NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB
El llamado turismo sexual es una de las varias modalidades que se desprenden de esta actividad y que desde hace décadas crece y se expande como la yerba por diferentes regiones del mundo. Un estudio de la Organización Internacional de Migraciones, conocido a comienzos del año pasado, revela que un 20 por ciento de individuos contempla la aventura de sexo como principal motivación de viaje y -por lo menos- el 5 por ciento tiene en la mira una intención pedófila.
En la mayoría de países de Occidente y Asia, salvo en naciones de cultura musulmana donde se le penaliza con fuertes sanciones, la prostitución se ejerce legal –incluso regulada en algunas legislaciones- o clandestinamente. De percibirse como industria delictiva, como la consideran algunos gobiernos, sería la tercera más rentable en esta modalidad, después del tráfico de drogas y de armas. Las utilidades que deja en los bolsillos de quienes en América Latina se lucran de ella pueden alcanzar los US$30 mil millones al año.
Colombia no es ajena a la tendencia. Varios son los casos en que operadores informales, algunos desde el exterior, ofrecen ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín dentro de sus paquetes de affaires sexuales, que incluyen rumba, droga y sexo. En la Ciudad de la Eterna Primavera, bajo la sombras de las clandestinidad, se recurre a la oferta de planes turísticos que tienen como ingrediente principal el acompañamiento de mujeres dispuestas a prestar servicios privados.
Lo aberrante de la actividad, sin embargo, es el comercio ilícito que se teje alrededor de menores de edad. En el país su principal epicentro se enfoca en la hermosa ciudad amurallada, y sus víctimas preferencialmente son jóvenes entre doce y diecisiete años. Problema que de tiempo atrás viene in crescendo y se convierte en papa caliente para sus autoridades, que han priorizado el combate con campañas de prevención, sin muchos controles legales y policiales, quizás consecuencia de la epidemia de interinidad que en la última década sufre su alcaldía, y de ese histórico mal que la devora, como es la corrupción.
Es tal la gravedad de lo que sucede en Cartagena que un medio local denunció la existencia de un “Tour de la violación”, noticia que hizo saltar al procurador general, Fernando Carrillo, quien convocó a los estamentos públicos y sociales y a los organismos internacionales para que se aborde la situación con rapidez, atención y seriedad. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no solo en Colombia sino en otros países, entró en el oscuro juego de los intereses de organizaciones criminales y se suma a la poderosa cadena delictiva del narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas.
El 60 por ciento de las intervenciones de la Procuraduría en el departamento de Bolívar se ocupa de delitos sexuales, buena parte de ellos cometidos contra menores, y de los 35 mil procesos de explotación infantil en el país, según la Unicef, dos mil radican en La Heroica. Sin embargo, es incalculable el subregistro de casos, bien sea por sumisa aceptación, temor o vergüenza de las víctimas, o por lo que el alcalde (e), Sergio Londoño, califica como el “carrusel doloroso de la denuncia”.
La preocupante situación de Cartagena visibiliza el profundo drama social que vive buena parte de su población, abonado por la pobreza y las necesidades insatisfechas. A ese caldo de cultivo se agrega la interinidad, la debilidad institucional, la corrupción y la complicidad de establecimientos comerciales que guardan silencio frente a las actitudes de algunos turistas.
Suenan las alarmas. El desequilibrio social, el poder económico de bandas criminales y de ciertos visitantes y la complicidad de familiares que estimulan el lucro infantil en su propio beneficio, son ejes centrales del problema. El remedio debe contener entonces un compuesto de inversión social, articulación multisectorial, solidaridad civil, guerra contra el dinero que alimenta el negocio y una política pública de prevención y sanción contra los explotadores de menores.
Ojalá que el llamado de la Procuraduría no sea flor de un día y despierte la toma de conciencia. La apuesta debe ser el blindaje a la niñez, sobre todo en este macondiano universo caribeño de cándidas Eréndiras y turistas desalmados.
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Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.