Crculo de Periodistas de Bogot

Archivos marzo 2017

¿Quiénes señalan a Leonardo Gallego en el caso de Jineth Bedoya?

Al menos 6 ‘exparas’ y guerrilleros que estaban presos lo relacionan con secuestro de la periodista.

Por:  JUSTICIA |

Casi 17 años después de que la periodista Jineth Bedoya fue secuestrada, torturada y violada como retaliación por una investigación que realizaba sobre el tráfico de armas y otros delitos que se cometían dentro de la cárcel Modelo, en Bogotá, un nuevo capítulo se abrió en ese expediente.

Esta semana, en medio de la audiencia de juicio contra Alejandro Cárdenas y Jesús Emiro Pereira, dos paramilitares acusados de los crímenes que sufrió Bedoya, la periodista pidió que se investigue la eventual responsabilidad de un general de la Policía como autor intelectual de los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000.

Un día después esa versión fue respaldada por Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, condenado a 28 años de prisión por el caso de Bedoya. Él fue acusado por tenderle una trampa al citarla en la Modelo para concederle una entrevista que finalmente terminó en el secuestro.

“Para mí es claro que hubo una orden de una persona externa a la cárcel, que presuntamente es la persona que manejaba toda esta red de corrupción, una persona que además está nombrada dentro del expediente en más de seis oportunidades y de la que yo quiero decir hoy su nombre, después de 17 años, abiertamente, y es el general (r) de la Policía Leonardo Gallego, quien para el momento era el director de la Dijín”, dijo Bedoya en la audiencia.

Ante los señalamientos, el general dijo en un comunicado que “es absurdo” pensar que tuvo alguna relación con el caso, y que los paramilitares que lo señalan “están mintiendo flagrantemente”.

En la investigación, Gallego aparece mencionado por primera vez en abril del 2003, cuando Bedoya afirmó ante las autoridades que el homicidio de un teniente de la Policía estaba relacionado con el tráfico de armas en la Modelo y que ese uniformado era uno de los hombres de confianza del general Gallego.

En el expediente están cuatro cartas en las que se menciona a Gallego, escritas por Óscar Mauricio Tarazona, quien estaba detenido en la Modelo y era la mano derecha del ‘Panadero’. En esas cartas, Tarazona dice que el ‘Panadero’ le había contado que el secuestro “lo había hecho Gallego” y que era quien “más había hablado para que entraran armas para las masacres en la Modelo”.

Luego, en una declaración que Tarazona rindió el 12 de noviembre del 2010, contó a las autoridades que en una ocasión el ‘Panadero’ recibió una llamada del general en la cual le decía que tenía que “matar a una periodista”. También agrega que recuerda a unos guardianes del Inpec que habían hablado con el ‘Panadero’ el día de los hechos “con el fin de no molestar a la camioneta que se estacionaría al frente de la cárcel y así realizar el rapto”.

Y en otro interrogatorio del 2004, Tarazona dijo que José Ricardo Rodríguez Avendaño, quien supuestamente fue uno de los que trasladaron a Bedoya a una bodega el día del secuestro, le contó que pensaban matarla, pero que el “coronel dijo que no, que únicamente debían aporrearla y darle un susto”.

En el proceso está una declaración de Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, jefe de sicarios de Pablo Escobar, del 9 de septiembre del 2010. En ella asegura que presos le contaron que Gallego había “organizado el secuestro”, y añadió que los exjefes ‘paras’ Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave Ruiz “hablaban con familiaridad con el coronel Gallego”.

Y en septiembre del 2011 el paramilitar Alejandro Cárdenas reconoció ante Justicia y Paz que se había enterado de que “el secuestro a la periodista había sido ordenado por Arroyave, Mahecha, Gallego y Víctor Carranza”.

Además, el exparamilitar Luis Alberto Medina Salazar testificó el 21 de septiembre del 2011 contando que le escuchó decir a Vicente Castaño que Gallego “era uno de sus amigos”.

Una de las más recientes declaraciones vino del guerrillero Jorge Augusto Bernal Romero, en marzo del 2014. Dijo que el crimen lo ordenaron Mahecha y Arroyave y que le habían “pagado $ 100 millones a Gallego para que ordenara a subalternos dar vía libre al carro que llevaba a Bedoya”.

A pesar de esos señalamientos, y aunque desde el 2011 Gallego había sido citado a un interrogatorio, esa diligencia nunca se realizó y el general no ha sido vinculado a ningún proceso.

JUSTICIA

Tomado de:El Tiempo.com

Decir gracias es poco / Opinión
Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Jineth Bedoya, periodista de EL TIEMPO.

Un llamado para que no olviden a las centenares de Jineths que hay en todos los rincones del país.

Por:  JINETH BEDOYA LIMA |

El 8 de junio del año 2000, cuando decidí regresar a la redacción de ‘El Espectador’ tras dos semanas de haber sido secuestrada, torturada y abusada y aún con muchas dificultades para caminar y moverme, me encontré con una fila interminable de colegas que me daban la bienvenida en medio de lágrimas.

Y sentí que ese era y sería mi bálsamo.

El jueves pasado tuve la misma sensación, tras haber tenido que confrontar, cara a cara, 16 años y 9 meses después, a uno de mis violadores. Me encontré en la redacción de EL TIEMPO una cadena de abrazos que me devolvieron la paz.

Los mismos que llegaron por miles a través del correo electrónico, mi cuenta de Twitter y otras redes sociales. Decirles gracias es poco, porque no imaginan cómo los necesitaba, cómo los necesito ahora. Por años rogué que alguien de alguna entidad del Estado estuviera a mi lado para no sentirme sola, y tuve la fortuna de contar con el procurador general, Fernando Carrillo, quien nunca soltó mi mano.

Pero les hago un llamado para que no olviden a las centenares de Jineths que hay en todos los rincones del país y que nunca podrán acceder siquiera a la justicia. Ellas nos necesitan porque les hemos enseñado que No Es Hora De Callar. Ahora no les fallemos.

JINETH BEDOYA LIMA

Tomado de:El Tiempo.com

Autocrítica periodística de Juan Darío Lara, que invita a la reflexión gremial.

Juan Darío Lara, socio activo del CPB desde hace 41 años, hace el siguiente análisis acerca de los retos que deben afrontar y resolver los profesionales del oficio, para reivindicar la credibilidad periodística:

Qué sería de Colombia y de otros países avanzados, si el periodismo permaneciera ajeno a tantos acontecimientos que lo afectan, y dejara de contribuir,  con la sapiencia de sus hombres y mujeres, a encontrar el camino de la verdad, y a esclarecer la responsabilidad de personajes que desprecian todos los valores.

Aparte de esta contribución, al periodismo le ha faltado valentía para recuperar su esencia, en virtud de la cual fue catalogado,  en el siglo pasado, como el «cuarto poder». Se le respetaba, sus opiniones pesaban, era órgano de consulta de los demás poderes del momento como la política, la justicia, el congreso, y esos venerables representantes de la «pluma», aportaban ideas sin mezquindad, con grandeza, pensando únicamente en el bien de Colombia.

Qué han dejado  las retóricas denuncias gremiales, nacionales e internacionales, sobre violación a la ley de prensa, al derecho de expresión, a la explotación salarial,  las repetidas agresiones  y advertencias de que el ejercicio de informar es de alto riesgo. Cuántas de esas reiteradas denuncias han tenido eco en la justicia, donde reina la impunidad. Estamos cansados de ver todos los años los informes de la FLIP o de la Sociedad Interamericana de Prensa, con el deplorable balance que señala todo lo que pasa sin que pase nada.

Hagamos una autocrítica y tomemos la decisión de  solucionar todos los males que nos afligen  ¿Pero, cómo? ¿Haciendo paros como cualquier sindicato?.  ¿Quemando llantas? ¿Haciendo barricadas? No, porque nuestra formación es distinta y no violenta. Pero, entonces ,hacerles ver a las autoridades, a las empresas, a los directores de medios con poder, que hay que defender un legítimo derecho de quienes solo trabajan  para consolidar emporios?

En nuestra condición, admitámoslo, sin rubor, que en esa necesidad están de acuerdo nuestros poderosos directores de medios, que no se bajan de su curubito, del que disfrutan para defender el interés  de los que les pagan, que son sus patronos.

El periodista no puede alzar la voz y contar la verdad, sino la versión que le conviene al establecimiento, representado en un gobierno y una élite política y empresarial, que para eso tienen sus comunicadores sociales.

Soy realista.-..fui otro iluso por muchos años. Por más que las agremiaciones y los más prestigiosos periodistas de Colombia y del mundo rechacen con trajinados comunicados los regímenes, censuras, cierres de medios, explotación salarial de los periodistas en la ciudad y en la provincia, o asesinatos con mantos de impunidad, seguiremos en lo mismo…nadie nos escuchará. Lástima, por las nuevas generaciones, que tampoco hallarán esta solidaridad gremial para intentar una justificada protesta porque, con solo pensarlo, alguien lo está comunicando s su jefe, por miedo a perder su puestos.

Aquí vale la pena recordar esa gran verdad que le contó a María Isabel Rueda, el galardonado Mauricio Gómez,  «el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano» el 9 de febrero de 2017:  hasta dónde puede llegar la conciencia periodística y por qué, si  el estado es el principal patrocinador de los medios y, también, los poderosos empresarios que manejan el país.

Se perdió el entusiasmo de investigar para conocer la verdad, de no aceptar la versión oficial sino contextualizarla, sin limitarse a transmitir los comunicados para defender sus intereses y no para responder a esas denuncias. Agregaba que «es preocupante que el estado contrate por millonarias sumas a periodistas que siguen informando o escribiendo columnas de opinión, sin contarles a los colombianos que tienen esos «contratos», y que existen «los periodistas chantajistas que reciben dinero para hundir una compañía, un producto, o a alguien, porque en Colombia existe la «payola», o la «contrapayola» que se recibe para popularizar una canción en una emisora.

Y lo más grave, como se acaba de ver en Inglaterra con el brexit ,y en los Estados Unidos con las elecciones, y en Colombia, con el plebiscito del 2 de octubre de 2016, sobre el acuerdo de paz, donde las redes sociales desinformaron y crearon confusión para generar los resultados que hoy lamentan millones de habitantes en estos tres países.

Y el canibalismo,. no solo entre los periodistas, sino el que se ha evidenciado en algunos  expresidentes  y dirigentes empresariales, que insisten en que los periodistas no pueden investigar, so pena de perder el puesto, y  las  restricciones a la prensa, o el veto de Donald Trump ( «dizque el bufón»)a importantes medios de comunicación,  y  en la misma onda de las censuras se mueven Nicolás Madurio ( el inculto ) y en Ecuador, Rafael Correa, (el censor), y para no ir lejos aquí, en la propia Colombia, caben todos esos adjetivos despectivos, cuando el periodismo se atreve a publicar verdades incómodas.

Y eso ocurre, por la permisividad, porque «nuestra voz» tan crítica entre nosotros, vale «un pepino» entre quienes tienen el poder y nos toman como , porque agachamos la cerviz para no perder una «amistad transitoria» que significa réditos. Somos «unos duros» para criticarnos, para roidiculizarnos, pero somos temerosos y asustadizos frente a quienes nos satirizan, desprestigian y denigran con ostentación de su poder.

El 9 de febrero, el Presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, William Giraldo, tuvo «las agallas» para decir, también claramente, que «la prensa que fue el cuarto poder, hasta mediados del siglo pasado, hoy está en manos del «poder financiero».

Y la Presidente del Jurado del Premio, la reconocida periodistas Maria Elvira Arango, Directora de Los Informantes, mencionó otra lamentable realidad: «Nos oyen, nos ven y nos leen, pero no nos creen».

¿Cuántas veces se han  convocado foros, seminarios, reuniones, en privado y en público, para emprender  una necesaria, urgente y agresiva defensa del periodismo de verdad, para hablar de la la libertad de prensa y de la cacareada libertad de expresión?.  Y, hasta ahí llegamos, porque para el poder de los mismos medios nuestra voz no se escucha… sólo cuando llega el 9 de febrero para recibir premios, pero no para privilegiar a ese «cargaladrillo» que, con su conocimiento, honra el oficio y encumbra su empresa. «Siempre el poder triunfa: patrón y director,  se ufanan porque su medio tuvo otro premio.» Para eso los tenemos.. antes deberían agradecernos por darles la oportunidad», es su argumento.

Los ejemplos de «un periodismo ,puro», recto, honesto, sin compromisos, se perdió, así algunas veces se vean escritos y se escuchen noticias de escándalos», para mantener «el rating» y, de paso, olvidar el seguimiento obligado.

Ojalá las nuevas generaciones cambien eso, aun cuando lo dudo, por aquello de la traqueada mermelada, y el temor a contradecir al director, y  para «no perder la papa».

El CPB debe aprovechar estos momentos de reconocimiento como primera institución gremial que recuperó el 9 de febrero de 2017 para reconquistar, entre todos, el lugar de privilegio y de respeto perdidos por ocasionales faltas de visión y de criterio.

Por Juan Darío Lara, socio del Círculo de Periodistas de Bogotá, desde 1976.

 

¿Qué puede hacer la sociedad civil para combatir la corrupción?

Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta de Transparencia por Colombia. – Andrés Hernández, director encargado de Transparencia por Colombia.

SEGÚN GALLUP, 85 % DE LOS CIUDADANOS CREEN QUE ESTE FENÓMENO ESTÁ EMPEORANDO
Por: Juan miguel Hernández Bonilla
Directivos de Transparencia por Colombia aseguran que la ciudadanía debe buscar los mecanismos para romper el círculo vicioso entre el acceso al poder, el uso de los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Los resultados de la última encuesta Gallup demuestran que la corrupción es el principal problema del país y que el 85 % de los ciudadanos creen que la situación cada vez es peor. El Espectador habló con Rosa Inés Ospina, presidenta de la junta directiva de Transparencia por Colombia, y con Andrés Hernández, director encargado de la entidad, para saber cuál es el aporte de la sociedad civil a la hora de combatir este fenómeno.

¿Qué es y qué hace Transparencia por Colombia?

Rosa Inés Ospina: Transparencia por Colombia es el capítulo local de Transparencia Internacional, un movimiento mundial de lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, que agrupa organizaciones autónomas en más de 100 países del mundo. Desde 1998 nos hemos dedicado a entender cuáles son las características propias de la corrupción en el país, cómo se comporta, cómo evoluciona y cuáles son sus dinámicas principales. Además, hemos desarrollado una serie de herramientas para prevenir, visibilizar y combatir el fenómeno que tanto afecta a la sociedad.

¿Qué entienden ustedes por corrupción?

R.I.O: Entendemos corrupción como el abuso de una posición de poder para beneficio personal en detrimento del interés general.

¿Cuáles son las principales formas de corrupción en el país?

Andrés Hernández: La primera y quizá la más grave es la forma cómo se accede al poder en Colombia. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que se gestionan y se financian las campañas políticas y con el hecho de que aquellos que llegan a cargos de poder se dedican a devolverles el favor a quienes los financiaron. Acá encontramos el primer círculo vicioso entre el acceso al poder, la forma en la que se utilizan los recursos públicos y el ejercicio de la corrupción.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que lo que Colombia ha ganado en democracia lo ha perdido en corrupción y que esto se agudiza en los municipios y en las regiones, ¿qué opinan?

R.I.O.: Desde Transparencia no aceptamos que se señale solo al nivel subnacional como involucrado en este proceso. Al contrario, el nivel central es más responsable que los niveles territoriales. De alguna manera los municipios reproducen lo que el Ejecutivo establece como modelo de gestión, de política y de gobierno. Desde la Constitución del 91 existen partidas presupuestales, auxilios parlamentarios y otros mecanismos que todos los presidentes han usado para comprar votos.

¿Qué está haciendo Transparencia para prevenir y combatir este fenómeno?

A.H.: Tenemos tres ejes de trabajo. El primero es entender cómo actúa la corrupción en el país. Para lograrlo generamos metodologías de medición del riesgo y herramientas para identificar dónde están las grietas institucionales que permiten el actuar de los corruptos. El segundo ámbito consiste en fortalecer coaliciones y alianzas con otras organizaciones para incidir en la creación de instrumentos de política pública normativos, legislativos e institucionales que enfrenten las nuevas dinámicas de corrupción que hemos encontrado. Lo tercero es hacer un trabajo con la opinión pública para generar sensibilización, hacer seguimiento y exigir rendición de cuentas.

¿Cuál es la consecuencia más grave de la corrupción?

El problema real de la corrupción es que, por ejemplo en el caso de Odebrecht, la plata de los sobornos se la cobran a la obra y ese sobrecosto lo tenemos que pagar nosotros, con nuestros impuestos. Sin embargo, la gente cree que esto es un problema moral, que hay unos malos que incumplen con las reglas del juego, pero en realidad las víctimas no son los otros contratistas, sino la sociedad civil en su conjunto. Los recursos de todos los ciudadanos se pierden en la corrupción.

En el imaginario colectivo la corrupción es un buen negocio, ¿cómo hacer para combatirla?

R.I.O: Un famoso académico decía que la corrupción es una decisión gerencial y se rige bajo la siguiente fórmula: “qué tanto me voy a ganar en relación con qué tan fácil es que me cojan y, sobre todo, qué tipo de castigo voy a recibir”. Generalmente lo que los corruptos reciben en sus negocios es mucho mayor que lo que podrían perder en caso de que los cojan. Entonces, tenemos que tratar de revertir esa ecuación y ahí el rol de la sociedad civil es crucial. Además de alertar y prevenir estamos tratando de fortalecer la denuncia, la voz del ciudadano, del funcionario, del empresario que se cansa de la corrupción y decide hacer público su descontento. Estamos trabajando en una estrategia de acompañamiento jurídico y legal para que las denuncias sean mucho más estructuradas y los órganos de control puedan llegar al fondo de cada caso.

Tomado de: El Espectador.com

Gala de los Óscar de la corrupción

Jorge Bustamante

Se podría hacer una gala municipal, otra departamental, otra nacional, una cruzada y llevar la más audaz a la gala mundial cada año, como los concursos de belleza.

Uno de los espectáculos más vistos por la audiencia mundial es la gala de la entrega de los premios Óscar, de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Allí se destacan cada año, entre otras categorías, mejor actor y actriz principales; mejor actor y actriz secundarios; o mejor director, mejor banda sonora, mejor vestuario, mejor puesta en escena, mejores efectos especiales, mejor fotografía, mejor película extranjera, mejor guion y mejor maquillaje. Se tiene en cuenta también la cantidad de recursos económicos que se han percibido por las entradas.

Algo similar se debería hacer en la gala de un concurso mundial de la corrupción, pues, al parecer, en Colombia y en una buena cantidad de países se está abriendo paso una carrera sorprendente por cuál nación es la más corrupta, cuál es la cuantía más grande que se ha detectado, como un todo e individualmente, del robo o la coima más berrionda; en un solo pago o continuado; para unos pocos o para muchos; que trascienda y continúe de un gobierno a otro o en un período gubernamental; con una reelección, varias o sin ella; en un solo proyecto de inversión o en varios; con muchas instituciones involucradas o unas pocas, en un solo contrato o con otrosí y reclamaciones; con ayuda de las instituciones de fiscalización y control o sin ella; con intermediación de los congresistas en la etapas de negociación, construcción, terminación, cierre, reclamación e investigación o sin su participación; para financiación de campañas de puestos de poder, solo para enriquecimiento individual o para ambos; en categoría grande (nacional), mediano (departamental) o pequeño (municipal) o cruzado por todas la anteriores; en licitación o en contratación directa, nacional o internacional; en asociación público-privado (APP) o solo con recursos de presupuesto; con intervención de candidato y/o presidente o a las espaldas; con participación de exgobernantes extranjeros o sin ellos; con las normas existentes, modificándolas o violándolas; con pagos de puestos y/o coimas anticipadas en el momento de la firma o con posterioridad a la salida del Gobierno; con recursos legales, ilegales o ambos y así sucesivamente.

Se podría hacer una gala municipal, otra departamental, otra nacional, una cruzada y llevar la más audaz, a la gala mundial cada año como los concursos de belleza y presentarla, de acuerdo con las categorías definas por la Amucep (Academia Mundial de la Corrupción Estatal y Privada). Por supuesto, siempre esperando ganar el primer premio en las categorías más importantes, en particular dirección, montaje, manejo, cuantía y puesta en escena de actores e instituciones públicas y privadas.

Lo que está sucediendo es la pérdida total de legitimidad y credibilidad de los gobernantes, de los dirigentes políticos, de los gerentes y presidentes de empresas, en medio del más absurdo pragmatismo por obtener resultados a como dé lugar. La corrupción fue una de las causas principales de la caída del Imperio romano y con asesinatos entre sus mismos dirigentes para obtener los más insospechados botines.

Esperemos que no se derrumbe en Colombia lo poco de legalidad e institucionalidad pública y privada que aún queda. ¿Aún queda? El actual deterioro gubernamental y legal es una amenaza para toda la sociedad. Algunos gobernantes piensan que todo se puede, que no hay límites. Eso sucedió en Venezuela y muchos países vecinos. La destrucción del aparato productivo y de las instituciones no hay necesidad de mencionarla.

JORGE BUSTAMANTE

Tomado de; El Tiempo.com

 

¿En qué país vivimos?

Lucy Nieto de Samper

Todos tenemos que contribuir a que la paz se consolide y a que este llegue a ser un país más justo.

Después de más de medio siglo de una guerra fratricida, las Farc-EP, el grupo armado más antiguo y numeroso, y el que más muertes, secuestros, tragedias y víctimas les ha causado a las familias colombianas, comenzará a entregar sus armas a Naciones Unidas. Y ya están listos los grandes contenedores en donde las armas serán depositadas, luego de ser reconocidas, certificadas y enumeradas. Y cuando esté completa la lista del arsenal depositado, el cargamento se transportará para luego fundir ese armamento. Y, una vez fundido, ese metal se aprovechará, como se ha dicho mil veces, para construir tres monumentos en homenaje a la paz.

Esa extraordinaria noticia, que necesitó 6 años de duras negociaciones en La Habana para poder convertirse en una realidad que gran parte del pueblo colombiano esperaba y celebra, no ha tenido el impacto nacional esperado. En parte, porque han sonado más las peloteras entre políticos que piensan más en sus propios intereses que en lo que le conviene y necesita el país, y en parte porque los medios de comunicación han divulgado más los problemas que se han presentado por no tener listas a tiempo las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN).

Esos problemas tenían que presentarse, pues los preparativos para acoger a los desmovilizados se suspendieron por obra y gracia del plebiscito, que le dijo no al acuerdo de paz… Y solo se reanudaron en diciembre, después de que Gobierno y Farc firmaran el Acuerdo Final. Entonces se continuó con los trabajos. Y como lo han explicado el doctor Córdoba, gerente de las zonas; el doctor Vélez, secretario de la Presidencia; el doctor Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, y el doctor Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, a toda máquina se están montando y acondicionando las 26 zonas veredales.

Y no se trata de endebles cambuches, sino de buenos vivideros, que además incluyen aulas, salones, centros de salud, etc., todos dotados de agua, luz y servicios varios. En realidad son como minipueblos, con todo lo necesario. Y completamente seguros, porque el Ejército está ahí, vigilando y protegiendo a los excombatientes. En esas zonas, el Estado está presente por primera vez. Empieza a haber país en donde nunca lo hubo.

Todo eso es lo que Colombia tiene que celebrar. En particular, que más de 6.000 milicianos hayan dejado de disparar y que el conflicto, por fin, haya terminado. Y todos tenemos que contribuir a que la paz se consolide y a que Colombia llegue a ser un país más justo, más sano, más acogedor, más visitado por los turistas y más seguro. Ponerle fin a más de medio siglo de lucha armada es una victoria que los colombianos deberían celebrar con más entusiasmo.
Los políticos

Los partidos políticos y sus jefes cada vez pesan menos en la historia nacional. Y mientras sus caudas se reducen, se multiplican los ciudadanos sin partido. Que la abstención en las votaciones democráticas llegue casi al 70 por ciento demuestra la poca importancia que tienen los partidos y la poca influencia de los jefes políticos en la masa de colombianos.

Por eso, las reformas que propuso el ministro Juan Fernando Cristo cayeron como un balde de agua fría. Unos dicen que es una capa de humo para desviar la atención del país de temas muy preocupantes y otros dicen que Cristo quiere ganar puntos para su futura campaña presidencial. Como dicen los niños, tacó burro el Ministro. Su salida en falso más bien le quito puntos. Así las cosas, ¿qué pasará en las próximas elecciones? Los votantes debemos saber elegir y saber votar. Ojalá no terminemos como en USA, con otro Trump.
LUCY NIETO DE SAMPER
[email protected]

Tomado de:El Tiempo.com

Trump acusa a Obama -sin pruebas- de escuchas telefónicas durante la campaña

(CNN Español) – El presidente Donald Trump hizo una sorprendente declaración el sábado al acusar, sin ofrecer pruebas, a su antecesor en el cargo, Barack Obama, de interceptar sus conversaciones telefónicas antes de las elecciones.

«¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama hizo que intervinieran mi teléfono en la Torre Trump justo antes de la victoria. No encontraron nada. Esto es McCarthismo!» tuiteó Trump en un grupo de mensajes muy temprano el sábado por la mañana.

Terrible! Just found out that Obama had my «wires tapped» in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!

La Casa Blanca no ofreció evidencias para respaldar la acusación de Trump ni explicó la fuente de su información.

Pero dos exfuncionarios estadounidenses de alto nivel rápidamente desestimaron las acusaciones de Trump.

«Simplemente un sinsentido», dijo uno de ellos.

Otro exfuncionario estadounidense con directo conocimiento de las investigaciones hechas por el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Obama negó cualquier investigación de ese tipo sobre Trump o que sus teléfonos hayan sido intervenidos.

«Eso no ocurrió. Es falso. Equivocado», dijo el exfuncionario, quien señaló que claramente el expresidente Obama no podría haberlo ordenado. Habría sido llevado ante un juez por investigadores, pero dijo que eso nunca ocurrió.

Un portavoz de Obama, Kevin Lewis, dijo que «cualquier sugerencia» de que Obama o algún funcionario de la Casa Blanca haya ordenado la vigilancia a Trump es «simplemente falsa».

«Una regla cardinal del gobierno de Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca interviniera en ninguna investigación independiente encabezada por el Departamento de Justicia», dijo Lewis en un comunicado. «Como parte de esa práctica, ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron nunca la vigilancia de ningún ciudadano. Cualquier sugerencia de lo contrario es simplemente falsa».

Estos tuits llegan en un momento en que el presidente Trump  está enfrentando peticiones para que su segunda elección de gabinete renuncie, luego de que se revelara que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, no había mencionado sus reuniones con el embajador ruso, Sergey Kislyak, en su audiencia de confirmación el mes pasado.

Además se dio a conocer que su yerno y asesor Jared Kushner, se reunió también -junto al exasesor Michael Flynn- con el embajador ruso.

En respuesta a Trump, el exasesor de seguridad adjunto de Obama, Ben Rhodes, tuiteó que el presidente no puede ordenar intervenciones telefónicas

«Ningún presidente puede ordenar intervenciones telefónicas. Esas restricciones se pusieron en marcha para proteger a los ciudadanos de personas como tú», dijo Rhodes en su tuit.

No President can order a wiretap. Those restrictions were put in place to protect citizens from people like you. https://twitter.com/realdonaldtrump/status/837989835818287106 

Colombia: comienzo de las operaciones humanitarias para la salida de menores de edad de las Zonas Veredales

 


Bogotá – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que ya está en marcha la primera operación humanitaria del año 2017 en las que los menores de edad saldrán de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.


Estas nuevas operaciones son resultado de las reuniones celebradas en las últimas semanas entre representantes del Gobierno colombiano y de las FARC-EP. Se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país, y en ellas participarán varias organizaciones sociales designadas a fin de preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior.

Personal médico del CICR se encargará de verificar que el estado de salud de los adolescentes sea adecuado para su traslado al lugar donde los recibirá el equipo de UNICEF que operará el lugar transitorio de acogida, un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los representantes del Consejo Nacional de Reincorporación. De ser necesario, el CICR también ofrecerá ayuda a los menores de edad para restablecer el contacto con sus familiares. Tras estas operaciones, los menores de edad podrán seguir adelante con el proceso de reincorporación.

A pesar del comprensible interés en este proceso mostrado por la sociedad colombiana en general y por los medios de comunicación en particular, el CICR pide encarecidamente que se respeten las medidas tomadas para preservar la identidad de los menores de edad y recuerda que la discreción es un factor clave para el éxito de este tipo de operaciones humanitarias, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran a menores de 18 años.

El CICR participa en este tipo de acciones humanitarias en Colombia gracias al diálogo confidencial que mantiene con las distintas partes, así como a la aceptación y al reconocimiento de su papel de intermediario neutral. La Institución reitera su disposición a continuar prestando sus buenos oficios en estas operaciones.

Tomado de: https://www.icrc.org

Taxis eléctricos se quedan sin energía y sin respaldo

Un proyecto piloto que prometía cambiarle la cara al servicio de taxis de Bogotá está a punto de hacer quebrar a más de 50 propietarios de la ciudad. Taxistas preparan una demanda en contra del Distrito por lo que califican como “un proyecto que nació muerto”.

Por: Jairo Cárdenas / @Jairo_Cardenas7

Cincuenta conductores de Bogotá se la jugaron en 2013 por un proyecto piloto de la administración Petro: el servicio de taxis eléctricos. Cuatro años después están a punto de perderlo todo. Su inversión se quedó sin respaldo por la supuesta falta de compromiso de la actual administración y la desvinculación de las empresas privadas que, en su momento, le apostaron a este servicio en la capital. (Lea: 2.000 taxis de gasolina serán remplazados por vehículos eléctricos en Bogotá)

En teoría, el proyecto de impulsar el uso de energías limpias en el servicio público de transporte de la ciudad pintaba bien. Los que se sumaran tendrían 10 años de licencia para rodar sin pagar el famoso cupo que cobran las empresas de taxis, estarían libres de la medida de Pico y Placa, recibirían durante un año un pago mensual de $900.000 por publicidad voz a voz y contarían con el apoyo de la Alcaldía, la Secretaría del Medio Ambiente, Codensa y Praco Didacol, entre otros. El plan era tan atractivo que esperaban tener en tres años 600 taxis eléctricos rodando en la ciudad.

Sin embargo, desde el inicio se presentaron falencias que marcaron el camino hacia el fracaso en el modelo de negocio y en la operación de estos taxis, que hoy se traducen en una cifra: el plan se quedó estancado y sólo hay 43 vehículos prestando el servicio. El número podría disminuir en los próximos años si nadie salva el proyecto.

Según explica Pablo Bogolla, uno de los propietarios, la prueba piloto contó al comienzo con el respaldo del Distrito. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, los canales de comunicación se fueron diluyendo hasta el punto en que los taxistas tuvieron que afrontar solos una serie de problemas que hoy nadie les ayuda a resolver.

“Nosotros invertimos con la esperanza de ser parte del cambio de la ciudad. Muchos vendimos nuestros carros para poder conseguir los $97 millones que costaba el eléctrico y hoy estamos cerca de quedar en la ruina, porque Bogotá no tiene la infraestructura necesaria para atender este tipo de vehículos y nadie en la Alcaldía nos da la cara”, dice Bogolla.

A pesar de que la administración Petro trató de darle un último impulso al proyecto, al firmar el 30 de diciembre de 2015 (un día antes de terminar su mandato) un decreto que obligaba a que la reposición de taxis fuera por vehículos de cero emisiones contaminantes (como los eléctricos), la administración de Enrique Peñalosa lo derogó el pasado 27 de diciembre, por considerar que la ciudad no tenía la capacidad para este cambio. “Era un decreto muy iluso (…). Los taxis eléctricos por ahora no se pueden masificar”, indicó Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad.

Y al parecer tiene razón. Según los propietarios de taxis eléctricos, la empresa BYD (que vendió los vehículos para el plan piloto) tiene un deficiente servicio posventa. La falta de repuestos y las demoras de importación han obligado a algunos taxistas a parar por varios meses sin tener ninguna entrada económica, mientras deben seguir cumpliendo con sus obligaciones bancarias. A esto se suma que la evolución de la tecnología de energía eléctrica para carros también ha aumentado los costos de refacción de los taxis entregados en el 2013, pues las averías de ciertos componentes obligan a hacer grandes cambios en todo el sistema.

Ante esta situación, el gobierno de China, como parte de su estrategia de expansión económica y de cooperación en Colombia, plantea continuar promoviendo el uso de vehículos eléctricos para servicio público a través de las marcas que tienen presencia en el país. La embajada anunció que trabajaría para mejorar los servicios posventa y cubrir la demanda de repuestos. Sin embargo, esto es apenas un plan en el papel.

Otra preocupación de los propietarios de taxis eléctricos es el posible cierre de las estaciones de recarga, situación que dejaría varados a los 43 vehículos que aún prestan el servicio. La inquietud surge tras el anuncio de Codensa de clausurar el próximo 15 de marzo una de las cinco estaciones que tiene actualmente operando, con capacidad para atender 300 taxis al día.

Sobre este temor, si bien Codensa confirmó el cierre por temas logísticos, aclaró que las otras continuarán operando y garantizando el suministro de energía. Y agregó que seguirá vinculada al proyecto, pero no instalará nuevos puntos hasta que crezca la demanda en la ciudad, pues con las estaciones actuales la cubre por completo.

Preocupados por la situación, los taxistas anunciaron que demandarán al Distrito, por considerar que haber abandonado el proyecto les genera perjuicios irreparables. La idea, explican, es presionar a la administración para retomar el proceso de recambio de los vehículos, crear mesas de trabajo o garantizar el futuro de sus familias con una indemnización.
Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá (Asoprotax), indicó que ya han establecido contacto con varios asesores legales. “Este es un proyecto que nació muerto. La idea era que creciera y le cambiara la cara a la movilidad de Bogotá, pero sólo les está cambiando la vida, para mal, a nuestros compañeros”.

Frente a todas estas inquietudes, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, indicó que esta administración sí ha buscado estrategias para promover el uso de energías limpias en el servicio público de pasajeros, pero que no se pueden concentrar todos los esfuerzos en privilegiar una sola tecnología, cuando existen otras que también compiten en el mercado.

En este panorama, queda claro que el proyecto que buscaba cambiarle en parte la cara al servicio de taxis en la ciudad, por ahora se está quedando sin energía y sin respaldo en Bogotá.

Tomado de: elespectador.com 
Hermanos de Rafael Uribe Noguera deberán responder por ocultamiento de pruebas

La Fiscalía General citó a nueva imputación de cargos a Francisco y Catalina Uribe Noguera.

Por: Redacción Judicial 

Para el próximo 15 de marzo la Fiscalía General citó a una nueva audiencia de imputación de cargos a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera por presutamente haber ocultado elementos materiales probatorios tras el secuestro y posterior asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, de siete años, en hechos registrados el pasado 4 de diciembre. (LEER: ¿Y los hermanos de Rafael Uribe Noguera qué?)

El ente investigador consideró que existen pruebas suficientes para procesar a los hermanos de Rafael Uribe Noguera por el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. La decisión la tomó basada en la nueva evidencia recaudada, gracias a los dictámenes derivados de la asistencia judicial provista por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. De acuerdo con el Código Penal, el nuevo delito contempla una pena que está entre los 4 y los 12 años de prisión, por lo que la Fiscalía esta vez podría solicitar que los envíen a la cárcel.

Los Uribe Noguera ya enfrentan un proceso penal por el delito de favorecimiento en secuestro, ya que supestamente sabían que su hermano había secuestrado a la niña y, pese a esto, no les dieron aviso a tiempo a las autoridades. En la diligencia judicial que se adelantó el pasado 29 de diciembre a puerta cerrada, el ente investigador explicó que los dos imputados incurrieron en incongruencias en el relato que dieron frente a los hechos que rodearon el secuestro, homicidio y manipulación de la escena del crimen en el caso de la niña Yuliana Samboní. (Lea: Las dudas sobre la versión de los hermanos Uribe Noguera)

La fiscal del caso reveló que los hermanos Uribe Noguera no le avisaron a tiempo a las autoridades sobre la ubicación de la niña de siete años. En este sentido aseguró que si se revisan los registros de llamadas y sus declaraciones se puede inferir que Francisco Uribe Noguera únicamente le avisó al Gaula y a la Policía que la menor de edad se encontraba en el edificio Equus 66 cuando llegó a la Clínica Navarra para internar a su hermano.

Durante cuatro horas, pese a que tenía conocimiento, no le dio la información exacta a las autoridades quienes ya lo habían contactados. De estas actividades también tuvo conocimiento directo Catalina Uribe Noguera quien llegó al edificio ubicado en el sector de Chapinero Alto. La niña fue encontrada en el jacuzzi en la noche del 4 de diciembre por las autoridades con signos de tortura. (LEA: Fiscalía imputará cargos a los hermanos de Rafael Uribe Noguera)

Las pruebas recolectadas permiten inferir que Francisco encontró en la camioneta de su hermano el zapato de la niña y no le informó a las autoridades. Igualmente no hicieron nada cuando encontró a su hermano en el apartamento 603 del edificio Equus 66, lugar al que fue trasladada la niña y donde fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera.

Un juez de control de garantías emitió una restricción a los ahora procesados para salir del país. Los Uribe Noguera se han declarado inocentes asegurando que siempre estuvieron dispuestos a colaborar con las autoridades en la investigación. Rafael Uribe Noguera, quien se encuentra privado en la cárcel La Picota, ya aceptó su participación en los delitos de feminicidio agravado, secuestro agravado y acceso carnal abusivo. El próximo 29 de marzo se conocerá el monto de la condena. 

Vale recordar que los hermanos Uribe Noguera, al parecer, tenían intenciones de salir del país, luego de conocer la existencia de una investigación en su contra por por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio de la niña Samboní. Esta acción generó que la Embajada de los Estados Unidos les cancelara su visa, impidiéndoles salir del pais rumbo a Miami, donde tenían planeadas las vacaciones de fin de año.

Tomado de: elespectador.com 
Centro Democrático designa comisión para exponer en EE.UU. “injusticias” en caso Arias

Además el partido político citará a debate de control político a la canciller María Ángela Holguín para abordar la aplicabilidad de un Tratado de Extradición con el país norteamericano.

Por: Redacción Politíca

El partido del Centro Democrático designó una comisión de congresistas para que viajen a Estados Unidos y expongan las “injusticias” que, según ellos, han ocurrido en el caso del exministro Andrés Felipe Arias condenado a 17 años de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación y responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). (Lea: Fiscalía de EE.UU. solicitó la captura de Andrés Felipe Arias)

“El Centro Democrático eleva su voz de protesta por las reiteradas injusticias cometidas en el proceso judicial seguido a Andrés Felipe Arias y rechaza las acciones del gobierno de Juan Manuel Santos para evitar el asilo que adelanta ante el Gobierno de los Estados Unidos”, expresó el partido a través de un comunicado.

La delegación estará conformada por los senadores Jaime Amín, Alfredo Ramos y Daniel Cabrales, y los representantes a la Cámara: María Fernanda Cabal, Pierre García y Ciro Ramírez, quienes se pondrán en contacto con congresistas de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con la administración del presidente Donald Trump y con la delegación de Naciones Unidas en Colombia, para hacer visible las injusticias cometidas contra Andrés Felipe Arias y otros de sus compañeros, supuestamente perseguidos por el Gobierno Santos.

Además informan que citarán a un debate de control político en la plenaria del Senado a la canciller María Ángela Holguín, al vicecanciller de Asuntos Multilaterales y a la directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, “para que expliquen las razones de una posible falsedad ideológica en documento público y prevaricato al haber proyectado, firmado y aprobado, mediante nota diplomática, la certificación de aplicabilidad de un Tratado de Extradición inaplicable, tal como consta en pruebas en manos del partido”.

Consideran que al exministro se le ha violado el derecho al debido proceso y los fundamentos que rigen la institución de asilo en los Estados Unidos, al no permitir que se declarara un perseguido político y demostrará las pruebas para sus denuncias.

A comienzos de esta semana el fiscal General de La Florida (Estados Unidos) solicitó formalmente la captura del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, al considerar que existe un riesgo de fuga. (Lea: Andrés F. Arias recurre a Corte de apelaciones en Atlanta para frenar su extradición)

Arias ya había estado detenido desde el 24 de agosto de 2016 hasta el 17 de noviembre del mismo año, cuando el juez John O’Sullivan le concedió la libertad bajo fianza. Medida que según la defensa de Arias, su cliente ha cumplido «sin problemas».

Tomado de: elespectador.com 
Las dudas sobre las armas de las Farc

Es difícil pensar en una relación uno a uno entre guerrillero y fusil o pistola. Inteligencia militar habla de que tendrían 45.000 armas de todo tipo. 

Por: HUGO GARCÍA SEGURA

De acuerdo con lo que han dicho varios de los jefes de las Farc en declaraciones públicas durante los últimos días, sólo al final del proceso de dejación de armas —que se inició el pasado miércoles y deberá estar concluyendo a comienzos de junio próximo— se tendrá una cifra concreta sobre el material de guerra que estaba en su poder. “Ese tema no es tan importante (…) el país va a conocer las cifras completas cuando culmine el proceso de dejación. Lo importante es que nosotros ya emprendimos un camino y no vamos a echar marcha atrás. Las Farc tienen un compromiso, así como esperamos que el Gobierno cumpla el suyo”, dijo Iván Márquez, segundo del Secretariado, en entrevista con W Radio.

Eso sí, en cada declaración, los comandantes guerrilleros dejan claro que de lo que se trata es de “dejación” y no de “entrega”, una discusión retórica que ya se dio durante las negociaciones en La Habana y que tiene que ver con el concepto de que las Farc no fueron derrotadas militarmente por el Estado y de lo que se trata es de un acuerdo en el que cada una de las partes cedió un poco. Es decir, ni vencedores ni vencidos. De ahí que el mismo Márquez haya aclarado que no habrá fotos ni videos del momento de dejación de armas: “No queremos que las imágenes o las fotos hagan pensar en la lucha que queremos dejar. Pensamos que ya llegó el momento de decirle adiós a las armas, creo que nada más debe satisfacer tanto a los colombianos que esta decisión”.

La incertidumbre que existe sobre cuántas armas tiene la guerrilla y si en realidad las van a entregar todas genera escepticismo en la ciudadanía, tal y como quedó reflejado en la encuesta Gallup Poll de febrero, donde una mayoría no cree que se vaya a cumplir con lo pactado. Un escenario que da para pronunciamientos como el de la representante a la Cámara del Centro Democrático Tatiana Cabello, quien exigió que esa dejación se haga de cara al país. “Todos los colombianos tenemos derecho a saber qué armas se están entregando, si corresponden en cantidad y qué tipo de manejo se les va a dar. El Gobierno, las Farc y la Misión de Naciones Unidas están en la obligación de mostrarle a toda la opinión pública el paso a paso de este proceso”, insistió.

Informes de inteligencia militar han dicho que las Farc tienen en su poder no menos de 45.000 armas de todo tipo, entre ellas más de 30.000 largas (fusiles y ametralladoras), entre 15.000 y 20.000 cortas (pistolas), además de las armas no convencionales, como los llamados cilindros bomba o tatucos, granadas de mano y otro tipo de explosivos. Inteligencia militar habla también de fusiles y ametralladoras de todos los calibres, siendo los más comunes los AK-47, AKM, M-4, M-16, R-15 y PKM”, que probablemente no están en buen estado. Por otra parte, se ha dicho que se van a desmovilizar cerca de 7.000 guerrilleros, pero es difícil pensar en una relación uno a uno en cuanto al armamento en cuestión, además porque el tema de los milicianos y redes de apoyo aún está por resolverse. Iván Márquez ha hablado igualmente de caletas en la selva que hay ubicar. En conclusión, muchas dudas que sería bueno resolver más temprano que tarde en aras de la credibilidad del proceso.

Tomado de: elespectador.com