Circulo de Periodistas de Bogota

Categoría Opinión

¿Caja de Pandora?
10 Mar 2017 – 9:00 PM

Por: Vivian Newman

¿Y si supiéramos quién mandó matar a Jorge Eliécer Gaitán? ¿O accediéramos a los papeles privados del general Rojas Pinilla? ¿Y si encontráramos los documentos que expliquen la sistematicidad en las muertes de la Unión Patriótica? ¿O las de miles de ejecuciones extrajudiciales y de desaparecidos del país? La clave para responder muchas de estas preguntas podría reposar en archivos secretos que guarda celosamente nuestra Fuerza Pública y acceder a ellos es una condición previa para comprender e interpretar nuestra violencia y poder transformar el país.

Sin embargo, la historia comparada no ha hecho sino demostrarnos que a estos archivos no se llega fácilmente. Por ejemplo, en Sudáfrica, para mantener ocultos los secretos más oscuros del estado del apartheid, se destruyeron toneladas de archivos. Por esto, cuando logramos conocer información sobre la policía secreta, se lo debemos más bien a filtraciones. Así pasó en Guatemala, donde gracias a una alerta de unos vecinos que pedían retirar explosivos de un lugar, se encontraron 80 millones de folios del archivo de la policía de ese país que sirvió para probar desapariciones forzadas. También por azar apareció el Diario Militar de Guatemala, que fue vendido por la módica suma de US$3.000, o el Libro Amarillo de El Salvador, ambos con listados de personas detenidas, torturadas y asesinadas por la policía de seguridad.

Sin información no se puede hacer nada en la transición. Y los archivos de inteligencia contienen mucha. Gracias a ellos se obtiene verdad judicial y extrajudicial. Con la primera se sabrán las circunstancias en que ocurren los hechos en un caso concreto, aportando justicia a las víctimas y definiendo responsabilidades individuales en la cadena de mando. Con la segunda se aclaran las violaciones a derechos humanos y se entiende el contexto histórico, para contribuir a la verdad colectiva y a la memoria histórica con narrativas globales que encontramos en periódicos y museos. También ayuda esta información a reparar a las víctimas, no sólo con indemnizaciones justas, sino porque las libera de incertidumbre o de mala reputación, y a los victimarios, porque en ocasiones ayuda a aclarar sus motivaciones. Finalmente, la verdad contenida en los archivos es una forma de identificar las reformas institucionales que será necesario implementar, para que cambiemos y se den las garantías de no repetición.

El problema es sencillo. En los acuerdos de paz no hay ninguna fórmula para que los militares o la guerrilla se encuentren obligados a mostrar su interior. Entonces tenemos que usar las reglas existentes, en las que hay una tensión entre las normas de inteligencia y de transparencia. La Fuerza Pública interpreta de forma parcial la ley de inteligencia para proteger toda su información y olvida que, según una interpretación armónica, lógica y sistémica, debe motivar y explicar cuándo no se quiere entregar cierta información. Además, es clave desclasificar archivos secretos extranjeros de las mismas épocas y promover nueva normativa que garantice mayor apertura y proteja los archivos existentes bajo una prohibición de destrucción de mínimo diez años en los que se estudie lo que se protege y lo que no. Así lo propuso Dejusticia en la colección Ideas para construir la paz, que acaba de presentar esta semana: si la inteligencia abre su pasado, puede contribuir a transformar las violencias y consolidar la paz.

Nota. Hay nueva prueba de los conflictos del fiscal… el concepto que firmó su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán el 23 de julio de 2015 a Navelena desde la firma MNA-Martínez Abogados. ¿Qué más necesita el fiscal para declararse impedido en Odebrecht?

*Subdirectora de dejusticia.org.

Tomado de:El Espectador.com

¿Víctima?

De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana, sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.

 Un documento en poder de la Fiscalía colombiana podría dar al traste con la pretensión de Corficolombiana −empresa de propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo− de ser reconocida como víctima de su socio Odebrecht en el proceso penal que se adelanta contra los responsables de los pagos de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol 2.

Corficolombiana, a través de su filial Epysol, tiene el 33 por ciento de la Ruta del Sol 2, en la que Odebrecht tiene el 66 por ciento y el grupo Solarte, un 4,9 por ciento.

El documento, del que tuve conocimiento en calidad de periodista, fue firmado en Brasil el 6 de enero de 2017 por tres de los 77 altos directivos de Odebrecht que decidieron colaborar con la justicia brasileña, luego de que su jefe, Marcelo Odebrecht, fuera encarcelado a mediados de marzo de 2016: Luis Antonio Bueno Junior, director para Colombia de la firma brasileña; Luis Antonio Mamery, director de Odebrecht para América Latina, y Luis Eduardo Da Rocha Soares, alto ejecutivo de la compañía.

Este documento, que, repito, ya reposa en la Fiscalía colombiana, es una declaración juramentada en la que los tres ejecutivos de Odebrecht revelan que José Elias Melo, quien para entonces se desempeñaba como presidente de Corficolombiana, lejos de haber sido una víctima ingenua de los torcidos de Odebrecht, habría sido su presunto cómplice.

Según esta declaración, que tiene la rúbrica de estos tres ejecutivos de Odebrecht, esta sórdida estrategia habría quedado sellada a la salida de una reunión que estos tres empresarios brasileños sostuvieron con Gabriel García cuando fungía como viceministro de Transporte del gobierno Uribe, en un apartamento de Bogotá en el año 2009. Uno de ellos, Luis Antonio Bueno Junior, le habría informado al presidente de Corficolombiana sobre el soborno de 6,5 millones de dólares que había exigido el viceministro de Transporte y habrían acordado pagarlo entre Odebrecht y Corficolombiana con cargo a las cuentas del contrato. Como dato curioso, dice el documento que ambas partes también habrían convenido no contarle al otro miembro del consorcio, los Solarte, en razón de que su participación era muy baja y no valía la pena involucrarlo.

No sobra recordar que para ese momento el viceministro García era también el gerente encargado del Inco, del gobierno Uribe, y por ende el funcionario que tenía que firmar el contrato objeto del soborno.

Esta columna ha podido establecer también que Corficolombiana, luego de que estalló el escándalo de Odebrecht a finales de diciembre pasado, realizó una serie de auditorías internas en las que se encontraron unos pagos irregulares que habrían sido aprobados por Melo en el año 2009 relacionados con el contrato de Ruta del Sol 2, los que al parecer se habrían hecho sin la aprobación de su junta directiva.

Hoy García está preso y se encuentra negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía colombiana y José Elías Melo, quien fue retirado sorpresivamente de la presidencia de Corficolombiana en abril de 2016 y ha sido llamado –por ahora– a un interrogatorio como indiciado ante la Fiscalía. En opinión de entendidos, con las pruebas que al parecer tiene la Fiscalía en contra del expresidente de Corficolombiana debería haberle imputado cargos hace rato.

¿Por qué salió Melo de Corficolombiana? Hasta hoy las razones de su sorpresivo retiro siguen siendo todavía un misterio. Lo que sí se puede afirmar es que su salida coincide con dos noticias sucedidas en Brasil por la misma época: la condena del dueño de la multinacional, Marcelo Odebrecht, a 19 años de cárcel y el anuncio de su acuerdo con la justicia brasileña para revelar información clave sobre la manera como se hicieron los sobornos en diferentes países de América Latina, entre ellos, Colombia.

De resultar cierta la participación de José Elías Melo en estos pagos de sobornos, no solo estaría comprometida su responsabilidad personal sino la patrimonial de Corficolombiana, sociedad que para entonces representaba y que pertenece al Grupo Aval.

En esas condiciones resulta exótico, por decir lo menos, que Corficolombiana se haya precipitado a presentarse ante la Fiscalía como víctima de un delito que, como van las cosas, su representante legal habría patrocinado y ejecutado en nombre de esa sociedad.

Hasta donde lo sugiere el documento que tiene la Fiscalía, los dineros con que se pagaron los sobornos no habrían salido del bolsillo de Melo, sino de las cuentas de Odebrecht y Corficolombiana. A la Fiscalía colombiana le va a quedar cuesta arriba avalar el papel de víctima que Corficolombiana se autoadjudicó pocos días después del 22 de diciembre con la tesis de que todo fue a sus espaldas. Y al fiscal Néstor Humberto Martínez, exasesor del Grupo Aval, con mayor razón.

 

Puede leer más columnas de de María Jimena Duzán aquí

Tomado de: semana.com 
Desuribizar, destrumpizar…

Suele suceder que confundimos al fenómeno con su causa. Pasa aquí, en Estados, Unidos, Venezuela… Creemos, en pleno siglo XXI, el del renacer de las emociones exacerbadas por el ecosistema mediático, que el problema es Trump, Uribe, Maduro y compañía ilimitada.

Imaginamos que todavía hay líderes capaces de cambiar, incluso hacia el fracaso, el curso de la historia; o queremos ignorar que son las sociedades, sus almas colectivas, sus creencias y sentires más arraigados, los que hacen posible el surgimiento de los mal llamados neopopulistas, que no son más que intérpretes avanzados de los signos de la época. A veces ni ellos, sino sus asesores.

Esos líderes son el resultado de las ensoñaciones más profundas, a veces inconfesables, de una parte de esas sociedades. Y un día encarnan y aprenden a nutrirse del mito que crece con el sensacionalismo y que los hace inmunes a la diatriba y a la crítica porque se adueñan de esa narrativa, porque hacen del lenguaje del odio su forma expresiva, su pacto emocional con sus seguidores y con sus opositores que los nutren con sus pandectas.

Enceguecer a la masa con exageraciones y desfiguraciones es su manifestación continua de coherencia que aplauden sus áulicos. Ellos o sus asesores conocen bien nuestro sistema nervioso, nuestros reflejos condicionados, nuestras taras. Una vez aplicado el choque no hay defensa que valga… Casi ninguna.

Decían los propagandistas que frente a los agitadores, como Steve Bannon —el hoy afamado alter ego de Trump—, lo único que funciona es la razón. La historia los contradice.

Frente al escándalo, la indignación, mentiras o engaño, que son motores de combustión de las masas necesitadas de estímulos como canes pavlovianos, lo único que funciona es la indiferencia. A veces, combatir una mentira con base en argumentos es una forma indirecta y efectiva de potenciarla.

Desuribizar, destrumpizar, despalomizar ayuda a dejar al pez sin agua, sin oxígeno… Y de comenzar a curarnos de esa adicción.

www.mariomorales.info y @marioemorales

Tomado de: elespectador.com 
Opiniones envenenadas

Una guerra no se acaba con un clic, y estamos cerrando un proceso doloroso de confrontación para entrar a uno nuevo, el del posconflicto.

No sé si es lástima o indignación lo que siento al repasar los artículos y declaraciones de ciertos ‘analistas’ y dirigentes políticos cuando hablan de una supuesta debacle del país, por cuenta de las negociaciones y la implementación de los acuerdos paz con las Farc.

En declaraciones que destilan amargura y rencor, estos personajes hacen hasta lo imposible por ignorar a propósito y con total descaro los logros obtenidos gracias al nuevo clima de paz que –gústeles o no– nos está dando un respiro a todos.

Expresidentes, columnistas, congresistas, candidatos y precandidatos que se han opuesto hasta con los dientes a la negociación con las Farc buscan en cada etapa un pretexto para sembrar el pesimismo, minimizar el alcance de lo negociado o desinformar de manera abierta y descarada. Recuerdo las cadenas que ya en 2012 ponían a circular por WhatsApp con el texto íntegro de las supuestas concesiones del Gobierno a la guerrilla.

Sin importarles que a lo largo de esos meses y años de extenuantes negociaciones los avances los iban dejando sin argumentos, dichos detractores del proceso insistían en buscarle un problema a cada solución. Y en vista de que las Farc dejaron de atacar a la Fuerza Pública, de secuestrar, de tomarse pueblos, etcétera, esos profetas del desastre insisten en buscar otros caballitos de batalla y tratan de justificar su mala leche cuando se habla de los inconvenientes –unos reales, otros exagerados y otros ficticios– que se han presentado en las zonas veredales donde se concentran los guerrilleros.

Como su principal pasatiempo es magnificar lo negativo, ellos se frotan las manos y se convierten en caja de resonancia de las noticias que hablan de deserciones e insubordinaciones entre la ‘guerrillerada’, o de las supuestas desavenencias entre representantes de las Farc y voceros del Gobierno; eso sí, sin verificar ningún dato. Lo importante es salir a pescar en río revuelto. Por fortuna, y pese a los innegables tropiezos logísticos, los dirigentes de las Farc han respondido con sensatez, aclarando que siguen comprometidos con la dejación de las armas, la reincorporación a la vida civil y el cumplimiento de todos los acuerdos firmados.

Y como les conviene más tener razón que tener paz, esos ‘desinteresados observadores’ tratan de echar mano de cuanta triquiñuela se les ocurra y les da igual seguir apelando al coco de la revolución bolivariana o acudir al “fantasma del proceso de paz de El Salvador”; así el propio Joaquín Villalobos, exdirigente de la guerrilla salvadoreña, aclare que la nuestra y la de ellos son situaciones incomparables.

En ese afán, también les es muy útil una carta de militares retirados que reclaman seguridad jurídica o el informe antidrogas de Estados Unidos, según el cual los cultivos de coca en Colombia se han duplicado los últimos años.

Da rabia ver cómo muchos de esos consabidos ‘analistas’ se regocijan diagnosticando una hecatombe en el país, como con ganas de que todo se vaya al traste, mientras desconocen, para empezar, que hace meses no mueren soldados a manos de las Farc; ni ingresan heridos al Hospital Militar; ni tenemos más mutilados, como ocurría hasta no hace mucho. ¿No les bastará? Parece que no, porque como no eran ellos ni sus hijos los que ponían el pecho en los campos de batalla…

Claro que hay problemas, claro que hay dificultades, claro que hay inconsistencias; pero no hay que olvidar que una guerra no se acaba con un clic y que estamos cerrando un proceso doloroso de confrontación para entrar a uno nuevo, el del posconflicto, en el cual todos tenemos que aportar.

Debería ser una oportunidad para construir una nueva y mejor sociedad, un mejor país; pero con tanto veneno será más difícil.

@VLADDO

Tomado de: eltiempo.com 
‘La mujer del Animal’

Qué importante esta película que sale justamente durante el mes de marzo, mes que nos recuerda las luchas de las mujeres en la conquista de sus derechos.

‘La mujer del animal’, última película de Víctor Gaviria (se estrena en Colombia el 9 de marzo), retrata la historia de Amparo, una mujer de las comunas de Medellín de mediados de los años setenta, sometida por un hombre cuyo apodo, el Animal, permite imaginar el tono dramático de una película devastadora y actual. Porque el Animal, como en la frase de Carlos Monsiváis, aún está entre nosotras.

Si bien es un relato de hace más de cuatro décadas, que para algunos críticos llega tarde, ‘La mujer del Animal’ es una película valiente, precisamente porque retrata con crudeza el pasado para interpelarnos en el presente. En esta cultura de las violencias contra las mujeres, en esta cultura de las violaciones, los Animales siguen existiendo y nadie lo puede negar.

En la película de Víctor Gaviria, el Estado no existe, no hay un solo asomo de Estado y las mujeres están absolutamente solas, abandonadas a sí mismas; ni siquiera existe aún solidaridad entre ellas o posibilidad de una denuncia. Lo único que les queda, por lo menos en el caso de Amparo, es un descomunal poder de resistencia que logra salvarla.

En ese sentido, algo ha cambiado en estos 40 años, y lo que ha cambiado no es tanto el Animal, es la mujer del Animal. Y eso es lo interesante de esta película, por lo menos para las miradas de una mujer feminista. Las mujeres han aprendido a decir “NO, NO MÁS”, y a partir de ese ‘no más’ empezaron a entender lo que significaba ser sujetas de derechos; es decir, a empoderarse, a saber que el Estado, aun cuando demasiado tímidamente, ya existe.

Con leyes en borradores o ya sancionadas, pero desafortunadamente aún muy pegadas en el papel, con políticas públicas de una inmensa fragilidad, con poca voluntad política y convencimiento de los políticos, con nuevos conceptos que empiezan a circular como el feminicidio y, también, es necesario decirlo, con mujeres que han aprendido a asumir una voz, con algunas abogadas feministas, con hombres que se solidarizan y que empiezan a entender el valor ético de la justicia de género.

Sí que es importante esta película, que sale justamente durante el mes de marzo, mes que si bien nos hace tomar conciencia de la persistencia y resistencia de esta cultura machista-patriarcal, nos recuerda también las luchas de las mujeres en la conquista de sus derechos y en lo que han logrado aprendiendo a ejercer una novedosa ciudadanía, a tomar la palabra y a participar en sus propios devenires y proyectos de vida.

Animales seguirán existiendo durante tiempo, pues cambiar una cultura que tiene más de 5.000 años no se hace en un respiro. Pero hoy las mujeres están ahí, nunca derrotadas, y en este 8 de marzo están más decididas que nunca a hacerse oír. En muchos países del mundo, hoy, suspenderán por horas sus actividades para pedir más justicia e igualdad y demostrarle al mundo que su fuerza laboral es valiosa.

Y de alguna manera, todos, todas, somos culpables de que existan aún mujeres de los Animales y también de que existan todavía Animales. En fin, la película de Víctor Gaviria puede verse de muchas maneras, pero recordando siempre el valor de muchas mujeres que lograron quebrantar o, por lo menos, fisurar esta milenaria cultura de violencias contra las mujeres.

FLORENCE THOMAS
* Coordinadora del grupo Mujer y Sociedad

Tomado de: eltiempo.com 
Fiscal y procurador: el show sobre la verdad judicial
Por: Cecilia Orozco Tascón

Entre el momento en que escribo y el de la publicación de esta columna, se sabrán muchas más noticias de las que se han conocido en las últimas horas acerca del caso Odebrecht. Así estamos: en presencia de una especie de partido de fútbol en que los hinchas, con el alma en vilo, siguen con meneos de derecha a izquierda lo que sucede en la cancha, se paran y gritan o se sientan, respiran hondo y, sin pestañear, siguen con ojos del tamaño de su tensión el desarrollo del espectáculo. Sale el fiscal Martínez con su aire de dueño de los destinos de los demás y suelta un pedacito del escándalo, pero con suficiente capacidad de daño como para que abramos la boca. Se deja sentir el procurador Carrillo, apenas recién sentado en su silla, con citaciones estruendosas. Un par de días después, el fiscal vuelve al plató y añade una dosis de nombres de bandidos mezclados, para lograr un efecto más dramático, con los de personas que gozan de buena reputación y quienes quedan, irremediablemente, compartiendo picota con los primeros. Y responde el procurador, ansioso, con el aviso de una diligencia a una figura famosa…

Poco después se reinicia el ciclo de primeras páginas, extras, exclusivos y últimas horas con Martínez y Carrillo en el rol de figuras centrales de la película de moda: la lucha contra la corrupción. Ellos, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, protagonizan el papel de visitantes de otro planeta, incontaminados, nada que ver con lo que ha ocurrido en la esfera del poder de la que han gozado durante años de años. “28 investigados” es el más reciente balance de la Fiscalía; “Citada la exministra Parody ”, riposta —casi al tiempo— la Procuraduría.

Con un equilibrismo que produce escalofrío puesto que la justicia imparcial no supone igualar las cargas de los afectados por razones extrajudiciales, Martínez Neira anunció, sin ninguna diferencia de grado, los descubrimientos que perjudicaban la campaña del candidato uribista de 2014 y las dudas que ensombrecían la campaña del candidato presidente. “La Fiscalía asegura que Odebrecht asumió gastos de las (dos) campañas presidenciales”, es el título escueto y sin matices que provocó el rey del trueno (Martínez), con lo cual aseguraba tener en sus manos a sus amigos de los bandos contrarios pues ha trabajado para los dos: que el candidato Zuluaga, su hijo y su principal asesor —por entonces ya empleado de Odebrecht— hubieran visitado Brasil en un viaje organizado por la firma sobornadora es igual, penalmente, a que esa constructora hubiera pagado una encuesta electoral “con el fin de lograr una aproximación al Gobierno Santos…”; para Martínez tiene el mismo nivel de condena judicial el alto funcionario uribista que adjudicó la Ruta del Sol, siendo viceministro y por una coima de seis millones y medio de dólares, que un narcopolítico, Otto Bula, en similar oficio delictivo, pero sin conexión directa con la administración santista. En la balanza en que mide el daño político Martínez, si aparece el publicista Duda contratado por Zuluaga, es “justo” mencionar rápido a Sancho BBDO, aún cuando este hubiera sido pagado por una agencia panameña cuya relación con la campaña del gobernante no está probada.

De su parte, el procurador, con un afán mediático que desconocíamos, no se quedó atrás. Estuvo a punto de montarse en el avión del fiscal hacia Brasil, pero este —más vivo— no se lo permitió. Carrillo, sin pelo de tonto, citó a las exministras Álvarez y Parody con quienes se disputaría los titulares que produce la Fiscalía. A fe que lo consiguió. Ellas, el director de la ANI, el del Fondo de Adaptación llamado por una obra que no se ha adjudicado aún, desfilarán por los despachos de Martínez y Carrillo junto a los delincuentes Bula y García y también junto a 26, 28, 30 0 50 más, unos culpables, otros chivos sacrificados en el matadero del show. Colombia quiere saber la verdad del escándalo Odebrecht. Como dice la frase de cajón: caiga quien caiga. Pero señores fiscal y procurador: no apuntalen sus aspiraciones presidenciales con los procesos que tienen en sus despachos. La justicia al servicio de futuros objetivos electorales: ¡solo eso nos faltaba!

Tomado de: elespectador.com 
Lo inadecuado de la respuesta de la Iglesia Católica al abuso sexual de menores

 

En 2012, el Gobierno australiano estableció una Comisión Real para examinar las respuestas institucionales al abuso sexual de menores. La Comisión Real ha realizado más de 50 estudios de casos, de los cuales muchos están relacionados con la Iglesia Católica. En febrero de 2017, durante tres semanas, se celebró una audiencia sobre la Iglesia en la que dieron testimonio tres miembros de la Comisión Pontificia del papa Francisco para la Protección de Menores.

El presidente de la Comisión Real, el juez McClellan, les comunicó que su trabajo era de fundamental importancia para el mundo porque la Comisión Real cree fervientemente que un cambio real en la cultura y las prácticas de la Iglesia sobre el abuso sexual de menores, solo se puede producir si proviene del Vaticano.

Sin embargo, después de varias horas de interrogar a los miembros de la Comisión Pontificia, los cuales comentaron sobre la oposición y la falta de recursos a su trabajo en Roma, el juez observó: “La imagen que ustedes describen… es la de una organización mundial que le cuesta aceptar su responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los menores”.

Una característica sorprendente del testimonio de los miembros de la Comisión Pontificia fue la falta de mención sobre la reforma del derecho canónico en relación a la estructura y sistema disciplinario de la Iglesia y a la obligación de denunciar a las autoridades civiles. No hay ningún abogado canónico entre los 16 miembros de la Comisión Pontificia.

Desde 1996, las Conferencias de los Obispos Católicos de Irlanda, Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia han querido establecer la obligación canónica de denuncia de abusos a las autoridades civiles, pero el Vaticano, una a una, ha rechazado las solicitudes. En septiembre de 2014, el papa Francisco rechazó la solicitud por parte de dos Comités de las Naciones Unidas del Derecho del Menor y contra la Tortura de imponer denuncias obligatorias con la excusa casuística de que interferiría con la independencia de los Estados soberanos. La excusa es absurda. El derecho canónico interfiere con la soberanía de las naciones independientes tanto como las reglas del golf. La denuncia obligatoria en virtud del derecho canónico sólo interferiría con esa soberanía si un país prohibiera la denuncia de abuso sexual de menores a la policía. No existe tal país.

En febrero de 2016, el presidente de la Comisión Pontificia, cardenal O’Malley, afirmó que “aparte de estos requisitos civiles, todos tenemos la responsabilidad moral y ética de denunciar las sospechas de abuso a las autoridades civiles”. Esta declaración fue muy bien aceptada al sugerir que la comisión podría convencer al papa Francisco de cambiar de opinión acerca de las denuncias obligatorias. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2016 la Comisión Pontificia publicó sus directrices sobre los protocolos nacionales del abuso sexual de menores. La declaración del cardenal O’Malley no fue incluida en las directrices.

Existen serios problemas con el sistema disciplinario canónico. El papa Francisco sigue afirmando que tanto él como el papa Benedicto XVI han adoptado una política de “tolerancia cero” al abuso sexual de menores por la Iglesia. Pero tal como afirmó un influyente miembro de los Hermanos De La Salle a la Comisión Real, el derecho canónico lo hace imposible. La declaración del papa Francisco tampoco se apoya en las cifras que presentó a las Naciones Unidas. La tolerancia cero en un contexto profesional casi invariablemente significa despido, pero sólo una cuarta parte de los sacerdotes que han abusado sexualmente de menores han sido despedidos. La tolerancia del Vaticano es un 75%, no cero.

Marie Collins, sobreviviente de abuso y miembro de la Comisión Pontificia, ha renunciado porque “lo que ocurría a puertas cerradas estaba en conflicto con lo que se decía en público”. La falta de coherencia entre la retórica del papa Francisco y su renuencia a reformar la ley canónica sobre el abuso sexual de menores puede llegar a ser la mancha principal de su papado.

Cuando Kathleen McCormack describió su trabajo en la Comisión Pontificia como “verter agua en una roca, tenemos que seguir insistiendo”, no dejó mucha esperanza para el optimismo.

*Autor de Potiphar’s Wife: The Vatican’s Secret and Child Sexual Abuse (ATF Press, 2014). Traducción por Lidia Bilbatua.

Tomado de: EL ESPECTADOR

Trump: resucita el macartismo

Si el macartismo instrumentó la Guerra Fría en Estados Unidos para perseguir al liberal y al artista motejados de comunistas, 70 años después le da Trump nueva vida y lo resuelve en asonada contra el inmigrante; criminal y terrorista portador de todos los males. En los años 50 la cruzada contra el comunismo restauró la economía de guerra en ese país, con pingües ganancias para el gran capital; la carrera armamentista recordó todos los días una amenaza letal para la humanidad, hábilmente administrada por los dos polos que se disputaban el mundo. Hoy se amanceba Trump con los rusos, archienemigo histórico de EE. UU., tiene a su país en acuartelamiento y da nuevas gabelas a Wall Street. Como si le faltaran.

Vicepresidente, fiscal general, asesor de seguridad y su propio yerno se ven envueltos en el affaire ruso que amenaza con rebasar el escándalo de Watergate, acabose del presidente Nixon. Trump corre el peligro de fracturar su bastión republicano. Movido por el gusanillo desperezado de la Guerra Fría que inspira la protesta de los senadores McCain y Graham, el animal sube ya pierna arriba. En el frente de los artistas, la punzante Meryl Streep le advirtió que el irrespeto suscita irrespeto, y la violencia, más violencia. Se hacía eco de la protesta de las mujeres en las calles contra el mandatario recién posesionado, la más grande manifestación que conociera la historia de Estados Unidos.

Tras la Segunda Guerra, el anticomunismo se volvió allí obsesión de un Estado ahora policivo. La cruzada alcanzó dimensiones épicas, con apoyo liberal-conservador a la militarización de la economía y a la eliminación de la oposición. Manes del fascismo recién vencido, en el edén de la democracia. En 1950, el senador McCarthy divulgó una primera lista de 205 presumibles comunistas, candidatos a censura, mordaza y cárcel. Las listas se fueron estirando con intelectuales y se alternaron con quema de libros, como alguno de Thomas Jefferson y una novela de Lilian Hellman.

Hacia 1954, centenares de organizaciones culturales se sumaban a los estigmatizados, la Sociedad Cervantina y la Liga de Escritores Americanos, entre ellas. Hito de esta odisea, la ejecución de los científicos Rosenberg, acusados de espiar para los rusos. No valieron los ruegos de Einstein, de Sartre y Picasso: la silla eléctrica hizo lo suyo. En ella querría ver Trump a musulmanes de siete países que osen pisar su suelo y a los mexicanos violadores del muro que emancipe a la civilización de la barbarie.

Circuló en el gobierno de Truman una directiva contra los comunistas que “infestan” la sociedad norteamericana, pues “llevan el germen de la muerte”, y “van por tus hijos”. Permeada de anticomunismo la cultura toda, prevaleció una atmósfera propicia al militarismo en un Estado que conocía ya sus réditos en política y en economía. En 1960, el gasto militar absorbía la mitad del presupuesto. Y favorecía con ganancias exorbitantes al puñado de corporaciones de siempre. Ahora, refinanciará Trump su cruzada contra enemigos foráneos dentro y fuera de sus fronteras con aumento de $US 54.000 millones al presupuesto militar.

No porque Trump abuse del ridículo y la hipérbole resulta menos feroz que McCarthy. Mas no tiene todas las de ganar en su celada contra inmigrantes, actores, escritores y periodistas. El arte nunca prosperó mejor que en tiempos de estolidez, escribió en este diario Juan David Torres. La herejía intelectual no pierde vigencia, agrega, desde Guernica y la resistencia al nazismo hasta la canción protesta de los 60 en Estados Unidos. Porque la creación es, paradoja de paradojas, la única capaz de destruir: es antídoto letal contra el miedo que siembra todo macartismo.

Blogcdlt.wix.com/cristinadelatorre

Tomado de: elespectador.com 
Lo Divino y lo Humano, Monseñor Monsalve
Por: Lisandro Duque Naranjo

Hace un mes escuché por radio al arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, refiriéndose al tema del cura William Mazo Pérez, condenado a 33 años por la violación de cuatro niños de entre nueve y diez años. Me pareció juicioso que, como lección del episodio, les pidiera a los padres de familia no permitir que sus niños durmieran en casas curales. El “dejad que los niños vengan a mí” como que se quedó por allá en la biblia.

Esa alerta justa de monseñor Monsalve, sin embargo, algunos medios y redes sociales la tergiversaron, convirtiéndola en la supuesta aseveración de que “los padres también pueden ser responsables por los abusos sexuales que sufren sus niños fuera de casa”. Y de buenas a primeras, el respetable pastor fue puesto en la picota pública, al mismo nivel de Miguel Uribe, el secretario de Gobierno de Bogotá, para quien el crimen por empalamiento y violación que sufrió Rosa Elvira Cely fue culpa de la propia víctima, “por salir con un desconocido de noche, en una moto”.

Obvio que quien azuzó ese equívoco deliberado fue el abogado Montaña, apoderado de los padres de los niños, quien para justificar una indemnización de 9.000 millones ha convertido en “víctimas indirectas” de las violaciones a una red insaciable de tíos, sobrinos, abuelos y hasta al gato. Una piñata completa. Demasiada gente “traumatizada” que en su momento no le vio problema a que cuatro niños jugaran con frecuencia a la guerra de almohadas con el párroco Mazo Pérez. Por supuesto que el arzobispo Monsalve, como representante de la Arquidiócesis, está en su derecho de litigar respecto a esa cuantía.

Y así como el abogado pelecha con astucia frente a la avidez escandalosa de los medios y las redes sociales, la oligarquía goda de Cali, que detesta al arzobispo, aprovecha con insidia la malévola distorsión para tratar de deshacerse de él. Un columnista caleño de este diario, entre los títulos que cita para demeritarlo, está el de “paisa”. No creo que ser antioqueño le signifique a monseñor cargar propiamente con un piano. Y ese columnista debiera saber que hasta en Cali la Iglesia es interdepartamental e incluso transnacional. No es “Caliwood”.

¿Y por qué la bronca contra este prelado? Pues porque él no forma parte del gregarismo eclesiástico colombiano, y contrariando a la ladina conferencia episcopal —como se lo exigía su conciencia pastoral—, pidió a su feligresía votar por el Sí en el plebiscito. Fue también quien denunció que la muerte de Alfonso Cano fue un crimen a sangre fría, en estado de indefensión, algo que también dijo el padre Darío Echeverri y lo demuestra la autopsia.

Para colmos, monseñor Monsalve ofició una misa en La Ermita a la memoria de Camilo Torres, en el cincuentenario de su muerte. Y cuando fue obispo de Medellín, fue una piedra en el zapato para el gobernador aquel de las Convivir. La parlamentaria valluna Susana Correa, del CD, le pide “despojarse de la sotana y ponerse el camuflado”, motivo por el que Álvaro Uribe le pidió una cita a Monsalve, que éste consideró innecesaria.

Suficiente ilustración, como para entender por qué este arzobispo de tan alta credibilidad moral está recibiendo amenazas. Él no acepta escoltas, porque sin duda está rezado. Aún así, hay que apoyarlo con todo.

Tomado de: elespectador.com 
¿Cómo salvar vidas siendo periodista?

 

Las altas velocidades son mortales, y todos tenemos que saberlo. Atropellar a alguien a 80 km/h equivale a empujarlo desde un noveno piso.

 
Por: Guillermo Camacho Cabrera

Socio CPB

La Fundación Despacio invitó la última semana de febrero a un grupo de periodistas a participar de un encuentro para hablar sobre seguridad vial. El nombre del taller fue muy llamativo: ¿cómo salvar vidas siendo periodista? Y el centro del aprendizaje fue la velocidad. 

Reflexionamos en conjunto con periodistas y no periodistas entre quienes estaba el Ingeniero Andrés Archila, subsecretario de política sectorial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, acerca del rol del periodista en la información referente a la seguridad vial.

Se analizaron, junto con el equipo de la Fundación Bloomberg Philanthropies y la Fundación Despacio, liderado por Carlos Felipe Pardo experto en temas de movilidad y transporte, noticias publicadas en los últimos días en diarios y noticieros de televisión.

Algunas de las conclusiones a las que llegamos fueron:

  • Es necesario cambiar el enfoque de la información y hablar también de los victimarios, ya que gran parte de las noticias se centran en las víctimas y también atribuyen a ellas las causas de los siniestros viales. Los victimarios también tienen historias de vida y responsabilidad en la seguridad vial.
  • Se requiere que la información referente a seguridad vial incluya un mayor número de datos cualitativos y cuantitativos que orienten a las audiencias frente a los temas tratados.
  • Se debe cambiar la estructura de la información que presentan periodistas y medios referente a seguridad vial. Buscar nuevas formas de contar los hechos y lo que sucede alrededor del tema.
  • Hay que profundizar, desde el quehacer periodístico, en la intencionalidad del periodista al publicar una nota o información referente al tema de seguridad vial o de siniestralidad vial. ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Quiere acaso cambiar la realidad del problema?
  • Es relevante mencionar la legislación existente en las notas o informaciones publicadas sobre seguridad vial.
  • Hay que buscar mensajes pedagógicos en cada información presentada y ser más sutiles en las formas de comunicar hechos de muertes violentas por siniestros viales, pues hay aspectos más importantes que la sangre.

Por su parte la Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de Bogotá, Ingeniera Claudia Díaz, expresó en su saludo que “no queremos perder ninguna vida mientras la gente esté en las calles”, como premisa de la política de seguridad vial de la ciudad.

Otros aprendizajes de la jornada están relacionados con el principal factor de riesgo asociado con los siniestros viales.

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins en 2015 en Bogotá, el principal factor de riesgo es la velocidad inapropiada de los conductores de la ciudad, que supera los límites establecidos por la Resolución 1384 de 2010. Esta adopta el método para establecer los límites de velocidad en las carreteras nacionales, departamentales, distritales y municipales de Colombia.

Las velocidades en vías urbanas en Colombia, de acuerdo con la Resolución 1384/10, no podrán sobrepasar los 80 Km/h. Los vehículos de servicio público, de carga y transporte escolar no podrán sobrepasar los 60 km/h, en tanto que las velocidades en zonas escolares y residenciales serán hasta de 30 km/h.

Sin embargo, 39% de los conductores de la ciudad (4 de cada 10), no acata los límites de velocidad establecidos.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OEDC), el impacto de la velocidad en los siniestros viales es comparable con caer desde la altura de un edificio.

Atropellar a una persona a 80 Km/h equivale a empujarla desde un noveno piso. Hacerlo a 65Km/h, es igual que empujarla al vacío desde un sexto piso.

Si un peatón es atropellado por un vehículo a 50 Km/h es como si lo empujaran desde el cuarto piso de un edificio. Atropellarlo a 30 Km/h equivale a lanzarlo desde un segundo piso. Por supuesto, la probabilidad de sobrevivir para un peatón, ciclista o motociclista disminuye entre mayor sea la velocidad del vehículo que impacta.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte, asegura en su reporte global de seguridad vial 2015 que reducir el promedio de velocidad en 5% reduce en 30% el número de víctimas fatales en siniestros viales.

Vale la pena anotar que en el mundo los usuarios vulnerables de las vías representan 49% de las víctimas fatales por siniestralidad vial (23% motociclistas, 22% peatones, 4% ciclistas). Para el caso específico de Colombia, estas cifras cambian dramáticamente: 92% de las víctimas fatales de siniestros viales son usuarios vulnerables (29% motociclistas, 53% peatones, 10% ciclistas).

La percepción de rapidez también debe ser evaluada por los conductores, especialmente en ciudades como Bogotá o ciudades intermedias de más de 600.000 habitantes.

De acuerdo con la Fundación Despacio, acelerar en un cambio de semáforo a verde durante un recorrido en la ciudad ahorra en promedio tan solo 2 minutos en el viaje total a los conductores debido a que los vehículos deben detenerse en el próximo cambio de semáforo a amarillo y rojo.

Así, de acuerdo con la medición hecha en el corredor de la Avenida Boyacá en hora pico, el ahorro en tiempo es ínfimo comparado con el riesgo que significa subir la velocidad y poner en riesgo la vida propia y la de otros actores viales.

Los conductores de motocicleta tienen, entonces, la vida en sus manos, ya que con ellas aceleran la moto. Los conductores de vehículos de cuatro ruedas y más tienen su vida y la de los demás en los pies, pues con ellos oprimen el acelerador.

Lo importante es que la conexión desde el cerebro sea lo suficientemente racional como para transitar a mejores velocidades, sin poner en riesgo la vida propia y la de los demás.

Tomado de: Revista Enfoque

Lo que gritan las encuestas

María Isabel Rueda

¿A qué Presidente serio se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’?

Catastróficas las últimas encuestas de Yanhaas y de Gallup. Indican una descalificación del Presidente que no tiene precedentes en el país –ni siquiera en épocas del 8.000 o del fracaso del Caguán–.

Y no solo le va mal al Presidente. Sino que arrastra consigo a la Vicepresidencia y prácticamente a todas las instituciones que sostienen la vida en sociedad, cuyo tejido Santos ha desbaratado: Ejército, Policía, las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía), y la justicia, cuya favorabilidad ya está por debajo hasta de las Farc. “La corrupción nos arrebató la dignidad y respetabilidad que los colombianos queríamos tener como signos colectivos”, asegura el exministro y exmagistrado Hernando Yepes.

A Santos le quedan menos de 500 días de gobierno. Pero no lo acompañarán en ellos mayorías exultantes de gozo por la anunciada desmovilización de las Farc, sino unas que parecen inmersas en el desaliento y la desolación.

Es lo que en sicología se llama ‘desesperanza aprendida’, que consiste en que si alguien está programado para no creer, ya no importa cuántas verdades le digan porque no las creerá. Y al revés: si está programado para creer, va a seguir creyendo, no importa cuántas mentiras le digan. Ambos extremos son graves. Pero hoy los colombianos estamos en el primero. El 80 % considera que el país va por mal camino y el 71 % desaprueba el actual gobierno. Es difícil, por lo tanto, imaginar algo que pueda decir o hacer para que le crean.

Santos nunca gozó de especial popularidad. Pero sí se lo catalogaba como un mandatario por lo menos serio y responsable. Hoy, dos factores están horadando esas cualidades.

¿Qué tal lo de hacerse el que no sabía que su Ministro del Interior iba a imponer el voto obligatorio, a bajar el voto a los 16, a aumentar un año el período presidencial y a acabar la circunscripción nacional y las listas cerradas? ¿Quién va a creer que estaba absolutamente no enterado de que Cristo iba a cambiar las reglas de juego de las elecciones del 2018 sin contarle? Peor aún: el Ministro las está cambiando como precandidato para esas elecciones, lo cual complica más las cosas, porque sería una reforma ‘ad hoc’: para él. Pero, además, como dice el ex- alcalde Jaime Castro, casi todas las de Cristo son propuestas refritas que el país ya había discutido y desechado por inconvenientes. Sobre todo, nada tienen que ver con la ilegitimidad del sistema político, ni con el desprestigio institucional que muestran las encuestas.

Pero sí están creando generalizada indignación ciudadana, además porque nos las quieren embutir por ‘fast track’, y ese es el segundo factor que afecta la seriedad que se le adjudicaba a Santos. Esa vía legislativa exprés ya era muy debatible para implementar el desarrollo de los acuerdos de paz. Ahora resulta escandalosa por el abuso que el Gobierno quiere hacer con ella para sus necesidades políticas.

¿A qué presidente serio y responsable se le ocurriría reformar la Constitución por ‘fast track’? ¿Y luego despojar al pueblo de soberanía constitucional durante tres gobiernos? Solo al de una república bananera. Y, por lo tanto, les da munición a los que sostienen que Santos nos salió un presidente con mentalidad de ‘ley habilitante’, a lo Maduro, que se manifiesta en un exceso de poder presidencial, como se nota en la forma como viene manejando el proceso con las Farc (“como se me da la gana”) y lo que se está desprendiendo de él. ¿Y qué tal su recomendación de no darle un uso político a la paz, después de que el propio Santos se ganó su reelección y su Nobel con el abuso político de la paz? Por cosas como esas, la gente ya no le cree.

Aparentar que no sabe en qué andan sus ministros; el abuso del ‘fast track’; y el monopolio totalitario de la paz no atentan contra el carisma del Presidente, porque nunca lo ha tenido. Atentan es contra la seriedad y la responsabilidad que en alguna época se le abonaban como mandatario.

Se le acabó la confianza social, y a las instituciones les queda muy poco apoyo. Por eso, el legado Santos no pinta solo como una crisis de gobernabilidad sino, además, como una crisis institucional. Es el grito de alerta que envía la opinión pública a través de las encuestas.

Entre tanto… Lo dice el informe del Departamento de Estado de EE. UU.: la coca aumentó en el país porque el Gobierno bajó acciones para no confrontarse con las Farc.

MARÍA ISABEL RUEDA

Tomado de:El Tiempo.com

Enrique Santiago: “Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora”
Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, habla sobre el avance del proceso de implementación del Acuerdo./Cristian Garavito – El Espectador

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Alfredo Molano Jimeno / Natalia Herrera

El asesor jurídico de las Farc habló de la dejación de armas, los problemas en la implementación de los acuerdos y denunció que hay un “mico” en el tratamiento diferenciado de agentes del Estado, que permitiría que los servidores públicos que se han enriquecido gracias a la guerra queden impunes.

Esta semana el Congreso debe realizar el último debate del Acto Legislativo para la Paz, ¿cómo ve el texto tramitado hasta ahora?

Ha habido aportes importantes por parte del Congreso, que han permitido enriquecer y mejorar el Acuerdo. Pero también ha habido intentos de renegociarlo y eso no es lícito. El Acuerdo firmado en el teatro Colón el 24 de noviembre fue refrendado por el Congreso y eso le da una fuerza jurídica. Además, no corresponde a la fase de implementación renegociar algo que se construyó durante cinco años de conversaciones.

¿A qué se refiere cuando habla de intentos de renegociar el Acuerdo?

De situaciones en las que quizás con buena voluntad se intentan modificaciones que no son parciales y que atentan contra el espíritu del Acuerdo. Es decir, modificaciones que dan privilegios a algunos sectores que deben someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y este es un sistema equitativo. En concreto, las formuladas por la Fiscalía que han pretendido sustraer de la competencia de la JEP a guerrilleros y terceros para que queden bajo la justicia ordinaria. Y eso quiebra la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, que se aplica por igual a las partes que han tenido relación con el conflicto.

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¿Cómo ha visto el papel del fiscal general, Néstor Humberto Martínez?

El fiscal debe respetar lo acordado, porque eso debe cumplirse. Y lo que he visto es que hace propuestas que favorecen a un colectivo y perjudican a otro. No son equitativas, y eso es inaceptable en un sistema judicial que propone tratar a las partes por igual.

¿Cree que intenta minar el Acuerdo en materia de justicia?

Pues él ha manifestado que es un acuerdo imperfecto que hay que corregir.

También hay diferencias respecto a la aplicación de la Ley de Amnistía, ¿cuál es el asunto?

El comunicado de la Fiscalía del 27 de febrero no deja de llamar poderosamente la atención. Primero, porque está aplicando criterios discriminatorios a la hora de aprobar las amnistías. Sólo se la está dando a aquellos que habían abandonado las filas de las Farc antes del Acuerdo de Paz. Llama la atención que no estén priorizando al colectivo más grande, que es los que permanecen en las filas, presos o en las zonas veredales. Y eso no es un criterio jurídico, sino político.

¿Quiere decir que está privilegiando a los desertores y no a quienes firmaron el Acuerdo de Paz?

Desde luego está priorizando los casos de exguerrilleros sometidos a la Ley de Justicia y Paz. Y desde luego la demora en la aplicación de la amnistía, que lleva dos meses de aprobada, está generando mucha inseguridad, angustia y preocupación. No solo en las cárceles, sino en todos los integrantes de las Farc, especialmente en las bases. Lo que me preocupa es que esto puede causar incredulidad hacia lo acordado y hacia quienes negociaron. Estimular disidencias en las Farc es jugar con pólvora.

Es irresponsable, porque si algo ha caracterizado el proceso con las Farc es un bajísimo número de disidencias, en comparación con cualquier proceso en el mundo. Los estudios hablan de que en promedio entran en disidencia el 20 % de los miembros de un grupo y en este caso no se llega al 8 %. Así que es muy peligroso que no se cumpla con la implementación de lo pactado.

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¿Y porque cree que se está incumpliendo?

No quiero generalizar. Ha habido jueces y fiscales que han aplicado la ley con celeridad, pero creo que lo que hay es una falta de comprensión del momento histórico que se vive en muchas instituciones del Estado.

Pasemos al tema de los militares y la polémica acerca de la cadena de mando, ¿cómo interpreta lo que se ha dicho desde los cuarteles?

Hay dos cuestiones que quizás las Fuerzas Militares no acababan de comprender. Primero, la importancia del ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Eso es sanador, normaliza la situación política del país, contribuye a la reconciliación y, sobre todo, permite el funcionamiento ágil de la JEP. El otro tema es que veo que hay quienes se están preocupando por eludir responsabilidades desde la cúpula de la cadena de mando y buscan que los mandos medios sean quienes respondan. Eso no es ni justo ni valiente. Todos tienen que asumir la responsabilidad en el grado que les corresponde.

¿Los militares le temen a la verdad?

No creo que sea toda la institución, pero sí hay sectores que tienen pánico a que se conozca la verdad. En todos los procesos de paz hay resistencia a que se conozca la verdad por parte de los combatientes, porque en una guerra no actúan angelitos, sino guerreros.

¿Le temen a la verdad o a la Corte Penal Internacional (CPI)?

A lo que más le temen es a la verdad. También hay muchos sectores que temen perder una situación de impunidad estructural en la que han vivido y que les ha producido importantes beneficios. En Colombia, el mayor nicho de impunidad ya no está en las conductas de la Fuerza Pública, sino en sectores vinculados a la financiación, organización y estructuración del paramilitarismo. Civiles que han pasado de agache en todas las jurisdicciones. No tiene explicación que hoy haya 15 mil compulsas de copias que afectan a civiles y ninguno ha sido procesado.

Solo hay dos condenas contra civiles relacionado con el paramilitarismo. Hay miles de condenas contra guerrilleros, miles contra paramilitares, miles contra miembros de la Fuerza Pública y dos contra civiles vinculados al conflicto.

Hay dos interpretaciones para poner a la CPI como el “coco” de los militares: una la de Human Rights Watch, que dice que los requisitos para cumplir con la cadena de mando son demasiados y nunca se podría probar, o la de los militares de Acore, que dice que la definición es muy amplia y todos podrían ser condenados por responsabilidad de cadena de mando. ¿Qué versión tiene para usted validez?

Ni la una ni la otra. Cualquier sistema judicial es ponderado, equilibrado, que aplica responsabilidad de cadena de mando cuando hay unos presupuestos que conforma la regulación establecida. No todos los hechos de subordinados tienen como consecuencia una responsabilidad del mando. Hace falta que el mando conociera o pudiera conocer y tuviera los medios para evitar el resultado judicial. Por lo cual son visiones un tanto exageradas que demuestran es el miedo a que se sepa la verdad.

¿Por qué cree que la definición del artículo 28 del Estatuto de Roma, que quedó en el Acto Legislativo, despertó la atención de la CPI?

La desconfianza de la CPI desaparecería si simplemente se incluye en la regulación de la cadena de mando que su aplicación se hará conforme a lo establecido en el Derecho Internacional.

¿Qué quiere decir?

Ha habido representantes de instituciones del Estado que llegaron a afirmar en las conversaciones de La Habana que iban a dar instrucciones para que los agentes del Estado no reconocieran verdad. Eso es algo absurdo, porque esa instrucción es difícil que se dé. Implicaría que el subordinado asume toda la responsabilidad.

Aunque eso denuncian los familiares de los mal llamados falsos positivos…

Claro, por eso se necesita un sistema que incentive el reconocimiento de verdad temprana como la JEP. Porque no es posible poner en marcha un sistema que procese responsabilidades de 50 años de conflicto si no se estimula el reconocimiento de la verdad. La impunidad no se resolverá con que todos los casos lleguen a una sentencia, eso es imposible para cualquier sistema de justicia. Piénsese en Justicia y Paz, que en 12 años que lleva actuando ha dictado 34 sentencias, que no han condenado a más de 200 personas, cuando los desmovilizados eran 20 mil. A ese ritmo harían falta varios siglos para acabar la impunidad derivada del conflicto. Las víctimas tienen cuatro derechos: a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y hay que ser un equilibrio para que el resultado sea satisfactorio. Eso es lo que busca la JEP.

¿Y las Farc sí están comprometidas con los derechos de las víctimas?

Las Farc pelearon desde el primer momento que el sistema examinara todas las responsabilidades, pero obviamente priorizando los hechos más graves y representativos. Pero eso no puede significar que cientos de miles de supuestos de victimización queden en la impunidad porque no hayan sido cometidos por máximos responsables. Y en segundo lugar, las Farc están comprometidas con la verdad y es no es un discurso. Desde La Habana empezaron a hacer reconocimientos públicos de responsabilidad. A fecha de hoy, el Estado no ha hecho ninguno. Ninguno es ninguno. Los reconocimientos que ha hecho han sido por órdenes judiciales. El Estado desaprovechó una ocasión importante con el exterminio de la UP, cuando se hizo una declaración que satisfizo a medias las expectativas de las víctimas, porque solo reconoció una acción por omisión cuando son innumerables los casos judicializados de agentes del Estado que estuvieron directamente involucrados en los crímenes.

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Eso es simplemente un ejemplo. Pero claro, la intención de las Farc es hacer pleno reconocimiento de responsabilidad, por supuesto, porque además su apuesta de normalización política no es posible sin reconocer esto.¿Y sobre la reparación?

En el Acuerdo es muy claro: hay una obligación del Estado de reparar y una obligación de contribuir de muchas formas, en primer lugar, con las sanciones restaurativas, y en segundo, con la aportación de aquellos patrimonios que estaban adscritos al conflicto. Una reparación proporcional a la victimización, que busca priorizar a las víctimas que han estado excluidas socialmente, al margen de quien haya sido el victimario. Hay sectores muy fariseos que se llevan las manos a la cabeza porque las Farc tenían una economía de guerra. Es obvio que no hubieran podido sobrevivir 50 años. Las Farc han dicho: cualquier enriquecimiento propio de un guerrillero queda fuera de la JEP y debe ser revisado por la justicia ordinaria. Cualquier situación de enriquecimiento personal no puede ser relacionado con el conflicto.

¿Cómo quedó ese tema de enriquecimiento en relación con los militares y civiles?

Puedo entender que en favor de la normalización política, de la reconciliación nacional y el fin del conflicto, la asunción de responsabilidades por parte de los agentes del Estado no les suponga acabar en una situación de pobreza. En lo que no puedo estar de acuerdo es que el Estado renuncie a exigir la reparación por parte de aquellos servidores públicos que se han enriquecido a costa del conflicto.

¿A qué se refiere?

A que el acto legislativo aprobado en el tercer debate establece que “la JEP es competente sobre los delitos cometidos directa o indirectamente con ocasión del conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito.

¿Eso qué quiere decir?

Me llama poderosamente la atención esta formulación, porque no existe ningún supuesto en el que un funcionario público pueda obtener un enriquecimiento lícito en relación con el conflicto. Eso no existe. Cualquier enriquecimiento obtenido por un servidor público en relación con la guerra es ilícito. No quiere decir que si un funcionario tiene negocios particulares esos sean ilícitos, pero si se ha enriquecido a consecuencia del conflicto, sólo puede ser ilícito. Es peligroso que se suponga que algún servidor público se pueda haber enriquecido lícitamente en relación con el conflicto.

¿Cómo se va a desarrollar la incorporación de los guerrilleros que viven en la clandestinidad?

Las Farc no es un ministerio y no tiene un registro de sus miembros, colaboradores o amigos, pues sería una irresponsabilidad en la guerra. Además, en este país hay miles de personas en los campos sin cédulas. Pero las Farc sí tienen la máxima voluntad de entregar los listados de todos sus miembros, ya que estos tienen asegurada una ruta de reincorporación.

Para terminar, ¿además de la amnistía a las Farc hay algo que le preocupe?

Por supuesto que la principal preocupación de las Farc hoy es la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el surgimiento de las instituciones que deben garantizarles la seguridad, especialmente, la unidad de investigación de los crímenes cometidos por organizaciones paramilitares. Van 60 líderes sociales asesinados desde que se firmó el Acuerdo de La Habana y los resultados son muy limitados. Es obvio que hay que desmontar esos grupos que amenazan el Acuerdo de Paz.

Tomado de:El Tiempo.com