Ha sido un primer mes intenso. Trump se ha encontrado con contrapesos, en especial en la justicia.
Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su primer mes en la Casa Blanca. Treinta días en los que el mundo ha pasado de la expectativa a la estupefacción, por los múltiples frentes que el mandatario ha atacado, pero también por los reversazos que ha tenido que dar en medio de escándalos de hondo calado o de choques con la realidad que le impiden hacer ciertos cambios. Los famosos contrapesos del sistema están obrando.
Aun así, es claro que quienes pronosticaron a un Trump mucho más moderado una vez se sentara en la Oficina Oval se equivocaron. Estas cuatro semanas han parecido más una extensión de la campaña electoral. Arrancó como una locomotora, promulgando decenas de órdenes ejecutivas para hacer cumplir muchas de las promesas a sus electores.
Entre ellas, una para iniciar el desmonte de la reforma de la salud aprobada bajo el gobierno de Barack Obama, y otra con la que retiró oficialmente a EE. UU. del acuerdo de libre comercio Transpacífico, lo que envió una clara señal de la dirección proteccionista hacia donde piensa conducir la economía.
Pero el mandatario experimentó pronto que no puede navegar solo, pues se ha topado con una férrea resistencia que se ha expresado en demandas judiciales y multitudinarias marchas, como la que se realizó en Washington al día siguiente de su posesión. Una resistencia civil que no ha sido solo de demócratas, sino también de su propio partido.
Quizá el golpe más fuerte a su agenda ha sido la decisión de un juez, luego refrendada por una corte de apelaciones, que bloqueó otra orden ejecutiva que vetaba la entrada al país de ciudadanos de siete Estados de mayoría musulmana, tal vez uno de los hechos de mayor resonancia. El asunto aún está lejos de resolverse, pero la decisión de la corte constituye un primer choque con los límites de su propio poder.
Lo cual ha sucedido igualmente en el Congreso, aunque es controlado por los republicanos. Tanto en la Cámara como en el Senado ya le han dejado claro que la idea del muro que prometió en la frontera con México, que está avaluado en unos 20.000 millones de dólares, no será viable si antes no se hacen serios recortes presupuestales. De otro lado, aunque avanza un proyecto que busca remplazar el ‘Obamacare’, una herencia demócrata, su alcance sería mucho menos ambicioso, y tardaría más tiempo de lo esperado.
Y esta semana, los republicanos del Senado rechazaron el nombre de Andrew Puzder, nominado a la Secretaría del Trabajo.
En la arena internacional, su debut no ha sido el mejor, pues ha casado peleas con países aliados, como México y Australia, y provocado rechazo casi general en la Unión Europea.
En el caso de Colombia, y de acuerdo con información de la Casa Blanca y de la Casa de Nariño, las relaciones no han sufrido sobresaltos. El fin de semana pasado, el presidente Juan Manuel Santos se comunicó con Trump y acordaron seguir trabajando por la paz del país de la manera estrecha como lo han hecho Washington y Bogotá desde hace rato.
La controversia más grande es la que ha surgido en torno a sus relaciones con Moscú. El Presidente tuvo que cortar la cabeza de Michael Flynn, su asesor de Seguridad Nacional y uno de los hombres de más peso en la administración, luego de que se reveló que había hablado con el embajador de Putin de las sanciones que impuso en diciembre Obama por haber interferido en la campaña electoral.
Flynn no solo le habría mentido al vicepresidente, Mike Pence –que había salido a defenderlo negando que esa fuera la intención de los contactos–, sino también al FBI.
Así mismo, hay dudas sobre el proceder del Presidente mismo. En el Congreso han lanzado una serie de pesquisas para tratar de averiguar la naturaleza de esos contactos con el Krem-lin y si hubo algún tipo de coordinación para afectar la campaña de Hillary.
El Presidente, sin embargo, lo niega. El jueves, durante una acalorada rueda de prensa, acusó a los medios y a las agencias de inteligencia de su propio país por filtrar y publicar información “falsa”.
Todo ha sumado para que la aprobación del mandatario, según Gallup, haya caído al 40 por ciento, la más baja en la historia de este tipo de mediciones para el primer mes.
Un jefe de Estado que además ha dado muestras de pragmatismo al dar marcha atrás, al prometer a China su respaldo a la política de “un solo país”. Y de prudencia, al pedirle a Israel suspender la construcción de colonias en Cisjordania, aunque dejó en vilo al Estado palestino.
Pero Trump es Trump, y si algo ha mostrado es que le seguirá apostando al estilo polémico y confrontacional que tan buenos resultados le dio en la campaña. No hay que perder la esperanza de que muestre sensatez. Pero, a decir verdad, el panorama se ve más nublado que hace un mes.
El comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla, sostuvo que el hecho tiene similitudes con otras acciones que ocurrieron a finales de 2016, una de ellas atribuida al Eln.
Tras el atentado que este domingo sacudió las calles del sector de La Macarena, en el centro de Bogotá –en hechos que dejaron 30 personas heridas, en su mayoría policías– la Policía, en desarrollo de la investigación, dejó entrever este lunes que la guerrilla del Eln sería la responsable. (Lea: Explosiones en Bogotá: ¿y los responsables?)
Así lo dio a conocer el comandante de la institución en la capital del país, general Hoover Penilla, quien aseguró que la acción terrorista guarda similitudes con otro atentando contra uniformados de la Policía, registrado a finales de 2016 en la subestación eléctrica de Torca, ubicada en el norte de la ciudad.
“Desde el momento en el que ocurre el hecho, el equipo investigación junto a la Fiscalía han adelantado la recolección de elementos similitudes con hechos que ocurrieron a finales del año anterior, hablamos el tema de la subestación de Torca y otro más en fechas anteriores (…) Estamos diciendo que existe similitud en la manera y elementos utilizados en hechos anteriores”, declaró Penilla en declaraciones a Blu Radio.
De acuerdo con el uniformado, las autoridades ya tienen en su poder los videos de los momentos previos a la detonación del artefacto, en los que se observa a la persona que instala los explosivos en la calle 27 con carrera quinta.
“Tenemos material fílmico para adelantar cualquier tipo de investigación y poder adelantar la identificación e individualización de los autores materiales del suceso. También tenemos algunas versiones de unas personas que observaron algunas actuaciones en horas de la madrugada”, señaló Penilla, precisando que los delincuentes habrían analizado los movimientos de los policías, quienes custodiaban los alrededores de la Plaza de Toros la Santamaría por cuenta de la temporada taurina.
Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa, aseguró que “muy pronto” van a dar con los responsables del atentado: “Vamos a perseguir a estos criminales, para lo cual vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance. Y en eso estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía y con la Policía. Tenemos elementos adicionales que nos permiten tener confianza de que vamos a poder dar resultados sobre este atentado en un tiempo corto”, señaló.
Peñalosa, en línea con lo dicho por el comandante de la Policía de Bogotá, manifestó que una de las hipótesis es que el atentado haya sido perpetrado por el Eln, “lo cual estamos vinculando con otro tipo de situaciones”.
El mandatario sostuvo que este fue un atentado dirigido contra los policías. El artefacto contenía metralla, lo que originó las mayores heridas a los oficiales, especialmente en los ojos.
“El parte final es de 30 heridos: 26 policías y cuatro civiles. De ellos 20 fueron remitidos al Hospital de la Policía, cinco al Hospital Militar, tres al San Ignacio y dos al Santa Clara. Solo uno tiene por el momento pronóstico reservado, mientras que seis más presentan heridas críticas”, reportó el alcalde.
La explosión causó daños a 34 inmuebles del sector: dos casas y 32 apartamentos, especialmente en los vidrios de sus ventanas. La reparación será asumida por el Distrito, según Peñalosa.
La declaración del alcalde Peñalosa es prácticamente la misma que han dado secretarios y oficiales de la Policía Metropolitana en los últimos años tras cada explosión en la capital. A la fecha se han reportado alrededor de 30 casos, entre detonaciones y atentados frustrados. Sin embargo, las indagaciones no han arrojado resultados reales y se mantiene la incertidumbre sobre quiénes están detrás de estas acciones.
Entre los casos investigados se cuentan varios petardos panfletarios, ataques con granadas y atentados especializados contra la Fuerza Pública, como el de ayer, en el que los delincuentes activaron la carga explosiva a través de un teléfono celular. Este tiene referentes concretos, como para pensar que detrás hay una estructura organizada.
Se hizo entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB, durante un solemne acto, lleno de cuestionamientos sobre la libertad de expresión y el derecho de las gentes a estar bien informadas. El Presidente Santos pidió a los periodistas ser los mejores aliados de la verdad en lugar de hacerle juego a la posverdad. “La prensa ya no es el cuarto poder. Fue reemplazado por el poder financiero que la compró”, dijo el presidente del CPB, William Giraldo. “Salgamos a la calle, volvamos a la reportería… Démosle a la prensa el papel que le corresponde”, advirtió María Elvira Arango, presidenta del Jurado que escogió a los ganadores de los galardones.
Hay serios cuestionamientos sobre el papel de la prensa en estos momentos en que el mundo ha sido invadido por la tecnología, por las redes, por la posverdad y por la prevalencia de las emociones sobre los hechos. Los periodistas y el presidente -también periodista- llegaron a un consenso: “las emociones y las creencias les están ganando terreno a los argumentos, a la verdad y a los hechos objetivos. !Y es esa la batalla, esa batalla es la que no podemos perder”.
El Presidente basó su intervención en la posverdad, que en su libro “Enough Said” trata a fondo el presidente del New York Times, Mark Thompson, porque los ciudadanos de hoy, “están acudiendo más al corazón que la cabeza”. Pidió a sus colegas “no dejar de hacer el buen periodismo. Periodismo serio, argumentado, riguroso, responsable y ¡ojo!, constructivo, que rete al lector y lo invite a pensar.
Y en esos precisos momentos, el jefe del Estado y Premio Nobel de la Paz, era víctima de la posverdad por parte de sus opositores, que a través de las declaraciones de un cuestionado personaje, inundó los medios con acusaciones -no confirmadas- del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña. Todos los medios, -sin investigar, ni exigir pruebas- durante varios días repletaron sus páginas y espacios con esa versión, temerariamente respaldada con declaraciones y ruedas de prensa del Fiscal.
Vino luego la verdad. El acusador se retractó y los medios escasamente se ocuparon del asunto. No hubo rueda de prensa del Fiscal, ni invasión de los medios con esa nueva noticia. Total, ganaron la posverdad y el escaso periodismo que estamos ejerciendo.
BLANCO: La reforma política puede fortalecer nuestra democracia.
NEGRO: Maduro sigue atropellando en Venezuela. Otro duro golpe a la prensa y a la ciudadanía. Saca del aire canales y medios de comunicación.
Los jóvenes de hoy, si quieren tener una vejez sana y feliz tienen que hacer ejercicio, comer bien y cuidar la salud. Pero, si esos mismos jóvenes quieren, además, disfrutar de una pensión, tienen que desde hoy ahorrar, cotizar y ser perseverantes. Sus perspectivas para el año 2050.
Por AMÍLKAR HERNÁNDEZ
Para comenzar, los llamados millennials o simplemente milenials, tienen que entender el siguiente trabalenguas: no es lo mismo pensionarse que jubilarse, pues hay personas que se pensionan y no se jubilan; hay otros que se jubilan y no se pensionan, y algunos más que ni se pensionan ni se jubilan.
Vamos por partes. Hay unas personas que trabajan, cumplen con los requisitos, y tramitan y obtienen una pensión pero siguen trabajando porque lo necesitan, pues la mesada es muy bajita o porque les gusta trabajar. Esos no son muchos. En cambio, hay los que se retiran o los retiran del puesto por la edad y dejan de trabajar pero no alcanzan a cumplir los requisitos para obtener una pensión. Son la mayoría de colombianos que viven de los demás. Y, hay otro segmento grande de adultos mayores que no ahorraron para el retiro y tienen que seguir trabajando para subsistir, es decir, no se jubilan.
Pero vamos a ir a un segmento de la población que son los llamados mileanials, es decir las personas que nacieron entre 1980 y 1995. Los que hoy tienen entre 20 y 35 años. Son los que se creen los dueños del mundo, y va uno a ver y es cierto. En sus manos está el futuro de todos.
Ellos no se quieren casar ni tener hijos, por ahora. Quieren viajar, dominar los idiomas, tener plata, usar la tecnología (no conocen un mundo distinto al digital), estar a la moda, vivir pegados al celular (con audífonos todo el tiempo), les gustan los memes, están bien informados, no quieren comprar casa ni carro (prefieren Uber), viven a toda velocidad (comen muy rápido) y quieren cambiar de puesto cada rato. Por supuesto el tema de las pensiones no está en su agenda.
Son ellos el 40 por ciento de la población empleada formalmente, es decir que pagan seguridad social, léase pensiones, salud y riesgos profesionales.
Mitos y realidades
Según Lee Caraher en su obra Millennials en la oficina, esta generación de jóvenes quiere sentirse importante, quieren un trabajo significativo, quieren ser escuchados, quieren formar parte de un gran equipo, quieren un diálogo constante, quieren aprecio y reconocimiento, quieren retroalimentación y transparencia, quieren un enfoque de vida plena en el trabajo, quieren equilibrio entre vida y trabajo, quieren libertad y oportunidades, quieren acceso a la alta gerencia, quieren un mentor fuerte, quieren una trayectoria, quieren, quieren y quieren muchas otras cosas que los hagan diferentes a sus pares, en edad, del siglo pasado.
20minutos.es
Y frente a los mitos, el mismo autor señala que es falso que los millennials sean engreídos. Que es posible que los millennials esperen gratificaciones y ascensos solo por presentarse. Que es falso que no trabajen duro. Que también es falso que no puedan terminar las cosas. Y, que es mitad falso y mitad posible que los millennials son informales e irrespetuosos.
Tiempos y edades
Con esta radiografía, vamos al grano. Las pensiones. Un tema que a los milenials poco les interesa porque piensan que no se van a pensionar.
Los mileanials consideran que si sus papás a duras penas se pensionaron o no alcanzaron, ellos muchos menos, pues tendrán que cotizar varias décadas para disfrutar unos pocos años.
Y tienen razón en parte. Los actuarios, aquellos escasos profesionales que hacen cuentas, estadísticas y gráficos para calcular el futuro en medio de probabilidades, señalan que una pensión se construye para disfrutarla entre 15 y 20 años.
Y, veamos por qué. Hoy un hombre se pensiona a los 62 años y la expectativa o promedio de vida está por los 75 años. Total son 13 años con pensión, sin tener en cuenta que las pensiones se sustituyen. Las mujeres viven más y por eso disfrutan pensiones por 20 y hasta más años.
losultimostiempos.com
En cuanto al tiempo de trabajo, los milenials piensan que no se van a pensionar. Y como piensa esta generación también pensaron las anteriores y sin embargo se pensionaron, claro no en el número en el ideal.
Hace unos 50 años la gente se pensionaba con 20 años de trabajo, es decir 1.000 semanas cotizadas y una tasa de reemplazo o mesada un poco por debajo del último salario. Hoy son 1.300 semanas, es decir 26 años y una mesada entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los últimos 10 años en Colpensiones o lo que le resulte de la suma ahorrada en los fondos.
Ahora, hagamos un poco de futurología. Hacia el 2050, cuando los primeros milenials se comiencen a pensionar, con las reformas pensionales (por lo menos dos, según algunos analistas) tendrán que haber cotizado por lo menos 1.800 semanas, algo así como 36 años, y en el mejor de los casos, la edad estará cerca a los 70 años y la mesada será de entre el 50 y el 60 por ciento de los ingresos de los últimos años laborados, como opera hoy en los países más desarrollados.
Con estas cuentas, los milenials preguntan: ¿y ya para qué pensión? La respuesta es: claro que es necesaria, porque la expectativa de vida estará entonces, según la ONU y Asofondos por los 79 años para los hombres y 83 para las mujeres.
Entonces, el mensaje para los mileanials es que hay que ahorrar para la vejez, pero desde ahora, porque si comienzan a cotizar muy tarde, pues llegarán al séptimo piso sin las semanas y el ahorro exigidos.
Los casos de Gloria y Jaime
Por eso vamos a hacer un ejercicio. Tendremos una pareja de milenials. La simulación incluye a Gloria, una mujer previsiva, quien tendrá ahorro o cotización, y a Jaime, que ahorrará poco y gastará mucho.
Arranquemos con las suposiciones. Gloria tiene hoy 27 años, es profesional, comienza a trabajar y tendrá ingresos de $3 millones mensuales en promedio durante su vida laboral. En el 2050 cuando cumpla 61 años, llevará 34 años cotizados o ahorrados y le faltarán dos más de aportes para cumplir las posibles entonces 1.800 semanas, y nueve más de edad para obtener una pensión de un poco más de $1.600.000 a pesos de hoy. Si está afiliada a un fondo esta cifra dependerá de la cantidad de ahorro y del sube y baja de las tasas de interés.
Entonces, con esta simulación, y de acuerdo con su edad, cada millennials podrá hoy hacer sus cuentas. Es decir, calcular cuántos años tiene que aportar o ahorrar y que monto aproximado tendría de mesada.
ForumLibertas.com
Si Gloria tuviera hoy 20 años, le faltarían 50 para pensionarse pero podría darse el lujo de dejar de trabajar unos 12 años a lo largo de este medio siglo ya sea por desempleo o descanso. Pero si Gloria tuviera hoy 35 años y comenzara hasta ahora a aportar, estaría apenas para trabajar ininterrumpidamente durante 36 años y poder pensionarse en el 2050.
Así, como en el ajedrez, cada persona es un caso particular en materia de pensión, teniendo en cuenta de su edad, salario y tiempo trabajado.
Hay que señalar, además, que Gloria puede aportar como independiente cuando no tenga trabajo para asegurar sus 36 años de cotizaciones o ahorro.
Gloria tendrá la opción de afiliarse a Colpensiones, es decir al régimen público de prima media que exista o a un fondo privado de ahorro.
En las condiciones de hoy, Gloria aportará a cualquiera de los dos regímenes el 16 por ciento de su ingreso (está cifra subiría con las reformas), de los cuales a ella le descontarán en la empresa donde labora el 4 por ciento y su patrono cancelará el restante 12 por ciento. Pero si Gloria aporta como independiente tendrá que pagar ella todo el 16 por ciento. Y no sabemos con las reformas cómo quedarán los aportes, que hoy en países desarrollados pueden pasar del 20 por ciento del salario. Otra incertidumbre para los futuros aspirantes a pensionarse.
Al final, es decir a mediados de este siglo, Gloria será una afortunada pensionada, que de paso tendrá asegurado su servicio de salud que será descontado de su mesada.
Ahora vamos con Jaime. Un joven emprendedor de 30 años, quien por ahorrase unos pesos solo cotiza pensiones por un salario mínimo. Cuando al negocio le va bien sube un poco y paga sobre dos o tres salarios mínimos y cuando cierra sus negocios o fracasa, pues no aporta nada al sistema.
Total, en el 2050, Jaime con 64 años y a solo 6 años de cumplir los 70, la posible edad para pensionarse, está lejos de las 1.800 semanas cotizadas o de tener los ahorros necesarios en un fondo, y por consiguiente no tendrá derecho ni a una pensión mínima.
StockPhotos.mx
Al final de su vida, Jaime tendrá pocas opciones: pedir que le devuelvan las cotizaciones a Colpensiones o su saldo de ahorro si se afilió a un fondo. Con estos pocos pesos podrá sobrevivir unos meses. El resto de su existencia, entre 15 y 20 años en promedio, dependerá de sus hijos, si los tiene; de sus hermanos si los tiene, de familiares y amigos o de la caridad pública.
Frente a este panorama los millennials tienen la palabra y eligen entre la suerte de Gloria o la crisis de Jaime.
Advertencias de los expertos
Los estudiosos del tema pensional no son muy optimistas. Señalan el riesgo del sistema de prima media (Colpensiones), alertan sobre la falta de cultura financiera en los jóvenes milenials e insisten en que la salida es ahorrar, ahorrar y ahorrar.
dinero.com
Sonia Posada una consultora independiente es clara y directa. Los regímenes públicos de reparto se están debilitando porque esas pirámides con una gran base de cotizantes se están acabando por la longevidad, menos afiliados y menos hijos que aporten. Vamos, dice, para el fortalecimiento del sistema de capitalización, donde cada persona tiene una cuenta de ahorros para construir su pensión, y esa es la tendencia mundial. Para ella, nos movemos hacia reformas con más semanas, más edades, menos mesadas y unos ahorros más altos que garanticen pensiones para más años de jubilación. En la capitalización, concluye, lo que importa es la plata ahorrada y la expectativa de vida para ver con esa plata que se alcanza a cubrir del resto de la vida del retirado.
Para Clara Inés Guzmán, líder de bienestar financiero de una compañía especializada, la pirámide poblacional se está volviendo un rectángulo, pues hay más adultos mayores que jóvenes. Destaca que el régimen de prima media no es sostenible y que hoy se dedica un 4 por ciento del PIB para financiar pensiones de alrededor de 1,5 millones de pensionados. Advierte sobre el tema de informalidad y explica que solo el 56 por ciento de la población que trabaja cotiza o ahorra para pensionarse. No duda es afirmar que vienen reformas pensionales, como en todo el mundo, con aumentos de edad porque la gente vive más. Señala que antes del 2050 vendrán reformas con fuertes impactos en porcentaje de cotización, aumento de edades y niveles de ahorro y desmonte de beneficios y subsidios. Finaliza diciendo que la gente tiene que entender que se debe hacer responsable de su pensión, y que el gobierno no puede hacerse cargo de todos.
No le ponga ‘conejo’ a las cesantías
Su usted es un trabajador con vinculación laboral formal, es decir con un contrato de trabajo, tiene derecho cada año al pago de un mes de salario como cesantía, en una cuenta que usted abre en un fondo privado de cesantías o en el Fondo Nacional del Ahorro.
Esta prestación se creó como una especie de seguro de desempleo y se paga cuando un empleado queda cesante y con este dinero pueda atender sus necesidades mientras consigue otro trabajo.
Claro que los trabajadores también pueden obtener estos ingresos para destinarlos para la compra de vivienda o para el pago de educación superior suya, de su cónyuge o sus hijos.
La Ley 50 de 1990 reglamento todo el tema de entrega de cesantías. Este dinero el trabajador lo puede reclamar con retiros parciales para comprar lote, casa lote o una vivienda completa, para reparaciones locativas en su vivienda propia, para pagar créditos hipotecarios de un inmueble a su nombre y para cancelar impuestos prediales y de valorización.
El retiro total de las cesantías se registra cuando hay terminación de contrato, por renuncia o despido; cuando el trabajador se va prestar el servicio militar; cuando el empleado pasa a recibir salario integral; cuando hay sustitución patronal o cuando se presenta el fallecimiento del afiliado.
Una de las principales formas de hacer retiros ilegales o de ponerle conejo a la prestación en el trámite de retiros parciales para mejoras en inmuebles para lo cual se hacen cotizaciones con maestros o ferreterías por obras que no se hacen o arregladas promesas de compra venta que no se cumplen. Hemos encontrado que por lo general las personas hacen ‘trampa’ al retirar sus cesantías y afirmar que harán una remodelación en su casa y utilizan el dinero para otra cosa que no es necesariamente remodelación, dicen analistas de Asofondos.
Mientras esté vigente un crédito hipotecario o el leasing de vivienda, las cesantías se pueden destinar al pago de las cuotas de estos productos financieros, explican los expertos de Asofondos.
En empresas pequeñas o familiares se terminan y reinician contratos para facilitar el pago de la prestación. Y, también se hacen trampas con el pago de estudios de carreras que no se hacen.
En medio de todo esto, lo único cierto es que según la Superintendencia Financiera los retiros de cesantías han subido un poco más del 14 por ciento.
Ponerle conejo a las cesantías no paga. No se engañe porque al final usted es el que pierde, pues puede quedar cesante y sin cesantía.
El presidente del Senado niega haber presionado, pero el programa en RCN fue cancelado.
Guillermo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, y su equipo de trabajo quedaron perplejos cuando desde la presidencia del canal RCN les informaron que su programa, en el que habían trabajado por más de cinco meses para salir al aire, no vería la luz.
La razón que Grabriel Reyes, presidente de RCN, le dio a Pirry, quien sería director del programa de investigación y crónicas, fue que en este momento la parrilla del domingo en la noche le funcionaba muy bien al canal y que no habría espacio para su producto. En otras palabras, que el rating de la noche del domingo estaba muy bien y que no querían afectar dichos números.
La verdad es que el rating de RCN en la noche del domingo es muy bajo frente a sus rival directo, Caracol Televisión. Este último domingo (12 de febrero) Cuatro caminos marcó 4.6 y su enfrentado, Los informantes, de Caracol TV, fue el programa más visto con 10.1. El siguiente enfrentado: Ellos están aquí (RCN) y Séptimo día (Caracol) también fue superado ampliamente por Caracol: 9.5 contra 4.2.
“La programación para la franja de prime de los domingos hoy está diseñada y tiene buen desempeño. No hay espacio disponible para este programa (el de Pirry) en los próximos meses”, eso fue lo que Gabriel Reyes le dijo a KienyKe.com el pasado nueve de febrero.
La cancelación del programa de Pirry, dicen los rumores que cada vez son más fuertes, se debería a presiones del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, ante RCN y sobre quien Pirry y su equipo estaban adelantando una investigación periodística.
Pirry le dijo a KienyKe.com desconocer la veracidad de estos rumores. “Eso no lo sé y mientras no tenga pruebas, eso no lo puedo asegurar. Lo que sí es cierto es que el señor Mauricio Lizcano me llamó dos veces porque quería hablar conmigo. Obviamente le dije al señor Lizcano que mientras estuviera haciendo la investigación, él solo podía hablar con el periodista y con una cámara prendida”.
Sobre las llamadas de las que Pirry hace mención, el senador Lizcano respondió: “Primero se pronunció el canal diciendo que yo no había llamado ni había intrigado, y segundo también se pronunció Pirry diciendo que no le consta, porque no ha sucedido. Es un rumor de internet o de redes sociales, porque nunca he llamado RCN para que cierren el programa porque eso no se usa. Cuando uno tiene una inquietud sobre un programa periodístico, llama al director del programa o a la parte periodística”.
Para el periodista las razones de cancelación son las que le entregó personalmente Gabriel Reyes, quien desmintió en este medio haber recibido llamadas por parte de Lizcano para detener la investigación del equipo de Pirry.
Aunque el periodista no habló de la investigación que se estaba haciendo en contra de Lizcano, uno, porque el tema no está cerrado, dos, porque la investigación la estaba haciendo otro periodista y tres porque todo lo que hizo bajo sus deberes contractuales con RCN no son de su propiedad, es un material del canal y no puede disponer de él, una fuente cercana al equipo de trabajo periodístico le contó a KienyKe.com que la investigación relacionada con Lizcano tiene como eje central tierras de campesinos que habrían terminado en poder del senador y cercanos suyos.
La fuente le indicó a este medio que el trabajo adelantado por Pirry y su equipo tendría que ver con una presunta irregular compra de predios en Risaralda por parte del senador Lizcano y allegados suyos. Al parecer, predios que les fueron arrebatados a campesinos por parte de las Epl, en este departamento, después de algunos movimientos comerciales, resultaron en poder de Lizcano.
Este tema estaría en conocimiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), porque los campesinos habrían solicitado la intervención de esta entidad del gobierno para recuperar los predios que hoy supuestamente serían del presidente del Senado.
Una fuente de la URT le respondió a Kienyke.com que se está adelantando una investigación interna para poder emitir un comunicado oficial al respecto.
Otra denuncia en contra de Lizcano y sobre la cuál también se estaría adelantando una investigación periodística, estaría relacionada con otras tierras, pero en el departamento de Córdoba. Según un video que se dio a conocer en estos días, a un campesino de este departamento le quitaron parte de su predio llamado El Edén.
Dice el hombre, de nombre Alfredo, que por orden de un juez de la República le quitaron un pedazo de su tierra, una extensión de 342 metros cuadrados, y que el beneficiario de este terreno es el señor Mauricio Lizcano. También dice el campesino que al poner la queja ante el personero de su pueblo y mencionar a Lizcano, el funcionario le habría dicho que ese tema se le salía de las manos.
El senador Lizcano indicó en entrevista a La W Radio que sí conoció sobre la existencia de la investigación que se estaba adelantando en la que él estaría involucrado y que por tal razón se comunicó con Pirry en dos oportunidades y que el objetivo de estas llamadas era hablar sobre dicha investigación. Ante la presunta presión por parte suya para detener el programa del periodista, el senador le respondió a KienyKe.com “No tengo nada que ver. No sé de dónde salió esa noticia. No tengo ni idea de dónde salió esa información”.
Fundación para la Libertad de Prensa denuncia a Mauricio Lizcano Foto: Fotomontaje SEMANA
A raíz del cierre del programa de crónicas y reportajes de Pirry, la Fundación pide que se investigue si el senador incurrió en el delito de abuso de autoridad con fines de censura.
«Nuestro programa fue cancelado por el Canal RCN», con estas palabras Pirry confirmó los rumores que había sobre el programa de crónicas y reportajes que sus seguidores estaban esperando. Dicha decisión del canal causó suspicacias; se ha dicho que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, llamó a las directivas de RCN para que se frenara la investigación que avanzaba en el programa sobre él.
Esta versión ha sido tajantemente negada por el senador Lizcano y por el Canal RCN. Por su parte, Pirry aseguró que él no tenía pruebas de que la llamada se hubiera realizado y provocado el cierre del programa que, valga decir, ya estaba listo para salir al aire.
La Fundación para la Libertad de Prensa esperó que se decantara el caso para discernir y pronunciarse. Presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue si el senador Lizcano incurrió, o no, en el delito de abuso de autoridad con fines de censura. Este fue el comunicado que emitió:
«Como es de público conocimiento, el pasado viernes 10 de febrero, Guillermo Prieto La Rotta, ‘Pirry’, anunció a través de un video que su programa de periodismo de investigación “fue cancelado por el Canal RCN”.
Además de las razones expuestas por Pirry, refrendadas públicamente por las directivas del canal, surgió la hipótesis de que el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, habría influido en el que canal tomara esta decisión. Lo anterior teniendo en cuenta que hay coincidencia entre una de las investigaciones adelantadas por el equipo de Pirry -que cuestionaba la legalidad de algunas actuaciones del senador- y la decisión de cancelar el relanzamiento del espacio por parte del canal RCN. La Fundación para la Libertad de Prensa – que decidió esperar a que los hechos se decantaran para hacer un análisis de lo sucedido – manifiesta lo siguiente.
1. La FLIP considera que, si bien las razones expuestas por el Canal RCN hacen parte de su autonomía, vistas en contexto, son insuficientes. La contundencia de la decisión se contradice con la inversión de recursos y el respaldo del canal que fue, de lejos, muy superior al asignado a programas similares que compiten en la misma franja. Por otra parte, los cuestionamientos a la estructura del programa ya habían sido evaluados por el canal en el piloto presentado, y aprobado, meses atrás. Las razones expuestas alcanzarían para reconsiderar algunos aspectos del programa, pero no para su cancelación.
2. Si bien no hay pruebas concretas, la FLIP sí documentó indicios sobre la posible influencia del senador Lizcano en la decisión tomada por el canal. Por esta razón, la FLIP presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue si el senador Lizcano incurrió, o no, en el delito de abuso de autoridad con fines de censura. También presentamos una queja disciplinaria para que la Procuraduría indague si hay una falta que amerite sanción. Confiamos, y vigilaremos, que estas entidades adelanten una investigación imparcial que esclarezca si el presidente del Senado tuvo la intención de silenciar una investigación que no le favorecía y denunciaba sus actuaciones. El presidente del Senado ha negado en repetidas ocasiones su participación en la decisión del canal, pero debe ser responsabilidad de las autoridades investigar la veracidad de estas afirmaciones.
3. La FLIP celebra que la investigación periodística que denunciaba las actuaciones del Senador Lizcano haya sido publicada en el espacio ofrecido por La W Radio y manifiesta su solidaridad y respaldo a los periodistas del equipo convocado por Pirry para este proyecto. Ponemos a disposición nuestra capacidad institucional para apoyarles y les alentamos para que continúen con su labor de informar a una sociedad que carece de una oferta robusta de periodismo de investigación.
Para la FLIP es claro que la censura también tiene manifestaciones sutiles, derivadas en terceros que aíslan al actor que quiere silenciar y dominada por intereses poderosos que toman precauciones para no ser identificados en su propósito. En estos casos la reportería periodística no siempre cuenta con las herramientas para esclarecer cómo opera la censura aun cuando se produzca el efecto de silenciar. En su deber de garante de la Libertad de Prensa, la Corte Suprema y la Procuraduría, están llamadas a investigar al Senador Lizcano.
La FLIP reitera su compromiso con la libertad de expresión en Colombia, su deber ante la defensa del derecho a la información y rechaza categóricamente cualquier forma de censura. Los medios de comunicación están en la libertad de prescindir de una producción u otra para organizar su parrilla de programación. Pero el de Pirry no era un proyecto de entretenimiento, era un programa aprobado con suficiente antelación para hacer periodismo de investigación en el país. Con la cancelación del programa pierde la democracia colombiana y la deliberación sobre asuntos de interés público en un formato que además es precario en pluralidad: la televisión abierta.»
Simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro manifestaron frente a Conatel, en apoyo a la medida contra CNN en Español, Caracas, Venezuela, 16 de febrero de 2017.CreditFederico Parra/Agence France-Presse — Getty Images
Miembros de la prensa, activistas y figuras de la oposición venezolana se movilizaron el jueves para condenar la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, emitida el miércoles, de suspender las transmisiones del canal de noticias CNN en Español. La sanción en contra de CNN generó acusaciones de censura y aumentó las tensiones en medio de la crisis económica y política que vive Venezuela.
En un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa calificó de “ilegal y arbitraria” la sanción del gobierno contra CNN y exhortó a que se derogara la medida “que burla las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, advirtió en su programa de radio que ante la salida del aire de la cadena informativa esperaba “un recrudecimiento de la violencia” por parte del gobierno: “¿Cuánto silencio necesita una dictadura para no sentir el rechazo de los ciudadanos? Podrá imponer el silencio, pero el rechazo está allí, creciendo y expresando lo que es el deseo de libertad de un pueblo”.
Las transmisiones de noticias CNN en Español fueron suspendidas 10 días después de que el canal presentara un especial titulado “Pasaportes en la sombra”, un trabajo de investigación que denuncia una serie de irregularidades supuestamente cometidas en la embajada de Venezuela en Bagdad, Irak, relacionados con la venta de pasaportes y visas venezolanas a ciudadanos del Medio Oriente que tendrían lazos con Hezbollah. El reportaje vincula al actual vicepresidente Tareck el Aissami con el negocio de los pasaportes.
El miércoles la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) publicó en su portal web un documento en el que acusa a CNN en Español de transmitir contenidos “que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima intolerancia”.
No es la primera vez que el gobierno venezolano ataca o implementa medidas contra medios que lo critican. El 27 de mayo de 2007 no se renovó la concesión de Radio Caracas Televisión, medida gubernamental que implicó el cierre de esa televisora, cuyos bienes fueron incautados por el Estado venezolano. En febrero de 2014 la señal del canal colombiano NTN24 también fue suspendida.
Entre 2013 y 2016 cerraron al menos 22 periódicos en todo el país debido a dificultades técnicas como la escasez de papel, cuya asignación es controlada por el gobierno. Espacio Público, una organización dedicada al monitoreo y análisis de medios, contabilizó 366 violaciones a la libertad de expresión en 2016, lo que representa un incremento del 28 por ciento con respecto a 2015. Esta ONG también ha registrado las detenciones y deportaciones de al menos 10 periodistas de medios internacionales como Al Jazeera, NPR, Washington Post, Le Monde, Miami Herald y Radio y Televisión Española, entre otros.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la derecha, estrecha la mano de Tareck el Aissami, vicepresidente del país, durante un acto el 14 de febrero. Maduro ha desestimado las acusaciones de narcotráfico contra El Aissami y pidió la salida de CNN de Venezuela. Credit Palacio de Miraflores/European Pressphoto Agency
Otro elemento que complejiza la situación informativa en Venezuela es la reiterada denuncia de compras de medios de comunicación por parte de sectores cercanos al gobierno. Diarios como El Universal, Últimas Noticias y El Mundo, así como el canal de noticias Globovisión, han cambiado sus líneas editoriales suavizando las críticas a la gestión gubernamental y cerrando sus espacios a las denuncias ciudadanas.
Henrique Capriles, líder opositor y gobernador del estado Miranda, escribió en su cuenta de Twitter: “Impidiendo que la gente vea @CNNEE ¿Se acabará el hambre? ¿Bajará la inflación? ¿Menos homicidios? ¡Cada venezolano sea mensajero de la verdad!”.
El jueves la líder opositora María Corina Machado acompañó a los representantes de los gremios de periodistas a entregar un comunicado en Conatel en rechazo a la medida. “Con esta acción del régimen de Nicolás Maduro, a cualquier venezolano que tenía alguna duda sobre la veracidad de estas gravísimas denuncias e investigaciones (de CNN) pues esa duda se erradica”, declaró Machado.
Entre conspiraciones y censura
El 10 de febrero, el senador republicano por Florida Marco Rubio presentó la investigación emitida por CNN en el Senado de Estados Unidos y dijo que la supuesta venta de pasaportes y documentos de viaje por parte de una embajada de Venezuela “a individuos vinculados con el terrorismo representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”. Rubio comentó que el reportaje mostraba explícitamente la vinculación de El Aissami con el otorgamiento de 173 pasaportes y cédulas a ciudadanos de Medio Oriente, por lo que esperaba que el Departamento de Estado tomara cartas en el asunto.
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar y el domingo pasado, durante un acto público por el Día de la Juventud, el presidente Maduro declaró: “CNN que no meta su nariz en Venezuela, yo quiero a CNN bien lejos de aquí, fuera CNN de Venezuela, los asuntos de los venezolanos son nuestros y debemos resolverlos nosotros”.
Un día después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.
María Corina Machado, líder opositora, asistió a una manifestación en las afueras de Conatel por la suspensión de las transmisiones de CNN en Español, Caracas, Venezuela, 16 de febrero de 2017. Credit Federico Parra/Agence France-Presse — Getty Images
Andrés Cañizalez, experto en ciencias políticas e investigador en medios de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que la medida de Conatel está lejos ser una medida cautelar: “Conatel hace una interpretación de la Constitución que genera censura porque sin que todavía exista un proceso administrativo se saca del aire a CNN”.
Cañizalez advierte que en Venezuela la audiencia está muy desprotegida, por lo que piensa que los ciudadanos deben manifestarse para mostrar su descontento. “Sin embargo, Conatel opera más como un órgano político e ideológico que técnico, por lo que tengo serias dudas de que los reclamos de la ciudadanía puedan ser escuchados”.
La canciller Delcy Rodríguez no dudó en relacionar a CNN con una conspiración para desacreditar al país debido a la presentación que Rubio hizo de la investigación y declaró: “Sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales”.
CNN ha respondido a los señalamientos y la sanción del gobierno venezolano diciendo que continuarán informando sobre la situación del país y ofrecerán de manera gratuita su señal en YouTube. A través de un comunicado la cadena aclaró que “una cosa son las sanciones por narcotráfico de las autoridades estadounidenses y otra son las denuncias presentadas en nuestra investigación sobre irregularidades en documentos venezolanos”. CNN sostiene que no están vinculadas de ninguna manera.
Antonio Pasquali, teórico de la comunicación con más de 50 años de experiencia, dice que en los últimos siete días el gobierno venezolano ha tomado medidas que afectan el derecho a la libertad de expresión: “Vamos hacia una radiotelevisión donde solo habrá la voz del amo y la ataraxia de los autocensurados”.
Cañizalez comenta que esta sanción se produjo en medio de “una cotidianidad restrictiva para la libertad de expresión” por lo que es probable que tenga mucha más repercusión internacional que adentro del país: “Es un hecho grave, sin duda, pero en Venezuela vivimos las restricciones a la libertad de expresión a diario”.
El investigador cree que la influencia de CNN podría catalizar otras reacciones: “Quizá eso termine desencadenando una importante condena internacional hacia el régimen de Nicolás Maduro”.
El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunció que está coordinando con las empresas para impedir el acceso vía web. Además dijo que no hay censura porque se trata de “una medida cautelar”
«Ya están también todas las coordinaciones de nuestra gerencia de operaciones con todos los prestadores de servicio de internet para, con la tecnología de la cual se dispone, ir haciendo los respectivos bloqueos«, afirmó el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, durante una entrevista con el canal estatal VTV.
Por tanto, si el chavismo pretende bloquear dicho canal, tendría que impedir el acceso a todos los venezolanos a YouTube, o contar con la colaboración de la red de videos para censurar esa cuenta en particular. No obstante, el régimen sí podría, con ayuda de los proveedores del servicio, bloquear el acceso al portal del canal.
Foto: Infobae
El funcionario chavista opinó que CNN en español se ha convertido «en un cañón de instigación al odio racial, social y político» utilizando, según dijo, «técnicas usadas por países en el Medio Oriente para justificar invasiones».
Así, el funcionario indicó que el Directorio de Responsabilidad Social de Conatel está analizando el estilo que usó el canal. Además, remarcó que la medida es temporal y sorprendió al argumentar que el canal «no ha sido ni será jamás censurado» en Venezuela.
«CNN está en su derecho a la defensa, los lapsos administrativos avanzan, ayer apenas se abrió el procedimiento, se sale del aire por una medida cautelar, y vamos a esperar que se cumplan los lapsos de 60, 70 días«, sostuvo.
Méndez aclaró que si dicha cadena estadounidense estuviera constituida en Venezuela la sanción se aplicaría directamente contra los activos de la empresa y toda su programación pero, por no ser así, «lo que podemos hacer es sacarlo del aire».
Tras sacar del aire la señal de la cadena de noticias en Venezuela, Maduro la acusó de estar en manos de mafias y promover una intervención en el país. «CNN es un instrumento de guerra. El que se meta con nosotros recibirá la respuesta adecuada«, advirtió Maduro.
Nada más efectivo que esa justicia que da los nombres de los abusadores cuando de verdad los tiene.
Cientos de depredadores rondan la vida de muchos niños colombianos: en los últimos tres años, como consecuencia de una mayor atención al problema, que ha perdido su condición de secreto a voces, ha sido común encontrar titulares tan devastadores –en este mismo diario, por ejemplo– como ‘Cada hora dos niños o niñas son víctimas de abuso sexual en Colombia’, ‘El hogar, escenario de ocho de cada diez casos de violencia sexual’, ‘Entre enero y noviembre de 2015, ICBF recibió 7.440 niños por abuso’, ‘Para la Iglesia, los niños abusaron del sacerdote’, ‘Investigan a 91 docentes por abuso sexual de menores’.
Esta última noticia, que parte de la captura de un profesor de matemáticas de educación primaria en un barrio de Kennedy, en Bogotá, ha demostrado de la peor manera que miles de nuestros niños no están a salvo. Resulta demoledor caer en cuenta de que en ninguno de los tres hogares en los que suele confiarse en este país, ni en la Iglesia, ni en la escuela ni en la propia casa, muchos de nuestros menores de edad pueden ser niños en paz. Y es terrible e indignante notar que también estos casos, que marcarán las vidas de tantos inocentes, son en su gran mayoría resultado de la desigualdad.
Pues, el Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital (SED), que recibe las denuncias de los abusos contra los estudiantes, se encuentra investigando por abuso a 89 educadores y a dos educadoras de los colegios públicos de la ciudad. Del 2012 al 2017 ha recibido 171 quejas de esa clase. Por un lado, por supuesto, se trata de una cifra que demuestra la gravedad del asunto: aun cuando sea uno o sean cinco casos, pocas cosas hay más graves en la sociedad que un alumno victimizado por su maestro. Por otro lado, resulta importante que la SED no esté dejando esas historias en la impunidad.
Después del horror, después de la explotación de la vulnerabilidad y de la violencia contra los indefensos, el único consuelo que queda es la justicia. Sin duda, es la justicia la que –una vez ha fallado la educación, que tampoco debe descansar a la hora de transmitir lo repugnante que es el atropello sexual– recuerda que abusar de un menor es una abominación, algo que no puede ser posible. Y las investigaciones de la SED, 7 en etapa de juicio y 9 en decisión de primera instancia, son una señal de que se está tomando en serio el asunto.
Hace unos cuantos años llegó a Colombia una extraordinaria e inquietante película sobre el tema: ‘La cacería’. Mostraba la vulnerabilidad de los niños, de los jardines infantiles en adelante. Advertía también de los peligros de la estigmatización de los profesores inocentes, del cuidado que hay que tener al emprender una de estas investigaciones. Quizás sea esa una de las características más importantes del trabajo de la SED, la Personería y la Fiscalía: que, a diferencia de tantos procesos de estos tiempos, no se han estado llevando a cabo para la galería, para las multitudes que claman venganza, sino que se han adelantado para que se haga justicia, para que no sucedan más.
Nada más efectivo que esa justicia que da los nombres de los abusadores cuando de verdad los tiene, si lo que se busca es la defensa de los niños colombianos.
La infanta Cristina junto a su esposo Iñaki Urdangarin.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha notificado este viernes la histórica sentencia del caso Nóos: la infanta Cristina, sexta en la línea de sucesión al trono, ha sido absuelta de la acusación de colaborar en dos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin Liebaert.
La infanta sólo deberá pagar una multa de 265.088,42 euros en calidad de responsable civil a título lucrativo. En realidad le sale a devolver, ya que había consignado ante el juzgado los 587.413 euros en que la Fiscalía cifró su responsabilidad. Es decir, la Justicia le deberá reingresar al menos 322.225 euros.
Peor suerte ha corrido Urdangarin, que ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel, siete de inhabilitación para empleo o cargo público autonómico y local de la Comunidad Autónoma de Baleares y al pago de una multa de 512.553 euros.
El socio de Urdangarin, Diego Torres, ha sido el peor parado al ser condenado a 8 años y medio de prisión, 8 años de inhabilitación especial y al pago de una multa de 1.723.843,10 euros por cinco delitos de corrupción cometidos como corresponsable del Instituto Nóos.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, ha señalado —tras subrayar que está «levitando»— que la infanta está «satisfecha» por el fallo, aunque preocupada por la condena de su marido. «Sigue defendiendo su inocencia», ha apuntado. La infanta Cristina y su esposo han conocido el fallo en su domicilio actual de Ginebra.
Manos Límpias ha sido condenada a pagar el total de las costas del juicio oral causadas a Cristina de Borbón y el 50% de las costas del juicio oral causadas a Ana María Tejeiro Losada.
El fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, ha indicado tras conocer el fallo que valorará si pide el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin y de su socio Diego Torres, una decisión que tiene que tomar «esta misma mañana».
MÁS DE TRES AÑOS PARA JAUME MATAS
De igual forma, la Audiencia de Palma ha condenado al expresidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, a 3 años y 8 meses de cárcel y a 7 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación. Es un suma y sigue para Matas, que tiene pendiente la resolución de una veintena de causas por corrupción derivadas en su mayor parte del denominado caso Palma Arena.
Solo tres de los acusados del caso Nóos han sido condenados a penas de prisión no sustituibles por multas: el propio Matas, Urdangarin y Torres. En total suman 18 años y 5 meses de cárcel.
Han sido absueltos el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón; José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA); Jorge Vela, también exdirector de CACSA; la que fue responsable jurídica de esta entidad, Elisa Maldonado y la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.
José Luis Ballester Tuliesa ha sido condenado a 15 meses y 2 días de prisión —que se sustituyen por penas de multa— y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación.
Gonzalo Bernal García ha sido sentenciado a 15 meses y 2 días de prisión -sustituida también por multa- y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación.
Juan Carlos Joaquín Alia Pino ha sido condenado a 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.
Miguel Ángel Bonet ha sido sentenciado a una pena de 1 años y 2 días de prisión, que se sustituye por la pena de 24 meses y 4 días de multa a razón de una cuota diaria de seis euros.
La encargada de redactar la sentencia ha sido Samantha Romero, presidenta del tribunal, Eleonor Moyá, máster en criminología, y Rocío Martín, ponente que en 2013 firmó la mayor condena por corrupción a un político en España: 16 años de cárcel para Josep Juan Cardona, conseller de Jaume Matas.
El caso Nóos, abierto en 2010, es una de las 27 piezas separadas del sumario Palma Arena, de 2008.
El gremio médico ha promovido un acelerado proceso para afianzar la autorregulación y evitar desbordes que atenten contra la estabilidad del sistema.
Ley Estatutaria entra en vigencia. División frente a lo que se podrá hacer en práctica, sin plata.
A partir de este viernes, la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), la cual consagró la salud como un derecho fundamental, entra en plena vigencia, al cumplirse el plazo de dos años otorgados para definir con claridad las “prestaciones en salud” a que tienen derecho 49 millones de colombianos.
En rigor, el artículo 15 de la citada norma establece que los afiliados al sistema de salud tendrán derecho a todos los servicios requeridos, con excepción de los que sean excluidos de forma explícita. (Lea también: La Ley Estatutaria de Salud, para ‘dummies’)
En otras palabras, según Elizabeth Beltrán, médica salubrista y miembro de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, “a partir de hoy el Plan Obligatorio de Salud (POS) deja de existir, y los médicos podrán formular en ejercicio de su autonomía, principio que también se consagró en la ley, lo que consideren pertinente para sus pacientes”.
Y aunque pareciera que esto es un plan de salud ilimitado, según Beltrán no es así porque la ley contempla unas exclusiones que deben ser explícitas y definidas por el Ministerio de Salud.
Félix Nates, director de regulación, costos y tarifas del Ministerio de Salud, asegura que el mecanismo para definir las exclusiones se elaboró con participación de las sociedades científicas y otros actores, y estas serán dadas a conocer en los próximos días.
Financiación, el gran lío
Pero más allá de los ajustes técnicos, la ley estatutaria genera otras inquietudes, entre las cuales la más preocupante es el aspecto financiero.
Jaime Arias, presidente de Acemi (gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo), es enfático al afirmar: “Ojalá esto no se convierta en un desengaño para todos por la falta de recursos. Entra, en rigor, en un sistema con desequilibrio financiero evidente”.
Si bien el directivo gremial no dio cifras, algunos estudios proyectan que en el primer año de entrada en vigencia de la ley estatutaria, los costos adicionales en la salud podrían superar los 2 billones de pesos, cifra superior a lo que hoy cuesta el no POS. (Lea también: Ley Estatutaria de Salud: ¿a qué no tienen derecho los pacientes?)
Frente a la preocupación por el déficit financiero que, se presume, va a generar la aplicación de la ley, Pedro Contreras, de la gran junta médica y coautor de la norma, dice: “Nosotros siempre hemos creído que el sistema cuenta con recursos financieros suficientes, que reorientados y controlados rigurosamente pueden garantizar el goce efectivo del derecho a la salud”.
Insiste en que, en caso de faltar, el Estado debe buscar fuentes adicionales de financiación, sobre la base de que este es un derecho fundamental que prima sobre cualquier otro interés.
El optimismo expresado por Contreras contrasta con la visión de los usuarios. Néstor Álvarez, representante de los pacientes de alto costo, asegura que “no ha existido voluntad del Gobierno para echar a andar la ley estatutaria, sancionada hace dos años por el presidente Juan Manuel Santos, como se puede evidenciar con las normas que ha intentado expedir para reglamentarla y los raquíticos presupuestos aprobados para todo el sector”.
El movimiento social Pacientes Colombia se quejó en un comunicado de que “la salud en Colombia es un artículo de lujo, lejos, muy lejos de ser un derecho fundamental”, así como de que el sistema de salud “se está transformando con resoluciones, con baja participación ciudadana, llevando a la pérdida de derechos adquiridos”.
Lo cierto es que mientras algunos piensan que existen posibilidades de otras fuentes de financiación para cubrir el eventual incremento de los costos de los servicios, otros expertos van más allá.
El consultor en servicios de salud Hernando Macías asegura que “el aumento en la demanda de servicios multiplicará la abultada cartera de los hospitales, frente a unas EPS que seguirán recibiendo el mismo dinero, para ellas ya insuficiente”. (Lea: Diez cosas que cambian con la Ley Estatutaria de Salud)
En consecuencia, dice el experto, los hospitales y clínicas incrementan el riesgo de brindar servicios sin contar con la totalidad de los elementos requeridos por falta de liquidez, lo que podría exponer a los usuarios a “consecuencias negativas sobre su bienestar”.
También Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación de Hospitales y Clínicas, dice que la ley estatutaria se queda vacía al implementarse con las herramientas de un sistema de salud en estado crítico. “Se requiere una reforma ordinaria que propugne por un sistema único de salud, financiado de manera suficiente, en el que se reemplace lo inútil del actual esquema y se preserve lo que ha servido”.
Autorregulación, una necesidad
Finalmente, Ricardo Navarro, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), dice que para los médicos que propusieron esta ley, el articulado proporciona el marco necesario para estructurar el modelo de salud que necesita el país. “Es el paso más importante que se ha dado en lo social en términos de derechos. Aquí lo que se requiere es la participación de todos los sectores para entender que garantizar el bienestar de toda la población es la base para el desarrollo del país”, recalca Navarro.
El gremio médico ha promovido un acelerado proceso para afianzar la autorregulación y evitar desbordes que atenten contra la estabilidad del sistema.
Jaime Calderón, expresidente de la ACSC, afirma que hacer que los pacientes vuelvan a ser el centro de la salud es el deber de todos los profesionales de la medicina con la entrada en vigencia de la ley que la consagra como derecho fundamental. Invita a defender este avance, que “es de todos”.
CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ Asesor médico de EL TIEMPO
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que la situación afecta a 53 familias en Tibú y a otras 43 en el municipio de Teorama.
A un grupo armado “posdemovilización” atribuyó este viernes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) el desplazamiento forzado de al menos 96 familias de los municipios de Tibú y Teorama (Norte de Santander), quienes habrían tenido que buscar refugio en Venezuela. (Lea: Presidente Maduro alertó sobre el desplazamiento masivo de colombianos a Venezuela)
Según pudo documentar el organismo, los desplazamientos se registran desde el pasado 10 de febrero, cuando un número aún indeterminado de familias se desplazó de manera interveredal en territorio colombiano (vereda la Cooperativa municipio de Convención) y otras se fueron hacia Venezuela. “La Defensoría del Pueblo registra que algunas de las familias ya han retornado a sus comunidades”, declaró la OCHA.
Apenas este miércoles, la Oficina recibió información sobre un nuevo desplazamiento masivo de 50 familias del municipio de Tibú. “A la fecha de elaboración de este informe, se evidencia que persiste temor generalizado en la población, y se estima riesgo de que se presenten nuevos desplazamientos masivos en la zona”, advirtió el organismo. (Lea: Ejército desmiente supuesto desplazamiento de colombianos a Venezuela)
La OCHA señala además que autoridades tradicionales del Pueblo Indígena Barí denunciaron la presencia de un “grupo armado posdesmovilizacion” en la comunidad Sahpadana y Brubuncanina. “En esta última también se informó la llegada de familias campesinas desplazadas. Se encuentran en riesgo de desplazamiento las comunidades Ocbabuda y Suerera”, precisa.
Se espera que autoridades municipales de Tibú, Teorama y Convención, adelanten con brevedad el censo de la población en situación de desplazamiento y adopten medidas para la activación de la ruta de atención a víctimas.
“El 15 de febrero durante un consejo de seguridad adelantado en el casco urbano de La Gabarra (Tibú), se evidenció la necesidad de adelantar un censo de las familias desplazadas que se encuentran en el refugio humanitario, y así identificar necesidades humanitarias y posibles acciones de respuesta (…) Algunas de las familias desplazadas se ubicaron en un Refugio Humanitario (RH) constituido por campesinos de la región el 14 de febrero en el perímetro de seguridad de la ZVTN de Caño Indio, en Tibú”, puntualiza la OCHA.
La Oficina manifestó que, en cabeza de su Equipo Local de Coordinación (ELC), continuará haciendo seguimiento a la situación en contacto con las autoridades locales y el Ministerio Público.
«Hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera, producto de la continuación de la guerra civil en Colombia (…) Se vinieron con lo que consiguieron por la guerra (…) los hemos atendido con los brazos abiertos como hermanos, y ellos saben que llegan aquí y tienen primero a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que les va a respetar sus derechos y les va a dar un abrazo como ha sucedido en la madrugada de ayer”, dijo el mandatario venezolano, agregando que esta cifra únicamente entró por “un solo punto» de la frontera, en el estado de Zulia.
Ante esta denuncia, el general Jaime Carvajal, comandante de la segunda división del Ejército colombiano, había asegurado que estas afirmaciones del presidente venezolano son falsas.
“En ninguno de los municipios tenemos conocimiento de desplazamiento de campesinos colombianos”, señaló en diálogo con Blu Radio.
Además aseguró que en la zona no hay presencia de paramilitares como lo han manifestado las Farc, lo que supuestamente ha retrasado la llegada de integrantes de las Farc a la zona de concentración de Caño Indio.
