Crculo de Periodistas de Bogot
Colombia llama para informes a su embajador en Venezuela

Colombia llama para informes a su embajador en Venezuela

Foto AFP

2017/03/31 08:27

Colombia anunció este viernes que llamó para informes a su embajador en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país asumiera la víspera las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que el gobierno del vecino país considera en desacato.

«Lo estoy llamando a que informe», dijo a Caracol Radio la canciller María Ángela Holguín, sobre la citación al embajador Ricardo Lozano. «La decisión del Tribunal ayer pasó una línea que no se había pasado», agregó. «Yo quiero oír al embajador», enfatizó Holguín.

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Y apuntó: «Sigo convencida de que la única salida es que se pongan de acuerdo oposición y gobierno para tener un país viable. No veo otra herramienta».

El gobierno de Juan Manuel Santos rechazó el jueves el fallo del TSJ, señalando su «profunda preocupación».

«El gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho», indicó el texto.

El gobierno de Nicolás Maduro desató una avalancha de críticas de la comunidad internacional tras la decisión de su máxima instancia judicial del país de tomar las funciones del Legislativo, que fue calificada como un «golpe de Estado» por la oposición venezolana.

El festín de la corrupción: todo se compra y todo se vende

Y, como si fuera poco, todavía se repite frescamente que ‘por la plata baila el perro’. ¿De qué nos quejamos, entonces?

Foto:Archivo particular

Por: JUAN GOSSAÍN
30 de marzo 2017 , 11:30 p.m.

El país se nos ‘odebrechtizó’. Perdónenme ustedes el abrupto verbo, que parece tan rebuscado, pero en este momento no encuentro ninguno más elocuente para describir lo que está pasando en Colombia.

La corrupción crece como una llamarada que nadie puede controlar, la maldad campea, los escándalos son peores cada día.

Todo se compra y todo se vende, desde los contratos hasta las conciencias, pasando por las campañas electorales. Y la gente sigue repitiendo, como si fuera la cosa más natural del mundo, que ‘el vivo vive del bobo’. Aquí creemos que ser ‘vivo’ es lo mismo que ser ladrón y que un hombre honrado es un ‘bobo’ porque no toca lo ajeno.
Y, como si fuera poco, todavía se repite frescamente que ‘por la plata baila el perro’. ¿De qué nos quejamos, entonces?

Lo más grave de todo este relajo moral es que, según parece, a los colombianos nos están saliendo callos en el alma. Da la impresión de que ya nada nos conmueve ni nos indigna, y que nos hemos acostumbrado a que la perversión sea nuestro estado natural. Nos estamos hundiendo en un pantano de podredumbre y es como si no pasara nada. El país huele a pestilencia por las cuatro costuras, que son sus cuatro costados. Esto se ha vuelto un estercolero. Hiede. Duele decirlo, pero hiede.

En medio de estas vísperas electorales, y mientras nos preparamos para escoger Presidente y congresistas, yo quiero hacerles a ustedes una preguntica suelta: ¿a quiénes vamos a elegir? ¿A los mismos de Reficar, a los mismos de la Autopista del Sol, a los mismos de la navegación por el río Magdalena, a los mismos que están quebrando el sistema de salud, a los mismos que se robaron la plata para la comida de los estudiantes pobres, a los que fueron financiados por Odebrecht, a los que saquean los recursos destinados a los enfermos de cáncer? Ustedes tienen la palabra. La hora de la verdad ha llegado.
(Lea también: ‘Que se aclare todo, que no quede ni una sombra de duda’: Santos)

Las multas del tránsito

Yo pensé que ya habíamos visto lo peor, pero es que la corrupción, como una montaña rusa, crece cada vez que amanece y vuelve a crecer cuando atardece. Y al mediodía también.

Voy a poner un solo ejemplo: hace apenas quince días, en la primera página de este periódico, la Superintendencia de Transportes reveló que el año pasado, en las diferentes regiones del país, se habían impuesto sanciones a infractores del tránsito por casi 900.000 millones de pesos, pero que, hasta ahora, solo se ha recaudado el 15 por ciento de semejante suma.

–Hay que revisar qué es lo que está pasando –declaró el superintendente nacional–, porque de nada vale imponer multas si no se cobran.

Se los voy a explicar con mucho gusto porque conozco el tema en carne propia. Yo también fui víctima. Hace un mes me informaron del banco que mi cuenta corriente estaba embargada. Casi me privo. Un embargo, imagínese usted, con lo que yo he cuidado este nombre a lo largo de mi vida.

–Fue la oficina de tránsito de Turbaco –me explicaron los banqueros–, porque usted debe una multa que no ha pagado. Son 743.754 pesos.

¿Yo? ¿Multa de qué? Pero si yo ni siquiera sé manejar, por Dios santísimo. Para mayor deshonra mía, una copia del mismo mandamiento de embargo fue enviada a todos los bancos del país.

‘Qué pena con usted’

En seguida agarré camino para la oficina de tránsito, que no queda en la población de Turbaco, sino en jurisdicción de Cartagena. Estaba repleta de gente. Me atendieron una señora tan bonita como amable y un joven funcionario. Buscaban y rebuscaban en sus computadores. Pasaron casi dos horas. Al final, la señora me dijo:
–Qué pena, pero no hay ninguna multa contra usted en nuestra base de datos. ¿No sería que el banco se equivocó?

Llamamos al banco. Nos dieron todos los datos, incluyendo el número de la orden de embargo que les llegó del tránsito. Volvieron a buscar. No había nada. De inmediato me expidieron una orden de desembargo. La llevé al banco. La encargada de esos asuntos me dijo:

–Ay, señor, eso no es nada nuevo. Hoy han venido diecinueve clientes más a traer sus desembargos porque no tenían ninguna multa.

Pero mi drama no había terminado ahí: pasaron cinco días más mientras se surtían todos los trámites bancarios para levantarme el bloqueo. ¿Por qué tu dinero tiene que permanecer inmóvil, y tu nombre en entredicho, si no has hecho nada indebido ni le debes nada a nadie?

Esa misma tarde me metí de cabeza a investigar qué es lo que está pasando. Averigüé en grandes ciudades y pequeñas aldeas de Colombia. Me quedé con la boca abierta. Es una nueva variedad de la corruptela oficial, la que se incuba como el huevo del diablo en las propias entrañas del Estado.

Mal de muchos…

La pregunta grande se quedó sin respuesta: si no había sanciones contra mí, ¿quién dio la orden de embargarme? Nunca lo supe.

Simple pero aterrador, según me contaron varios empleados del Gobierno: son falsas multas a ver si uno cae y paga. Tiran la atarraya con la esperanza de pescar algo y que la víctima piense: “Pagar es más barato y menos engorroso que ir hasta allá a reclamar”.

Está ocurriendo por todas partes, en numerosas zonas del país. Pude detectar lo mismo en localidades del Valle del Cauca, en cercanías de Bogotá, en Antioquia, en casi toda la costa del Caribe, en el sur y el oriente, en los Santanderes. Pude conversar con un alto funcionario del Ministerio de Transporte en Bogotá. Me dijo:
–Esa situación ha empeorado desde que el cobro de las multas fue entregado en concesión a contratistas particulares, especialmente para pagar favores electorales. Muchos municipios lo han hecho.

Una trampa similar se ha presentado con las llamadas fotomultas, con sus cámaras escondidas entre los árboles y sus engañosos avisos sobre la velocidad máxima.

Como si no pagara

Otra pata que le nace al cojo: las leyes dicen que toda sanción de tránsito debe notificársele al infractor. En muchísimos casos ese aviso nunca llega. “Es que en su casa se negaron a recibir el comparendo”, le contestan al que reclama. La verdad es muy distinta: ni siquiera le notifican a la víctima para cogerla sorprendida a la hora el embargo.

Ahora sí estamos lindos: unos abogados cobrando mañosamente y los otros cobrando por
impedirlo

A veinte minutos de Turbaco queda otra población, Arjona, en el mismo departamento de Bolívar. Allí se han presentado también diversos reclamos porque la gente paga las multas de tránsito, pero es como si no lo hiciera.

Me explico. La Federación Colombiana de Municipios tiene una página web, llamada Simit, en la cual aparecen los infractores de tránsito de todo el país y las multas respectivas. Se supone que, cuando la gente paga lo que debe, la borran de esa lista.

Pues bien. Aunque muchas de esas sanciones ya fueron canceladas, los nombres siguen apareciendo. “Lo que buscan”, me dijo el mismo funcionario del Ministerio de Transporte, “es ver si la gente vuelve a pagar para no figurar en esa vergüenza”.

Y ahora, los teléfonos

Esa marrulla de cobrar deudas inexistentes, a través de amenazas y embargos, se está extendiendo como un tumor maligno a otras entidades del Estado. Está haciendo metástasis. Voy a ponerles un ejemplo típico con los servicios públicos.

Al correo electrónico de un ciudadano, residente en Bogotá, llegó un mensaje de una firma de abogados a la cual la empresa capitalina de teléfonos, ETB, había contratado para cobrar deudas vencidas de sus usuarios. Lo amenazaban con un proceso jurídico.

–Yo nunca había tenido un teléfono con ese número –me cuenta la víctima–. De manera que llamé a dicha oficina para hacer el reclamo.

Allí le insistieron en que tenía que pagar. Mientras discutían, se descubrió una prueba elemental y burda de la trampa: el teléfono de la disputa empezaba por 8 y en Bogotá no hay teléfonos que empiecen por ese número. Ni siquiera saben armar la martingala.

A mis manos han llegado varias quejas más en el mismo sentido. Y así como surgieron en todo el país oficinas de abogados para cobrar multas y deudas, últimamente han comenzado a aparecer las oficinas que se ofrecen para tumbarlas.
Ahora sí estamos lindos: unos abogados cobrando mañosamente y los otros cobrando por impedirlo. Era lo que nos faltaba: la guerra de los abogados.

Epílogo

En las elecciones del año entrante sigan vendiendo su voto; sigan vendiéndole el alma al diablo. Yo, por mi parte, seguiré cantándole la tabla al lucero del alba porque sé muy bien que el palo no está para cucharas.

Medio país anda dedicado a ‘odebrechtear’. De acuerdo con las noticias aparecidas recientemente en los periódicos, se han robado hasta el presupuesto para pagarles a los pobres músicos en las fiestas patronales de los pueblos.

Desaparece la plata destinada a comprar el uniforme de los médicos en los hospitales. Parece que aquí la única moral que nos va quedando es la mata de moras…

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

Tomado de:El Tiempo

Mujica y González hacen llamado al perdón

El presidente Juan Manuel Santos instaló ayer la Comisión de Notables en la que estarán el expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica (der.) y el exjefe de gobierno español Felipe González.

Foto:Presidencia
Por: Carolina Bohórquez
30 de marzo 2017 , 11:47 p.m.

El expresidente de Uruguay José ‘Pepe’ Mujica y el exjefe de gobierno español Felipe González dejaron este jueves en Cali un mensaje de perdón y reconciliación entre los colombianos y de lucha por el desarrollo social incluyente en la etapa posterior al conflicto con las Farc.

Sus palabras las pronunciaron en su condición de integrantes de la Comisión de Notables que hará seguimiento a la implementación del acuerdo y que fue instalada este jueves en la capital del Valle por el presidente Juan Manuel Santos.

(Lea también: No claudicar frente a la paz pide José ‘Pepe’ Mujica)

“Yo sé que mucha gente está golpeada por el dolor y superar eso cuesta enormemente. Hay que ayudar a la sociedad a que mire hacia adelante (…) No se dejen engatusar por el odio porque el odio es fanatismo”, dijo Mujica.

El exmandatario uruguayo, quien siempre ha mostrado su acompañamiento al proceso de paz en Colombia, manifestó que carga “la mochila del dolor”, pero que no la mira ni la anda “revolviendo”.

“La vida nos puso los ojos hacia adelante para mirar hacia adelante. Hay que construir sueños y esperanza con la gente”, añadió durante el acto.

El expresidente uruguayo también le manifestó su apuesta por el posconflicto en Colombia directamente al presidente Santos, a quien le recalcó la importancia de que la sociedad esté “unida” en esa etapa que se vive tras la firma del acuerdo para la terminación de la guerra.

No se dejen engatusar por el odio porque el odio es fanatismo

Felipe González, por su parte, recordó que desde tiempos del expresidente Belisario Betancur (1982-1986) ha tenido disposición de participar en todo lo relacionado con la búsqueda de la reconciliación y que desde ese entonces “todos” los presidentes de la República “han intentado un acuerdo” de paz, pero que el de ahora “es uno posible”.
El exjefe de gobierno español afirmó que la paz “es una condición necesaria, aunque no es suficiente” y aseguró que en América Latina “la paz en Colombia es el hito más importante”.
(Además: Las mejores frases de Pepe Mujica en jornada de paz en Cali)

“Lo que viene ahora es dar una batalla por el desarrollo social incluyente. Por parte de la comunidad internacional, la paz no tiene discusión. Hay una inmensa mayoría que la apoya, con mayor o menor grado de conocimiento, mientras hay enorme polarización dentro de Colombia”, dijo González.

Funciones

Según lo acordado entre el Gobierno y las Farc, entre las funciones de Mujica y González estarán realizar “pronunciamientos” e “informes públicos” sobre el avance de la implementación de lo pactado.

Además presentarán “recomendaciones de solución” a la Comisión de seguimiento a la implementación cuando haya “discusión ycontroversia” en alguno de los puntos de desarrollo del acuerdo de paz.

Precisamente por asumir esta responsabilidad, Santos les agradeció a los exmandatarios y les dijo que ellos “más que nadie entienden lo que estamos viviendo, lo que hemos construido y lo que tenemos que seguir construyendo hacia adelante”.
Santos afirmó, además, que aunque la primera fase para alcanzar el acuerdo en La Habana fue difícil, es consciente de que la puesta en marcha de lo pactado traerá sus dificultades.

En ese marco, el expresidente Ernesto Samper afirmó que la inquietud por la paz está “absolutamente viva” y que su construcción “se está abriendo camino”, algo que calificó como “edificante”.

“Los colombianos deben entender que los acuerdos de La Habana son un punto de partida y no un punto de llegada. A partir de ahora viene la etapa del posconflicto”, afirmó el expresidente Samper.

Previamente a la instalación de la Comisión de Notables se realizó el lanzamiento de la iniciativa Unión por la Paz, promovida por la Fundación Paz y Reconciliación con varios analistas, politólogos, economistas y sociólogos.

Carolina Bohórquez
CALI

Tomado de:El Tiempo.com

Las cuatro propuestas del Fiscal contra el crimen organizado

El proyecto será presentado por el fiscal Néstor Humberto Martínez en pocos días.

Foto:Néstor Gómez /EL TIEMPO

Néstor H. Martínez presentará proyecto para interceptar chats y ampliar plazos de investigación.

Por: Justicia
30 de marzo 2017 , 09:18 p.m.

En los próximos días el fiscal general Néstor Humberto Martínez le presentará al Gobierno una propuesta con la que busca hacer mucho más efectiva la lucha contra las organizaciones criminales.

Desde el Congreso Nacional de Municipios que se desarrolló este jueves en Cartagena, Martínez anunció que entre los cambios que traería su proyecto está la ampliación de los términos en los procesos contra integrantes de organizaciones criminales, la posibilidad de interceptar los chats de aplicaciones de mensajería, así como una reforma en el manejo de las pruebas testimoniales. También propuso sanciones a operadores de telefonía celular que funcionen en las cárceles, y la tipificación de nuevos delitos para colaboradores de redes criminales que presten sus servicios profesionales para lavar activos.

(Le puede interesar: Polémica propuesta del Fiscal de interceptar mensajes de WhatsApp)

Según el Fiscal, esta propuesta podría llevarse al Congreso para que sea aprobada a través de la ley del fast track, norma con la que se tramitan todas las reformas para la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

Necesitamos que esa industria normativa del fast track piense también en la seguridad de los ciudadanos de hoy”, dijo Martínez.

Aseguró que su proyecto busca “una política criminal coherente con las circunstancias actuales”, por lo que reiteró su rechazo a los proyectos de ley de jubileo que buscan conceder rebajas de penas para ciertos delitos, y otras iniciativas de excarcelación.

“Nosotros por el contrario proponemos algo que recupere la seguridad en los campos y ciudades”, dijo.

Interceptar los chats y bloquear operadores

El Fiscal aseguró que se debe llegar a acuerdos para que se les exija a empresas de mensajería como WhatsApp o Telegram que, previa autorización judicial, desencripten los chats de investigados por la Fiscalía por su posible vinculación a redes criminales.

(Además: ‘A este paso vamos a terminar en deuda con los delincuentes’: Fiscal)

En caso de no hacerlo, dice Martínez, se debería exigir a los operadores celulares que bloqueen la aplicación en el país, como ocurrió, por poco tiempo, en Brasil.

“El Estado no puede quedar en indefensión frente a esta realidad de la criminalidad con la tecnología actual”, dijo. También afirmó que los operadores celulares deben tomar medidas efectivas para bloquear su señal desde las prisiones, al recordar que el 50 % de extorsiones vienen de presos.

Más tiempo para investigaciones de crimen organizado

Martínez propuso que se amplíen los términos de las investigaciones previas y las imputaciones contra integrantes de grupos criminales.

La propuesta va en contravía de una reforma aprobada hace dos años que, precisamente, recortó los términos de todos los procesos. “Frente la complejidad de esos delitos, desde el momento mismo en que se acusa hasta que hay sentencia, pasa más de un año”, dijo el Fiscal.

Agregó que igualmente se debe ampliar el plazo de 15 días que se le da a la Fiscalía para investigar en bases de datos de bancos y empresas, plazo que considera insuficiente.

Cambio en manejo de las pruebas testimoniales

Las pruebas testimoniales contra las organizaciones criminales –según el proyecto de la Fiscalía– deberían ser acreditadas de forma anticipada con el fin de que en los procesos judiciales tengan validez desde que fueron recolectadas en la indagación.

La Fiscalía propone evitar tener que acreditar de nuevo esas pruebas en el juicio, momento en el que muchas veces los testigos ya no están disponibles. “Necesitamos facilitar que esas pruebas de la indagación sirvan en el juicio”, dijo.

Nuevos delitos para colaboradores y quienes amenacen

El proyecto busca que los hechos de costreñimiento y amenazas a líderes que han iniciado con el Gobierno programas de sustitución de cultivos ilícitos no sean tratados por el régimen ordinario, sino que tengan un tratamiento especial. Martínez dijo que esas amenazas se están dando en el Cauca y nordeste antioqueño.

También afirmó que se debe establecer como delito “el ofrecimiento o la prestación de servicios profesionales a organizaciones criminales, con fines ilícitos”. El Fiscal dijo que hay profesionales como abogados, contadores, ingenieros, arquitectos que prestan sus servicios a estas redes para crear estructuras financieras y corporativas “para lavar sus activos”.

JUSTICIA
[email protected]

Tomado de:El Tiempo.com

La corrupción en los trazos de Vladdo
| 2017-03-30

Desde 1991, el caricaturista ha dibujado polémicas y ácidas imágenes del descarado robo de los recursos públicos en Colombia. Aquí las mejores piezas.

Tomado de:Semana.com

Este medicamento en Colombia cuesta lo mismo que un carro BMW

El primer medicamento en la lista de los más caros en Colombia vale $110 millones.

(Foto: Archivo/VANGUARDIALIBERAL)
Jueves 30 de Marzo de 2017 – 09:18 PM

Un informe del Observatorio de Medicamentos (Observamed), identificó las 30 medicinas con precios más exorbitantes que se venden en Colombia. El primero en la lista vale $110 millones.

En un informe del Observatorio de Medicamentos (Observamed), publicado por Caracol Radio, se identificaron las 30 medicinas con precios más exorbitantes que se venden en Colombia, de los cuales solo uno tiene regulación, según el observatorio.

En el primer lugar con un precio de $110 millones está el Juxtapid de 20 miligramos, con el principio activo lomitapida y viene con 28 cápsulas; lo cual equivaldría a un nuevo Serie 2 Coupé de BMW. Este medicamento es para atacar una afección hereditaria en la que el colesterol no se puede eliminar del cuerpo normalmente.

Óscar Andia, vocero de la organización, aseguró a Caracol Radio que “los médicos teóricamente pueden prescribir este tipo de medicamentos y no existe ningún mecanismo que haga razonable la prescripción en cuanto a costo. (…) Entonces hay una chequera en blanco que va quebrar el sistema”.

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Andia agregó que han descubierto que algunas personas “han adoptado la práctica de organizar asociaciones de pacientes para que realicen recobros al sistema (con estos medicamentos). ¡Eso lo paga el sistema! (…) Eso es una vagabundería”.

Del segundo al puesto 30 del ranking del observatorio los precios van desde $30 millones hasta $11 millones.

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Tomado de:Vanguardia.com

Alerta sobre los pagos al sistema de seguridad social

Bogotá, 17 de Marzo de 2017

Comunicado

Debido a las últimas investigaciones periodísticas difundidas por televisión nacional, donde se presentaba información de manera parcial acerca de la afiliación y el pago de la Seguridad Social para los Trabajadores Independientes y entidades de afiliación colectiva, debidamente Autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, nuestras líneas de atención al cliente se han congestionado, porque miles de personas ven peligrar los pagos mensuales que hacen al Sistema de Seguridad Social de Colombia. También les preocupan los cambios realizados en el PILA, “Planilla Integral de Liquidación de Aportes” ,porque  modifican  su estructura y restringen el pago asistido para los Independientes

Esta inquietud colectiva, generada por una nota difundida en horario de alta sintonía, afecta no solo a los usuarios sino a toda la campaña comunicacional de concientización, adelantada por nuestras empresas para llamar la atención de nuestros usuarios sobre los riesgos de no hacer los pagos en las empresas autorizadas.

Sabemos que los medios de comunicación poseen gran influencia dentro del pensamiento colectivo nacional, pero también creemos que las noticias deben estar bien sustentadas para no generar ningún percance con denuncias infundadas. Somos actores activos del Sistema, y nuestra labor social consiste en  educar, instruir y orientar acerca de los  temas relacionados con la materia.

En época de cambios para los independientes en Seguridad Social, nos vemos en la obligación de llegar y aclarar dudas e inquietudes

Cordialmente,

Lina María Robledo Alzate

Comunicadora Social-Periodista.

Ordenan redoblar medidas de seguridad para Uribe Noguera en La Picota

Rafael Uribe Noguera, el confeso asesino de Yuliana Samboní.

Foto: Archivo particular

Por: Leo Medina Jiménez
30 de marzo 2017 , 01:57 p.m.
Foto:Noticias RCN

“¿Ya se sabe qué pasó?, ¿cuántos años me dieron?”, empezó a preguntar desde las 9:00 a.m. del miércoles Rafael Uribe Noguera a sus guardias en la cárcel La Picota.

Durante toda la mañana, según fuentes en la cárcel, estuvo inquieto a la espera de la decisión de la juez que decidiría la cantidad de años que deberá pagar por el asesinato de la menor Yuliana Samboni, por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento y feminicidio.

Cada media hora el guardián de turno pasaba revista y anotaba en la minuta de que Rafael Uribe Noguera se encontraba en perfecto estado de salud.

Uno de los guardianes escribió que lo había visto leyendo, y en otro párrafo, que escribía en un cuaderno en la celda dos de aislamiento.

«¿No se sabe nada?» – volvió a preguntar. Hasta que por fin, casi al mediodía, uno de sus custodios le transmitió la noticia que había visto en la televisión, que está ubicada en el pasillo de la guardia interna del penal: le dieron 51 años y 10 meses de cárcel.

En la tarde del miércoles la dirección de La Picota ordenó extremar las medidas de seguridad del interno, es decir, que no solo seguirán grabando en videos el curso de sus alimentos, sino que aumentarán el número de rondas de vigilancia.

En cuanto a la posibilidad muy cercana de que Uribe Noguera pueda redimir años de su pena realizando alguna actividad, una fuente en La Picota le dijo a EL TIEMPO que aún el detenido no ha hecho ningún tipo de solicitud al respecto, “pero que es un tema que se debe analizar con detenimiento teniendo en cuenta su condición de aislamiento”.

¡Esa la escribí yo!

Este jueves, un oficial de la guardia estuvo en su celda y llevó en sus manos la copia de la carta que se ha publicado en los medios.

“¿Esta carta la escribió usted?» –le preguntó el funcionario del Inpec–

“Sí señor, yo la escribí. Pero en ningún momento la hice para los medios de comunicación. Esa la envié a mi familia. No entiendo cómo llegó a hacerse pública (…) insisto en que no estoy interesado en dar algún tipo de declaración a los medios hasta que no esté bien enterado de cuál va a ser el curso de mi proceso”, respondió Uribe.

El interno de la celda dos de aislamiento está a la espera de la visita de su abogado, quien le llevará detalles de la sentencia que pesa en su contra.

LEO MEDINA JIMÉNEZ
JUSTICIA
[email protected]

Tomado de:El Tiempo.com

 

Reorganización de la salud en Bogotá: un año de aciertos y polémicas
Por Jairo A. Cárdenas A. / @Jairo_Cardenas7

En abril se cumple el año de transición de la reestructuración de la red pública de salud. La Secretaría destaca los beneficios de un modelo que no ha sido ajeno a las críticas

En 2016 el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, presentó en el Concejo un modelo que prometía mejorar el servicio en la red de hospitales públicos y salvarlos de la bancarrota. Consistía en agrupar los 22 hospitales del Distrito en cuatro subredes (norte, sur, suroccidente y centro oriente), para que trabajaran de manera coordinada. La idea era que cada hospital se especializara y complementara los servicios de otro, en vez de competir por los pacientes.

La próxima semana se cumple el año de transición que dio el Concejo, tras aprobar la reestructuración, y el secretario Morales se muestra satisfecho con los resultados, a pesar de los duros cuestionamientos que ha tenido que enfrentar, pues el modelo ha sido objeto de fuertes críticas, de empleados y médicos que han denunciado cierre de servicios y despidos.

Ante esto, la administración ha mantenido un discurso consistente al señalar que el nuevo modelo no ha implicado cierres de servicios, sino traslados, y que algunos despidos eran necesarios. Eso sí, reconoce que hay detalles por afinar, para que se puedan apreciar todas las bondades del nuevo modelo.

Según la administración, la criticada reestructuración ha dado importantes pasos en este año, especialmente en términos de transparencia, eficiencia financiera y administrativa, cobertura y mejoramiento en el servicio. “Los 22 hospitales se convirtieron en cuatro subredes con personalidad jurídica desde agosto pasado. Cuando llegamos, encontramos instituciones que competían entre ellas y eran autónomas en temas de contratación, lo que se prestaba para grandes casos de corrupción. Hoy los hospitales trabajan en equipo, se complementan, se unificaron los contratos y, lo más importante, hay mayores opciones para los pacientes”, dijo Morales.

Foto de archivo

Uno de los temas más polémicos en este primer año fueron los despidos de los directivos de los hospitales. Hasta el año pasado, cada institución contaba con un gerente y un equipo. Con la reforma, todos los centros asistenciales de cada subred los coordina un solo equipo directivo, encargado de cada detalle administrativo.

Una de las ventajas, cuenta Morales, es que se tendrá mayor control sobre los recursos. Además, los espacios que ocupaban esos funcionarios se usarán para ampliar el número de camas. “Había hospitales de seis pisos donde dos eran de oficinas. Ahora que el área administrativa se manejará desde un solo punto, este espacio se podrá destinar para la salud y no para el papeleo. Ahora, en vez de gerente, cada institución tendrá un director científico con la única misión de garantizar una correcta atención de los pacientes.

La construcción de Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) es otro de los avances. De los 40 que se anunciaron, se han construido 10, que según el secretario, han servido para reducir el hacinamiento en las salas de urgencias. “A la fecha, en estos CAPS se han atendido 50 mil pacientes que antes llegaban directamente a los hospitales de la red”, indicó.

Pero más allá de las obras y la reorganización de los 22 hospitales, uno de los logros que destaca la administración es el avance del proceso para rescatar a la EPS del Distrito, Capital Salud. Se le inyectaron casi $55 mil millones, con lo que el Distrito obtuvo el control con el 89 % de las acciones. Así las cosas, según las cuentas de la Secretaría de Salud, el nuevo modelo parece ir por buen camino. Sin embargo, aún hay que esperar para ver si a la larga el nuevo sistema es el éxito que señala la Alcaldía o un experimento que podría ahondar aún más el problema de salud.

Versión completa en El Espectador.com

Bendición necesaria

Ejercer hoy la medicina en Colombia sin dar traspiés y padecer es una hazaña.

Fernando Sánchez Torres

30 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Siempre he sostenido que el médico debe ser alguien de primera clase para cumplir una misión también de primera clase, por lo noble y lo compleja. Siendo así, además de poseer verdadera vocación y virtudes especiales (como la compasión y la disposición de servir al otro), requiere estar revestido de una sólida preparación profesional, sin la cual difícilmente llegará a constituirse en un médico de primera clase.

La anterior introducción la motiva la preocupación que me asiste al contemplar la desfavorable situación que en el país vienen atravesando mis colegas en ejercicio, sobre todo los de las últimas generaciones. Ejercer hoy la medicina en Colombia sin dar traspiés y padecer es una hazaña, reconociendo que siempre ha sido difícil hacerlo, más aún si la aspiración es sobresalir.

Las dificultades comenzaron cuando la profesión dejó de ser liberal y la salud pasó a depender de las políticas estatales. El médico hubo de enrolarse en calidad de funcionario y subsistir con un salario. La nueva modalidad de ejercicio tenía y tiene a su haber el tratarse de un servicio social a favor del bien más preciado de toda persona: la salud. Tal circunstancia ha sido aprovechada por los empleadores para explotar al médico mediante contratos leoninos, sin estabilidad laboral, sin derecho a la seguridad social y con remuneraciones arbitrarias, alejadas de toda consideración. Muchos actos médicos tienen estipendios inferiores a los que recibe una manicurista por arreglar las uñas.

Al tiempo que el médico ha venido perdiendo estatus frente a la sociedad, su responsabilidad ante las instancias judiciales se ha incrementado.

A lo mencionado se agrega la competencia profesional, originada en la producción desbordada de médicos, producto de la alegre creación de escuelas de medicina y que ha traído consigo no solo un problema cuantitativo, sino también –que es lo más grave– uno cualitativo. En los sectores académico y gremial de la profesión hay preocupación por la falta de preparación de buena parte de los nuevos médicos que semestralmente son lanzados al mercado, pues no son garantía para la sociedad a la que van a servir. Los deslices y embarradas de esos galenos de pacotilla le han venido haciendo también mucho daño a la profesión, pues los pacientes ven ahora a todos los médicos con ojos de desconfianza y los califican de profesionales de tercera.

Al tiempo que el médico ha venido perdiendo estatus frente a la sociedad, su responsabilidad ante las instancias judiciales se ha incrementado. El ejercicio de la medicina se ha convertido en una actividad de alto riesgo, judicializada, como que los pacientes –asesorados por abogados– demandan a diario a sus médicos por supuestos o evidentes malos resultados. Además, las sentencias de las altas cortes y los fallos de los jueces suelen meter en cintura la autonomía médica al ordenarles cómo actuar frente al enfermo.

Como si fuera de poca monta el efecto adverso que acarrea la explosión de médicos, ahora se suma otro ingrediente, de progresiva ocurrencia: el ingreso al país de curadores cubanos y venezolanos que, con la anuencia y quizás con la complacencia de las autoridades respectivas, vienen en busca de mejores oportunidades, y las encuentran.

Frente a este panorama pesaroso, considero que tengo razón cuando en las ocasiones que se me brindan para recibir a quienes ingresan al programa de medicina en la Universidad Nacional les hablo sobre el porvenir que les espera. Para ello tomo prestada la recomendación del médico suizo Jacob Laurenz Sonderegger, citada por Kurt Pollak en su libro La medicina: “No aconsejes a nadie que se haga médico. Si, no obstante, él (o ella) quiere serlo, hazle insistentes e incisivas advertencias, pero cuando él (o ella) se empeñe a pesar de todo, dale tu bendición, pues por poco que valga la necesitará”.

FERNANDO SÁNCHEZ TORRES

Tomado de:El Tiempo.com

Un derecho usurpado
COLUMNAS DE OPINIÓN
27 Febrero 2017

En un reciente conflicto entre el canal RCN y un periodista programador, los abogados metieron la mano y dijeron en voz alta lo que solo se dice en las juntas, o que no se dice pero se tiene en mente en la práctica: que la información de ese canal debe tener en cuenta: los costos en las condiciones actuales del mercado;  la estructura de la parrilla de programación y el desempeño de los programas frente al comportamiento en audiencia, o sea el rating de los programas.

En estas condiciones fundamentan la determinación de si un programa se emite o no porque, otra vez según los abogados, “RCN es libre de tomar las decisiones que considere pertinentes y convenientes para estructurar su programación”.

Una lectura detenida de este documento firmado por el presidente del canal permite concluir que la libertad del periodista que informa está subordinada a la libertad de la empresa operadora del canal, que es  la libertad para mantener un buen negocio. Es lo que se entiende al leer: “Esta decisión (la de excluir un programa informativo) no puede ser objeto de cuestionamiento alguno porque, de lo contrario se estaría obligando a un medio a emitir contenidos que en el ejercicio de su libertad de expresión y de información decidió no programar”.

Nunca se había proclamado con tanta claridad el pensamiento de un empresario de comunicaciones, como esta vez: el ejercicio de la libertad de expresión consiste en mantener unos costos que respeten las condiciones del mercado, que se ajusten a una parrilla y que den sintonía.

La Constitución dice otra cosa, sin embargo, en los 18 artículos que dedica al derecho a la información. Desde el artículo 20 que garantiza a toda persona la libertad para expresar y difundir su pensamiento y opinión, informar y recibir información, hasta la de “fundar medios masivos de comunicación”. El verbo está deliberadamente escogido: fundar, que no es poseer ni comprar.

La información se recibe no como una mercancía ni como una dádiva, sino como un derecho. Se relee el texto del empresario y no se encuentra esto sino la expresión del titular de un negocio que, ante todo, debe ser rentable. Ante una diferencia como esta, surge la explicación: el de la información es un servicio público, no un negocio.

El empresario debe entender que el de su canal no es un negocio cualquiera, es de otra naturaleza, por tanto las leyes comerciales que rigen los costos,  la sintonía, la configuración  de la programación, deben ser, no las de un negocio sino las de un servicio público; y así como la actividad del empresario debe ordenarse a la naturaleza de servicio del canal, la del periodista también debe corresponder a ese objetivo. Periodista y empresario prestan un servicio público a través de la información. No trabajan para el mercado, ni para el rating, ni para una parrilla pensada comercialmente, trabajan para toda la sociedad.

La libertad que reclama el presidente del canal tiene otro sentido cuando se lee en la constitución: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar la libertad e independencia profesional” (CN. A 73)

Se deja a un lado la finalidad de preservar el canal, o la emisora, o el periódico en cuanto negocios privados. El constituyente crea una garantía para un interés público: el derecho de la población a recibir una información libre.

Los abogados del canal entienden la Constitución como un instrumento protector de un negocio, y esta es su equivocación. Cuando defiende el derecho a la información, la Constitución está protegiendo el derecho que está en la base de los demás derechos.

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Los comités para fiscales que estableció el fiscal Néstor H. Martínez

Néstor Humberto Martínez se posesionó como fiscal general el 1º de agosto de 2016.Archivo

FIRMÓ UNA DIRECTIVA QUE EMPIEZA A LEVANTAR AMPOLLA

Juan David Laverde Palma / Santiago Martínez Hernández – @jdlaverde9/@santsmartinez

Según la resolución, el fiscal general podrá convocar “cónclaves jurídicos” en los casos más sensibles y las determinaciones que se tomen serán de obligatorio cumplimiento. La independencia y autonomía de los funcionarios estarían en riesgo.

En uno de los tres falsos contratos que Odebrecht le hizo firmar al lobista y excongresista Otto Bula para “cuadrar caja” respecto de los sobornos repartidos en Colombia, revelados por El Espectador hace tres días, se lee que el hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asesoró a la Concesionaria Ruta del Sol —de la cual la constructora brasileña es socia mayoritaria— para lograr un contrato de estabilidad jurídica con el Gobierno. El mismo Martínez aceptó que entre 2010 y 2012 hizo tales gestiones y, de hecho, en diciembre de 2012 se firmó el contrato.

Este escenario, sumado a las denuncias del senador del Polo Jorge Enrique Robledo y a la última columna de la periodista María Jimena Duzán —que sugiere que Martínez Neira ayudó a recoger plata para la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos— llevaron a que el fiscal general emitiera un comunicado contundente. Según él, no tiene a cargo ninguna de las 15 investigaciones derivadas del expediente Odebrecht, que están al frente de cinco fiscales “que actúan de manera autónoma e independiente”. Aunque no lo dice, la respuesta de Martínez es categórica: no se marginará del caso.

En ese contexto de polarización, hallazgos penales y revelaciones de la prensa sobre la mano larga de Odebrecht, cobra relevancia una directiva que acaba de firmar el fiscal Néstor Humberto Martínez. Se trata de una resolución de ocho páginas expedida el pasado 21 de marzo en la que se reglamentan los comités técnico–jurídicos de revisión de los expedientes más sensibles que se investigan en el búnker. ¿Para qué sirven estos comités? Son una especie de “cónclaves jurídicos” que buscan “tirar línea”.

Desde que se creó la Fiscalía en 1992, todos los fiscales que han tenido que capotear políticamente una decisión de sus subalternos con la que no han estado de acuerdo, siempre han apelado a un argumento incontrovertible: la independencia y autonomía de cada fiscal. Así les ocurrió a muchos fiscales con súbitas y cuestionadas libertades, o incluso archivos en favor de cuestionados personajes que después terminaron saldando sus cuentas con la justicia. A Martínez también le ocurrió.

En medio del estupor nacional por el atroz crimen de la menor Yuliana Samboní y la aparente obstrucción a la justicia por parte de Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos del asesino Rafael Uribe –quien este miércoles será condenado–, una fiscal que los procesaba decidió no pedirle a un juez de la República que profiriera medida de aseguramiento contra los Uribe Noguera. El hecho produjo profundo malestar en la cúpula de la Fiscalía y es, al parecer, la génesis de esta nueva directiva. Allí se advierte que el fiscal general o la vicefiscal pueden designar a cualquier funcionario para participar en la celebración de estos comités. En términos castizos, esto significa que Néstor Humberto Martínez podría meterle el diente al proceso que quisiera y jamás podrá decir que no sabía de las determinaciones de sus subalternos. El documento, en poder de este diario, señala que todos los directores seccionales, nacionales y fiscales jefes pueden pedir estos “cónclaves jurídicos” en cualquier momento sin importar la etapa procesal del caso.

Dichos comités y los resultados y consideraciones de los mismos serán reservados y no podrán reposar en las carpetas de los expedientes, no se podrá solicitar su descubrimiento como evidencia ante un juez ni entregarse nunca con ocasión de un derecho de petición. Y eso no es todo. Se anuncia que la palabra final del comité se tomará de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los convocados y “las decisiones o recomendaciones que se adopten en el comité son de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento”.

Aún más: la disposición del fiscal general sostiene que la decisión final del comité podrá tomarse incluso sin la presencia del fiscal del caso. Con otro agravante: si el funcionario investigador se aparta de la decisión del comité tiene tres días para pedir una reconsideración, y la determinación que se tome entonces será inobjetable. El presidente de esos comités deberá verificar el cabal cumplimiento de la orden impartida que, de no ser aplicada, traería consecuencias disciplinarias para el servidor público.

Exfiscales consultados por este diario dicen que la autonomía de los fiscales en la práctica real no existe. “En general la mayoría aceptan las instrucciones y las indicaciones para que no los remuevan del cargo. Hay unidades de la Fiscalía en las que las decisiones se consultan obligatoriamente con los coordinadores o directores. La pregunta es: ¿puede la Fiscalía a través de los comités técnicos obligar a un fiscal a tomar decisiones que afectan derechos y garantías ciudadanas? En mi opinión sería inconstitucional, porque las mayorías de un comité no pueden imponer una decisión si un fiscal se niega”, dijo el exfiscal y abogado penalista, Jesús Albeiro Yepes. Al ser consultados sobre el tema, Juan David Bazzani, asesor del despacho del fiscal general, explicó que se trata de una modificación a la reglamentación de los comités que se habían creado durante la administración Montealegre. “Es para darle más dientes”, dijo Bazzani, quien agregó que la directiva no nació por los hechos del caso de Yuliana Samboní, sino que fue una coincidencia, pues surgió en medio de una revisión de las normas que existían previamente y que no tenían en cuenta unas determinaciones de la Corte Constitucional que declaró legales los comités: “Como quiera que es herramienta de control, hay que darle más capacidades y por eso se incluye el tema disciplinario”. Según una fuente de la Fiscalía, en el período Montealegre quizá no había sanción disciplinaria explícita para quien ignorara al comité, pero sí había sanción: su traslado.

Asimismo, el asesor al explicar por qué estos cónclaves se pueden llevar a cabo sin la presencia del fiscal del caso, señaló que en varias ocasiones los funcionarios no asistían a los comités bajo la excusa de que tenían una audiencia o estaban incapacitados y terminaban tomando decisiones erradas bajo motivaciones personales. Precisamente, dijo Bazzani, la idea es que las determinaciones a seguir en un proceso no respondan a motivaciones personales sino a decisiones colegiadas que otorguen mas garantías procesales. En pocas palabras, que no esta directiva no afecta la autonomía de los fiscales, pues se trata de un tema de control interno que busca imponer criterios institucionales y tener un control sobre las actuaciones de sus funcionarios.

Un dato que sería clave en esta coyuntura de acusaciones políticas y de peticiones formales de que declare su impedimento en la investigación del caso Odebrecht. A pesar de que Martínez ya reconoció que gestionó un contrato de estabilidad jurídica para el Consorcio de la Ruta del Sol en 2012, el fiscal general insiste en que no está impedido. No obstante, designó a la vicefiscal María Paulina Riveros para que resuelva cualquier situación en la que su nombre aparezca vinculado. ¿Pedirá él o la vicefiscal algún comité en el caso Odebrecht?

Tomado de:El Espectador.com