NOTAS AL VUELO
Por: Gonzalo Silva Rivas, Socio CPB
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, muy ceñido a su filosofía alcabalera, propuso tramitar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para imponer un nuevo impuesto a los tiquetes aéreos, dirigido a financiar obras de infraestructura vial para acceso a los aeropuertos. La pretensión cayó en picada dentro del sector y provocó rechazo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que de inmediato proyectó las consecuencias de la medida en materia de incrementos en los pasajes y reducción en la demanda de pasajeros.
Colombia es la tercera nación de América Latina donde más alto vuelan las tasas impositivas que clavan el servicio aéreo. Se codea con Venezuela y Argentina, al registrar cargas superiores al 30 por ciento en los vuelos domésticos y del 40 por ciento en los internacionales. Sin embargo, las condiciones topográficas del país, sumado a las crecientes posibilidades de recorrerlo ante las perspectivas del andante proceso de paz, entre otras razones, le dan un toque prioritario a este medio de transporte, considerado por las leyes nacionales como servicio público esencial.
Su crecimiento en el transcurso de la década ha sido positivo, pese al ligero bache del año pasado surgido por la caída del 0,3 por ciento que tuvo el servicio doméstico. Causa de ello, además de la persistente desaceleración económica, fue el aumento del IVA para los pasajes, circunstancia que hizo sonar las alarmas. La propuesta de Peñalosa, según la IATA, incrementaría entre uno y dos por ciento los boletos, reduciría la demanda en cerca de un millón de viajeros, interrumpiría 3.200 empleos y contraería el PIB en US$35 millones.
La imposición de impuestos no siempre es buena consejera para generar progreso, más aún si se carece de estudios técnicos sobre los efectos que pueda producir la medida. Frecuentemente ocurre que los ingresos percibidos por esta vía resultan inferiores a los beneficios económicos que podrían esperarse de los sectores afectados. En este caso el transporte aéreo cumple papel estratégico en el país para la promoción y el incremento del turismo, una de las grandes apuestas para el desarrollo nacional, como se plantea con tanto énfasis dentro del discurso oficial.
Hoy en día el sector se encuentra sobresaturado de cargas impositivas que replican en el bolsillo de los consumidores. El pasajero responde en el valor de los tiquetes por el IVA, el cargo por combustible, la tasa aeroportuaria, la tarifa administrativa, el exceso de equipaje y diversos impuestos locales como la tarjeta de ingreso a San Andrés, la contribución por turismo para ingresar a Leticia y la controvertida tasa en el aeropuerto de Rionegro para financiar el túnel de Oriente. Lo paradójico de este embudo alcabalero es que los dineros recaudados poco se suelen reinvertir en el desarrollo del turismo o en fines propios de la aviación.
Las prácticas discriminatorias gubernamentales en perjuicio del transporte aéreo se han puesto de moda en la región y causan preocupación en la industria. La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) advierte sobre las repercusiones negativas que para el desarrollo sostenible de la actividad genera la proliferación de impuestos, lo que a su vez repercute de forma adversa en el desarrollo económico de las naciones.
El incremento del transporte aéreo en Colombia ha sido tentador en la última década, pero esta tendencia favorable no puede ser aprovechada para convertir al sector en un botín público que supla necesidades de financiación de infraestructura, cuyos recursos deben provenir de fuentes oficiales distintas. Castigarlo con más impuestos reducirá inevitablemente la demanda y pondrá a las aerolíneas a recitar ya no los gozosos de estos últimos tiempos, sino los dolorosos del inmediato futuro.
Peñalosa, tan obsesionado en meter la mano en los bolsillos de los bogotanos, como lo registran sus andanzas tributarias en esta y su pasada administración, lidera una polémica propuesta que acorralaría más a los usuarios del transporte aéreo, privaría a millares de pasajeros de este servicio esencial, golpearía el empleo y pondría palos en la rueda de la competitividad turística. Y mucho esfuerzo le ha costado al país echar a rodar esta locomotora –que para el Gobierno Nacional figura entre las más veloces y de mayor crecimiento– como para que el alcalde pretenda ahora –reviviendo viejos tiempos– colocarle bolardos en la vía.
[email protected]
@Gsilvar5
Esta opinión es responsabilidad única del autor, y no compromete al Círculo de Periodistas de Bogotá.