Archivos febrero 2017

Curiosamente, al fiscal Martínez unos lo acusan de buscar favorecer al Presidente y otros, de tratar de minar su credibilidad, no siendo cierto ni lo uno ni lo otro.

El pasado lunes 20 se cumplieron quince años del día en que el entonces presidente Pastrana puso fin a las negociaciones de paz del Caguán, cuando las Farc desviaron un avión de Aires para secuestrar al senador Jorge Eduardo Géchem. Recuerdo esa noche porque me encontraba en el teatro Colón, en compañía del expresidente López Michelsen. Cuando el presentador interrumpió el evento para anunciar la ruptura, el salón estalló en aplausos en típica actitud emocional.

Cuántas cosas pasaron desde entonces. Cuántos policías y soldados muertos inútilmente. Cuántas víctimas civiles en actos terroristas, incluido el de El Nogal. Cuántos guerrilleros, jóvenes colombianos enterrados como NN. Cuántos secuestrados o muertos en cautiverio, como el mayor Guevara, el cabo José Norberto Pérez, el exministro Gilberto Echeverry y el exgobernador Guillermo Gaviria, ¡entre tantos otros! En medio de la confusión actual, muchos parecen no entender la importancia del cese del fuego que impedirá que mueran más colombianos.

Corrupción, paz, reformas políticas son temas que se miran con demasiada superficialidad y total ausencia de sentido crítico. Es cierto que el caso de Odebrecht ha puesto al descubierto el dañado y punible ayuntamiento entre contratistas y políticos deshonestos. Pero como lo señaló Gabriel Silva en su columna, pocos países como Colombia en los últimos 25 años han procesado y llevado a la cárcel a tantos altos funcionarios.

Ahora otra vez está de moda hablar de la ‘cruzada anticorrupción’. Y, obviamente, también se buscan réditos políticos. El ambiente está dado para propuestas facilistas y populistas, como la de reducir el sueldo de los congresistas o limitar el periodo de los parlamentarios. El sueldo nada tiene que ver con la corrupción. Congresistas como Robledo o Navarro llevan varios periodos y son un ejemplo para seguir. Bula apenas estuvo pocos meses como senador.

Lo que hay que hacer es permitir que, sin presiones, las autoridades judiciales hagan su oficio. La Fiscalía General, en poco tiempo, llevó a la cárcel a tres de los implicados y sigue su labor investigativa.

Los ciudadanos tienen que entender que en ocasiones la celeridad atenta contra la eficacia y el debido proceso. La remisión al Consejo Electoral de la declaración de Bula, para el asunto de la probable violación de los topes, no puede impedir que el ente acusador siga haciendo su trabajo de investigación. Curiosamente, al fiscal Martínez unos lo acusan de buscar favorecer al Presidente y otros, de tratar de minar su credibilidad, no siendo cierto ni lo uno ni lo otro. Hay que darle sus tiempos a la justicia.

Para descalificarlo, se ha pretendido encontrar prematuramente una causal de impedimento asociada a su actividad profesional anterior. Las causales de impedimento (amistad íntima, enemistad grave, interés en los resultados del proceso) son taxativas y no pueden deducirse por presunción. En primer lugar, en el caso del titular, la causal de impedimento se presentaría cuando él deba asumir directamente la investigación. Y en segundo lugar, cuando en el proceso surja expresamente el hecho que la origine. No antes.

He sido y soy un convencido de la bondad del proceso de paz y de la forma como se está manejando. Pero no puede establecerse una relación entre algunas objeciones que pueda tener el Fiscal, la mayoría salvables, y su decisión de comunicar lo que hasta entonces le señalaban sus funcionarios en relación con el caso Odebrecht, que apenas comienza a desentrañarse. Se olvida que Martínez Neira tiene como su segunda de a bordo a nadie menos que María Paulina Riveros, gran jurista que estuvo prácticamente todo el tiempo en La Habana durante el proceso de negociación.

No cabe duda de que el Fiscal, conociendo el antecedente del 20 de febrero del 2002, y por la vía del consenso, facilitará que cuanto antes el Congreso dé vía libre a la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del proceso.

Alfonso Gómez Méndez

Tomado de: eltiempo.com 

En su artículo «Los miedos de los militares a la JEP (Justicia Especial para Paz)”, El Espectador reveló ayer que oficiales retirados de las Fuerzas Militares, encabezados por el amargado general (r) Jaime Ruiz Barrera y por exministro de Defensa de los años 80, Rafael Zamudio, entre otros, tienen lista una carta para el Jefe de Estado con el fin de expresarle las “dudas que ponen en peligro su seguridad jurídica”. Se refieren al proyecto que se tramita en el Senado sobre el sistema judicial transicional con que se juzgará a los hombres armados del Estado que cometieron delitos de guerra, sistema que supone mayores ventajas para los procesados que el que rige en la Corte Penal Internacional (CPI). Después de unas declaraciones tajantes del exministro Yesid Reyes a la W en que despejaba las mentiras (“el artículo 28 de la CPI no va”) que generaron la comunicación escrita, se abortó el envío del documento que amenazaba con convertirse en un acto de grave insubordinación puesto que se conoció que había una segunda “carta de renuncia de los altos mandos”, es decir, en servicio activo.

La pregunta que surge, entonces, no es: ¿cuáles son sus miedos?, pues es obvio que los militares le temen al rigor de una corte de carácter supranacional fuera del alcance del manoseo local. El interrogante es: ¿quién les mete miedo? Y el subsiguiente cuestionamiento es: ¿con cuáles propósitos? No son sanos, en todo caso. No de otra manera se entiende que la cúpula de los generales en retiro, cuya extensión en materia de Inteligencia le permitiría enterarse de lo que deseara, haya estado tan mal informada. Alguien (¿un exviceministro conspirador, profesional frustrado y extremista de derecha o un alto funcionario judicial?) los convenció de que si se aprueba la JEP, automáticamente los uniformados con líos penales comparecerán ante un tribunal de abogados de la izquierda mundial unida, que los juzgará según el dichoso artículo 28 de la CPI.

¡Qué vergüenza! Los poco valientes retirados, muertos de pánico, creyeron los cuentos que les llevaron y ni siquiera se tomaron el trabajo de comparar el texto del artículo de la CPI que los escandaliza, con su similar —que no igual— del proyecto redactado en el propio Ministerio de Defensa y bajo la batuta del general Juan Guillermo García Serna, abogado experto en derecho de los Derechos Humanos y quien, por tanto, sabe cómo ajustar el sistema judicial que se aplicará aquí, con los estándares internacionales de justicia exigidos en el mundo y en Colombia, gracias a las firmas de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe quienes ahora critican como si no tuvieran nada que ver. Para empezar, mientras que el artículo 28 es imperativo en el sentido de que “el jefe militar… será penalmente responsable por los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo…”, en el artículo transitorio 23 escrito en el Ministerio de Defensa se lee que “para la determinación de la responsabilidad del mando… se aplicará el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública…”. Es decir, que el derecho interno primará sobre el externo y, para mayor gusto de los uniformados, se limitará la determinación de la responsabilidad del mando de tal manera que “no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción”. Hay muchos otros condicionamientos allí, tantos, que la fiscal de la CPI y Human Rights Watch han advertido que muchos crímenes de lesa humanidad quedarán impunes. Por ejemplo, los atroces falsos positivos. Sergio Jaramillo lo sugirió en la W y no le pararon bolas: este lío que habría terminado en un atentado contra la democracia es armado por políticos pescando en río militar. ¿Quiénes son? Los de siempre.

Entre paréntesis.- Desviaciones de los sesgos ideológicos: los militares firmantes de la carta al presidente, dicen que no les da “mayor garantía” la presencia de dos juristas internacionales en la comisión que elegirá a los magistrados de la JEP: el peruano Diego García Sayán y el argentino Juan E. Méndez. García-Sayán, hijo de quien fuera canciller, fue, a su vez, ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país; educado en colegio católico y universidad pontificia, es sospechoso en la Colombia militarista por haber sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan E. Méndez se graduó en una universidad católica de Mar de Plata y trabajó en una iglesia de esa religión, en Illinois; Fue profesor de Derecho del Washington College of Law y ha impartido clases en Georgetown, John Kopkins y Oxford. No es bienvenido por haber representado a trabajadores y presos políticos. En contraste, el abogado Jesús Orlando Gómez, asesor del Ministerio de Defensa y quien revisó y dio su visto bueno al artículo 23 que hoy desconoce en sus entrevistas radiales, es el cónyuge de la cuestionada magistrada activa a pesar de su periodo vencido en el Consejo de la Judicatura, Julia Emma Garzón. Ella estuvo involucrada en el carrusel de pensiones cuando le hizo subir a una amiga suya la mesada pensional de $2,9 millones a 11,5 %. El mismo Gómez – que posa ahora de gran jurista hizo pasar su pensión de $2 millones, 100 mil pesos, a $20 millones, 300 mil, por fallo del Consejo de la Judicatura en que trabaja su señora. Buena perspectiva: mientras contratan a este colombiano de polémica conducta, objetan a dos grandes figuras del derecho internacional.

Tomado de: elespectador.com 

Los archivos de canales y programadoras están llenos de telenovelas, series y otras producciones pospuestas o canceladas a última hora.

Es difícil no reflexionar sobre el episodio en el cual se han visto envueltos el alicaído Canal RCN y el intrépido Pirry, quien después de un año sabático –financiado en parte por ese canal– vio cómo se frustró su regreso a sus aventuras periodísticas.

Con renovados bríos, Pirry estaba trabajando en una propuesta que fue bien recibida en el canal, que por cierto ha sido su casa desde 1999 y donde, como él mismo lo reconoce, nunca ha sido censurado. El malogrado proyecto no solo era un programa para pantallas de televisión, sino que se complementaba con contenidos digitales; un plan muy ambicioso. Durante varias semanas armó un equipo de más de 20 personas, con el cual realizó un piloto –un programa de prueba– que en términos generales recibió el visto bueno del canal.

Así las cosas, a finales del año pasado se decidió que el programa empezaría a emitirse en la última semana de enero, pero unos días antes Pirry recibió un mensaje de texto donde le notificaron que el proyecto se cancelaba y lo citaron a una reunión en la sede del canal, en la que le confirmaron el triste desenlace. ‘Game over’. A esas alturas ya habían empezado a rodar los rumores entre periodistas y las conjeturas en redes sociales acerca de los supuestos motivos que llevaron a la suspensión del programa.

La teoría más taquillera es la presunta presión ejercida por Mauricio Lizcano, presidente del Senado, para impedir que se divulgara una investigación que lo involucraba a él y a su familia con la adquisición irregular de unos terrenos en Risaralda, tesis que, desde luego, es negada tanto por el congresista como por el canal. A su vez, Pirry no desmiente ni confirma la versión y cuando le pregunté si se sentía censurado me dijo que en realidad se sentía “desconcertado” por ese cambio de parecer de las directivas del canal.

En este punto hay que decir que, si bien esta fue una decisión abrupta, no es la primera vez que una empresa de televisión aborta un proyecto en vísperas de sacarlo al aire. Los archivos de canales y programadoras están repletos de telenovelas, realities, series y otras producciones que han sido pospuestas o canceladas a última hora por cuestiones de dinero, tiempo, rating, etcétera. Teniendo en cuenta el alto presupuesto que requería cada programa de Pirry, y considerando la relación costo/beneficio, tiene cierta lógica que el canal haya preferido dejar quieta la parrilla, con los espacios actuales, mucho más baratos de producir. Sobre todo ahora, con la crisis generada por la caída de la pauta publicitaria.

No soy el más ferviente defensor de RCN, pero creo que en esta ocasión algunos quieren hacer leña del árbol caído. Y aunque hasta hoy ninguno de los afectados con la cancelación del proyecto está en capacidad demostrar que en efecto se trató de un acto de censura, lo cierto es que este episodio solo ha dejado perdedores; empezando por la audiencia, que se quedó sin un programa periodístico que en el pasado reciente ha contado con el respaldo de los televidentes.

Desde luego, también pierden Pirry y su equipo, que quedó a la deriva; aunque el canal les cumplirá el contrato inicial hasta finales de marzo. Así mismo, perdió RCN, pues el manejo errático que le dio a la situación alimentó las especulaciones alrededor del tema. Por otra parte, perdió la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pues me parece que su presidente se precipitó al demandar por censura a Lizcano, sin una prueba contundente.

Como si fuera poco, en este tipo de situaciones suelen aparecer oportunistas que, tras una fingida solidaridad, solo buscan saldar cuentas con un tercero. Esta vez no han faltado quienes quieren vengarse soterradamente del canal o sus directivas.

Quizás estoy pecando de ingenuo, pero en esta oportunidad le creo a RCN. Y a Pirry.

@Vladdo

Tomado de: eltiempo.com