Algunos aspectos de la Ley 100 de 1993 se salvan. Otros son discutibles, como el cambio de criterio para el aumento anual de las pensiones, al señalar como porcentaje aplicable el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y no el incremento acordado para el salario mínimo, como se había establecido en la Ley 71 de 1988, que reformó la Ley 4 de 1976. Ese cambio lleva mermándoles a las pensiones un 34,8 por ciento hasta ahora.
Por: Mario Méndez
Pero veamos lo de la salud. El principio neoliberal de convertir todo en mercancía, y así fortalecer el desarrollo empresarial como precepto sacrosanto, de la mano del mercado y la vida del ser humano, deshumanizándolo, hizo de la salud un negocio.
Las permanentes denuncias sobre negligencia, incumplimiento y cobertura en salud dejan ver unos elementos que resultan inmorales a la luz de las necesidades reales del paciente, ahora fríamente considerado un simple usuario, como el usuario de los servicios bancarios o los sitios de rumba. El negocio de la salud, pues, se mueve en el marco de parámetros empresariales que incluyen, por ejemplo, auditoría médica (¡qué feo suena!), cuya sola mención señala la inclinación a disminuir costos, como si éstos tuvieran por sí mismos mayor importancia que la vida.
Cuando la salud pública se prestaba como servicio, el médico general tenía autonomía, basado en su ética profesional, para ordenar interconsultas en forma automática. Aunque se ha dicho que se elimina la autorización, este cedazo no está totalmente eliminado, como si el facultativo fuera sólo un mandadero o informante, dejando decisiones médicas en manos de la burocracia, entendida ésta como la considera el común de la gente, en la que se adivina la nariz de unos firmantes.
Son incontables los casos de denuncia por negación del servicio, en los cuales generalmente está implícito el riesgo de muerte del paciente. Es el caso de niños que requieren atención y elementos específicos que no son autorizados sin que medie una tutela, todo porque la dinámica de las EPS tiene incorporados unos mecanismos que a éstas les permiten “rescatar” una parte de los costos. En cuanto a la territorialidad de las “cajas” que atendían las necesidades de la gente, antes era posible encontrar un servicio, al menos de primer nivel, en cualquier parte del país.
En términos de salud, hoy es una calamidad vivir en un lugar de escasa o mediana población, porque para la EPS no es rentable mantener unos servicios. Entonces, empresarialmente el usuario (¡!) no le sirve a la EPS, y éste tiene que desplazarse por sus propios medios para buscar atención en la capital del departamento, y hasta en la ciudad más importante de la región, como ocurre, por ejemplo, con Barranquilla, adonde deben llegar muchos pacientes de Córdoba, Sucre, La Guajira, Magdalena y el Cesar.
¿Es posible modificar estas situaciones? Claro que sí. Pero los mecanismos legislativos exigen un quórum no siempre posible. La suspicacia popular dice que las EPS enmermelan a los congresistas para que determinado día “no puedan ir”.
Ñapa. Que la gente baile sin comprometer sus deberes, en vez de echarse bala.
*Sociólogo Universidad Nacional.
