Las investigadoras sociales Marta Inés Villa y Luz Amparo Sánchez, de la Corporación Región de Medellín, hablan sobre los desplazamientos masivos que se presentaron antes y después de la Operación Orión sobre la Comuna 13 en 2002, cuando además de otras violaciones al derecho internacional, hubo alianzas oficiales con grupos paramilitares.
¿Cuáles actividades desarrollaban las mujeres de la Comuna 13 cuya protección y reparación ordena a Colombia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violencia oficial ejercida contra ellas en la intervención militar conocida como Operación Orión en 2002?
Las líderes de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), como se llama la organización que ellas impulsaron, llegaron a la Comuna 13 de Medellín como tantos otros habitantes a levantar sus ranchos. Poco a poco se involucraron en tareas básicas como la consecución de agua, la construcción de escalas con el fin de crear caminos de acceso a sus viviendas, etc. Llegaron a ser reconocidas públicamente cuando se constituyeron en el alma del Plan de Desarrollo Local y de programas de capacitación y de activismo social todo lo cual impactó positivamente la vida comunitaria. Pero su presencia se redujo de manera notable como consecuencia de la violencia ejercida contra ellas por las fuerzas legales e ilegales durante la Operación Orión y otras similares, lo cual les causó temor a la estigmatización, al desplazamiento y a los conflictos y tensiones familiares.
¿Por qué aparecieron las “tensiones familiares”?
Porque además de la violencia externa, ellas sufrieron presiones de sus familias y de las organizaciones en que participaban cuando empezaron a culparlas de la situación por la que estaban pasando.
Significa que padecieron victimización de varios lados. ¿Esas lideresas recuperaron la “cotidianidad” de sus vidas?
No. En un contacto reciente con dos de ellas se evidenciaron las marcas que dejó en sus vidas el desplazamiento y que aún persisten. Una de ellas no pudo volver nunca a la casa que construyó con el sueño de pasar ahí el resto de su existencia y de dejarla de herencia a sus nietos; no puede, tampoco, ejercer el liderazgo que tenía en la comunidad. Otra de ellas, aunque volvió, no ha podido sanar las heridas y actualmente se dedica a recuperar la memoria de lo que pasó, lo cual significa que, en buena parte, está reelaborando los daños y las pérdidas que sufrió. En términos generales, se puede decir que el miedo permanece en la Comuna 13 y que la calma que se vivía en sus vecindarios nunca volvió del todo.
Pero no se puede afirmar que la Comuna 13 fuera un paraíso. Además de los esfuerzos de grupos civiles como estas mujeres, también se debe recordar que había presencia de grupos criminales y que era necesaria la intervención del Estado.
Era y es necesaria la presencia del Estado, pero en su función reguladora del orden, de protección y de intervención para satisfacer las necesidades de la población. Fue la ausencia del Estado la que condujo, entre otros factores, al hecho de que algunas mujeres se convirtieran en lideresas e intentaran suplir sus necesidades por ellas mismas y por sus familias. Resulta paradójico que cuando el Estado decidiera intervenir militarmente las laderas de Medellín, destruyera, junto con algunas de las actividades ilegales, las iniciativas comunitarias de organización y que, además, victimizara a sus líderes que, en el caso de las mujeres de AMI, habían logrado ser integradoras sociales.
En la Operación Orión, ¿las mujeres fueron blanco específico de la intervención militar y paramilitar más que los hombres armados?
Más que de acción específica de persecución por razones de género, ese fenómeno existió, pero se debió a que ellas se hicieron visibles con su acción comunitaria. Hay que resaltar que las mujeres soportan el impacto de la violencia de manera más prolongada que los hombres, porque éstos mueren temprano y ellas quedan al frente de sus hogares enfrentando su sostenimiento en condiciones de desplazamiento, de ausencia de afectos y de amistades, y de discordia familiar por la situación generada y las culpas que les adjudicaron sus parientes.
¿Las responsabilidades sobre lo que pasó en la Comuna 13 son compartidas, y en qué medida por los grupos armados legales e ilegales?
Son compartidas, pero en primer lugar le cabe responsabilidad al Estado, porque no protegió a la población frente a los desmanes y múltiples formas de victimización a las que guerrillas, milicias y paramilitares la sometieron, así como porque se extralimitó en el uso de la fuerza en las operaciones militares en que se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de los derechos de la gente. En segundo lugar, las milicias que se identificaban con las guerrillas y que ejercieron control territorial durante más de 10 años restringiendo la circulación, amenazando a los líderes, permeando los espacios comunitarios y propiciando la estigmatización de los habitantes, lo que a su vez sirvió de justificación a los paramilitares y a la Fuerza Pública para ejecutar sus operativos. En tercer lugar, los paramilitares que crearon un ambiente de zozobra y terror, torturaron, desaparecieron, asesinaron y produjeron un gran desplazamiento masivo.
Los defensores de este tipo de operaciones han sostenido que bajo el ropaje de los civiles de las comunas se escondían auxiliares de la guerrilla. ¿Cómo distinguieron ustedes entre un ciudadano común y un colaborador de un grupo ilegal?
Es claro que la prolongación y magnitud del conflicto armado se debe, entre otras razones, a que la sociedad ha cohonestado las prácticas, intereses y lógicas de los grupos armados. Y aquí caben pobladores, financiadores, políticos e instituciones. Pero existen diferencias en el tipo de dominio de los actores armados. Cuando, como en el caso de la Comuna 13, hay asiento de grupos armados y su poder es hegemónico o en disputa, encontramos muchas posibilidades de relación entre unos y otros. Y también a muchos más que resistieron con acciones de solidaridad entre ellos mismos o con denuncias respaldadas por organizaciones de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo. Pero lo que hay que resaltar es que esa población, ubicada a tan sólo 20 minutos del centro administrativo La Alpujarra, estuvo sometida por décadas a esos poderes ilegales sin ninguna protección del Estado.
La condena internacional se da después de 14 años de que el Estado no sancionara a los responsables de la Operación Orión. Según sus conclusiones, ¿esto se debe a la protección institucional a los agentes que participaron en ella y que no han sido ni condenados ni absueltos?
Parece que ha habido un patrón sistemático de impunidad. No sólo se trata de incapacidad de la Fiscalía para procesar los múltiples delitos que se cometieron durante esa operación militar, sino que hay ausencia de voluntad política y de decisión judicial que ha impedido que se esclarezcan las responsabilidades de todos en la alianza ilegal que se dio entre sectores de la Fuerza Pública y los sectores económicos y políticos con los grupos paramilitares. El general (r)) de la Policía Leonardo Gallego fue destituido por la Procuraduría por no proteger a los civiles en esa operación. Pero la Fiscalía abrió investigaciones desde hace 10 años contra los generales Mario Montoya (Ejército) y Leonardo Gallego por la presunta colaboración oficial con paramilitares y no ha avanzado en ninguna.
El fotógrafo Jesús Abad Colorado captó una imagen de la época que evidencia la coparticipación, con patrullas del Ejército, de los paramilitares: se ve a un encapuchado vestido con prendas militares y sin identificación dirigiendo a los soldados regulares. ¿Cuánta importancia tiene ese testimonio visual?
La trayectoria y producción de Jesús Abad Colorado como fotógrafo ha revelado, de una manera contundente, las múltiples caras del conflicto armado en Colombia, y esa foto, que sirve para ilustrar uno de esos capítulos, es demostrativa de lo que pasó en el marco de la Operación Orión. Sin embargo, para establecer la verdad, es indispensable que avancen los procesos judiciales.
¿Cuándo se han dado los picos más altos de desplazamiento forzado en Colombia?
Para el caso de este informe, Desplazamiento Forzado Intraurbano, y según documentos de la Unidad de Víctimas de Medellín, los años más álgidos de desplazamiento fueron 2002, 2005 y 2011. En este último período la ciudad expulsó a más de 13 mil personas, el pico más alto de la época reciente. A partir de 2012 el desplazamiento de personas en Medellín ha venido en descenso, lo que es altamente positivo, pues implica avances sustanciales en la protección de derechos. Para 2015 se presentó un descenso significativo del 59 %. El último desplazamiento sucedió en 2013 en el barrio Nuevos Conquistadores, precisamente en la Comuna 13 San Javier. En 2016 apareció una disminución del desplazamiento forzado intraurbano de 55 % y claramente la comuna más “expulsora” sigue siendo la 13.
¿Cuáles efectos ha tenido el proceso de paz en la situación de los delitos de guerra?
Tal y como se ha señalado en varios informes, uno de los mayores impactos positivos del proceso de paz es la disminución de todas las formas de victimización, como los asesinatos, los daños por minas antipersonales, el secuestro y el desplazamiento forzado en las zonas en donde hay presencia de las Farc. No obstante, en las ciudades los fenómenos de violencia urbana siguen siendo causa de desplazamiento, lo cual induce a preguntar por el impacto del proceso de paz en los contextos urbanos.
¿Hay reactivación del paramilitarismo en el país?
La denominación de bacrim (bandas criminales) o más recientemente de grupos armados organizados es una manera de llamar a estas nuevas agrupaciones diferenciándolas del paramilitarismo que presuntamente se desmovilizó de manera integral en el proceso que terminó en 2008. Naciones Unidas ha decidido llamarlos grupos surgidos tras el proceso de desmovilización, reconociendo cambios, pero también continuidades en su composición, formas de actuar, propósitos y relaciones con sectores institucionales. Hay que indagar, por ejemplo, cómo articula esta realidad con los asesinatos de reclamantes de tierras, políticos de izquierda y defensores de derechos humanos, y cuál puede ser su papel de cara a la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Los paramilitares que acordaron con el gobierno Uribe su desmovilización y que estaban asentados en la Comuna 13, ¿se desactivaron o permanecieron allí armados y dominantes, y por cuánto tiempo más después de que los guerrilleros fueron sacados por la Fuerza Pública en la Operación Orión?
La desmovilización paramilitar ocurrió en dos momentos en Medellín: El bloque Cacique Nutibara lo hizo el 25 de noviembre de 2003 y el Héroes de Granada, el 1° de agosto de 2005. En la Comuna 13, como en buena parte de la ciudad, los desmovilizados continuaron ejecutando acciones criminales y de control de población y territorial, como lo demuestran tanto el Informe de Amnistía Internacional de 2005 como los reportes anuales de la Personería de Medellín, de 2005 a 2009. También quedó en evidencia con el asesinato de Antonio López, alias Job, en julio de 2008, y con la apertura de procesos judiciales a integrantes de la denominada Corporación Democracia, creada por los paramilitares. Esta permanencia de tales grupos mutó con el tiempo y desde 2013 hay presencia de organizaciones derivadas de las anteriores y hoy vinculadas a la Oficina de Envigado y a la banda de los Urabeños.
Tomado de: El Espectador.com
