Foto: Bloomberg
Los recientes hechos de violencia, en los que resultó incinerado un vehículo particular por parte de un grupo de taxistas, empiezan a mover cables dentro del Congreso para que el uso de estas plataformas no sea ilegal en Colombia.
La pelea es entre legales e ilegales. Entre taxistas que, en su mayoría, han pagado un cupo y tienen todo en regla, pero sobre los que pesan las quejas de miles de usuarios que exigen un mejor servicio, contra otros miles de ciudadanos que, viendo una oportunidad económica, utilizan sus vehículos para prestar un servicio de transporte que es preferido por quienes no soportan ni los abusos ni la indisponibilidad de muchos del gremio de los amarillos.
Una disputa, además, motivada por la ausencia de una legislación clara que defina quién y de qué manera puede operar bajo este tipo de tecnología en el territorio nacional.
El caso más reciente, protagonizado por algunos taxistas, fue la aterradora escena en la que un vehículo particular fue rociado con gasolina y prendido a fuego en la madrugada del martes, en el noroccidente de Bogotá. Un ataque directo contra quien ha señalado en diferentes emisoras, bajo un pseudónimo, que no era conductor de Uber —una de las plataformas que ha sido declarada por varios miembros del gremio de taxistas casi como un ‘objetivo militar’—, sin embargo, la empresa aún no ha determinado la veracidad de la información.
Lo ocurrido fue el aumento sorpresivo de presión de una olla que está a punto de explotar y parte de un problema en el que las autoridades parecen no querer meter las manos, pero por el que ya se están moviendo cables al interior del Congreso bajo una premisa concreta: los usuarios exigen un mejor servicio y parecen están conformes al usar las plataformas digitales de servicios de transporte. Las prefieren para ahorrarse el disgusto de utilizar un taxi.
No en vano, las inconformidades de la ciudadanía quedaron contempladas en la exposición de motivos de un proyecto de ley de origen popular que fue radicado el 22 de noviembre de 2016, en donde se considera al servicio de taxis actual como uno de los modelos tradicionales “que se han impuesto y han seguido impulsando monopolios que no evidencian una preocupación por la prestación de un buen servicio, han afectado profundamente ciudades y la calidad de vida de las personas”.
Señalan también que la crisis en la que ha caído este servicio y la incapacidad de modernizarse y satisfacer las necesidades de los usuarios son, precisamente, los factores que le han abierto el espacio en el mercado nacional a las propuestas tecnológicas que simplifican la conexión entre clientes y prestadores de servicios.
Es así como, a menos de un día de haber sucedido el hecho de violencia desmedida, desde el Congreso se empiezan a unir fuerzas para preparar un proyecto de ley no para regular el servicio de transporte de lujo, como lo ha hecho nebulosamente el Gobierno, sino para reglamentar de una vez por todas las plataformas como Uber y Cabify, que funcionan a través de una tecnología que no tiene planes de volver atrás. Precisamente, esta última lanzó el pasado lunes su servicio con vehículos particulares, convirtiéndose en otro dolor de cabeza para los taxistas y a la vez en el competidor más directo de Uber.
El senador liberal Mario Fernández Alcocer es la cabeza de un proyecto de ley para que sea reglamentada la utilización de este tipo de aplicaciones en el país, sin embargo, espera que sea el mismo Ministerio de Transporte quien abra el espacio y dé el primer pasado para que estas tecnologías no tenga trabas legales para su uso en la movilidad. Una iniciativa que no es nueva, que ya estaba siendo planeada desde legislaturas pasadas, pero que por falta de tiempos no pudo ser discutida en el Congreso.
Según Fernández, tampoco hay mucho ánimo por parte del Mintransporte en tratar el tema, pero señaló que se hará lo posible desde la Comisión Sexta del Senado para ir acorde a lo que quiere los ciudadanos: “Un servicio de mejor calidad, más respetuoso, un mejor comportamiento por parte de los taxis y quienes prestes el servicio público de transporte en la ciudad”. Incluso, la idea de la implementación legal de avances tecnológicos como Uber ha tenido la venia en varias ocasiones de David Luna, ministro de las TIC.
Una iniciativa similar fue radicada en el Congreso por el senador Andrés García Zuccardi, quien advirtió que si el gremio de taxistas no se modernizaba iba a desaparecer como hoy se conoce y que al tiempo criticó que el Gobierno hubiese regulado el transporte de lujo, pero no el uso de las tecnologías para tal fin.
El campo para la lucha política se empieza a despejar, sin desconocer que también se están enfrentando a uno de los gremios más poderosos del país, que también presenta argumentos razonables para oponerse al funcionamiento de este tipo de aplicaciones, pero que bajo ningún motivo puede ser la justificación para la utilización de la violencia ni para atentar contra la vida de otras personas.
En el Congreso hay resistencia y varios senadores apoyan la causa amarilla. Jorge Robledo, senador y precandidato presidencial por el Polo Democrático, por ejemplo, ha buscado ante la Superintendencia de Sociedades el cierre de Uber, específicamente, para que esta no siga violando la ley y le ha exigido al Gobierno que encuentre soluciones dentro de la norma que tenga en cuenta a usuarios, taxistas y propietarios de taxis.
Los movimientos en contra de estas plataformas también han venido por parte del Estado. El 19 de diciembre de 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte informó sobre la sanción en contra de Uber por valor de $344’727.000 “por incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de la prestación de servicios de transporte no autorizados en Colombia”.
Según el ente regulador, la plataforma podría exponerse a nuevas sanciones si no cesa la promoción de “servicios de transporte no autorizados en Colombia”, pero lo que se ve, al menos en lo que a publicidad en redes sociales y medios electrónicos se refiere, no está encaminado por ese lado.
La disputa por la regulación de este tipo de plataformas, y de la que hoy hace parte Colombia también, ya ha tocado otros países en los que se han presentado hechos similares y un rechazo fuerte y sin intenciones de negociación por parte de los taxistas. Fue así en Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México, París, Madrid o Barcelona.
En Colombia, Uber funciona en 18 ciudades y su competidor, Cabify, con un poco más de un año operando en el territorio nacional, ya está en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, y hasta octubre de 2016 ya había recorrido, en operaciones, 2,4 millones de kilómetros en el país.
La realidad hoy es que el servicio de transporte que presta este tipo de plataformas en Colombia es ilegal, o está medianamente regulado, lo que aún da pie para un rosario de interpretaciones que dejan a los usuarios en medio de una batalla en donde la única ley que parece imperar es la de la selva, en la que gana el más fuerte.
Tomado de: Elespectador.com
