados a la acción. Luego, fue absuelto.
Por: PLINIO APULEYO MENDOZA
Thania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas Vega revela sus diversas y calladas preocupaciones.
La senadora Thania Vega, esposa del coronel Alfonso Plazas Vega y quien mantiene estrecho contacto con ellos, revela sus diversas y calladas preocupaciones. ¿Qué les inquieta más del nuevo acuerdo de paz?
¿Qué les espera a los militares con el nuevo acuerdo de paz? ¿Qué inquietudes y temores ha captado usted en ellos?
Preferiría referirme al documento que se hizo público el pasado 12 de noviembre como “nueva versión del acuerdo” y no reconocerle el carácter de “nuevo”.
¿Por qué motivo?
Pues, porque las modificaciones que se introdujeron en nada cambiaron la esencia del acuerdo rechazado mayoritariamente por el pueblo colombiano. En el caso de los militares, he sabido que estas modificaciones traen consigo mayores causas de preocupación, al interior de los activos y retirados; puntualmente, por la inclusión expresa del artículo 28 del Estatuto de Roma, en el numeral 44 del acuerdo sobre víctimas y justicia, que afecta notablemente la responsabilidad por las conductas de subordinados. Persiste preocupación sobre el incentivo a la delación, el reconocimiento de responsabilidades inexistentes, las desventajas que tendrían ante jueces cuya elección es influida por los terroristas y el desconocimiento de la cosa juzgada de providencias judiciales anteriores que resolvieron favorablemente su situación jurídica.
¿A qué obedece ese temor?
Son cuatro los temas que explican las preocupaciones de un detenido y su familia. El primero sería la seguridad jurídica, tanto en relación con las decisiones judiciales que ya estuvieran en firme como las que se adelantaran en caso de que el acuerdo hubiese sido aprobado. Se temía que si una persona había sido absuelta, los nuevos jueces de ese tribunal de paz podían cambiar tal decisión.
¿Dice esto pensando en el caso de su marido, el coronel Alfonso Plazas Vega?
Lo digo pensando en muchísimos militares y policías a quienes la justicia colombiana les resolvió favorablemente su situación jurídica, mediante providencias cuya cosa juzgada podría ser desconocida por la Jurisdicción Especial para la Paz. El segundo tema de preocupación era la tergiversación de la memoria histórica que puede conllevar una inversión de responsabilidades.
¿En qué sentido?
Pues porque es un hecho que cuando la memoria histórica está escrita por personas de cierta tendencia, acciones y hechos que se hubieran dado dentro de operaciones militares en defensa de la patria, pueden ser presentadas como actos criminales. Entonces, personas que hubieran actuado en cumplimiento de su deber, la ley y todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, fácilmente pueden ser presentados como genocidas. Fue lo que trataron de hacer con Plazas Vega. Es que una de las intenciones más evidentes de las Farc es cambiar la historia.
¿Qué otro temor suscitaba entre los militares el tema de justicia en el acuerdo rechazado en el plebiscito?
El hecho de que, para acceder al tratamiento judicial más favorable, tuvieran que reconocer responsabilidades inexistentes o aportar información para atribuir responsabilidades a terceros. Es ahí cuando en un proceso que le estén haciendo a un capitán o a un teniente terminen estos adjudicándole la responsabilidad a su comandante o a su superior sin tener ellos responsabilidad alguna. Tal era un riesgo grandísimo en la llamada Justicia Transicional.
¿Para usted cuál es el real peligro de la justicia transicional?
Son múltiples; el más grave: el golpe a la institucionalidad que se da con el establecimiento de una jurisdicción autónoma. A propósito, las modificaciones hechas en la nueva versión del acuerdo sobre la posibilidad de intervención del Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, para resolver conflictos de competencia y la revisión de acciones de tutela, no tendrán efectos prácticos.
La Asociación Colombiana de Militares Retirados (Acore) propuso ajustes al acuerdo. ¿Fueron aceptados por las Farc? ¿Los comparte usted o tiene algún reparo?
Los militares en retiro comparten preocupaciones muy similares con los activos. No comparto lo propuesto inicialmente por Acore en la medida en que parte de reconocer bondades en una solución jurídica inconveniente para la legitimidad de nuestras instituciones castrenses, sus miembros y la memoria histórica. Lo propuesto mantenía la esencia de lo acordado. En buena hora, Acore ha caído en cuenta de los perjuicios del acuerdo, como lo ha expresado en una reciente carta enviada al Presidente de la República.
Ustedes prefieren que la justicia ordinaria se ocupe de dar los últimos y definitivos fallos sobre los casos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, muchas veces se han quejado de los procesos y fallos injustos contra miembros de las Fuerzas Armadas que han corrido por cuenta de nuestros fiscales y jueces. ¿No es esta una contradicción?
Claro que no; el hecho de que la justicia ordinaria haya producido sentencias injustas en contra de militares y policías, así como contra una cantidad indeterminada de ciudadanos anónimos, no justifica su desconocimiento o la firmeza de sus decisiones, al fin y al cabo son las instituciones de la democracia. Habrá que pensar en una justicia especial, pero dentro de la estructura de la jurisdicción ordinaria. Me parece oportuno contar también que hay otro grupo de militares retirados que no están de acuerdo con la propuesta de Acore. Ellos aceptan una justicia especial dentro de la jurisdicción ordinaria tratando de exigir que se respete el debido proceso –que es una de las fallas más grandes que ha tenido la justicia ordinaria frente a los militares–.
En relación con la justicia transicional, hay militares que se sienten amenazados por ella y otros que, por el contrario, depositan en ella esperanzas para salir libres. ¿Cómo explicar posiciones tan opuestas?
Amenazados se sienten aquellos miembros de la Fuerza Pública que siendo inocentes pudieran ser injustamente judicializados. Los que guardan toda esperanza en esa justicia transicional son aquellos militares investigados o sancionados que reconocen su comprometimiento en los hechos delictivosque se les imputan, así como una gran cantidad de militares y policías presos de manera injusta que lucharon infructuosamente en demostrar su inocencia y que ya no cuentan con ningún otro recurso judicial para recobrar su libertad.
El Gobierno afirma que en el nuevo acuerdo, firmado en La Habana, las Farc cedieron en todos los puntos, menos en elegibilidad política. ¿Qué otros cambios o ajustes solicitados por los voceros del No quedaron pendientes?
Los cambios fueron simplemente cosméticos. Así como no hubo cambios en la cuestión de la elegibilidad política, tampoco en temas como la reforma rural integral, la restricción efectiva de la libertad de responsables de graves crímenes, la jurisdicción especial para la paz, la incorporación de lo pactado en el bloque de constitucionalidad y su refrendación popular, entre los cambios que habíamos propuesto.
¿Qué va a pasar si el acuerdo se convierte en una serie de propuestas o de reformas puestas en manos del Congreso?
Pues habrá que estudiarlas. Las propuestas que llegan al Congreso tendrán que pasar por las comisiones, ser discutidas y tendrán que llevarse a votación. Es otra manera democrática de refrendar un acuerdo.
¿Cuál ha sido la falla más frecuente en los procesos adelantados por la justicia ordinaria contra los militares?
La falla más frecuente es la violación del debido proceso, motivada por el prejuicio o la animadversión de ciertos funcionarios hacia los miembros de la Fuerza Pública, lo que se ha convertido en una guerra judicial contra las instituciones militares y de policía.
Muchos militares que se consideran víctimas de injustas condenas no están dispuestos a confesar culpas en una justicia transicional, pues se consideran inocentes. ¿Qué va a pasar con ellos?
Hay una gran preocupación respecto a ese tema. Casos como el del general Uscátegui, el coronel Mejía Gutiérrez, los de muchos sargentos, cabos, tenientes, mayores, capitanes han sido atropellados por esta justicia politizada. Desde luego, no se puede negar que hay militares responsables de haber cometido delitos, pero la gran mayoría de ellos están en proceso y algunos han sido condenados injustamente, como el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Ellos no quieren reconocer delitos que no han cometido.
Su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega, fue absuelto después de una dura reclusión de 8 años y medio. ¿No sería justo que ocurriera lo mismo con el general Arias Cabrales?
Por supuesto que sí. Es que la absolución de Plazas Vega con un fallo tan contundente demostró que los supuestos desaparecidos del Palacio son el resultado de un mal manejo de los cadáveres. Cuando estos fueron identificados y correspondieron a supuestos desaparecidos, ha debido absolverse de inmediato al general Arias Cabrales, que lleva nueve años injustamente detenido y ya va a cumplir 80 años de edad.
¿Cuántos militares están siendo investigados? ¿Cuántos condenados?
Se estima que son cerca de 12.000 miembros de la Fuerza Pública investigados o señalados de la comisión de algún delito en el desarrollo de operaciones. Presos 2.400 y condenados cerca de mil.
¿No pensarán los militares que ganaron muchas batallas, pero al final perdieron la guerra?
Esta historia aún se está escribiendo; amanecerá y veremos. Sin embargo, es sumamente preocupante y triste que en la actualidad se ponga en tela de juicio la legalidad de grandes gestas militares del pasado y que quienes fueron los victimarios reciban el tratamiento de víctimas.
¿Aprobado el acuerdo definitivo, habrá realmente paz en Colombia?
No creo que esta nueva versión del acuerdo traiga la paz. La realidad es que lo pactado con las Farc no asegura la entrega de armas que están en su poder y, con ello, no garantiza su desmovilización total. Tampoco elimina los restantes y gravísimos factores que desestabilizan el orden público: la acción criminal de organizaciones como el Eln, el Epl, la delincuencia organizada, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.
PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO
Tomado de: Eltiempo.com
