La actual procuradora general (e) Martha Isabel Castañeda, coautora de las arbitrariedades de Alejandro Ordóñez en los ocho años en que ambos manejaron el Ministerio Público como les vino en gana, aspira a ser magistrada de la Corte Constitucional en reemplazo del respetado jurista Jorge Iván Palacio quien termina su periodo próximamente.
Por: Cecilia Orozco Tascón.
Castañeda, conocida porque le hacía los mandados más malucos a Ordóñez, por ejemplo, lobby permanente en el Congreso al punto de que el omnipotente jefe de seguridad de la Procuraduría es el hermano del subsecretario general del Senado, tiene todas las probabilidades de lograr su cometido pese a que faltó a su deber elemental de ser la defensora de los derechos de los ciudadanos para pasar a ser la abogada de Jorge Pretelt, el único magistrado en la historia de Colombia en ser acusado por su dudosa conducta, por el propio Senado que la elegiría a ella. ¡Increíble pero cierto! El nombre de Castañeda está en la lista de 30 aspirantes a ocupar la silla que quedará vacante. De esa lista, la Corte Suprema escogerá una terna que enviará la semana entrante al Senado. Y este organismo votará por uno de esos tres candidatos para convertirlo en miembro de la Constitucional. Castañeda será, pues, incluida en la terna aunque su comportamiento ético haya dejado tantos interrogantes públicos.
Entre tanto, Ordóñez, despojado ya de su disfraz de funcionario ecuánime, busca acomodo en cualquiera de los grupos del No, única manera de que su autocandidatura a la Presidencia de la República no muera antes de nacer. Sin embargo y pese a que ya se quitó la careta de juez, no ha disminuido un ápice su ambición ni sus prácticas clientelistas en la rama judicial. Mientras el Gobierno y el Congreso entretienen sus horas en las discusiones sobre el acuerdo de paz y la reforma tributaria, Ordóñez y sus amigotes, dentro y fuera de las cortes, se ponen de acuerdo para continuar con éxito la toma de la rama y de sus organismos de la cúpula. Ellos saben que desde allí pueden entorpecer, retardar o echar a perder los avances democráticos que la sociedad del siglo XXI impulsa en las otras ramas (Ejecutiva y Legislativa), o que pueden incidir en los fallos para salvar o castigar a unos u otros, dependiendo de quién sea el involucrado. Por eso, andan manipulando las listas de aspirantes y la conformación de ternas, no solo a ocupar el cargo del magistrado Palacio, sino la de otros cuatro miembros de la corporación guardiana de la Constitución que se van: Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle, Gabriel Eduardo Mendoza y el cupo abierto por la ausencia obligada de Pretelt.
En contraste con la indiferencia de la Casa de Nariño que tiene que enviar al Senado dos de las cinco ternas, la Corte Suprema que mandará otras dos, y el Consejo de Estado que tiene que conformar otra, Ordóñez y sus aliados están enfocados en el asunto de mayor trascendencia que, en materia de Justicia, vive hoy el país, es decir, los nombres de los togados que serán la mayoría de la nueva Corte Constitucional. En estos días han vuelto a aparecer —nunca se han ido— los exmagistrados Ruth Marina Díaz, santandereana y colega cercana a Ordóñez, y Francisco Ricaurte entre otros especímenes del pantano, para incidir en la nominación de los postulados tanto de la Corte Suprema como del Consejo. Ellos y Ordóñez están impulsando a sus candidatos, Martha Isabel Castañeda, una de las principales, para asegurarse de que irán en la selección final que llegará al Senado. En los pasillos de la Suprema y del Consejo, en donde hay un buen número de togados que le debe a este trío sus puestos, se comenta, con razón, que la tripleta Ordóñez-Díaz-Ricaurte, lo menos deseable de la Justicia en la última década, tiene la sartén por el mango. ¿Alguien reaccionará ante este escandaloso tráfico de influencias? Con franqueza, lo dudo, sobre todo porque la presidenta de la Suprema, Margarita Cabello Blanco, parece pertenecer al mismo combo.
