Crculo de Periodistas de Bogot

Archivos marzo 2017

¿Cómo salvar vidas siendo periodista?

 


Las altas velocidades son mortales, y todos tenemos que saberlo. Atropellar a alguien a 80 km/h equivale a empujarlo desde un noveno piso.


 

Socio CPB


La Fundación Despacio invitó la última semana de febrero a un grupo de periodistas a participar de un encuentro para hablar sobre seguridad vial. El nombre del taller fue muy llamativo: ¿cómo salvar vidas siendo periodista? Y el centro del aprendizaje fue la velocidad. 

Reflexionamos en conjunto con periodistas y no periodistas entre quienes estaba el Ingeniero Andrés Archila, subsecretario de política sectorial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, acerca del rol del periodista en la información referente a la seguridad vial.

Se analizaron, junto con el equipo de la Fundación Bloomberg Philanthropies y la Fundación Despacio, liderado por Carlos Felipe Pardo experto en temas de movilidad y transporte, noticias publicadas en los últimos días en diarios y noticieros de televisión.

Algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron:

  • Es necesario cambiar el enfoque de la información y hablar también de los victimarios, ya que gran parte de las noticias se centran en las víctimas y también atribuyen a ellas las causas de los siniestros viales. Los victimarios también tienen historias de vida y responsabilidad en la seguridad vial.
  • Se requiere que la información referente a seguridad vial incluya un mayor número de datos cualitativos y cuantitativos que orienten a las audiencias frente a los temas tratados.
  • Se debe cambiar la estructura de la información que presentan periodistas y medios referente a seguridad vial. Buscar nuevas formas de contar los hechos y lo que sucede alrededor del tema.
  • Hay que profundizar, desde el quehacer periodístico, en la intencionalidad del periodista al publicar una nota o información referente al tema de seguridad vial o de siniestralidad vial. ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Quiere acaso cambiar la realidad del problema?
  • Es relevante mencionar la legislación existente en las notas o informaciones publicadas sobre seguridad vial.
  • Hay que buscar mensajes pedagógicos en cada información presentada y ser más sutiles en las formas de comunicar hechos de muertes violentas por siniestros viales, pues hay aspectos más importantes que la sangre.

Por su parte la Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de Bogotá, Ingeniera Claudia Díaz, expresó en su saludo que “no queremos perder ninguna vida mientras la gente esté en las calles”, como premisa de la política de seguridad vial de la ciudad.

Otros aprendizajes de la jornada están relacionados con el principal factor de riesgo asociado con los siniestros viales.

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins en 2015 en Bogotá, el principal factor de riesgo es la velocidad inapropiada de los conductores de la ciudad, que supera los límites establecidos por la Resolución 1384 de 2010. Esta adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y municipales de Colombia.

Las velocidades en vías urbanas en Colombia, de acuerdo con la Resolución 1384/10, no podrán sobrepasar los 80 Km/h. Los vehículos de servicio público, de carga y transporte escolar no podrán sobrepasar los 60 km/h, en tanto que las velocidades en zonas escolares y residenciales serán hasta de 30 km/h.

Sin embargo, 39% de los conductores de la ciudad (4 de cada 10), no acata los límites de velocidad establecidos.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OEDC), el impacto de la velocidad en los siniestros viales es comparable con caer desde la altura de un edificio.

Atropellar a una persona a 80 Km/h equivale a empujarla desde un noveno piso. Hacerlo a 65Km/h, es igual que empujarla al vacío desde un sexto piso.

Si un peatón es atropellado por un vehículo a 50 Km/h es como si lo empujaran desde el cuarto piso de un edificio. Atropellarlo a 30 Km/h equivale a lanzarlo desde un segundo piso. Por supuesto, la probabilidad de sobrevivir para un peatón, ciclista o motociclista disminuye entre mayor sea la velocidad del vehículo que impacta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, asegura en su reporte global de seguridad vial 2015 que reducir el promedio de velocidad en 5% reduce en 30% el número de víctimas fatales en siniestros viales.

Vale la pena anotar que en el mundo los usuarios vulnerables de las vías representan 49% de las víctimas fatales por siniestralidad vial (23% motociclistas, 22% peatones, 4% ciclistas). Para el caso específico de Colombia, estas cifras cambian dramáticamente: 92% de las víctimas fatales de siniestros viales son usuarios vulnerables (29% motociclistas, 53% peatones, 10% ciclistas).

La percepción de rapidez también debe ser evaluada por los conductores, especialmente en ciudades como Bogotá o ciudades intermedias de más de 600.000 habitantes.

De acuerdo con la Fundación Despacio, acelerar en un cambio de semáforo a verde durante un recorrido en la ciudad ahorra en promedio tan solo 2 minutos en el viaje total a los conductores debido a que los vehículos deben detenerse en el próximo cambio de semáforo a amarillo y rojo.

Así, de acuerdo con la medición hecha en el corredor de la Avenida Boyacá en hora pico, el ahorro en tiempo es ínfimo comparado con el riesgo que significa subir la velocidad y poner en riesgo la vida propia y la de otros actores viales.

Los conductores de motocicleta tienen, entonces, la vida en sus manos, ya que con ellas aceleran la moto. Los conductores de vehículos de cuatro ruedas y más tienen su vida y la de los demás en los pies, pues con ellos oprimen el acelerador.

Lo importante es que la conexión desde el cerebro sea lo suficientemente racional como para transitar a mejores velocidades, sin poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

Tomado de: Revista Enfoque

Los cuatro grandes de la UE se reúnen para reactivar el proyecto europeo

François Hollande, durante un acto en París el pasado día 4.

JACQUES DEMARTHON AFP


Los líderes de Alemania, Francia, Italia y España se reúnen en París


En tiempos de inestabilidad, el viejo núcleo de la Unión Europea busca fórmulas para evitar la desintegración del bloque. El presidente saliente de Francia, François Hollande, ha invitado este lunes a una cena en Versalles a los líderes de Alemania, Italia y España al castillo de Versalles. Hollande, la canciller Angela Merkel, el primer ministro Paolo Gentiloni y el presidente Mariano Rajoy quieren enviar un mensaje de unidad. La salida de Reino Unido, el ascenso de los populismos y las fricciones con los Estados Unidos de Donald Trump y a Rusia de Vladímir Putin han puesto en tensión el proyecto común.

Los organizadores de la reunión de Versailles rechazan el calificativo de directorio, palabra maldita en las cancillerías europeas, porque puede dar la idea de que una minoría de miembros del club de 28 decide por el resto. Insisten en que la reunión no es prescriptiva —no habrá conclusiones que los demás deban discutir— y que sólo obedece a la voluntad de ofrecer pistas, expresar una voluntad de seguir construyendo Europa. Pero es lo más similar al intento, por parte de los cuatro participantes —países fundadores y, en el caso de España, miembro desde los años 80— de marcar las grandes líneas de lo que debe ser la UE de futuro. Es también una manera de responder a la pregunta sobre quién está en el puente de mando de un barco que hoy parece a la deriva.

La cumbre llega en un mes de alto contenido simbólico. En las próximas semanas la primera ministra británica, Theresa May, debe oficializar el Brexit, la salida de la UE decidida por referéndum en junio de 2015. Será la primera vez que un miembro del club lo abandona. Y el 25 de marzo, una cumbre celebrará el Roma el 60 aniversario del tratado que lleva el nombre de esta ciudad y que fundó la Comunidad Económica Europea (CEE), embrión de la UE. El Elíseo, artífice de la cumbre de Versalles, cree que es la hora de mirar atrás y de reflexionar hacia dónde va el barco.

La publicación, la semana pasada, de un Libro Blanco sobre el futuro de Europa, elaborado por la Comisión Europea, alimenta el debate de ideas. El documento presenta cinco escenarios hipotéticos para una Europa sin Reino Unido, con 27 miembros. Entre una federación de Estados Unidos de Europa, que en tiempos de repliegue nacional muy pocos quieren, y limitar la UE a un mercado único, que supondría dar marcha atrás tras décadas de integración, Francia y Alemania se inclinan por el punto intermedio de la Europa de varias velocidades, la posibilidad de que los países que quieran una mayor integración en un terreno determinado se unan y avancen solos. Las dudas de Trump sobre la OTAN, por ejemplo, refuerzan los argumentos de los partidarios de acelerar la Europa de la defensa.

La paradoja es que, de los cuatro participantes en el cónclave de Versailles, tres viven en la provisionalidad. Hollande abandonará el Elíseo dentro de tres meses, y una de las candidatas a sustituirle, Marine Le Pen, hace campaña directamente con la promesa de reventar el proyecto europeo. Merkel afronta unas elecciones legislativas en septiembre en las que intentará revalidar su mandato como canciller, pero su victoria no está asegurada. En Italia la actual legislatura terminará en febrero de 2018, pero amplios sectores del espectro político empujan para una convocatoria anticipada. Rajoy, que se suma a las reuniones con núcleo de la UE después de ausentarse durante los meses de gobierno interino en España, aparece como el elemento más estable en el grupo de los cuatro.

Tomado de: Elpais.com

Seúl, Washington y Tokio coordinan posiciones tras lanzamiento norcoreano

​​​​​​​Representantes gubernamentales de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón coordinaron posiciones, mientras China pidió tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur y Estados Unidos «evitar provocaciones».

El responsable de la Oficina de Seguridad Nacional (NSO) de Seúl, Kim Kwan-jin, mantuvo una conversación telefónica con el consejero nacional de seguridad estadounidense, Herbert R. McMaster, en la que ambos acordaron aumentar la presión y las sanciones sobre Pyongyang, según portavoces del Gobierno surcoreano citados por la agencia Yonhap.

En Corea del Sur, el presidente en funciones y primer ministro Hwang Kyo An convocó a un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional. Mientras, el ministro de Exteriores surcoreano, Yun Byung-se, y su homólogo japonés, Fumio Kishida, también acordaron por vía telefónica reforzar la cooperación entre Seúl y Tokio para frenar lo que consideran como provocaciones del régimen de Kim Jong-un.

A su vez, el representante de Seúl en las negociaciones para la desnuclearización de la península coreana, Kim Hong-kyun, se entrevistó por vía telefónica con sus homólogos estadounidense, Joseph Yun, y japonés, Kenji Kanasugi.

El mes pasado, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, advirtió a Corea del Norte que cualquier ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados podría enfrentar una respuesta «efectiva y abrumadora».

«Severa protesta» de Japón ante Pyongyang

Los cuatro proyectiles de prueba lanzados a primera hora de este lunes (6.03.2017) por Corea del Norte, desde su costa noroccidental, volaron unos 1.000 kilómetros hacia el este y cayeron en el Mar de Japón, según confirmó el propio primer ministro japonés, Shinzo Abe.

Esto significa que los misiles habrían caído a menos de 200 millas de la costa de Japón. Tres de ellos, además, cayeron en la Zona Económica Especial (EEZ) de Japón −espacio que se extiende a unos 370 kilómetros desde las costas niponas−, cerca del litoral de la prefectura septentrional de Akita.

Sobre lo que no hay certeza es sobre qué tipo de misiles fueron lanzados. Aunque desde círculos del Ministerio de Defensa surcoreano se informó que podría tratarse de un misil balístico intercontinental (ICBM) de largo alcance que podría alcanzar también tierra firme estadounidense, como ya ha amenazado Pyongyang.

Ya el año pasado, un misil de alcance medio norcoreano recorrió una distancia similar. Abe, quien dijo que Tokio presentó una «severa protesta» ante Pyongyang, señaló que este nuevo lanzamiento de los misiles representó una grave amenaza a la seguridad nacional de su país, informó el portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga.

Respuesta a maniobras militares

El ensayo contribuye a incrementar aún más la tensión en la península coreana, donde la semana pasada Washington y Seúl iniciaron sus maniobras militares anuales, las mayores hasta la fecha. El pasado viernes Corea del Norte amenazó a través de su diario estatal «Rodong Sinmun» con llevar a cabo nuevos ensayos de misiles en respuesta a estos ejercicios, que Pyongyang considera un ensayo para invadir su territorio.

Tras lanzar un misil de medio alcance el 12 de febrero, el de hoy es el segundo ensayo balístico que realiza Corea del Norte desde que su líder, Kim Jong-un, anunció en Año Nuevo que Pyongyang ultimaba el desarrollo de un proyectil intercontinental (ICBM), que podría permitirle en el futuro alcanzar territorio de EE. UU.

Críticas chinas a ambos «bandos»

«China se opone a los lanzamientos de Corea del Norte», declaró por su parte el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, quien también alegó que la acción de Pyongyang «viola las resoluciones del Consejo de Seguridad» de la ONU.

No obstante, Geng también señaló que China está al corriente de los ejercicios militares que realizan de manera conjunta EE. UU. y Corea del Sur, «dirigidos contra Corea del Norte»: «Las partes interesadas deberían ejercer la moderación y evitar provocar a las otras partes o hacer cosas que aumenten la tensión», aconsejó y añadió que espera que «no vayan más allá por el camino equivocado».

El portavoz reiteró la oposición de China al despliegue del sistema de defensa antimisiles THAAD por EE. UU. y Corea del Sur en suelo surcoreano, el cual su país entiende como una amenaza contra sus intereses. 

Solidaridad de la UE

Entretanto, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, expresó la solidaridad comunitaria a Japón y Corea del Sur por estos lanzamientos de misiles de Pyongyang, que calificó de «grave» amenaza a la seguridad mundial.

«Esto muestra, una vez más, que las amenazas a las seguridad que el mundo afronta son graves y que se requiere que la UE sea un proveedor de seguridad serio y de confianza, con nuestros vecinos pero también en lugares lejanos», apostilló Mogherini, a su llegada a una reunión de ministros comunitarios de Exteriores.

Corea del Norte, aislada internacionalmente por su programa atómico, tiene prohibido por resoluciones de la ONU lanzar misiles balísticos. Pero el país trabaja en el desarrollo de misiles de alcance medio y largo que podrían trasladar una cabeza nuclear no sólo a Corea del Sur y Japón, sino también a Estados Unidos, y ha llevado adelante dos pruebas nucleares, lanzando unos 20 misiles balísticos sólo el año pasado.

RML (efe, dpa)

Tomado de: dw.com 
¿Quién construirá el “Muro de Trump”?
​​​​​​​La frontera es hoy, en su mayor parte, una valla.

La valla fronteriza ya no alcanza, ahora se construirá un muro. Este lunes se abren las licitaciones para el gigantesco proyecto. El interés es grande, aun cuando los beneficios y el volumen del encargo son inciertos.

«Nadie construye muros mejor yo», se jactó Donald Trump en campaña. «Y lo construiré muy barato», prometió el ex gurú inmobiliario. Como presidente, Trump quiere pasar de las palabras a la acción.

A partir de este 6 de marzo se abre la licitación: las empresas interesadas pueden postularse con sus prototipos en el sitio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos o Department of Homeland Security (DHS). El encargo se otorgará en abril. La obra debe quedar lista en dos años. Trump ha hablado lo mismo de 10 que de 30 metros de altura. Sólo una cosa se supone que está clara: «Será un muro, no una valla».

Y no faltan candidatos a la licitación. Según la cadena estadounidense CNN, unas trescientas empresas han mostrado ya interés. Eso sí, la mayoría de las grandes compañías internacionales intenta desmarcarse del proyecto, con  tomas de posición más o menos claras. Temen que una asociación con la política aislacionista de Trump dañe su imagen.

Ese es el caso de Bernd Scheifele, quien está a la cabeza de la alemana Heidelberg Cement. Según reportes de diversos medios, Scheifele habría afirmado, un día después de la elección de Trump, que su empresa −»con fábricas de cemento en Texas y Arizona»− estaría muy bien preparada para la posible construcción del muro.

Sin embargo, consultada por DW, la central de Heidelberg aseguró que se trata de declaraciones sacadas de contexto. En una firma descentralizada como esa, matizó un vocero empresarial, ese «exámen y esa decisión recaen sobre la dirección estadounidense». Una declaración que no parece un desmentido.

¿Cemento de México?

Similar es la reacción del mayor fabricante de materiales de construcción del mundo, Lafarge-Holcim. El diario Handelsblatt citó al presidente y director ejecutivo del grupo empresarial suizo, quien respondió a una consulta del rotativo asegurando que su organización estaría interesada en participar en todos los proyectos decisivos de infraestructura en Estados Unidos.

Pero en la central de Lafarge-Holcim evitan una declaración concreta: «No es posible una entrevista en este momento», fue la respuesta a la solicitud de DW. Como mayor productora de cemento en Estados Unidos, la empresa está rutinariamente al tanto de posibles proyectos: «El Gobierno de Estados Unidos, incluido el Homeland Security, se halla entre los clientes de Lafarge-Holcim», se lee en la respuesta vía correo electrónico.

Hasta ahora, sólo la empresa alemana de construcción Hochtief se ha distanciado claramente de una posible postulación para construir el “Muro de Trump”. Paradójicamente, no es otra que la mexicana Cemex la que admite tener interés en el proyecto: «Si alguien nos pide un presupuesto, lo haremos con gusto», aseguró Rogelio Zambrano, presidente del Consejo de Administración de esta productora de cemento, al diario mexicano Reforma.

Costos poco realistas

Torres de vigilancia, focos, detectores de movimiento, alambre de púas, cámaras infrarrojas, drones. La lista del equipamiento para una infraestructura como esta es larga. Pero serán sobre todo los costos que los postulantes presenten para la licitación los que decidan. Según las cifras citadas por Trump, estos podrían rondar los 10.000 millones de dólares.

No obstante, en un estudio del pasado julio, analistas del instituto financiero Bernstein prevén costos de construcción de entre 15.000 y 25.000 millones. Hicieron los cálculos para un muro de unos doce metros de altura. Debido a las altas temperaturas en los terriotiros desérticos, los analistas recomiendan módulos de cemento como los que el Estado israelí emplea en los territorios ocupados palestinos. Los costos de operación y mantenimiento no están incluidos en el cálculo de Bernstein.

¿Quizás sí será mejor una valla?

Por otra parte, el actual Gobierno no parte de cero en la planificación de este proyecto. Ya en 1994, Bill Clinton hizo levantar las primeras vallas en la costa oeste de Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush forzó su expansión. Desde entonces, existe una línea fronteriza de casi 1.100 kilómetros de muro de hormigón, barras de acero y otros obstáculos. Ese muro que ya existe se ha tragado hasta ahora unos 7.000 millones de dólares, calcula el instituto Bernstein.

Pero el muro de Trump, estima Bernstein, sobrepasará esos costos, entre otras cosas porque los nuevos tramos deben extenderse por territorios de difícil acceso. Además, Trump quiere reforzar el personal: a los 21.000 efectivos de seguridad que actualmente patrullan la frontera, deberán sumarse otros 5.000.

Si dependiera del presidente estadounidense, pondría a pagar su muro a los mexicanos. Pero el Gobierno de Peña Nieto ya ha rechazado semejantes exigencias. Trump sopesa, entretanto, financiar el proyecto con impuestos adicionales –sobre las exportaciones o las remesas− con los que los mexicanos tengan que pagar de todas formas por su idea.

Tomado de: dw.com 

Corte ordena captura de fiscal que archivó proceso por “falsos positivos” en Antioquia
Por: Redacción JUDICIAL
El alto tribunal determinó que pese a contar con elementos materiales probatorios suficientes para emitir resolución de acusación contra un teniente y dos soldados profesionales del Ejército ordenó la preclusión del caso. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de seis años de prisión por el delito de prevaricato en contra de le exfiscal 119 delegada ante los jueves penales de Turbo (Antioquia), Luz Ángela López por haber permitido la preclusión de manera irregular una investigación que se adelantaba en contra de tres militares por la ejecución extrajudicial de un campesino en zona rural del municipio de Necoclí el 27 de julio de 2009.

El alto tribunal advirtió que pese a tener las pruebas para ordenar la apertura de una investigación formal en contra de los integrantes del Ejército Nacional, teniente Henry Elías Piraquive Caicedo; y los soldados profesionales John Jairo Jaramillo Díaz y Wilmar Morales Teherán la delegada del ente investigador dejó que se cumplieran los términos y no tomó una decisión de fondo en este caso. Cita que existían testimonios que evidenciaban que los tres investigados tenían conocimiento y participación en el “falso positivo”.

En el debate jurídico incluso se cita la declaración del soldado Jaramillo Díaz que señaló que el teniente Piraquitve había dado órdenes directa para detener y ejecutar a la primera persona que apareciera por el camino en la vereda Cañaflechal  con el único fin de demostrar resultados operaciones en la región. El jornalero, identificado como Dagoberto Flórez Altamiranda, fue presentado posteriormente como guerrillero abatido en combate con las unidades del Ejército.

“El teniente Piraquive cogió y nos dijo que dijéramos que ese era guerrillero y sí preguntaban quién lo había matado que no dijera que era Blanca Nieves sino un guerrillero (sic)”, señaló el solado investigado. Agregó que la idea era presentarlo como un subversivo que cuando vio el retén del Ejército los atacó con una granada. “Y si preguntan quién lo mató que digan que llovió plomo de todos lados y cayó”.

Para el alto tribunal es evidente que la fiscal del caso “tergiversó voluntariamente el contenido de las pruebas” con el único gin de “favorecer” a los militares investigados “omitiendo sin ninguna justificación válida, que se cumplían los requisitos legales para proferir resolución de acusación”. Considera que en el expediente existían elementos que dejaban entrever que uno de los soldados había sido el encargado de dispararle a quemarropa al campesino.

En el debate jurídico se advierte que la fiscal López no tuvo en cuenta si quiera la retractación de uno de los procesados quien aseguró tiempo después que se había visto obligado a dispararle al campesino por orden de sus superiores. De esta forma cambió la versión inicial y dejó entrever que existía un conocimiento y presión por parte del teniente investigado en estos hechos. Sin embargo, pese a esto, ordenó la preclusión del caso.

La Sala Penal no aceptó los argumentos esgrimidos por la defensa de la exfiscal frente a una sobrecarga laboral que no le permitió valorar todas las pruebas y tomar una decisión de fondo en esta investigación. Debido a esto ratificó la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia y ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena privativa de la libertad.

Tomado de: elespectador.com 
El director del FBI pide al Gobierno que desmienta al presidente de Estados Unidos

Barack Obama/Donald Trump |Composición: Notitotal


‘The New York Times’ asegura que James Comey pidió el sábado al Departamento de Justicia que negara las acusaciones de Trump sobre Obama


La bola de nieve que echó a rodar Donald Trump el sábado por la mañana, acusando a su antecesor en la Casa Blanca de espionaje político, ha alcanzado en apenas 24 horas el tamaño de un conflicto institucional de difícil solución. El diario The New York Times asegura que James Comey, director del FBI, pidió el sábado al Departamento de Justicia, del que depende, que desmintiera la afirmación del presidente Trump. Se trata de un enfrentamiento asombroso. A media tarde del domingo, no había reacción alguna por parte del departamento.

La información está basada en funcionarios anónimos que aseguran que Comey insiste desde el sábado en que la acusación de que Obama ordenó pinchar el teléfono de Trump durante la campaña es falsa y debe ser retirada. Además, la afirmación de Trump supone insinuar que el FBI actuó al margen de la ley.

Comey es el segundo alto cargo de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos en negar las acusaciones del presidente. El sábado fue james Clapper, director de la cúpula de espionaje con Barack Obama, el que negó rotundamente en televisión que bajo su conocimiento se hubieran pinchado teléfonos en la Trump Tower, como afirma el presidente.

Un portavoz del expresidente Obama también negó de plano el sábado que este hubiera ordenado nunca escuchas sobre un ciudadano estadounidense.

James Comey era el director del FBI también en ese momento. Trump decidió mantenerlo en su puesto cuando nombró su nuevo Gobierno. El Partido Demócrata atribuye a Comey un papel capital en la sorpresiva victoria de Trump, cuando resucitó días antes de las elecciones la investigación sobre los correos privados de la candidata Hillary Clinton. Finalmente, no había ningún material relevante. Los demócratas creen que fue un golpe definitivo que permitió el pequeño margen por el que ganó Trump.

Mientras, el presidente no se retractó ni matizó en lo más mínimo sus palabras del sábado, la acusación sin precedentes de que su antecesor en la Casa Blanca pinchó sus teléfonos de campaña. Más aún, a través de un portavoz la Casa Blanca pidió al Congreso de Estados Unidos que investigue estas afirmaciones. Según los primeros análisis de la prensa de Washington, la información de Trump parece sacada de un artículo de Breitbart, la web extremista que dirigía su hoy estratega jefe, Steve Bannon, y que solo Trump considera una fuente fiable de noticias.

El Departamento de Justicia al que Comey le está pidiendo un desmentido ya se ha visto salpicado él mismo por el escándalo sobre las relaciones entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso. El titular de la cartera, el fiscal general Jeff Sessions, anunció esta semana que se recusaría a sí mismo en cualquier investigación relacionada con este asunto. Sessions se reunió al menos dos veces con altos funcionarios rusos durante la campaña y lo negó cuando fue preguntado por ello durante su confirmación como fiscal general ante el Senado de Estados Unidos.

Por el momento, ni los líderes republicanos del Congreso se han pronunciado sobre si piensan seguir la petición del presidente, ni el Departamento de Justicia ha respondido a la petición de Comey desvelada por el Times, ni Comey ha dicho nada en público, ni la Casa Blanca ha presentado ninguna prueba que respalde la gravísima acusación del presidente sobre abuso de poder y espionaje político.

No es la primera vez que Trump lanza una grave acusación contra las instituciones. También afirmó que millones de personas votaron ilegalmente en las elecciones, todos ellos por Hillary Clinton, y por eso ella sacó tres millones de votos más que él. Aparte de ser matemáticamente cuestionable, ha sido negado por responsables electorales por todo el país. Trump nunca ha presentado una prueba y nadie lo ha investigado.

Tomado de: Elpais.com

Avanza, con tropiezos, el proceso de paz
Por: Editorial Espectador

La semana pasada hubo dos noticias que dan testimonio del buen camino que lleva la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, pero que también son un recordatorio de que todavía pueden salir muchas cosas mal en el trayecto y que el discurso violento en la política no ayuda a la reconciliación. Nos referimos al inicio de la etapa de dejación de las armas y a la entrega de los menores de edad que están en las filas de la guerrilla.

Ayer, en El Espectador, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, le dio a Cecilia Orozco una advertencia que debería estar presente en la mente de todos los colombianos: “La firma del Acuerdo fue el verdadero comienzo, y no el fin, del proceso. El que crea que todo está resuelto porque las Farc entraron a las zonas, no ha entendido nada. Detener definitivamente cincuenta años de guerra va a tomar una generación”. Ha sido interesante ver cómo el debate nacional parece haberse olvidado de la guerra para concentrarse en los problemas estructurales ignorados históricamente en Colombia, como la corrupción, pero no podemos permitir que se asuma que ya todo está solucionado en el proceso con las Farc. Al contrario, son muchos los retos, internos y externos a la etapa de reintegración a la sociedad de los guerrilleros, que persisten.

Por ejemplo, si bien se anunció que ya comenzó la etapa de la dejación de las armas, un hecho de innegable magnitud histórica, también se supo que las Naciones Unidas están retrasadas en el cronograma de creación de los contenedores. Algo similar ocurrió con el proceso de concentración de los guerrilleros en las zonas veredales, que se vio retrasado, entre otros motivos, por las fallas del Estado en la construcción de los campamentos. Hay algo que quisiéramos que todos los colombianos tuvieran presente en este punto: cumplir la promesa realizada por el Gobierno al firmar el Acuerdo es un compromiso de todos, no sólo de la administración de Juan Manuel Santos. Lo que está empeñado ahí es la palabra del país entero, algo que no parecen recordar quienes todavía quieren mandar al traste el proceso. Sí, es un acuerdo entre enemigos que ha dejado incómodos a muchos, pero tiene que verse como una apuesta nacional.

Especialmente porque las Farc están cumpliendo. La entrega de los menores de edad en sus filas, un caballito de batalla de quienes han dudado del proceso en todo momento, empezó con éxito. Una muestra más de que el escepticismo es sano, pero cuando se convierte en terquedad con fines políticos le hace daño al futuro del país. Qué bueno sería oír de los voceros de la oposición reconocimientos sobre lo que se está haciendo bien en el proceso, que ha sido mucho.

Por supuesto, queda mucho trecho. Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, ha denunciado que la demora en el proceso de amnistías genera dudas entre las filas de la guerrilla y que esto puede causar incredulidad hacia lo acordado y hacia quienes negociaron. “Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora”. No podemos correr ese riesgo, así como tampoco permitir que en la campaña electoral que arranca el tema de la paz se convierta en un comodín para la polarización y la movilización de las personas a partir de la rabia. Estamos ante un punto de quiebre en la historia del país y todavía queda mucho por hacer. Sugerimos empezar devolviéndole el foco de la atención al proceso de paz.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected].

Accionistas de Ecopetrol recibirán dividendo de $ 23 por cada título

Foto: Archivo particular

En diciembre hubo un récord de carga de crudo para refinación: Reficar con 150.000 barriles de petróleo y Barrancabermeja con 230.000 barriles de petróleo por día, durante 21 días.


Accionistas de Ecopetrol recibirán dividendo de $ 23 por cada título


Después de varios meses de dificultades por la caída en los precios del petróleo, Ecopetrol propondrá a la Asamblea de accionistas distribuir 945.000 millones de pesos en dividendos, lo que equivale a 23 pesos por acción, en una sola cuota, que se pagaría el 28 de abril del año en curso.

De esta manera, la empresa retornaría a la repartición de dividendos, tras dos años de no hacerlo, tras las dificultades generadas por los bajos precios internacionales del crudo, que afectaron seriamente los ingresos de la compañía.

 
 

La propuesta de distribución de dividendos deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas que se realizará el próximo 31 de marzo.

 

Así se dio a conocer este lunes, al mismo tiempo, con los resultados financieros del Grupo Empresarial para el cuarto trimestre y el acumulado del 2016, donde se reveló que la petrolera tuvo una utilidad neta de 1,6 billones de pesos.

En su informe, la petrolera destacó el trabajo operacional, que se vio reflejado en un EBITDA de $ 18 billones (margen EBITDA 38 %), a pesar de la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales.

Además, señaló que la utilidad neta del Grupo Empresarial para el 2016 ascendió a $ 1,6 billones. La utilidad neta antes de ‘impairments’ se calcula en $ 2,3 billones.

De acuerdo con la compañía, estos resultados son el producto de eficiencias y ahorros estructurales en costos que totalizaron $ 2,2 billones.

El aumento de las ganancias de Ecopetrol el año pasado se registró a pesar de que las ventas totales de la petrolera, la más grande del país, se contrajeron un 8,4 por ciento a 47,7 billones de pesos, con respecto a las del 2015. «La búsqueda de eficiencias y liquidez se volvió el mantra para sobrellevar la crisis«, dijo el presidente de la compañía, Juan Carlos Echeverry, citado en una comunicado.

Echeverry, en cuanto al 2016, agregó: «Fue un año de enormes retos para la empresa. La industria petrolera experimentó los menores precios de crudo de los últimos 12 años y por ende se materializaron recortes de inversión».

Para Echeverry, a este escenario se sumaron los desafíos locales impuestos por la negociación del proceso de paz, el cierre de la frontera con Venezuela, el fenómeno del niño, la finalización de los proyectos de Reficar y Bioenergy y la aprobación de la reforma tributaria.

La estrategia de Ecopetrol estuvo enfocada en reducir costos, producir barriles rentables, priorizar inversiones, fortalecer la caja y, al mismo tiempo, mantener su calificación en grado de inversión. La inversión total del 2016 ascendió a 2.500 millones de dólares.

Según la compañía, se excedió la meta de producción para 2016 en 3.000 barriles de petróleo equivalente por día, ubicándose en 718.000 barriles, esto a pesar de haber tenido 25.000 barriles de petróleo equivalente por día de menor producción, durante 45 días, por el cierre del Oleoducto Caño Limón Coveñas y una caída del crudo Brent de 16 %.

Para la petrolera, «la retoma y operación de los campos Rubiales y Cusiana demostró nuestra capacidad operativa, la cual se ha beneficiado de las eficiencias y los cambios estructurales que se han logrado en prácticamente todas las líneas de negocio».

La capacidad operativa también se vio robustecida por el descubrimiento de petróleo en el pozo Warrior, en el Golfo de México de los Estados Unidos, resultado de la nueva estrategia exploratoria de Ecopetrol, que contempla la asociación con empresas de primer nivel para diversificar riesgo, explorar más e incrementar la probabilidad de hallazgos.

Warrior es el quinto descubrimiento de la petrolera colombiana en esta zona petrolífera y contribuye con los recursos contingentes de la compañía.

Para Ecopetrol, la campaña exploratoria también arrojó buenos resultados en el Valle Inferior del Magdalena (Bullerengue) y en el Valle Medio del Magdalena (Boranda).

El impulso de Reficar

Según la petrolera colombiana, en refinación, el mayor logro fue el comienzo de las 34 unidades de Reficar, dando paso al periodo de estabilización y pruebas.

De acuerdo con la compañía, en diciembre hubo un récord de carga de crudo para refinación: Reficar con 150.000 barriles de petróleo y Barrancabermeja con 230.000 barriles de petróleo por día, durante 21 días.

El margen promedio por barril de Reficar pasó de 2,8 dólares entre enero-julio a 8,4 dólares por barril desde agosto, una vez encendidas todas las plantas.

Como parte de la estrategia de eficiencias en dilución se avanzó en el transporte de crudos con viscosidad desde 200 a 400 centistokes (cSt). Desde el cuarto trimestre el oleoducto Ocensa incrementó su capacidad de manejo a 600 cSt. Esto contribuyó con un menor costo y factor de dilución, el cual se redujo de 19 a 17 % entre 2015 y 2016, y le ahorró al Grupo Ecopetrol cerca de un billón de pesos.

El ahorro fue la clave

Por su parte, de acuerdo con el informe financiero de la compañía, los ahorros consolidados del año ascendieron a 2,5 billones de pesos, superando la meta de ahorros de 1,6 billones de pesos fijada para el 2016. De estos, 2,2 billones fueron ahorros estructurales.

Las principales palancas de ahorro fueron: menor dilución de crudos pesados por aproximadamente 660.000 millones de pesos y 375.000 millones de pesos en operación y mantenimiento de activos de transporte. Estas mayores eficiencias fueron fundamentales para mitigar el impacto de los menores precios de crudo sobre el balance de reservas probadas de 2016.

Las mismas se sitúan en 1.598 millones de barriles de petróleo equivalente, 14 % menos que los 1.849 millones de barriles de petróleo de 2015. Se estima que el efecto precio impactó negativamente las reservas en 202 millones de barriles de petróleo equivalente.

En el 2016, el precio SEC utilizado para la valoración tuvo una disminución del 20 % frente al 2015, pasando de 55,6 dólares por barril a 44,5 dólares por barril.

Esta disminución de reservas por el efecto precio se compensó con una adición de 186 millones de barriles de petróleo equivalente atribuibles a eficiencias y nuevos proyectos de perforación, entre otros.

La utilidad neta atribuible a los accionistas del Grupo Ecopetrol ascendió a 1,6 billones de pesos frente a una pérdida en el 2015 de 3,9 billones de pesos. Esto a pesar de menores ingresos por 6,8 billones de pesos por los menores precios de crudo. La mejor utilidad se explica por ahorros y eficiencias.

Sin incluir el impacto del ‘impairment’ contable, la compañía arroja una utilidad de 2,3 billones de pesos para el 2016. Para el 2017 los retos no son menores: adicionar reservas y mantener el ritmo de producción son el foco de la compañía.

Planes para el 2017

Según Ecopetrol, se incrementará la campaña exploratoria en zonas de alta prospectividad. La inversión en exploración pasará de US$ 280 millones a US$ 650 millones, con lo cual se pasaría de 2 a 6 pozos costa afuera (‘offshore’) y de 5 a 11 pozos dentro de Colombia (‘onshore’) de 2016 a 2017.

ECONOMÍA

Tomado de: EL TIEMPO

‘Sin prensa libre, EE. UU. perdería parte de su esencia’

Foto: Kena Betancur / AFP

Varias manifestaciones de protesta contra el presidente Donald Trump, por sus ataques a la prensa, se han presentado en inmediaciones del diario ‘The New York Times’.

Ernesto Londoño dice que Donald Trump tratar de minimizar el impacto de verdades muy incómodas.

Por:  SERGIO GÓMEZ MASERI |

“Así comienzan los dictadores”. Esa fue la frase que escogió el senador republicano John McCain el sábado de la semana pasada para responder a los ataques del presidente Donald Trump contra algunos medios de comunicación, no solo en EE. UU. sino en el mundo.

Ese día, hablando ante un foro de conservadores, el mandatario catalogó a la prensa como el “enemigo del pueblo”, una postura sin antecedentes en la historia de un país donde la libertad de expresión, protegida por la primera enmienda de su Carta Magna, ha sido siempre motivo de orgullo.

Tan graves están las cosas que Carl Bernstein, el periodista del ‘Washington Post’ que destapó el escándalo de Watergate, describió la actitud de Trump como “mucho peor” que la del expresidente Richard Nixon, forzado a renunciar tras revelarse el espionaje contra miembros del partido demócrata.

“Nixon –sostuvo Bernstein– atacaba a sus enemigos y a la prensa en privado. Pero Trump lo hace en público, y me recuerda a personajes como Stalin y Hitler”.

Aunque la hostilidad del empresario hacia los medios de comunicación viene desde la campaña presidencial, esta se ha tornado en todo una batalla campal desde que asumió la Casa Blanca a finales de enero.

(También: Trump arremete contra la prensa en un tenso encuentro con periodistas)

Desde acusarlos rutinariamente de mentirosos y deshonestos, el presidente ha pasado a vetar a periodistas en ruedas de prensa e incluso amenaza con promover leyes mordaza y demandarlos antes las cortes por difamación.

Si bien son muchos los medios que vienen siendo golpeados por el presidente, su blanco central ha sido ‘The New York Times’, periódico que consulta a diario pero al que acusa de querer torpedear su presidencia.

Para Trump, este diario, uno de los más influyentes del mundo, hace parte de una cultura mediática de corte liberal que aún no acepta su triunfo en las elecciones de noviembre del 2016.

Ernesto Londoño, miembro de la junta editorial del periódico neoyorquino, discrepa totalmente.

En entrevista con EL TIEMPO, Londoño, quien es colombiano, sostiene que Trump estigmatiza a la prensa, pues le es más fácil vender iniciativas polémicas, como el muro en la frontera con México o el veto al ingreso de ciudadanos de algunos países, cuando no son sometidas al escrutinio público que ofrece la libertad de prensa.

Según Londoño, el reto que plantea Trump es quizá único frente al que su diario no piensa retroceder. De hecho, el número de reporteros que ahora tienen asignados a la Casa Blanca es el más alto de toda su historia.

“No es porque le hayamos declarado la guerra. Es porque su presidencia representa un giro sísmico en la política de Estados Unidos, y creemos que es importante cubrir minuciosamente cada paso”, sostiene el periodista.

Las disputas de Trump contra los medios no son nuevas, pero se han intensificado en estas últimas semanas. ¿Qué creen que hay tras ello?

Vivimos en una era en la que los políticos no necesitan a la prensa para comunicarse con la gente, ya que lo pueden hacer a través de redes sociales. Declararle la guerra a la prensa es una manera de minimizar verdades incómodas y sembrar dudas en el electorado sobre quién les dice la verdad y lo que es verdad.

¿Piensa que existe una estrategia diseñada por Trump y su equipo para desprestigiar a los medios tradicionales? ¿Con qué fin?

Desde el comienzo de su campaña, Trump y su equipo han procurado desprestigiar a los medios de comunicación, sugiriendo que somos parte de una élite corrupta. Su principal consejero, Stephen Bannon, ha dicho que somos el “partido de oposición” y que debemos “callarnos la boca”. Trump nos llama “enemigos del pueblo”. ¿Con qué fin? Es más fácil sacar adelante iniciativas cuestionables –como la construcción de un muro en la frontera con México y negarles la entrada a refugiados y musulmanes– cuando no son sometidas al debate y escrutinio público que facilita una prensa libre.

(Lea: Arremetida de Donald Trump a medios causa indignación en EE. UU.)

El argumento de Trump es que está batallando contra una prensa liberal que no acepta su triunfo. ¿Hay algo de cierto en esa idea?

No. A muchos periodistas nos tomó por sorpresa su triunfo, pero eso no quiere decir que no lo aceptemos. Si hay una autocrítica que debemos hacernos los periodistas es por qué no percibimos de manera más clara las dinámicas económicas y sociales que lo llevaron a ganar la presidencia.

¿Qué tanto daño le está haciendo Trump a la credibilidad de los medios, a los que llama ‘fake news’ con regularidad?

Está por verse. La credibilidad de los medios en Estados Unidos ha decaído en años recientes –y es un fenómeno que estaba en pie antes de que apareciera Trump–. Aunque ciertamente hay quienes le siguen la corriente, ‘The New York Times’ (NYT) y otros medios hemos visto un respaldo abrumador desde la elección. Los lectores se están suscribiendo en números que nunca habíamos visto. Esto representa un voto de confianza en nuestra labor y una oportunidad para fortalecer la credibilidad de los medios.

Sus más violentos ataques han sido contra el ‘NYT’. ¿Por qué ensañarse contra ustedes en particular?

Trump es de Nueva York, y es evidente que siempre le ha interesado nuestra cobertura de su imagen y su empresa. También vale la pena destacar que hemos publicado reportajes sobre sus conflictos de interés, sus reveses en el mundo de los negocios y la manera despectiva con la que ha tratado a algunas mujeres.

(Lea también: Vetan a ‘CNN’, ‘NY Times’ y ‘Politico’ en sesión de la Casa Blanca)

¿Qué está haciendo ‘The New York Times’ para contrarrestar esa ofensiva, o cómo la están asumiendo en la sala de redacción?

Nuestra misión no ha cambiado. Seguimos regidos por la filosofía de Adolph S. Ochs, quien después de asumir control del diario en 1896, dijo que ‘The New York Times’ haría periodismo sin “miedo ni favores”. Lo que sí ha cambiado son los recursos que estamos dedicando a cubrir a este presidente. Nuestro equipo de reporteros que cubre la Casa Blanca es el más grande de la historia. Y Trump domina la cobertura en las páginas de opinión. No es porque le hayamos declarado la guerra. Es porque su presidencia representa un giro sísmico en la política de Estados Unidos y creemos que es importante cubrir minuciosamente cada paso.

¿Qué riesgos cree que existe a largo plazo si esta disputa se mantiene?

Una prensa libre es el oxígeno de la democracia. Es más fácil cometer abusos con impunidad cuando los periodistas son sancionados, intimidados o censurados fácilmente. La libertad de prensa en Estados Unidos ha gozado de protecciones legales robustas y un consenso político de que es imprescindible. Si estos pilares comienzan a tambalear, Estados Unidos perdería una parte sagrada de su esencia.

¿Por qué creyeron necesario sacar un anuncio durante los Óscar haciendo énfasis en la verdad?

Cada día hay más desinformación y polarización en los medios. Quisimos resaltar nuestro compromiso con los lectores: siempre procuraremos establecer los hechos, contarles la verdad y ejercer nuestra labor de manera seria y ética.

¿Conoce algún paralelo en la historia reciente de tal hostilidad entre la Casa Blanca y los medios?

No. Quizás el periodo más tenso fue el de la administración de Richard Nixon. Pero en esa época no había Twitter.

¿Les preocupa que Trump pase de ataques verbales a acciones concretas que atenten contra la libertad de expresión y la primera enmienda?

Debemos ser conscientes de que esa posibilidad existe, pero vale la pena aclarar que el presidente en Estados Unidos no tiene poder absoluto en estos temas. El Congreso y las cortes pueden hacerle frente a cualquier ataque. No sería la primera vez que nos enfrentamos al gobierno en un juzgado.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
En Twitter: @sergom68
Washington

Tomado de:El Tiempo.com

“Lo que más confunde es el ‘costurero político’”: Sergio Jaramillo

“Desde hace cinco años, quedó claro que las Farc no iban a entregar sus armas al Gobierno”, recuerda el comisionado Sergio Jaramillo. Cristian Garavito

El alto comisionado para la Paz se refiere al histórico comienzo de la etapa de dejación y entrega de armas por parte de las Farc, en simultánea con el disturbio generado por 28 generales en retiro.

El 1º de marzo se inició el cronograma para la entrega de armas de las Farc. Es decir, llevamos cuatro días de activación de la pieza –tal vez– más importante del fin de la guerra, pero hubo dificultades. ¿A qué se debieron?

Por Cecilia Orózco Tascón

El Acuerdo dice que con la entrada de las Farc a las zonas se inicia el registro y el almacenamiento de armas. Como el ingreso se retrasó, tuvimos que adecuar los primeros pasos de la dejación de armas. Sin embargo, el marco de los 180 días se mantiene. En eso estamos de acuerdo Gobierno, Farc y Naciones Unidas.

Algunos medios informaron que el día señalado para el inicio de la devolución de las armas, es decir, el 1º de marzo, no hubo una sola entrega. ¿Cierto o falso?

Lo que se anunció fue el comienzo del proceso de dejación, que supone primero el registro y luego la entrega de las armas. Y eso es lo que va a pasar.

¿Por qué y con base en cuáles cálculos se decidió que el proceso de entrega dure 90 días?

Casi todos los procesos de desarme de una guerrilla son escalonados. Así fue en El Salvador, por ejemplo. Tres meses nos pareció un tiempo razonable para la entrega de las armas individuales. No hay razón para que no pueda cumplirse.

Habla usted de “armas individuales”. ¿Cuándo entregarán las pesadas (lanzamisiles, misiles tierra-aire, morteros, etc.)?

Como indica el Acuerdo, junto con las armas de los que salen definitivamente de las zonas para cumplir otras tareas, las armas pesadas deben ser las primeras en entregarse.

Un primer tropiezo logístico, que parece intrascendente pero no lo es, fue el que comunicó públicamente el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, cuando preguntó al Gobierno y a las Farc si estarían de acuerdo con ampliar en un mes el inicio de la operación de entrega, por el atraso en la construcción de campamentos y contenedores. ¿Por qué les molestó a ustedes esa sugerencia?

Como dije, estuvimos de acuerdo en la necesidad de revisar el calendario de los primeros compromisos de dejación porque las Farc no habían entrado a las zonas, pero no en esperar a que los campamentos estuvieran terminados para que Naciones Unidas comenzara a construir los sitios de almacenamiento de las armas. Eso no tiene ninguna lógica.

¿Hubo molestia del Gobierno por esa solicitud de Arnault que coincidió con la petición que estaban haciendo las Farc?

A nosotros nos parece que es mejor sentarse en una mesa a resolver los problemas.

¿La responsabilidad de la construcción de los contenedores es sólo de la ONU o también del Gobierno y qué se hará mientras están listos?

El almacenamiento de las armas es responsabilidad de la ONU aunque nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a ayudar. Mientras esos depósitos se terminan de construir, la ONU está instalando unas cajas metálicas en los campamentos que serán custodiadas permanentemente por sus monitores.

Esta operación de desarme es vital tanto para derrotar la desconfianza de los incrédulos como para sellar la paz. ¿Por qué se decidió que la supervisión de la misma la hicieran las propias Farc y la ONU sin participación del Gobierno?

Desde cuando comenzamos a hablar confidencialmente con las Farc hace cinco años, quedó claro que ellas no iban a entregar sus armas al Gobierno. Ninguna guerrilla lo hace. Necesitábamos que un tercero con credibilidad las recibiera. Y eso se logró con el acuerdo sobre una Misión Especial de la ONU con supervisión del Consejo de Seguridad.

¿Cuál es la logística prevista para la entrega: registro del arma, registro de la identidad de quien la entrega y proceso de almacenamiento para que haya estadística precisa de la operación?

Como anunció Naciones Unidas, el jueves comenzó el registro de todas las armas en los campamentos que supone, primero, tomar nota del número de serie de cada una de ellas. Y segundo, almacenarlas, comenzando por las armas de acompañamiento (morteros, ametralladoras) y las armas de quienes han salido de las zonas –como los miembros del mecanismo de monitoreo y verificación–; y siguiendo con el primer lote del 30 % de las armas individuales. El registro de las personas estará a cargo de un delegado de la Oficina del Comisionado de Paz en cada una de las zonas. En otras palabras, la ONU responde por las armas y nosotros respondemos por la certificación de los hombres.

¿Cuáles armas se almacenarán y cuáles se destruirán?

El llamado “armamento inestable”, como los explosivos, está siendo destruido. El resto de las armas van todas para un contenedor.

¿Cuánto tiempo permanecerán las armas en esos contenedores?

Las armas permanecerán en los depósitos a más tardar hasta el día D+180. En ese momento la ONU las saca de todas de las zonas y las lleva a un lugar para hacer tres monumentos con ellas.

Aunque las Farc han dado pruebas de su compromiso con el Acuerdo de Paz, debe existir un sistema riguroso de verificación de cada paso del proceso de desarme. ¿Cuáles garantías hay de que entregarán todo el armamento y no guardarán una parte?

A diferencia de lo que ocurrió con los paramilitares, el Gobierno dispone de muy buena información sobre el armamento de las Farc. Si las cifras no casan, se lo haremos saber a la ONU y se tomarán las medidas correspondientes. Hasta ahora vamos bien. La cifra de los hombres y mujeres que entraron a las zonas corresponde con bastante exactitud a la cifra que teníamos.

¿Y también tienen cifras sobre el número de armas y sitios originales de ubicación?

Las Fuerzas Militares y la Policía tienen muy buena información al respecto.

Entiendo que el protocolo de entrega respete la dignidad y evite la exposición excesiva de quienes se reintegran a la institucionalidad. ¿Esta consideración fue el motivo para que la operación de dejación de las armas se ejecute sin medios de comunicación?

Así es. Pero yo creo que más pronto que tarde, las mismas Farc se van a dar cuenta de que lo que más le conviene al proceso, al país y también a ellas mismas, es que los colombianos vean la evidencia de que dejaron las armas. En esto, las imágenes son definitivas. Podría ocurrir al final.

Para usted, que ha trabajado en este proceso desde el primer momento, ¿esta etapa del llamado “Día D+90” es el más emocionante como símbolo del fin de la guerra o hay otros?

Por supuesto que ver a las Farc marchando ordenadamente hacia las zonas o hablando con nosotros de dejar rápidamente las armas para poder constituir su partido político, como lo hicieron esta semana en la zona del Yarí, es satisfactorio. Pero a mí lo que más me interesa no es eso. Me interesa que se implementen los acuerdos y, en especial, la reforma rural integral y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para que esos millones de campesinos, colonos, indígenas y afros que por tanto tiempo han vivido en el desamparo y en la penumbra de la conciencia nacional, tengan una segunda oportunidad.

¿Esos “millones de campesinos” no están de nuevo bajo amenaza por la reaparición de bandas paramilitares y, otra vez, por la falta de presencia del Estado?

Claro. Por eso la tarea más urgente de todas es la de implementar una estrategia efectiva de seguridad para la transición en los territorios.

¿Por qué los colombianos de ciudad que han apoyado la paz pero también los que se han opuesto a ella se ven tan indiferentes al desmonte de 50 años de guerra?

No creo que haya una sola explicación. Evidentemente hay una distancia grande en el tiempo: son más de cincuenta años y la gente se acostumbra a la anormalidad. Hay, también, una distancia grande en el espacio: hace mucho tiempo que nadie en el parque de la 93, de Bogotá, o en el parque Lleras, de Medellín, siente que el conflicto le está respirando en la nuca. Pero lo que más confunde, creo yo, es la política, el costurero político en que vivimos, que resuena en todos los medios y que poco, o más bien nada, tiene que ver con lo que vive a diario la gente en las regiones.

¿Le ha hecho daño el “costurero político” a la pacificación de los espíritus en el país? En otros términos, ¿cree que las palabras armadas dificultan el desmonte físico de la guerra?

Así es. En realidad, las armas son lo de menos. Lo importante es sacar el conflicto de las mentes y los corazones de la gente y crear espacios de diálogo y convivencia. La polarización y el insulto como formas predilectas de comunicación, que campean desde las redes sociales hasta el Congreso, en nada ayudan a desmontar la guerra.

En desarrollo del Acuerdo están ocurriendo varios hechos simultáneos: dejación y entrega de armas, debate legislativo para aprobar amnistías o beneficios similares y trámite de aprobación del partido político de las Farc. ¿Hay peligros en esta etapa?

Vamos bastante bien, pero no nos podemos confiar. Hay que volver a decirlo: la firma del Acuerdo fue el verdadero comienzo, y no el fin, del proceso. El que crea que todo está resuelto porque las Farc entraron a las zonas, no ha entendido nada. Detener definitivamente cincuenta años de guerra va a tomar una generación.

¿Por qué una generación?

En términos materiales, Colombia tiene un rezago tan hondo en el campo, incluso en comparación con casi todos los grandes países de América Latina, que nos va a tomar varias generaciones salir del atraso. Pero una transición de diez años con gobiernos dedicados a implementar los acuerdos y a sacar el campo adelante, puede hacer la diferencia. Y en términos espirituales, si cabe la palabra, no va a tardar menos tiempo sacarle a la sociedad los odios y resentimientos que carga en sus entrañas. Por esa, entre otras razones, hicimos de las víctimas un pilar del Acuerdo. El problema de fondo, como siempre, es político. Sin nuevos liderazgos –ante todo en las regiones–, que muevan con convicción al país hacia algo más parecido a una democracia del siglo XXI, poco o nada de esto va a funcionar.

Un ruido perturbador sucedió la semana pasada cuando varios generales en retiro amagaron con enviarle una carta, casi con sublevación, al presidente Santos. Pareció que desistieron, pero el viernes pasado la firmaron 28. ¿Cómo interpreta este hecho?

El ruido es por el sistema de justicia que está en manos del Ministerio de Defensa. Ninguna decisión sobre agentes del Estado se toma en el Congreso sin su aprobación. Lo que puedo referirle es lo que he visto en el terreno: un comportamiento, en este proceso, de nuestras Fuerzas Militares y de Policía absolutamente ejemplar. Eso es lo que cuenta. En estos días he estado hablando con los oficiales del Ejército encargados de la seguridad de las zonas y su profesionalismo me lleva a soltar lágrimas. No creo que en ningún otro país, un Ejército se haya comportado con tanta altura y seriedad durante la etapa de cese al fuego con una guerrilla. ¿Y qué decir de los más de 1.400 hombres de la unidad de la Policía (Unipep) que protege día y noche a los miembros de las Farc sin que estos hayan puesto queja alguna? Para mí, son héroes de la patria.

Pero ¿cómo explicar que finalmente los generales en retiro le hayan enviado la carta al presidente, incluso con la firma del general Mora?

Lo primero que noto es falta de comunicación. Hay que sentarse a hablar. En lo que me corresponde, que es el tema de las zonas veredales, las puertas de mi oficina están abiertas.

Los grupos del No al plebiscito no aceptan el denominado “nuevo acuerdo”. Algunos han dicho que si ganan las próximas elecciones presidenciales, desmontarán el acuerdo. ¿Cuáles garantías puede dar el Estado hoy, de la seriedad de la palabra ya empeñada?

Garantías hay muchas: la garantía del Plan Marco que proyecta la implementación de tres planes de desarrollo y asegura su financiación; la garantía del artículo transitorio para que los contenidos del Acuerdo sean parámetro de interpretación de sus desarrollos legislativos; la garantía de la declaración del presidente Santos ante las Naciones Unidas. Pero la principal garantía, a mi juicio, es el sentido común de los colombianos. ¿Quién va a querer volver a donde estábamos? Dediquémonos, más bien, a implementar los acuerdos, y eso va a hacer la diferencia en este país.

Tomado de:El Espectador.com

Lo que gritan las encuestas

María Isabel Rueda

¿A qué Presidente serio se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’?

Catastróficas las últimas encuestas de Yanhaas y de Gallup. Indican una descalificación del Presidente que no tiene precedentes en el país –ni siquiera en épocas del 8.000 o del fracaso del Caguán–.

Y no solo le va mal al Presidente. Sino que arrastra consigo a la Vicepresidencia y prácticamente a todas las instituciones que sostienen la vida en sociedad, cuyo tejido Santos ha desbaratado: Ejército, Policía, las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), y la justicia, cuya favorabilidad ya está por debajo hasta de las Farc. “La corrupción nos arrebató la dignidad y respetabilidad que los colombianos queríamos tener como signos colectivos”, asegura el exministro y exmagistrado Hernando Yepes.

A Santos le quedan menos de 500 días de gobierno. Pero no lo acompañarán en ellos mayorías exultantes de gozo por la anunciada desmovilización de las Farc, sino unas que parecen inmersas en el desaliento y la desolación.

Es lo que en sicología se llama ‘desesperanza aprendida’, que consiste en que si alguien está programado para no creer, ya no importa cuántas verdades le digan porque no las creerá. Y al revés: si está programado para creer, va a seguir creyendo, no importa cuántas mentiras le digan. Ambos extremos son graves. Pero hoy los colombianos estamos en el primero. El 80 % considera que el país va por mal camino y el 71 % desaprueba el actual gobierno. Es difícil, por lo tanto, imaginar algo que pueda decir o hacer para que le crean.

Santos nunca gozó de especial popularidad. Pero sí se lo catalogaba como un mandatario por lo menos serio y responsable. Hoy, dos factores están horadando esas cualidades.

¿Qué tal lo de hacerse el que no sabía que su Ministro del Interior iba a imponer el voto obligatorio, a bajar el voto a los 16, a aumentar un año el período presidencial y a acabar la circunscripción nacional y las listas cerradas? ¿Quién va a creer que estaba absolutamente no enterado de que Cristo iba a cambiar las reglas de juego de las elecciones del 2018 sin contarle? Peor aún: el Ministro las está cambiando como precandidato para esas elecciones, lo cual complica más las cosas, porque sería una reforma ‘ad hoc’: para él. Pero, además, como dice el ex- alcalde Jaime Castro, casi todas las de Cristo son propuestas refritas que el país ya había discutido y desechado por inconvenientes. Sobre todo, nada tienen que ver con la ilegitimidad del sistema político, ni con el desprestigio institucional que muestran las encuestas.

Pero sí están creando generalizada indignación ciudadana, además porque nos las quieren embutir por ‘fast track’, y ese es el segundo factor que afecta la seriedad que se le adjudicaba a Santos. Esa vía legislativa exprés ya era muy debatible para implementar el desarrollo de los acuerdos de paz. Ahora resulta escandalosa por el abuso que el Gobierno quiere hacer con ella para sus necesidades políticas.

¿A qué presidente serio y responsable se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’? ¿Y luego despojar al pueblo de soberanía constitucional durante tres gobiernos? Solo al de una república bananera. Y, por lo tanto, les da munición a los que sostienen que Santos nos salió un presidente con mentalidad de ‘ley habilitante’, a lo Maduro, que se manifiesta en un exceso de poder presidencial, como se nota en la forma como viene manejando el proceso con las Farc (“como se me da la gana”) y lo que se está desprendiendo de él. ¿Y qué tal su recomendación de no darle un uso político a la paz, después de que el propio Santos se ganó su reelección y su Nobel con el abuso político de la paz? Por cosas como esas, la gente ya no le cree.

Aparentar que no sabe en qué andan sus ministros; el abuso del ‘fast track’; y el monopolio totalitario de la paz no atentan contra el carisma del Presidente, porque nunca lo ha tenido. Atentan es contra la seriedad y la responsabilidad que en alguna época se le abonaban como mandatario.

Se le acabó la confianza social, y a las instituciones les queda muy poco apoyo. Por eso, el legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis institucional. Es el grito de alerta que envía la opinión pública a través de las encuestas.

Entre tanto… Lo dice el informe del Departamento de Estado de EE. UU.: la coca aumentó en el país porque el Gobierno bajó acciones para no confrontarse con las Farc.

MARÍA ISABEL RUEDA

Tomado de:El Tiempo.com

Enrique Santiago: “Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora”
Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, habla sobre el avance del proceso de implementación del Acuerdo./Cristian Garavito – El Espectador

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Alfredo Molano Jimeno / Natalia Herrera

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Esta semana el Congreso debe realizar el último debate del Acto Legislativo para la Paz, ¿cómo ve el texto tramitado hasta ahora?

Ha habido aportes importantes por parte del Congreso, que han permitido enriquecer y mejorar el Acuerdo. Pero también ha habido intentos de renegociarlo y eso no es lícito. El Acuerdo firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre fue refrendado por el Congreso y eso le da una fuerza jurídica. Además, no corresponde a la fase de implementación renegociar algo que se construyó durante cinco años de conversaciones.

¿A qué se refiere cuando habla de intentos de renegociar el Acuerdo?

De situaciones en las que quizás con buena voluntad se intentan modificaciones que no son parciales y que atentan contra el espíritu del Acuerdo. Es decir, modificaciones que dan privilegios a algunos sectores que deben someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y este es un sistema equitativo. En concreto, las formuladas por la Fiscalía que han pretendido sustraer de la competencia de la JEP a guerrilleros y terceros para que queden bajo la justicia ordinaria. Y eso quiebra la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, que se aplica por igual a las partes que han tenido relación con el conflicto.

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¿Cómo ha visto el papel del fiscal general, Néstor Humberto Martínez?

El fiscal debe respetar lo acordado, porque eso debe cumplirse. Y lo que he visto es que hace propuestas que favorecen a un colectivo y perjudican a otro. No son equitativas, y eso es inaceptable en un sistema judicial que propone tratar a las partes por igual.

¿Cree que intenta minar el Acuerdo en materia de justicia?

Pues él ha manifestado que es un acuerdo imperfecto que hay que corregir.

También hay diferencias respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, ¿cuál es el asunto?

El comunicado de la Fiscalía del 27 de febrero no deja de llamar poderosamente la atención. Primero, porque está aplicando criterios discriminatorios a la hora de aprobar las amnistías. Sólo se la está dando a aquellos que habían abandonado las filas de las Farc antes del Acuerdo de Paz. Llama la atención que no estén priorizando al colectivo más grande, que es los que permanecen en las filas, presos o en las zonas veredales. Y eso no es un criterio jurídico, sino político.

¿Quiere decir que está privilegiando a los desertores y no a quienes firmaron el Acuerdo de Paz?

Desde luego está priorizando los casos de exguerrilleros sometidos a la Ley de Justicia y Paz. Y desde luego la demora en la aplicación de la amnistía, que lleva dos meses de aprobada, está generando mucha inseguridad, angustia y preocupación. No solo en las cárceles, sino en todos los integrantes de las Farc, especialmente en las bases. Lo que me preocupa es que esto puede causar incredulidad hacia lo acordado y hacia quienes negociaron. Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora.

Es irresponsable, porque si algo ha caracterizado el proceso con las Farc es un bajísimo número de disidencias, en comparación con cualquier proceso en el mundo. Los estudios hablan de que en promedio entran en disidencia el 20 % de los miembros de un grupo y en este caso no se llega al 8 %. Así que es muy peligroso que no se cumpla con la implementación de lo pactado.

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¿Y porque cree que se está incumpliendo?

No quiero generalizar. Ha habido jueces y fiscales que han aplicado la ley con celeridad, pero creo que lo que hay es una falta de comprensión del momento histórico que se vive en muchas instituciones del Estado.

Pasemos al tema de los militares y la polémica acerca de la cadena de mando, ¿cómo interpreta lo que se ha dicho desde los cuarteles?

Hay dos cuestiones que quizás las Fuerzas Militares no acababan de comprender. Primero, la importancia del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Eso es sanador, normaliza la situación política del país, contribuye a la reconciliación y, sobre todo, permite el funcionamiento ágil de la JEP. El otro tema es que veo que hay quienes se están preocupando por eludir responsabilidades desde la cúpula de la cadena de mando y buscan que los mandos medios sean quienes respondan. Eso no es ni justo ni valiente. Todos tienen que asumir la responsabilidad en el grado que les corresponde.

¿Los militares le temen a la verdad?

No creo que sea toda la institución, pero sí hay sectores que tienen pánico a que se conozca la verdad. En todos los procesos de paz hay resistencia a que se conozca la verdad por parte de los combatientes, porque en una guerra no actúan angelitos, sino guerreros.

¿Le temen a la verdad o a la Corte Penal Internacional (CPI)?

A lo que más le temen es a la verdad. También hay muchos sectores que temen perder una situación de impunidad estructural en la que han vivido y que les ha producido importantes beneficios. En Colombia, el mayor nicho de impunidad ya no está en las conductas de la Fuerza Pública, sino en sectores vinculados a la financiación, organización y estructuración del paramilitarismo. Civiles que han pasado de agache en todas las jurisdicciones. No tiene explicación que hoy haya 15 mil compulsas de copias que afectan a civiles y ninguno ha sido procesado.

Solo hay dos condenas contra civiles relacionado con el paramilitarismo. Hay miles de condenas contra guerrilleros, miles contra paramilitares, miles contra miembros de la Fuerza Pública y dos contra civiles vinculados al conflicto.

Hay dos interpretaciones para poner a la CPI como el “coco” de los militares: una la de Human Rights Watch, que dice que los requisitos para cumplir con la cadena de mando son demasiados y nunca se podría probar, o la de los militares de Acore, que dice que la definición es muy amplia y todos podrían ser condenados por responsabilidad de cadena de mando. ¿Qué versión tiene para usted validez?

Ni la una ni la otra. Cualquier sistema judicial es ponderado, equilibrado, que aplica responsabilidad de cadena de mando cuando hay unos presupuestos que conforma la regulación establecida. No todos los hechos de subordinados tienen como consecuencia una responsabilidad del mando. Hace falta que el mando conociera o pudiera conocer y tuviera los medios para evitar el resultado judicial. Por lo cual son visiones un tanto exageradas que demuestran es el miedo a que se sepa la verdad.

¿Por qué cree que la definición del artículo 28 del Estatuto de Roma, que quedó en el Acto Legislativo, despertó la atención de la CPI?

La desconfianza de la CPI desaparecería si simplemente se incluye en la regulación de la cadena de mando que su aplicación se hará conforme a lo establecido en el Derecho Internacional.

¿Qué quiere decir?

Ha habido representantes de instituciones del Estado que llegaron a afirmar en las conversaciones de La Habana que iban a dar instrucciones para que los agentes del Estado no reconocieran verdad. Eso es algo absurdo, porque esa instrucción es difícil que se dé. Implicaría que el subordinado asume toda la responsabilidad.

Aunque eso denuncian los familiares de los mal llamados falsos positivos…

Claro, por eso se necesita un sistema que incentive el reconocimiento de verdad temprana como la JEP. Porque no es posible poner en marcha un sistema que procese responsabilidades de 50 años de conflicto si no se estimula el reconocimiento de la verdad. La impunidad no se resolverá con que todos los casos lleguen a una sentencia, eso es imposible para cualquier sistema de justicia. Piénsese en Justicia y Paz, que en 12 años que lleva actuando ha dictado 34 sentencias, que no han condenado a más de 200 personas, cuando los desmovilizados eran 20 mil. A ese ritmo harían falta varios siglos para acabar la impunidad derivada del conflicto. Las víctimas tienen cuatro derechos: a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y hay que ser un equilibrio para que el resultado sea satisfactorio. Eso es lo que busca la JEP.

¿Y las Farc sí están comprometidas con los derechos de las víctimas?

Las Farc pelearon desde el primer momento que el sistema examinara todas las responsabilidades, pero obviamente priorizando los hechos más graves y representativos. Pero eso no puede significar que cientos de miles de supuestos de victimización queden en la impunidad porque no hayan sido cometidos por máximos responsables. Y en segundo lugar, las Farc están comprometidas con la verdad y es no es un discurso. Desde La Habana empezaron a hacer reconocimientos públicos de responsabilidad. A fecha de hoy, el Estado no ha hecho ninguno. Ninguno es ninguno. Los reconocimientos que ha hecho han sido por órdenes judiciales. El Estado desaprovechó una ocasión importante con el exterminio de la UP, cuando se hizo una declaración que satisfizo a medias las expectativas de las víctimas, porque solo reconoció una acción por omisión cuando son innumerables los casos judicializados de agentes del Estado que estuvieron directamente involucrados en los crímenes.

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Eso es simplemente un ejemplo. Pero claro, la intención de las Farc es hacer pleno reconocimiento de responsabilidad, por supuesto, porque además su apuesta de normalización política no es posible sin reconocer esto.¿Y sobre la reparación?

En el Acuerdo es muy claro: hay una obligación del Estado de reparar y una obligación de contribuir de muchas formas, en primer lugar, con las sanciones restaurativas, y en segundo, con la aportación de aquellos patrimonios que estaban adscritos al conflicto. Una reparación proporcional a la victimización, que busca priorizar a las víctimas que han estado excluidas socialmente, al margen de quien haya sido el victimario. Hay sectores muy fariseos que se llevan las manos a la cabeza porque las Farc tenían una economía de guerra. Es obvio que no hubieran podido sobrevivir 50 años. Las Farc han dicho: cualquier enriquecimiento propio de un guerrillero queda fuera de la JEP y debe ser revisado por la justicia ordinaria. Cualquier situación de enriquecimiento personal no puede ser relacionado con el conflicto.

¿Cómo quedó ese tema de enriquecimiento en relación con los militares y civiles?

Puedo entender que en favor de la normalización política, de la reconciliación nacional y el fin del conflicto, la asunción de responsabilidades por parte de los agentes del Estado no les suponga acabar en una situación de pobreza. En lo que no puedo estar de acuerdo es que el Estado renuncie a exigir la reparación por parte de aquellos servidores públicos que se han enriquecido a costa del conflicto.

¿A qué se refiere?

A que el acto legislativo aprobado en el tercer debate establece que “la JEP es competente sobre los delitos cometidos directa o indirectamente con ocasión del conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito.

¿Eso qué quiere decir?

Me llama poderosamente la atención esta formulación, porque no existe ningún supuesto en el que un funcionario público pueda obtener un enriquecimiento lícito en relación con el conflicto. Eso no existe. Cualquier enriquecimiento obtenido por un servidor público en relación con la guerra es ilícito. No quiere decir que si un funcionario tiene negocios particulares esos sean ilícitos, pero si se ha enriquecido a consecuencia del conflicto, sólo puede ser ilícito. Es peligroso que se suponga que algún servidor público se pueda haber enriquecido lícitamente en relación con el conflicto.

¿Cómo se va a desarrollar la incorporación de los guerrilleros que viven en la clandestinidad?

Las Farc no es un ministerio y no tiene un registro de sus miembros, colaboradores o amigos, pues sería una irresponsabilidad en la guerra. Además, en este país hay miles de personas en los campos sin cédulas. Pero las Farc sí tienen la máxima voluntad de entregar los listados de todos sus miembros, ya que estos tienen asegurada una ruta de reincorporación.

Para terminar, ¿además de la amnistía a las Farc hay algo que le preocupe?

Por supuesto que la principal preocupación de las Farc hoy es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el surgimiento de las instituciones que deben garantizarles la seguridad, especialmente, la unidad de investigación de los crímenes cometidos por organizaciones paramilitares. Van 60 líderes sociales asesinados desde que se firmó el Acuerdo de La Habana y los resultados son muy limitados. Es obvio que hay que desmontar esos grupos que amenazan el Acuerdo de Paz.

Tomado de:El Tiempo.com