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En realidad nunca hubo muchas posibilidades de que el uribismo y las Farc pudieran llegar a un texto del acuerdo de paz aceptable para las dos partes. Los puntos que el Sí y el No consideraban inamovibles eran los mismos, pero en direcciones diametralmente opuestas.

Tres temas constituían la columna vertebral del acuerdo para las Farc: penas leves, elegibilidad política y blindaje a través de la Constitución. Para el uribismo y los del No, al contrario, las exigencias eran penas más severas, elegibilidad solo después de cumplida la condena y blindaje sin manipulación de la Carta. Llegar a un consenso sobre esos tres puntos hubiera sido muy difícil.

Sin embargo, un cuarto elemento en el fondo lo hacía imposible. Como la verdad se convirtió en uno de los ejes del proceso, las Farc aspiran a que se reconozca que la guerrilla no es la única responsable del conflicto, sino que todos los sectores de la sociedad en alguna forma comparten ese pecado. Para aplicar este criterio fue creada la justicia transicional. Esta hará pasar al banquillo no solo a los guerrilleros, sino a los agentes del Estado que hayan violado los derechos humanos y a los empresarios que hayan financiado el paramilitarismo.

Para el uribismo esto es un invento para que los victimarios se conviertan en víctimas y viceversa. A pesar de los ajustes que se le hicieron en el nuevo acuerdo a la justicia transicional para articularla parcialmente con la justicia ordinaria, las dos visiones sobre la responsabilidad del conflicto son incompatibles. Aunque el uribismo esgrimió en el momento de romper con el gobierno la bandera de la protesta por el desacuerdo en cuanto a elegibilidad política, en realidad el punto más determinante para ellos es el alcance y los posibles excesos de la justicia transicional.

Por lo anterior, el supuesto acuerdo nacional que se buscaba con participación del uribismo en el fondo era imposible. Prolongar las negociaciones hubiera puesto en peligro el cese bilateral del fuego sin que ninguno de los inamovibles pudiera ser solucionado. Y en el trasfondo de todo esto estaba el hecho de que, políticamente, al Centro Democrático le convenía más no entregar la bandera de la oposición que darle su bendición al nuevo acuerdo. Con el caballito de batalla de la “resistencia civil”, ese partido aspira a quedar mejor posicionado como alternativa de poder para 2018.

Ante esa realidad, el presidente Santos no tenía opción diferente que seguir adelante sin los del No. Ese es un camino espinoso. Quedan dos etapas pendientes que son la refrendación y la implementación, y la forma de ejecutarlas ha sido objeto de controversia. Las cabezas del No han pedido un plebiscito. Santos lo ha descartado con el argumento de que intensificaría la polarización, lo cual es verdad. No ha mencionado el temor de que el Sí podría volver a ser derrotado. Esto, sin embargo, no es seguro. La gente está tan cansada con el proceso de paz que a pesar de la insatisfacción por el producto final, probablemente lo aprobaría solo para doblar la página. Al fin y al cabo, otro triunfo del No dejaría al país descuadernado.

Por eso la refrendación y la implementación han quedado en manos del Congreso. Esa es una fórmula jurídicamente válida, pero políticamente frágil, sobre todo en cuanto a la refrendación. Para comenzar, convocar un plebiscito después de la firma del primer acuerdo no era necesario. Había sido un ofrecimiento del presidente para darle legitimidad a lo pactado con base en el voto director de cada uno de los colombianos. Al pasarle la responsabilidad al Congreso se está cambiando el voto directo por el indirecto, y eso podría ser interpretado como el incumplimiento de un compromiso. Además se sabe que los partidos de la Unidad Nacional garantizan las mayorías para aprobar lo que el gobierno presente. Eso no tendría problemas si se hubiera presentado así desde el principio, pues el Congreso, a pesar de su desprestigio, en teoría podía ser el órgano para cumplir esas funciones. La fragilidad política, por consiguiente, no se deriva tanto del mecanismo adoptado como del cambio en las reglas de juego.

¿Qué sigue?

Según el panorama actual, lo renegociado en La Habana va a ser refrendado e implementado con bastantes complicaciones y sin mayor entusiasmo. Es una situación desalentadora ante la dimensión del esfuerzo invertido en cinco años de negociaciones exhaustivas, y ante el hecho de que en 150 días las Farc entregarán las armas. El acuerdo nuevo es razonable y es indudable que la derrota del Sí permitió mejorar el anterior. Sin eso, las Farc no hubieran aceptado las concesiones que hicieron en la segunda etapa. Sin embargo, por saturación del tema y por juegos de política interna el estado de opinión del país es lánguido y escéptico.

La cohesión que lograron quienes asumieron la vocería del No durante las últimas semanas bajo el paraguas del uribismo garantiza que no se quedarán quietos después de la firma del acuerdo. De hecho, entre miércoles y viernes comenzaron a esbozar las acciones que tomarán en su contra. La estrategia es promover una ‘resistencia civil’ en varios frentes. Por un lado, en la medida en que avance el proceso de implementación, generar movimientos de protesta tanto en el Congreso como en la calle. “En algunos casos votaremos No, en otros nos retiraremos de la sesión”, dijo el senador uribista Alfredo Rangel.

La eficacia de esta resistencia dependerá de la manera como se resuelva una demanda que cursa en la Corte Constitucional sobre la vinculación del plebiscito al denominado  fast track. Este es el mecanismo contemplado en el Acto Legislativo para la Paz que tenía por objeto tramitar en forma expedita los acuerdos en el Congreso. El fast track implica que los senadores y representantes solo podrán aprobar o negar los proyectos de ley que el gobierno presente, sin la posibilidad de modificarlos. Si la corte decide resucitarlo, lo único que podrán hacer los contradictores será dejar constancias con pocas implicaciones prácticas.

Pero aun si la corte decide que al haber ganado el No no hay fast track, los 30 congresistas del Centro Democrático tendrían poco margen de acción frente a las mayorías santistas. Y aunque  se sumarán a los uribistas varios conservadores, y Cambio Radical dejará constancias en algunos temas, la oposición podrá hacer ruido y alargar los debates, pero no descarrilar el proceso.

Por eso, con o sin fast track, los uribistas van a estar en pie de guerra. Además de las protestas en el Congreso, han mencionado otras dos posibilidades de ‘resistencia civil’. Una de ellas convocar a un referendo ciudadano, pero que este sea aprobado no es fácil. Requiere, además, de 3,5 millones de firmas (el 10 por ciento del censo electoral), que la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes aprueben su convocatoria y que posteriormente la Corte Constitucional la avale. Si supera todos esos obstáculos, se requiere al final que vote la mitad más del 25 por ciento del censo electoral. De todos esos requisitos, el único que se ve posible son los 3,5 millones de firmas. Al llegar al Congreso, las mayorías de los partidos de la mesa de la Unidad Nacional lo trancarían.

El tercer escenario que han planteado los del Centro Democrático es aún menos viable. Sería la revocatoria del Congreso con el argumento de que el actual no representa la nueva realidad política creada por el triunfo del No en el plebiscito. Esa interpretación puede ser válida, pero esa vía requiere un proceso tan complicado como el del referendo y también incluye la aprobación de los actuales parlamentarios, lo cual no va a pasar.

Aunque ninguna de esas iniciativas del Centro Democrático modificará lo pactado en La Habana, sí tendrán una utilidad política. Mantener viva la bandera de que se le habría puesto conejo a la voluntad popular servirá para energizar a la tropa y mantenerla carburada. Eso no sería tan fácil si ese partido hubiera apoyado el acuerdo. Con el uribismo en rebeldía y el gobierno con el sol a las espaldas, la oposición ve las elecciones de 2018 con buenas perspectivas.

Esas buenas perspectivas ponen en peligro cualquier blindaje del acuerdo firmado en el Teatro Colón el jueves pasado. Como el Congreso va a hacer la refrendación y la implementación, teóricamente se podrían deshacer por la misma vía. Eso no es muy probable pues requiere no solo ganar la Presidencia, sino tener la voluntad de meter al país en el túnel negro de reversar el acuerdo de paz. Pero como ha demostrado Donald Trump en los últimos días, hay muchas causas que aunque son irrealizables en la práctica, sirven para ganar votos en las elecciones.

Tomado de:Semana.com

La apuesta del expresidente Álvaro Uribe es sencilla: si el proceso de paz con las Farc se enreda surge el caos y si surge el caos el país necesita un mesías. Todos sus esfuerzos se encaminan a dilatar la refrendación de los acuerdos, que esta semana llegan al Congreso, para hacer más lenta y tortuosa su implementación.

Cuando no pueda extender más la operación tortuga tratará de convocar un referendo para seguir poniendo en duda lo firmado y dilatando su consolidación.

Después buscará torpedear, en el nivel local, las zonas de concentración destinadas a la dejación de las armas para –una vez más- dilatar la desaparición de las Farc como grupo armado y su conversión en movimiento político.

Él espera que el paso del tiempo se encargue de erosionar el cese al fuego y que el regreso de la violencia termine dándole la razón sobre la inconveniencia de los acuerdos.

El nuevo texto incluyó la mayor parte de los reparos de los partidarios del No y del expresidente Uribe en particular. Sin embargo, ningún resultado podía ser bueno para él porque un proceso de paz que funcione dificulta su regreso al poder.

Las condiciones suyas no satisfechas son las que dinamitan la esencia de un acuerdo de paz. Un grupo insurgente -que no pudo ser exterminado por el Estado- no firma la paz para que sus integrantes terminen en la cárcel o para que les prohíban participar en política. Esa es la diferencia entre un tratado de paz y una capitulación.

Por eso el acuerdo de paz establece penas alternativas, aunque restrictivas de la libertad, y permite la participación simultánea en política.

Hace un tiempo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un jefe de Estado explicaba su visión de lo que ocurre cuando se ofrecen sanciones alternativas a criminales de guerra:

“Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror”. (Ver video ONU1)

Quizás los uribistas discrepen de esa afirmación y también de una contundente frase que hace parte del mismo discurso: “Hay momentos que demandan ajustar la ecuación entre justicia y paz para que esta llegue y se consolide. Llevamos con nosotros lo expresado por el secretario general, Kofi Annan, quien ha propuesto un magnífico balance entre la necesidad de la justicia y la de salvar vidas inocentes”. (Ver video ONU2)

Pues bien, señores, quien así hablaba, el 30 de septiembre de 2003, ante los representantes de las naciones del mundo era Álvaro Uribe, entonces presidente de Colombia.

Unos días después su gobierno presentó al Congreso el primer proyecto de ley de alternatividad penal que buscaba iniciar el proceso de paz con los paramilitares.

El entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, aseguró en la exposición de motivos: “Para que haya plena justicia tendríamos que profundizar la guerra hasta límites inconcebibles para derrotar a todos los enemigos de la democracia y llevarlos a las cárceles, o explorar fórmulas audaces que no contrapongan la paz a la justicia, fórmulas que permitan superar un concepto estrecho de justicia que se centra en el castigo al culpable para acceder a un nuevo concepto de justicia que nos permita superar de manera efectiva el desangre y la barbarie a fin de reinstaurar plenas condiciones de convivencia. Fórmulas que permitan alcanzar la paz reorientando el sentido de la justicia y la función de sus aplicaciones en el horizonte del fortalecimiento de la democracia”. (Ver exposición de motivos 1.jpg)

La justificación del proyecto de ley establecía también la futura participación de los firmantes de la paz en política: “La necesidad inexorable de acudir a procedimientos especiales, para que aquellos que han estado por fuera de la ley puedan reincorporarse a la sociedad y contribuir a la construcción de condiciones que hagan posible de nuevo la convivencia pacífica entre los asociados”. (Ver exposición de motivos 2.jpg)

Para Uribe la paz solo es posible cuando sirve para ampliar su poder. Cuando eso suceda, volverá a sostener lo contrario de lo que hoy dice.